Participación Ciudadana ve a RD estremecida por «caso Medusa»

“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías que se estaban cometiendo en el órgano creado por la Constitución para trazar y ejecutar las políticas públicas contra el crimen, la delincuencia y cualquier clase de violación a las leyes”, señaló.

En documento enviado a ALMOMENTO.NET,  dijo que innumerables solicitudes fueron hechas al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera a Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban. «Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y, por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno», agregó. 

Según Participación Ciudadana, el expediente presenta pruebas de que, en ese  período, proliferaron prácticas como las siguientes: 

• Entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio del cobro compulsivo de sobornos, al menos de un 20%, a una camarilla de amigos, familiares y allegados, por sumas que alcanzan miles de millones de pesos, que eran recolectados en efectivo en las mismas oficinas de la Procuraduría General. 
• Sobrevaluaciones, vicios de construcción y faltantes en obras públicas, por demás diseñadas y construidas, imponiéndose ante otras alternativas más razonables, con la expresa intención de obtener enormes beneficios. 
• Estafa al Estado y a la población en renglones de gastos masivos como la alimentación de las personas encarceladas. 
• Triangulaciones de transacciones de compras, como lo fue la estafa por más de 12 millones de pesos en la compra de un solar, supuestamente para parqueos de la Fiscalía del Distrito. 
• Instalación de una asociación de malhechores, integrada por amigos y parientes, justamente en la institución llamada a prevenir y perseguir la corrupción y el delito. 
• Instalación de un sistema de espionaje para beneficio propio, el cual controlaba los movimientos, incluso de los propios integrantes de las fiscalías. 
•  Instalación de cuentas y personeros pagados en las redes sociales, expresamente destinados a espiar y perseguir a periodistas críticos y honestos, así como a promover la imagen del procurador, con recursos públicos. 
• Contratación de asesores extranjeros, con multimillonarios recursos públicos, para crear campañas de imagen y asesorar al jefe del Ministerio Público. 
• Destrucción de evidencias, sustracción de equipos, incursión nocturna en las oficinas públicas para ocultar delitos y manipular expedientes.  
• Utilización de oficinas públicas como comandos de campaña, incluyendo distribución de recursos a favor del candidato y el partido oficial. 
• Desvío de recursos públicos hacia obras personales, como la construcción de villas.  
• Entrega de bienes incautados a cambio de supuestos servicios de publicidad.   

El movimiento cívico enfatizó que las 12,275 páginas del expediente presentado se constituyen en un material de lectura obligada.

Opinó que el juicio para ventilar este caso será una cátedra, no sólo para el sistema judicial y  profesionales del derecho, sino una escuela de civismo para todos los ciudadanos, políticos y funcionarios públicos que podrán constatar lo que constituye la antítesis de un servidor público.

Dijo que también podrán mirarse en el  espejo de lo que le puede pasar a quienes van al Estado a corromperse, mostrando un total desprecio por el respeto a las leyes, el honor y los principios morales que deben ser el fundamento de una sociedad civilizada. 

sp-am

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