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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) rastrea los bienes de los 14 imputados dominicanos en el caso Odebrecht para la instrumentación del expediente que presentará ante los tribunales.
La información fue publicada por el periódico El Nacional, que explica haberla obtenido de una fuente del Poder Judicial
Antoliano Peralta y Carlos Salcedo, abogados del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, dijeron que sabían que esas diligencias se estaban haciendo en el país, pero no a nivel internacional.
“Nuestro representado no tiene ninguna oposición a cualquier mecanismo de investigación que implementen las autoridades competentes, dado que se sabe inocente y no tiene nada que ocultar”, afirmaron.
Con el rastreo, la PGR busca detectar bienes que no han sido declarados por Bautista y los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista, Ruddy González, César Domingo Sánchez, Máximo De Oleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández, los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, el diputado Alfredo Pacheco y el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, contra quien pesa una orden de captura.
De su lado, el abogado de Máximo de Oleo dijo que «la Procuraduría General de la República puede hacer todos los rastreos que quiera. Nosotros comprobaremos que nuestro cliente vive en una misma casa desde antes del año 2000».
Sostuvo que Del Oleo reside en una casa que compró a 30 años con un préstamo a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
Declaró que su cliente no tiene propiedades, razón por lo que no tiene nada que temer.
“El Ministerio Público debe cuidar antes de imponer medidas cautelares, saber el monto del supuesto soborno de cada imputado para no abusar con sus medidas cautelares del patrimonio de la comunidad legal de bienes de los esposos”, dijo.
A juicio suyo, el Procurador debe individualizar por cada imputado el supuesto monto de lo sobornado para poder imponer las medidas cautelares, para que no desborde el uso de la medida.
“La Ley le impone al procurador individualizar por imputado, por cada uno, la cantidad precisa del supuesto soborno para que el propio Ministerio Público no se haga reo de abuso de autoridad”, subrayó.