Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Leonel también lleva a Santiago el lunes encuentro con periodistas
Abinader declara duelo oficial por fallecimiento Franklin Almeyda
Fallece de infarto exrector UASD y dirigente de FP Franklin Almeyda
Velan Almeyda este sábado en la Blandino; FP cancela actividades
La SIP ve riesgos libertad prensa por ley de inteligencia en la RD
IDAC y JetBlue evalúan medidas para mejorar servicio a usuarios
Un hombre se quema a las afueras del tribunal que juzga a Trump
ONU: Primer trimestre ha sido el más violento en Haití desde 2022
Resaltan obra ganadora Premio Anual Historia en Dominicana
CHICAGO: Destacan sabor y alta calidad café gourmet dominicano
PCT: Sistema judicial RD está en bancarrota moral
NUEVA YORK.- La filial en Estados Unidos del Partido Comunista del Trabajo (PCT) afirmó que el actual sistema judicial dominicano está en bancarrota moral desde su nacimiento.
Dijo que «la justicia de la República Dominicana fue estratégicamente diseñada para garantizar la impunidad de políticos y funcionarios que han estafado al erario público y para obtener decisiones judiciales favorables en cuestiones económicas y en interpretaciones constitucionales amañadas en beneficio de una cúpula parasitaria de nuevos ricos en base a la corrupción gubernamental».
“Por esa razón, el procurador general de la Republica, Francisco Domínguez Brito, alegando un ridículo respeto a la confidencialidad, asume una posición timorata ante la investigación de los actos de corrupción cometidos en la compra de los aviones, ocultando nombres de personajes corruptos, en procura de ganar tiempo para borrar evidencias y dejar a salvo el verdadero estratega de una conspiración delictiva, cuyos integrantes conoce desde hace tiempo”, expresó en un document enviado a ALMOMENTO.NET.
Señala que “en vez de anunciar una seria investigación, y tomar algunas medidas preventivas, debíó garantizar la seguridad del coronel Piccini, una persona de alto interés, cuya vida podría estar en peligro ante la posibilidad de que revele los demás beneficiarios de la millonaria comisión obtenida en esta operación, el Procurador se muestra evasivo y parece más dispuesto a conservar su posición que a asumir sus responsabilidades».
“Independientemente de sus convicciones personales, el Procurador sabe que su cargo es político y que la línea trazada por el gobierno de Danilo Medina es 'no tirar piedras hacia atrás', o sea, dejar impune todos los actos de corrupción cometidos por funcionarios peledeístas en las aberrantes gestiones de Leonel Fernández», sotiene.
Añade que «esa política gubernamental no a variado, porque Danilo no puede zafarse de este compromiso sin que salga a relucir que su asunción al poder está salpicada de fondos provenientes del erario público”.
«Tampoco hay esperanza de que se haga justicia en las instancias superiors, porque quien encabeza el sistema judicial, Mariano Germán Mejía, es nada más y nada menos que el abogado defensor de Leonel y Félix Bautista en el oculto préstamo por 130 millones de dólares con la SunLand, que fue negociado sin que el Senado lo supiera ni lo aprobara, como manda la Ley. Se trató de un caso cuya estafa era de mayor monto y mil veces más condenable que el caso de los aviones tucanos», manifiesta.
Recalca que “los servicios profesionales y políticos prestados por German al clan leonelistas le hicieron merecedor de su nombramiento como jefe de la justicia, y ahora ese mismo personaje designa los jueces que conocen los casos de corrupción cometidos por Félix Bautista, Díaz Rúa, el propio Leonel y otros funcionarios de su entorno».
«Así, en vez de ser una institución respetable, la Justicia se ha convertido en una despreciable comedia que provoca irritación en una población que merece mayor respeto”, afirma
Agrega que «para colmo, mientras la Justicia es utilizada para fines políticos, el funcionamiento de instancias administrativas y de los tribunales ordinarios ha sido totalmente descuidada y lo que existe es un desastre caracterizado por los bajos salarios que recibe el personal, la falta de locales adecuados, limitaciones de recursos técnicos, escasez de materiales gastables, falta de vehículos para transportar a los reclusos y el hacinamiento en las cárceles, entre otros problemas».
Sostiene que, «en realidad, la Justicia necesita una transformación total que solo puede ser implementada desde una opción política diferente a la gestión de un peledeísmo que no puede mantenerse en el poder ni ocultar sus desmanes sin una justicia envilecida».
En ese sentido, advirtió que «una justicia digna y funcional tiene que ser abordada por los sectores opositores que buscan la unificación para ofertar medidas que superen la grave situación económica, moral e institucional que hoy padece nuestro pueblo».
jt/am