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Puerto Príncipe, 17 mar.- La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos recomendó a los magistrados tramitar con celeridad los casos relacionados con tráfico de armas en Haití y juzgar a los implicados, según un informe.
La organización recordó que la Dirección Central de la Policía Judicial investiga desde abril pasado un caso que involucra a tres empleados de la Oficina Nacional de Seguro de Vejez (ONA), así como a un agente y un trabajador de la Oficina de Seguro de Accidentes de Trabajo, Enfermedad y Maternidad.
Los informes detallados sobre sus actividades fueron enviados a las autoridades judiciales para su seguimiento legal, sin embargo, aun se desconoce el estado de la pesquisa.
Las autoridades establecieron que uno de los detenidos, Limacson Mathieu de la ONA, es un traficante de armas y municiones muy influyente que mantiene vínculos con redes de traficantes tanto en Haití como en República Dominicana.
Mathieu mantuvo lazos con poderosos líderes de bandas armadas como Johnson Andre, alias Izo 5 secondes, jefe de la banda Village de Dieu y Renel Destina, conocido como Tilapli, quien es cabecilla de la pandilla de Grand-Ravine.
Ante el aumento de la violencia en el país caribeño, la organización criticó que el sistema judicial haitiano no ha hecho nada para establecer los hechos de los casos de tráfico de armas y municiones y también denunció que la Policía realiza interrogatorios a los acusados en ausencia de sus abogados.
Asimismo, deploró la inacción del Gobierno en estos casos a pesar del incremento de armas ilegales en el territorio nacional que fortalecen a las pandillas.
Se estima que actualmente unas 200 bandas operan en Haití y organizaciones de derechos humanos revelaron que controlan más del 60 por ciento de la capital.
Otras investigaciones aseguran que circulan más de medio millón de armas ilegales, mientras que la Policía lucha por obtener recursos.
of-am
