Con sus recursos tácticos agotados, Trump evidenció que anhelaba un acuerdo histórico entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán que llevara su firma y que pudiera exhibir ante sus seguidores y la opinión pública mundial como la prueba definitiva de su capacidad para doblegar a los ayatolás, quienes advirtieron… “Pongan a prueba nuestra determinación una vez más para que les demos una lección mayor”.

La tusa que hoy persigue al presidente Donald Trump, entendida en el Caribe y en Colombia como un estado de frustración profunda, despecho político y amargo desencanto tras una apuesta fallida, no es una decepción cualquiera, sino el resultado directo de haber comprometido todo su capital estratégico en una jugada que la dirigencia político-militar de la República Islámica de Irán había descifró con suficiente antelación.

El sorpresivo y alevoso ataque militar del 28 de febrero, precedido por un proceso de negociación que terminó revelándose como una maniobra de distracción, no produjo la rendición esperada, sino la lección más amarga de su trayectoria geopolítica. Washington se encontró con una sofisticada y moderna capacidad militar y misilística de largo alcance, así como con una estrategia concebida para sostener una guerra de duración indefinida.

Amparado en la llamada “estrategia del loco”, que intimida y disloca a aliados y adversarios, el mandatario estadounidense convirtió la impredecibilidad en el eje de su política exterior. Durante años, esa doctrina le permitió imponer condiciones mediante amenazas, sanciones y demostraciones de fuerza, proyectándose ante el mundo como un líder capaz de acometer las acciones más audaces y menos previsibles

Sin embargo, en la República Islámica de Irán, ese viejo enemigo al que prometió reducir a escombros, asegurando que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, como parte de su política de máxima presión, y que estaba “listo para la acción… para acabar con lo poco que queda de Irán”, encontró un escenario distinto cuando, en el momento en que un acuerdo parecía estar a tiro de piedra, Estados Unidos, junto a Israel, lanzó un sorpresivo y mortal ataque que decapitó la cúpula del poder iraní, provocando la caída del ayatolá y de figuras clave de la dirigencia político-militar del país islámico.
Un mundo que desafía la hegemonía unilateral

La mecánica del caos, cuidadosamente diseñada para desconcertar a sus adversarios, terminó convirtiéndose en una vulnerabilidad que Teherán supo explotar con paciencia estratégica. Irán comprendió que, por más que Washington redoblara las sanciones económicas o amagase con ataques militares, el costo de una guerra abierta resultaría políticamente insoportable para la Casa Blanca y económicamente devastador para la estabilidad global.

Con sus recursos tácticos agotados, Trump evidenció que anhelaba un acuerdo histórico entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán que llevara su firma y que pudiera exhibir ante sus seguidores y la opinión pública mundial como la prueba definitiva de su capacidad para doblegar a los ayatolás.

También aspiraba al reconocimiento internacional como “gran pacificador”, en la esperanza de que ello lo condujera al tan anhelado Premio Nobel de la Paz que tantas veces evocó en sus discursos. No obstante, el desenlace fue el inverso, pues la delegación del país persa rechazó el maximalismo de la contraparte durante las negociaciones celebradas en Islamabad, Pakistán. “Pongan a prueba nuestra determinación una vez más para que les demos una lección mayor”, advirtieron.

De acuerdo a los expertos en geopolítica y destacados analistas, lo que el líder republicano dejó al descubierto fueron los límites de su política de máxima presión, pero que en el nuevo amague contra Teherán se le convirtió en una variación de un libreto predecible que ya no intimidaba a quienes comprendieron las verdaderas intenciones y limitaciones de Washington, que ante el mundo queda evidenciado que fue por lana y salió trasquilado, pues buscaba una victoria histórica y terminó con una tusa pública.

La lectura estratégica de Teherán

La estrategia iraní no fue producto del azar, sino de una lectura fría y milimétrica del estilo personalista que define cada movimiento del líder norteamericano. Teherán entendió que Trump necesitaba proyectar fuerza para sostener su prestigio ante su base electoral interna, pero también que una guerra abierta en el golfo Pérsico representaría un costo político, económico y militar que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir.

Mientras Trump insistía en que su presión daba frutos, la realidad evidenciaba un escenario de estancamiento geopolítico, en el que cada intento por reorientar su estrategia revelaba que el tablero había cambiado, y que la dirigencia político-militar de Irán había anticipado sus movimientos, y le demostraron al país del norte que existen adversarios que no se doblegan ante amenazas ni sanciones.

La tusa que hoy lo persigue tiene el nombre de una estrategia desbaratada y de un cálculo político que falló en el momento más inoportuno.

