El proyecto de código penal es penoso y cruelmente influido por el neofascismo en boga. Pero para peor: el poder de decisión sobre él lo tienen un Congreso y una gobernación de colonia que carecen de dignidad y vergüenza.

Entre otras barbaridades, ese proyecto:

-Facilita la impunidad, porque su art.14 le quita responsabilidad penal al Estado, Alcaldías, distritos municipales, iglesias y partidos políticos.

– Reduce (art.32) la prescripción de la corrupción a 20 años, liberándola de sanción penal y desconociendo que los delitos son irreversibles y siempre sancionables.

-Desprotege la niñez al despenalizar en su artículo 126 las agresiones a niños/as bajo la consideración de “método disciplinario”.

-Debilita la tipificación de feminicidio, dado que en su art. 97 limita el delito del feminicidio sólo a cuando la víctima: a) Presenta signos de violencia sexual, mutilación genital o cualquier otro ensañamiento. b) Cuando su cuerpo sea exhibido en un lugar público. c) O cuando sea resultado de ritos grupales. Es decir, niega la calificación de feminicidio si solo mata, pero no viola a su víctima.

-Reduce penas a la violencia de género al establecer en su art. 126 solo de uno a tres años de prisión, en los tipos penales más frecuentes; y también la reduce, si el violador es pareja de la víctima (artículo 136).

-Mantiene la penalización absoluta de la interrupción del embarazo aun en caso de violación, incesto, o cuando el embrión no tenga posibilidades de sobrevivir o el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer.  El art. 112 excluye las tres causales.

-Criminaliza la protesta y permite la censura al establecer pena de un año de prisión a quien insulte a un funcionario público, o lo amenace, o le envíe escritos, imágenes, o “haga gestos” de carácter contrario a su dignidad personal y funciones.

-Penaliza hasta con 30 años de prisión el envío de documentos o información a cualquier institución extranjera -sin ninguna especificación- por considerar que podría ser espionaje.

-Establece penas de 4 a 10 años a quien amenaza e intimide a un funcionario público para que cumpla con sus funciones o se abstenga de violar las leyes.

-Comete rebelión quien oponga resistencia violenta contra un funcionario que abuse de su poder. La rebelión, universalmente consagrada contra la opresión, será sancionada con uno a dos años de prisión en estos casos puntuales.

– Ese código fascistoide introduce como sanción la castración medieval y también la jurisdicción militar-policial privilegiada, mediante la cual la justicia castrense juzga sus delitos contra civiles. !Bárbaros!

Como todo eso ha sido repudiado persistentemente por mucha gente que defiende los derechos y libertades de las mujeres y del pueblo, está claro que, si aprueban estas atrocidades, el Congreso, el Gobierno, el Obispo Castro y otros ultra reaccionario como él, y las sectas evangélicas fundamentalistas, deben prepararse para enfrentar el repudio y las insubordinaciones de mucha gente digna y amante de la justicia y amante de la justicia.

Eso explica la reacción de última hora de la Procuraduría General-PGR con sus 150 propuestas, poniendo ahora, no antes, su falda en remojo para no cargar con las culpas y la cosecha de impopularidad.

Hasta el propio Abinader tiene doble miedo: miedo a la ultraderecha del PRM y del país si lo veta y miedo al pueblo si no lo veta, con bastante presión de su entorno no partidista

Pero la orden soterrada del Palacio (Abinader-Paliza) va en dirección a que se aprueba como sea en esta legislatura y las señales que vienen del Congreso es retomar la marcha al vapor y finiquitar el asunto, “trapeando el piso” con las propuestas de la PGR, recogiendo de ellas solo lo que no afecte lo peor del contenido del proyecto,

Habrá que ver si la perversidad del Congreso sigue predominando para imponer todo su contenido neofascista de todas maneras.

El pronunciamiento del troglodita legislador Cedeño, “quillao” con la PGR, es una pésima señal, que revela muy malas intenciones.

A despecho de las proclamas, las adhesiones estatutarias y las membresías en entidades multipartidistas internacionales, en realidad ya quedan en el mundo muy pocos “proyectos de Nación” basados en ideologías políticas y, por lo tanto, tampoco son abundantes las apuestas de transformación de la sociedad y el Estado en dirección a una modificación sustancial del rumbo histórico a través de la reforma estructural o la revolución.

(Se asume aquí el concepto de ideología en su versión clásica no ortodoxa, es decir, como un cuerpo más o menos organizado de ideas y propuestas de deconstrucción y construcción en permanente tensión y constante cambio en el contexto de una realidad determinada, y por consiguiente a veces también inevitablemente como doctrina o estructura de “verdades” universales e inamovibles).

