Una de las prédicas más socorridas que hemos escuchado durante décadas se refiere a que el Estado es mal administrador, por lo cual no debería gerenciar ningún tipo de actividad que pueda ser manejada por el sector privado.

En algún momento esta cháchara tuvo éxito, y negocios que dependían del Estado fueron pasados a la gestión de gerentes provenientes del sector privado, con la ilusión de que llevarían la eficacia y la eficiencia a los entes puestos bajo su control.

Recordamos cómo el presidente Antonio Guzmán (1978-1982) designó gerentes privados en casi todas las unidades de la entonces poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quienes fracasaron de manera estrepitosa, pues no es lo mismo dirigir una empresa particular que estar al frente a una pública.

Sin embargo, a pesar de aquella experiencia negativa, no han cesado quienes insisten en que el Estado debe encargarse solo de aquello que concierne a las labores propias, como la seguridad, servicios públicos esenciales de salud hospitalaria, arreglo de calles, energía eléctrica básica, etc.

Han entendido—y siguen con el mismo criterio—que negocios como el Banco de Reservas, la Refinería Dominicana de Petróleo, Punta Catalina, el Seguro Nacional de Salud, entre otros, deberían de estar en manos del sector privado para manejarlos “con mayor eficiencia”.

Pura cháchara que nace de la codicia de quienes entienden que el hueso pertenece al Estado—a todos los dominicanos—y la masa debe estar en el plato del puñado que se ampara en los privilegios, no quiere subsidios para los pobres—eso es clientelismo aberrante—, pero sí para ellos que los reciben gustosos, evaden impuestos y pagan salarios paupérrimos.

El caso más lamentable de ese predicamento codicioso lo tenemos en el seguro Senasa, sobre el cual, desde su nacimiento junto con todas las demás ARS, se ha pretendido que no compita con las administradoras privadas captando clientes para el complementario, sino que se encargue de suplir asistencia a los pobres diablos mediante el subsidiado.

De nuevo la ley del embudo, donde la parte ancha pertenece a los menos, mientras el grueso de la población debe conformarse con la parte más angosta.

Los problemas que indudablemente atraviesa Senasa surgen de la obligación irrenunciable del Estado de proveer salud a la población, que es su real ganancia.

En tal sentido, y ante lo contundente que resulta la realidad de que varios millones de dominicanos reciben asistencia médica gracias a contar con el seguro de Senasa, lo que se impone es aparcar los intereses legítimos en la actividad política, y luchar para que la entidad salga a flote y esos ciudadanos sigan recibiendo esa asistencia.

Nelsonencar10@gmail.com

En medio de las reacciones encontradas que ha generado la prohibición de giros a la izquierda en varias intersecciones de Santo Domingo, es necesario recordar que estas medidas no son ni nuevas ni improvisadas.

El reordenamiento vial que hoy despierta debates se remonta a más de dos décadas y ha sido parte de una estrategia urbana gradual para mejorar la movilidad en Santo Domingo, especialmente en la avenida Winston Churchill.

El proceso de reorganización del tránsito comenzó a principios de los años 2000, cuando las autoridades del Distrito Nacional iniciaron la aplicación progresiva de restricciones a los giros a la izquierda en intersecciones críticas.

Fue durante la gestión del alcalde Roberto Salcedo (2002–2016) cuando estas medidas se institucionalizaron como parte de un plan para reducir la congestión vehicular en una de las arterias más transitadas de la capital.

En aquel momento, las disposiciones no generaron controversias significativas. Conductores, urbanistas y autoridades entendieron su necesidad dentro de un contexto de crecimiento urbano acelerado.

Oportunismo político 

Las reacciones aisladas que surgen ahora, muchas de ellas teñidas de un oportunismo político que no se manifestó en el pasado con firmeza, no pueden lograr empañar el carácter técnico del plan de movilidad que se venía desarrollando.

Entre los años 2010 y 2020, las restricciones a los giros a la izquierda no solo se mantuvieron, sino que se ampliaron. Se incorporaron mejores sistemas de señalización, se realizaron estudios de impacto y se sumaron nuevas intersecciones al plan de reordenamiento.

Esta etapa sentó las bases para lo que, en 2024 y 2025, se ha convertido en una fase más avanzada del proceso: la extensión de las prohibiciones, acompañada de debates públicos más intensos y la reactivación del discurso sobre movilidad sostenible.

Aunque para algunos las recientes disposiciones puedan parecer abruptas, lo cierto es que forman parte de una estrategia urbana de largo plazo.

La eliminación de giros a la izquierda no solo busca mejorar la fluidez del tránsito, sino también reducir los puntos de conflicto, minimizar los accidentes y facilitar el desplazamiento del transporte público.

La resistencia de algunos ciudadanos, visible en redes sociales y en ciertos medios, refleja el impacto inmediato que estas decisiones tienen sobre la rutina diaria de los conductores.

Sin embargo, expertos en tránsito coinciden en que estas medidas son necesarias para evitar el colapso del sistema vial del Gran Santo Domingo.

Los giros a la izquierda representan uno de los principales factores de interrupción del flujo vehicular y, en intersecciones de alto tránsito, pueden generar caos, accidentes y cuellos de botella.

El reordenamiento del tránsito en algunas vías del Distrito Nacional, no es un proyecto del gobierno actual de presidente Luis Abinader, ni una ocurrencia de última hora.

Se trata de la continuación de un esfuerzo institucional que ha atravesado diversas administraciones, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y que responde a diagnósticos técnicos, no a improvisaciones políticas.

Su objetivo sigue siendo el mismo: ordenar una ciudad que ha crecido de manera acelerada y sin planificación, para hacerla más segura, funcional y eficiente.

La verdad es que los voceros del gobierno de Abinader, no han asumido la responsabilidad de defender estas medidas y prefieren dejar que su gobierno cargue con la confusión que ha generado en la sociedad  la medida y  las restricciones a los giros a la izquierda como una molestia puntual.

En lugar de salir a explicar que es fundamental entenderlas como parte de una política de movilidad que busca transformar el tránsito urbano en Santo Domingo.

La historia demuestra que estas medidas no surgieron de la noche a la mañana. Son el resultado de más de veinte años de planificación, adaptación y esfuerzo por parte de distintas gestiones.

Ignorarlo es contribuir a una narrativa simplista que desvía la atención del verdadero desafío: construir una ciudad que funcione para todos.

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