Este episodio confirma que el mundo transita hacia un orden multipolar en el que las presiones unilaterales encuentran crecientes resistencias. La República Islámica de Irán ha dejado claro que la soberanía no se negocia bajo amenazas de fuerza, y que incluso las potencias más influyentes pueden hallar límites a su voluntad.

El tiempo dirá si esta amarga lección sirve para comprender que ya no es posible imponer reglas a un planeta que se resiste a obedecer a un solo poder.

jpm-am

Abril trae consigo, en República Dominicana, dos fechas que invitan a mucho más que celebración protocolar: el Día del Periodista y el Día del Locutor. Son ocasiones oportunas para felicitar, sí, pero sobre todo para detenerse. Detenerse a pensar qué significa hoy ejercer la palabra pública en una época marcada por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la automatización creciente de los contenidos.

La pregunta ya no es solo cómo adaptarse a la tecnología. La verdadera pregunta es otra: ¿para qué estamos comunicando? En medio de un ecosistema saturado de mensajes, donde cada segundo compite por atención, el periodismo, la locución y la comunicación en sentido amplio enfrentan una exigencia mayor que la de dominar herramientas. Lo que está en juego es la capacidad de orientar, interpretar y agregar valor social desde el oficio.

Durante mucho tiempo, pertenecer a un medio reconocido bastaba para sostener una cuota de legitimidad. Pero esa etapa se ha ido diluyendo, y ya casi no existe. La multiplicación de voces y la lógica algorítmica han alterado el mapa de la autoridad pública. Cualquiera emite, cualquiera opina, cualquiera difunde. Pero no cualquiera comunica con responsabilidad, con contexto y con conciencia del efecto que produce en la vida colectiva.

Ahí está, precisamente, el desafío de este abril conmemorativo. Periodistas, locutores, productores, panelistas, comentaristas, conductores y creadores de contenido necesitamos hacer una pausa crítica. No para intimidarnos ante la IA, no para lamentar lo que cambió, sino para revisar qué valor real estamos aportando.

Porque la diferencia profesional ya no descansa únicamente en una buena dicción, en una voz agradable, en la rapidez para publicar o en la destreza frente a una cámara. Ahora nuestras oportunidades deben estar vinculadas con el criterio.

Algunos referentes

Ortega y Gasset advierte que la técnica, por sí sola, no resuelve el sentido de la existencia. Tener medios no equivale a tener dirección. En comunicación ocurre exactamente eso. Hoy existen más recursos que nunca para producir, editar, emitir, grabar, distribuir y viralizar. Pero si no hay una intención clara, una responsabilidad ética y un proyecto comunicacional con sentido público, todo ese despliegue termina sumándose al ruido.

Harari, desde otra perspectiva, recuerda que las sociedades se sostienen sobre relatos compartidos, sobre marcos de interpretación que hacen posible la convivencia. Ahí el papel del comunicador sigue siendo decisivo. No se trata solo de decir lo que pasa, sino de ayudar a entenderlo. No basta con repetir datos, amplificar escándalos o perseguir tendencias. Hace falta ofrecer contexto, jerarquizar lo importante, distinguir lo verdadero de lo engañoso y aportar serenidad donde otros solo inyectan ansiedad.

Toffler también ayuda a comprender esta transición. La comunicación de la era industrial era más centralizada; la de hoy es fragmentada, vertiginosa y dispersa. La audiencia dejó de ser cautiva. El prestigio dejó de venir garantizado por la plataforma. La confianza, ahora, se construye día a día. Y esa confianza no nace del volumen, sino de la coherencia; no surge del protagonismo, sino del servicio.

Comunicar con criterio

Por eso, en este mes de abril, la invitación es a recuperar la conciencia del oficio. A preguntarnos si cada intervención informa o confunde; si cada comentario orienta o intoxica; si cada espacio fortalece ciudadanía o solo alimenta vanidad, confrontación y superficialidad. Comunicar no es llenar minutos ni ocupar pantallas. Comunicar es asumir una responsabilidad con la inteligencia pública y con la salud democrática de la comunidad.

Una voz profesional agrega valor cuando educa, cuando previene, cuando explica, cuando eleva la conversación pública y cuando conecta a la gente con sus problemas reales y sus posibles soluciones. Agrega valor cuando sirve de puente entre conocimiento y ciudadanía, entre territorio e identidad, entre conflicto y convivencia. En tiempos de automatización, esa capacidad humana de mediación ética e interpretativa puede convertirse en el rasgo más valioso del periodismo y la locución.