Ciertamente, si hacemos la excepción de los malogrados proyectos socialistas o estatistas paraguas (vinculados casi todos a las corrientes marxistas autoritarias o a las confusas y vacuas oriflamas ultranacionalistas y corporativistas) y de las formulaciones de las corrientes religiosas fundamentalistas (hermanadas en un enfoque sectario y teocrático que también se ha develado infecundo), nada hay, nada opera y nada queda de las grandes apuestas políticas ideológicas.

La mera verdad es que vivimos en la época de la “administración”, de la “gerencia” y del gatopardismo (“gestión” de la realidad y cambios faciales para que todo siga igual), y aunque el origen de su racionalidad es puramente mercurial (o sea, procuradora de beneficios o rentabilidad), está de moda reivindicarla como panacea para dirimir los maximalismos de los políticos en el ejercicio de los poderes públicos (que en la mejor tradición aristotélica deberían estar al servicio del bien común, no de los beneficios o la renta).

(El colmo de la “alienación del mercado” -con sus coloridos tintes de “galloloquismo” y ausencia de sensibilidad humana- fue conocido por el suscrito hace unos días cuando escuchó a una joven dirigente política afirmar de manera oronda en un programa de televisión que “la familia es una empresa” y hay que “pensarla y administrarla” como tal, pateando -acaso sin saberlo- toda la milenaria ética judeocristiana, muy a contrapelo de que ella se define como “una mujer de Dios”).

Por supuesto, no debe olvidarse que esa racionalidad se encuentra considerablemente a tono con la ausencia de perspectivas históricas (ni el pasado ni el futuro importan: lo único que existe de manera tangible es el presente), el descrédito de la cultura (el saber y la educación únicamente son importantes si son materialmente “útiles” o generan riqueza individual) y la alegre aunque bastante deportiva proclamación de la “muerte de las ideologías” (cuya intención, naturalmente, es sólo política, no vaya a ser que a alguien se le ocurra darle, por ejemplo, connotaciones religiosas o económicas).

(Acaso no sea impertinente reseñar de paso que, fuera del desborde antiético y la devoción por el autoritarismo y el corporativismo que acusa, la ultraderecha contemporánea en ascenso por todo el mundo -especialmente la tipo Orbán, MAGA, Abascal, Bolsonaro, Bukele o Milei- no sólo reclama su adhesión a la nulidad doctrinaria no religiosa, sino que virtualmente no califica para erigirse en ideología política: carece de base cultural, no exhibe suficiente elaboración teórica, es esencialmente pedestre desde el punto de vista del razonamiento científico y, sobre todo, se proyecta tan fugaz e insostenible en el panorama histórico como sus referentes de principios de siglo XX).

Nada de ello obsta, empero, para que se alimente legítimamente la sospecha de que todo eso pudiera no ser otra cosa que el bulo más penetrantemente exitoso de la política posmoderna, porque niega lo evidente: todo es ideología en el ser humano, y si esta muriera (inclusive la política) también lo harían los intereses de éste y su propio existir, lo cual conduciría en muchos sentidos a una negación de la naturaleza humana y a una maniquea pero infantil contradicción ontológica.

El bulo, más bien, parece un esfuerzo por santificar el reemplazo de los estilos de vida clásicos por uno basado en el mal gusto, la vanidad, el consumo, el espectáculo y la vitrina (que a ojos vistas nos lleva a una transversalización de los medios digitales en la vida social y personal, a una individualidad extrema y a una ausencia casi total de empatía real con el semejante), y para la asunción de la vida como un tránsito cósmico (¿o cómico?) momentáneo que hay que hacer en “modo” de bullanguería y narcisismo, y sin pensar en el mañana como espacio que se edifica a partir de las premisas del hoy.

Es en ese sentido que pudiere interpretarse (al margen del plagio a  las viejas peroratas de Og Mandino  y Joyce Brothers sobre el “trabajo productivo”, el “progreso”, la “realización personal” o el “crecimiento individual”) el hecho de que actualmente nos esforzamos por crear una sociedad de “emprendedores” (es decir, de administradores y gerentes, más que de productores, trabajadores y seres humanos para vivir decentemente la vida), y les estamos inculcado a las nuevas generaciones la altamente sospechosa e impracticable convicción de que todos podemos ser negociantes, innovadores y ricos, e inclusive la antiquísima pero peregrina conseja de que esto depende solamente de nuestra dedicación y nuestros esfuerzos.

Cualquier conocedor elemental del devenir humano sabe, valga la insistencia, que todo eso es ficción (como puede comprobarse en este momento con las estadísticas de sobrevivencia y éxito de los emprendimientos, localizables en las publicaciones gubernamentales o privadas sobre el tema, y con una simple incursión en Google), pero es un fenómeno hoy generalizado, precisamente porque la mayoría abrumadora de los ciudadanos carece de referencias históricas o de interés por conocer el pasado (entendiéndose que este debe morir, pero no al estilo revolucionario sino al estilo del nihilismo y el consumismo esencialista) y porque los Estados lo auspician para garantizar la paz social a través de la esperanza y porque constituye un gran negocio para los grupos que manejan la economía y las finanzas.

