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PERU: Protestas exigen renuncia Fiscal General por relación con Odebrecht
LIMA.- Miles de ciudadanos han marchado este viernes en Perú hacia la sede del Ministerio Público, en el centro de Lima, para pedir la renuncia del fiscal general, Pedro Chávarry, por su presunto trato de favor hacia los investigados por el mayor caso de corrupción en Latinoamérica.
La movilización ha sido convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) después de que Chávarry cesara en sus cargos a los fiscales que investigaban el escándalo Lava Jato en Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pocas horas antes de la entrada del Año Nuevo.
La marcha se ha realizado este viernes, a pesar de que Chávarry se retractó y repuso ayer a los fiscales, para exigir ahora su renuncia del Ministerio Público pues su decisión ha frustrado la firma de un acuerdo de delación premiada con la empresa brasileña Odebrecht, que Vela y Pérez habían negociado en diciembre.
Cuatro expresidentes implicados
El fiscal Pérez ha incluido en sus investigaciones a Chávarry por presuntamente integrar una mafia al interior de la judicatura peruana, denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que negociaba sentencias y puestos a cambio de dinero y favores políticos.
Entre los principales investigados por el equipo de fiscales del caso Lava Jato están los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También investigan a la lideresa opositora Keiko Fujimori, actualmente bajo prisión preventiva
De igual manera, ha habido movilizaciones en otras ciudades del país como Barranca, Arequipa, Huancayo, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Huánuco.
El Fiscal general hace oídos sordos
Pedro Chávarry no ha querido pronunciarse sobre las peticiones para que renuncie por haber puesto en peligro las investigaciones por el escándalo Lava Jato en su país, a pesar de que los ciudadanos han tomado las calles en varias ciudades para reclamar su salida del cargo.
Chávarry ha evitado comentar hasta el momento las solicitudes de varios fiscales supremos para que abandone el máximo cargo en el Ministerio Público, a las que se han sumado varios grupos parlamentarios en el Congreso y el propio jefe de Estado, Martín Vizcarra.
El fiscal de la Nación repuso este miércoles en sus cargos al coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, y al fiscal especializado en lavado de activos José Domingo Pérez, dos días después de haberlos cesado, pero eso ha recrudecido los pedidos para su salida definitiva por el retraso provocado en las pesquisas.
Odebrecht, el mayor caso de corrupción
Pérez declaró hoy que ya no se podrá firmar el próximo día 11 el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, que debía ofrecer mayores pruebas de los delitos de corrupción cometidos en Perú entre 2005 y 2014.
El equipo de fiscales peruanos alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con los directivos de Odebrecht en diciembre pasado, por el que la empresa se comprometió a entregar información y documentación relevante sobre el pago de sobornos y la entrega de aportes económicos a funcionarios y políticos peruanos.
Como parte de ese acuerdo, se habían programado interrogatorios en Brasil relacionados con investigaciones que se siguen contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, la ex primera dama Nadine Heredia y la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán. El equipo especial también tiene a su cargo las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori y los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, entre otras autoridades y exfuncionarios.
El presidente Vizcarra lleva el caso al Congreso
En vista de estos hechos, el presidente Vizcarra ha declarado que «este acuerdo con la fiscalía de Brasil tiene que retomarse» y que si ha habido algún tipo de inconveniente, «hay que corregirlo, pero para eso hay que respaldar a los fiscales y darles todo el soporte».
Vizcarra ha presentado un proyecto de ley para reestructurar el Ministerio Público, que el Congreso pondrá en agenda el próximo lunes, con el fin de separar a Chávarry del cargo y asegurar la continuidad de las investigaciones contra Odebrecht por los millonarios sobornos repartidos en su país.
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