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PENSILVANIA.- La Policía de Pensilvania tomará medidas para poder comunicarse con la creciente población dominicana y otras comunidades de habla hispana, gracias a un acuerdo con el Departamento de Justicia federal anunciado el martes.
El Departamento de Justicia inició una investigación de derechos civiles al Departamento de Policía de Hazleton después de que un residente con dominio limitado del inglés informara que tuvo que apoyarse en su hijo pequeño y en un compañero de trabajo para poder comunicarse con los agentes.
Una denuncia administrativa presentada ante el Departamento de Justicia argumenta que la policía de Hazleton no proporcionó “acceso significativo a sus servicios”.
Según el acuerdo, la policía de Hazleton actualizará sus procedimientos operativos para que las personas que no hablen inglés tengan acceso a “asistencia lingüística adecuada”.
La ciudad, ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Filadelfia, también imprimirá formularios y avisos en inglés y español, exigirá capacitación para todo su personal y hará esfuerzos para aumentar el reclutamiento y contratación de policías bilingües.
La población hispana de Hazleton ha aumentado de menos del 5% en el 2000 a casi el 60% de la población de aproximadamente 25,000 personas en la actualidad.
“La comunicación oportuna y precisa entre los residentes con dominio limitado del inglés y los agentes de policía es esencial para la seguridad pública”, dijo en un comunicado Kristen M. Clarke, fiscal asistente de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Agregó que “los cambios requeridos por este acuerdo beneficiarán a las víctimas y a testigos de delitos, pero también ayudarán a los policías a hacer su trabajo».
Se enviaron mensajes por teléfono y correo electrónico al jefe de policía de la ciudad, Brian Schoonmaker, para solicitarle sus comentarios, pero no hubo respuesta por el momento.
El Proyecto de Justicia Comunitaria, un grupo de asistencia legal no lucrativo que presentó la denuncia a nombre del residente no identificado, se negó a comentar.
El acuerdo zanja la investigación del Departamento de Justicia. No requiere que Hazleton admita que actuó mal, y la ciudad y el departamento de policía negaron alguna responsabilidad.
La ciudad atrajo atención nacional hace 15 años debido a los intentos de su entonces alcalde por combatir la inmigración ilegal a nivel municipal, lo que inspiró esfuerzos similares en todo el país.
Una serie de cortes federales fallaron en contra de las ordenanzas inmigratorias de 2006 de Lou Barletta y nunca se implementaron. Barletta después sirvió cuatro periodos en el Congreso y recientemente anunció una postulación para gobernador.