No hay mucha gente que haya reparado en ello, pero la verdad es una y simple: estamos reproduciendo el mismo modelo de creación de riqueza individual que se ha usado a lo largo de toda la historia humana (solo pausado por algo más de medio siglo con los modelos de liberalismo utópico -Locke, Smith y Ricardo- y los ya citados del socialismo autoritario, el ultranacionalismo y el corporativismo), un modelo que no sólo ha fracasado reiteradamente, sino que ahora, con la mentada promoción del emprendedurismo como pócima universal, provocará irremediablemente mayor inequidad (a través del endeudamiento personal y la generalizada frustración) porque sólo para un pequeño porcentaje será auténticamente provechoso.

Pero, claro, la cuestión es -y hay que repetirlo hasta la saciedad- que ese modelo es un diamante frente al carbón de sus pares alternativos conocidos, y que esta inferencia, enlazada a la fascinación por el consumo y el placer individuales, hace de él la cosa más natural, apetecible y memorable del mundo… Y todo esto se dice aquí, por supuesto, pidiendo las debidas disculpas por la franqueza, que puede resultar para algunos amigos una especie de purgante frente al extendido optimismo por el raro funeral de las ideologías políticas.

lrdecampsr@hotmail.com

La nueva ofensiva económica del presidente Donald Trump, no distingue aliados. En medio de su retórica proteccionista, su propuesta de imponer un arancel del 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos, incluyendo las provenientes de países socios como República Dominicana.

Como si eso no bastara, su gobierno ha decidido reactivar un plan para gravar las remesas internacionales, lo que afectaría severamente a miles de familias dominicanas que dependen del dinero enviado por sus seres queridos desde territorio estadounidense.

República Dominicana exporta cada año más de 7,000 millones de dólares a Estados Unidos, principalmente en productos textiles, tabaco, productos agrícolas, instrumentos médicos y electrónicos. Con un arancel del 10%, muchos de estos productos perderían competitividad, y se verían afectadas zonas francas, pequeñas industrias y empleos locales.

El país no solo exporta bienes, también recibe un flujo constante de remesas que, en 2024, superaron los 10,756 millones de dólares. Estas transferencias son el principal sostén económico de millones de hogares, especialmente en comunidades vulnerables del Cibao, el sur profundo y barrios marginados del Gran Santo Domingo.

Un impuesto sobre las remesas reduciría el dinero que efectivamente reciben las familias, afectando el consumo, la educación de los hijos, el acceso a salud y, por supuesto, la demanda interna. Se trata de una medida regresiva que golpea directamente a los más pobres.

Deportación

A este panorama se suma un componente migratorio y humanitario de alto impacto: el riesgo de deportación de unos 270 mil dominicanos en condiciones de vulnerabilidad que residen en Estados Unidos, y la posible suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 500 mil haitianos.

Si ambas comunidades son forzadas a regresar al Caribe, República Dominicana enfrentaría una presión social y económica sin precedentes, con la necesidad de responder a un aumento abrupto de población en situación precaria.

Lo más preocupante es la indiferencia del gobierno de Trump ante la profunda crisis haitiana, lo que deja sola a la República Dominicana ante un problema regional que supera sus capacidades.

Donald Trump ha insistido en que “América debe proteger su industria”, pero sus políticas proteccionistas, lejos de castigar a los grandes competidores como China, terminan afectando a naciones aliadas, pequeñas y dependientes de la economía estadounidense.

Países como República Dominicana, que han construido relaciones comerciales estables y legítimas bajo acuerdos como el DR-CAFTA, se verían ahora penalizados por un giro político sin diálogo.

Esto envía un mensaje preocupante pues demuestra que Estados Unidos ya no es un socio comercial predecible. Cualquier tratado, por más firmado que esté, puede ser ignorado por la voluntad de un liderazgo populista que privilegia el espectáculo electoral por encima de las relaciones internacionales.

Las medidas anunciadas por Trump no solo afectan a República Dominicana, sino que pueden desatar una reacción en cadena en Centroamérica y el Caribe, generando inestabilidad regional, debilitando economías dependientes de las exportaciones y ampliando las brechas sociales.

La verdad es que ante este escenario, el gobierno dominicano debe asumir una postura firme, diplomática pero clara, articulando una estrategia que fortalezca las relaciones bilaterales con sectores del Congreso estadounidense que defienden el libre comercio y la cooperación regional.

Al mismo tiempo, se hace urgente diversificar los destinos de exportación, con mayor énfasis en Europa, América del Sur y el Caribe, así como impulsar la formalización y digitalización de las remesas para reducir el impacto de cualquier gravamen.