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San Juan, 10 jul (PL) El oficialista Partido Popular Democrático (PPD) recibió hoy un duro golpe cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron al alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correo, por corrupción. El ejecutivo municipal, en el cargo desde 2004, enfrenta nueve cargos de corrupción pública, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia, por los que se expone a una condena de hasta 10 años de prisión. La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, señaló que Rivera Correa está imputado de recibir comisiones en dinero a cambio de otorgar contratos de construcción e inspección, por lo que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio sellado en su contra el pasado martes. «Los servidores públicos que piden comisiones a sus contratistas son claramente deshonestos», dijo Rodríguez en una rueda de prensa junto al jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, y la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario. El alcalde Rivera Correa recibió, entre 2009 y 2012, comisiones por alrededor de 39 mil dólares en pagos en efectivo por parte de una persona identificada en la acusación como «Contratista A». Los pagos se hicieron con la intención de influenciar los negocios que hacía el contratista con el municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por 98 mil dólares y otro por 171 mil, y ambos incluían la posibilidad de renovaciones. Rivera Correa, presidente del PPD en su municipio, exigió cuatro mil dólares en efectivo al contratista para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el ayuntamiento. La obstrucción a la justicia se refiere a amenazas que el alcalde de Río Grande (nordeste) hizo al contratista en conversaciones grabadas en las que éste intentó denunciarlo con las autoridades. «Desde que llegué a Puerto Rico he notado que la corrupción a todos los niveles es constante», se quejó el jefe del FBI. Rivera Correa trabajó durante 26 años en la Oficina del Contralor de Puerto Rico como supervisor de auditorías, director de la División de Auditorías de los Municipios y Consorcios, fue ayudante del Contralor, por lo que su conducta ha causado mayor asombro.
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