OPINION: Por qué no asistí a la Marcha Contra la Corrupción y la Impunidad

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EL AUTOR es arqueólogo, espeleologo y ambientalista. Reside en Santo Domingo.

Toda una amplísima promoción, por diferentes medios de comunicación y diferentes formas de hacerlo, tanto escritos como radiados y televisados, precedieron a la “marcha contra la corrupción y la impunidad” de este domingo 22 de enero. Y fue una promoción de primeras planas, con la participación de destacados comunicadores (no necesariamente por su calidad), con pronunciamientos de distintas y variopintas organizaciones, en fin, muy propagada y propagandizada, si cabe el término.

No hice caso ni a la propaganda y a las razones expuestas por los organizadores. Y de hecho no hizo falta que fuera, eso lo tengo claro. Pero antes de exponer porqué no asistí a “la marcha” veamos qué son LA CORRUPCION y LA IMPUNIDAD.

La definición de corrupción es larguísima, pues va desde la “acción y efecto de depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir y dañar”, hasta abusar del Poder, venderse, hacerse de la vista gorda, la extorsión, el fraude (y todas sus variantes) y el robo (y todas sus variantes); pasando por el efecto de pudrirse (materiales orgánicos), descomponerse (orgánicos e inorgánicos), pudrir órganos, descomponer (fisiológicamente) organismos y dañar la salud. Peor cuando todo esto ocurre o se provoca consciente e impunemente.

¿Y la impunidad? ¿Qué es? Pues, en palabras de Wikipedia, “Impunidad es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades”. Es como si Wikipedia se hubiera nutrido de la realidad dominicana para lograr esta definición.

Puede decirse que todos sabemos esto, que todos estamos molestos con esto, que todos quisiéramos salir de esto y por esto se convocó a esa marcha. Pero en realidad no es así. Porque ocurre que los más notorios convocantes a “la marcha” han participado en la corrupción del Estado, una buena parte participa en la corrupción de las instituciones descentralizadas del gobierno, otra parte recibe beneficios económicos por estar en corrompidos partidos de “oposición”, y la mayoría de todos esos quisiera estar en EL PODER para dejarse corromper a más y mejor. Pero veamos otro ángulo de la corrupción.

Corromper, como citamos en la definición inicial, es hacer pudrir, como se están pudriendo los suelos productivos de Cotuí; es descomponer y dañar, como está ocurriendo con los ríos y arroyos de la provincia Sánchez Ramírez; corromper es provocar pudrición en los órganos y organismos de más de trescientas personas en las comunidades de La Piñita, La Cerca, Las Lagunas, El Llagal y El Naranjo, de esa misma provincia. Y la impunidad, en este aspecto, es que los causantes de estas manifestaciones de corrupción, y de las muertes de 85 personas por la corrupción que causan, estén dentro de la “excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito”, como cito en la definición de impunidad. Pero hay más.

Corrupción –y de la peor– fue el pago de las empresas Barrick Gold y Gold Corp a diputados, senadores, funcionarios y lobistas, para conseguir que se le aprobara un contrato decididamente lesivo al País, distribuyéndose mucho más millones de dólares que los que se mencionan ahora en el caso de Odebrecht. Baste decir que el funcionario fundamental que le garantizó a la Barrick Gold establecerse en la República Dominicana, ya lleva acumulados en sus cuentas personales más de ocho mil millones de dólares, imposible de comparar con el caso Odebrecht, pero frente a este caso de corrupción ninguno de los organizadores de “la marcha” llamó a marchar, por una razón muy simple, empresas como las citadas les aportan a todos los partidos, directa o indirectamente, dinero para sus campañas congresuales y presidenciales, por lo que no les es conveniente “marchar” en su contra.

La corrupción está establecida cómodamente en la Constitución de la República. Es por eso que muchos de los convocantes a “la marcha” enarbolaron la constitucionalidad para convocar a la población, porque su sola mención “limpia” cualquier mentira, dolo o acción en contra de la población misma.

Acomodado en la Constitución está hace rato el convenio de entregarle a los partidos políticos millones de pesos para sus quehaceres partidarios, campañas electorales y dádivas corruptoras a sus activistas, corrompidos totalmente desde que han asumido “su verdad” de que la política es para vivir mejor a costa del Estado, aunque no se esté en el Poder. Esos que reciben dinero del Estado para sus actividades partidarias, en vez de desarrollar proyectos recaudadores autónomos, han sido corrompidos y se han dejado corromper tranquilamente. Esos han hecho de la frase “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente” su lema secreto de campaña, su grito de guerra a “sotto voce”, su compromiso con el Poder que debe lograrse a toda costa, pues la lucha política es guerra, y en la guerra y en el amor todo se vale. La propia Constitución de la República actualmente no es más que un documento corrompido y corruptor.

Las experiencias de las marchas, poco a poco, han ido demostrando lo indefensa que se encuentra nuestra sociedad frente a la manipulación mediática y a la mentira publicitada. Podemos citar como ejemplos, primero, la colosal marcha realizada a favor de la defensa del Parque Nacional de Los Haitises. Pero vimos también en esa movilización, cómo funcionarios, periodistas, comunicadores, programas de radio, y hasta una emisora entera, se vendieron por completo a las empresas que intentaban apoderarse de Los Haitises. Por suerte, los partidos políticos no se involucraron por falta de visión, pues fácilmente se hubieran vendido todos y se hubiera perdido esa lucha.

La lucha por el 4% para la educación es otro referente, primero ejemplar, luego muy triste. Ejemplar porque demostró con creces que todos –como nación– estamos conscientes de que nuestros niveles de educación son en parte causa de nuestros atrasos, y todos –como nación– estamos dispuestos a movernos para mejorar nuestras capacidades.

Sin embargo, la lucha por el 4%, y sus resultados económicos, pasaron a engrosar el aval político del gobierno y el partido en el poder, así como pasaron a engrosar los cofres de donde se pagan los favores políticos de empresarios constructores en épocas electorales. Ningún avance ha tenido nuestra educación, y las recientes pruebas internacionales de rendimiento escolar así lo demostraron, no obstante el dichoso 4%.

Pero los partidos y entidades organizadores de la reciente marcha no van a marchar de nuevo por un cambio real en nuestra educación. Ya no pueden pedir más de un 4%, ni hay vergüenza para hacerlo. Como tampoco se han dado a exigir que funcione la comisión designada para su administración. Les es preferible que el 4% siga como está, pues también les servirá para lo mismo que sirve actualmente… cuando les toque llegar al Poder y ejercer el Poder.

La marcha se hizo. Terminó hace unas 5 horas. Los organizadores deben estar celebrando y brindando por “el triunfo” en estos momentos.

En tanto, la corrupción en la provincia Sánchez Ramírez, esa que arropa su territorio, sus aguas, sus suelos y su gente… ni se enteró. La impunidad tampoco lo supo. Y ambas siguen su paso agigantado por la Cordillera Central, seguras de sí, y seguras de que cualquier vocinglero de esos vocea solo su hambre de Poder, y ambas tienen con qué saciarle su hambre.

DOMINGO ABREU COLLADO

22 de enero, 2017.

abreudomingo@gmail.com

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