Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Anuncian Torneo Baloncesto Superior Femenino de SD 2026
El regreso de las buenas formas
MP dice presentará las pruebas contra los acusados caso Intrant
PN desmiente supuesto ataque contra su director en Navarrete
Alza petróleo mantiene presión combustibles y finanzas de RD
181 muertos: último balance de víctimas por sismo en Colombia
Trump dice seguirá golpeando con fuerza Irán hasta que ceda
Aseguran EU e Irán están cerca de un acuerdo sobre Ormuz
Irán advierte que no cederá ante ninguna amenaza de EU
Hieren a tres policías haitianos en emboscada bandas armadas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), declaró que el país tiene un macro Estado con un empleado público por cada 13 habitantes y por cada ocho electores, lo que no se corresponde con el tamaño del territorio.
El organismo realizó un monitoreo que identifica que en 2012 la nómina pública del gobierno central, sin los ayuntamientos y otros organismos descentralizados, era de 336,000 empleados, y para el 2014 estaba en 441,000; en el 2016 se situaba en 550,000, y hoy día sobrepasa los 650,000 servidores, duplicándose en solo siete años.
En documento enviado a ALMOMENTO.NET , el Consejo Nacional de PC dijo que se trata de una estructura grande, ineficiente y cara. Una macroestructura, llena de organismos duplicados, que lejos de achicarse, en busca de una mayor productividad, se ha ampliado por las prácticas del patronazgo y el clientelismo”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.
«En contraste con esta política clientelar y como muestra de la escasa institucionalización de la administración pública, desde el 2008, año en que se aprobó la Ley de la Función Pública 41-08, solo se han incorporado a la carrera administrativa alrededor de 62,000 servidores, quedando evidenciado el retraso, lentitud y obstrucción para la incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa general y especiales», indicó.
Según dijo, lo más grave es que, desde el 2013 la incorporación a la Carrera Administrativa se ha semi paralizado, violándose los derechos constitucionales y legales de decenas de miles de empleados.
En lo referente a las Carreras Administrativas Especiales, que contempla la Ley de Función Pública, a saber: Docente, Diplomática y Consular, Sanitaria, después de 11 años de aplicación de la ley 41-08, Participación Ciudadana sostiene que ha debido producirse una implementación rigurosa y sistemática de estas Carreras Especiales, donde también se producen violaciones a sus estatutos particulares, pero no ha sucedido así.
«Para PC, más allá de las carencias, ausencias y contradicciones que la Ley de Función Pública 41-08 trajo consigo, es importante consignar que después de 11 años de su vigencia, la esencia de la misma no se ha instaurado, los empleados sujetos de incorporación a la Carrera, son unos 160,000, sucediendo que de estos apenas unos 62,000 (39%) han sido incorporados a la Carrera», indicó.
A entender del movimiento, otra fuerte debilidad en la aplicación de dicha ley ha sido la inobservancia de la esencia democrática de la misma, al no aplicarse sus principios fundamentales, entre ellos: Mérito personal, igualdad de acceso a la función pública, estabilidad en los cargos y equidad retributiva.