Celebremos, entonces, pero sin evasiones. Que el Día del Periodista y el Día del Locutor no sean solo fechas para reconocimientos, placas y saludos en cabina. Que sean también una llamada a la reflexión profunda. Porque en una época donde abundan las voces, lo verdaderamente escaso es la orientación con sentido. Y ahí sigue estando, todavía, la grandeza de estos oficios.

 info@nestorestevez.com   

POR CARLOS SALCEDO

El incremento salarial dispuesto en su propio favor por los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana durante el ejercicio de sus funciones plantea un problema de notable gravedad. Este hecho no puede reducirse a una mera medida administrativa interna, pues activa de inmediato el control constitucional sobre los límites del poder público

El artículo 140 de la Constitución establece una prohibición categórica: ningún funcionario puede dictar normas ni adoptar decisiones con efectos de beneficio propio durante el ejercicio del cargo. No se trata de una pauta ética ni de una regla programática, sino de una interdicción directa cuyo incumplimiento compromete la validez material del acto.

Es cierto que, ante la reacción adversa de la opinión pública, la propia Cámara de Cuentas dejó sin efecto el incremento salarial. Sin embargo, esa retractación -motivada por la presión social más que por un control institucional interno – no borra el hecho generador ni neutraliza sus consecuencias jurídicas. El vicio se produce en el momento mismo en que se adopta la decisión prohibida; su posterior reversión no reconstituye automáticamente la juridicidad ni restablece la confianza comprometida.

Desde esta perspectiva, el incremento salarial decidido por los propios miembros del órgano no solo plantea un problema de legalidad, sino que configura un conflicto constitucional abierto, al colocar a sus autores en posición de beneficio directo derivado de su propia actuación normativa.

La gravedad

La gravedad se intensifica por la naturaleza del órgano. No estamos ante una dependencia administrativa cualquiera, sino ante el ente constitucional encargado de fiscalizar la legalidad, eficiencia y transparencia del gasto público. Su función exige no solo sujeción a la ley, sino una apariencia reforzada de imparcialidad, sin la cual el control pierde credibilidad.

La Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, núm. 18-24, refuerza esta exigencia. Su artículo 15 atribuye a la Cámara la facultad de examinar cuentas, auditar la ejecución presupuestaria, identificar violaciones con posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, y rendir informes al Congreso Nacional. Estas competencias descansan, estructuralmente, en la confianza en la objetividad del órgano.

A su vez, el artículo 26 establece que sus miembros pueden ser separados por faltas graves mediante juicio político ante el Senado de la República. No se trata de una previsión excepcional, sino del mecanismo institucional previsto precisamente para situaciones en que la conducta de los titulares compromete la integridad del órgano.

Bajo este marco, la infracción del artículo 140 – materializada en la adopción de decisiones con beneficio económico propio – erosiona la presunción de legitimidad de sus actuaciones. Y sin esa presunción, el sistema de control público se debilita en su núcleo.

La cuestión, entonces, se impone: ¿puede un órgano que actúa en conflicto constitucional generar actos plenamente eficaces? ¿pueden sus informes conservar valor probatorio íntegro cuando la imparcialidad del emisor ha sido comprometida? La respuesta es categóricamente negativa.

El problema no es formal ni subsanable. Es sustantivo. Afecta el principio de imparcialidad, que constituye la base de la función de control. Cuando el órgano fiscalizador se convierte en beneficiario de sus propias decisiones, incurre en una forma cualificada de desviación de poder que proyecta sus efectos sobre toda su producción institucional.

En consecuencia, los informes de auditoría quedan bajo sospecha. No necesariamente por su contenido, sino por la quiebra de confianza en quien los emite. En sede jurisdiccional, esa circunstancia incide en su valoración, debilita su fuerza probatoria y abre espacio a su impugnación.

Se configura, además, una paradoja difícilmente sostenible, dado que el órgano llamado a controlar la legalidad se coloca en una posición que exigiría su propio control externo inmediato, tensionando el sistema de pesos y contrapesos.

Este episodio no ocurre en el vacío. La Cámara de Cuentas arrastra un historial reciente de crisis institucional, incluyendo procesos de juicio político contra sus integrantes. La reiteración de conductas que comprometen su credibilidad revela una dificultad persistente de recomposición y aprendizaje institucional, lo que agrava el juicio sobre su desempeño actual.

Las consecuencias jurídicas son, por tanto, acumulativas y previsibles: responsabilidad de sus miembros, activación del juicio político como vía de separación, afectación de la credibilidad de sus actos y necesidad de restaurar la confianza pública.

En ese contexto, la permanencia en el cargo de quienes han incurrido en este tipo de actuaciones puede resultar incompatible con la recomposición institucional. La renuncia deja de ser una opción meramente personal para convertirse en una salida funcional que permita al Senado de la República proceder a la designación de nuevos miembros con las condiciones de independencia y objetividad requeridas.

El artículo 140 no admite relativizaciones. Opera como una cláusula de cierre frente al uso indebido del poder. Su infracción no sólo genera responsabilidad, deslegitima.Y un órgano de control deslegitimado no controla. Simula.