Durante años, nos repitieron, y muchos lo creyeron, que Cuba era una potencia médica. Que su sistema de salud era gratuito, universal y de calidad. Que sus médicos eran héroes desinteresados, portadores de solidaridad, capaces de llegar a los rincones más remotos del mundo para salvar vidas. Y sí, algo de eso hubo. Pero también hubo mucho de propaganda… muchísimo.

La realidad que viven millones en Cuba, dista mucho del discurso oficial. Hay hospitales que se caen a pedazos, médicos que no tienen ni lo más básico para trabajar, pacientes que deben comprar todo, desde una jeringuilla hasta una pastilla de acetaminofén, por la izquierda, si es que lo consiguen.

La salud es gratuita, sí. Pero ¿de qué sirve una consulta gratis si no hay medicamentos ni condiciones mínimas para atender una emergencia?

Lo vivió Yanelis, madre de un niño asmático en Cienfuegos. Durante un ataque respiratorio, recorrió tres centros de salud buscando un nebulizador que funcionara. En uno no había electricidad, en otro faltaban las medicinas, y en el tercero simplemente no había personal de guardia. “Tuve que correr a casa de una vecina que tiene uno viejo, de los rusos”, contó entre lágrimas. “Si no fuera por ella, yo no sé qué habría pasado.”

Angustia

Ese tipo de angustia es común en Cuba. Y, sin embargo, afuera se sigue hablando del sistema de salud como un modelo ejemplar. La razón es simple: el régimen cubano ha sabido capitalizar esa narrativa. Ha utilizado a sus médicos como embajadores del socialismo y, al mismo tiempo, como una fuente crucial de ingresos.

Las misiones médicas, aunque presentadas como gestos de generosidad internacional, le han generado miles de millones de dólares al Estado, mientras los profesionales que las realizan reciben sólo una fracción de lo que paga el país anfitrión. Muchos trabajan bajo vigilancia, con contratos que restringen sus libertades, sabiendo que su familia quedó en la isla como garantía.

Además, las cifras que tanto se enarbolan, como la baja mortalidad infantil o la esperanza de vida, no son inmunes al maquillaje. Algunos estudios y testimonios apuntan a interrupciones médicas de embarazos de alto riesgo para evitar que afecten los indicadores. En otras palabras: se priorizan los números antes que las personas.

Pero nada de esto suele aparecer en los titulares internacionales. Quizás por desinformación, por simpatía ideológica, o simplemente porque cuestionar el mito de la medicina cubana incomoda.

Y, sin embargo, los cubanos lo saben. Lo viven. Lo sufren.

En cada cola para conseguir una pastilla. En cada consulta donde falta todo. En cada médico que quiere servir, pero no puede porque aunque la vocación médica en la isla sigue viva, el sistema que la sostiene está herido de muerte.

La medicina cubana alguna vez fue un proyecto noble. Aún quedan profesionales valientes, capaces de hacer milagros con nada. Pero ya es hora de dejar de repetir el relato oficial como si fuera verdad absoluta. Porque un sistema de salud no se mide por la propaganda, sino por lo que vive su gente y la gente, en Cuba, está cansada de sobrevivir entre mitos…

jpm-am

Existe la tendencia de que a cualquier precio se deben tomar espacios verdes para ampliar las facilidades de servicios a todo lo que es modernidad y crecimiento económico.

Las grandes ciudades cada día reducen más las áreas verdes para darle salida a las grandes avenidas, modernos edificios y otro tipo de amenidades que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente.

En cualquier país por más calles, avenidas, túneles o elevados que se construyan, más vehículos saldrán a las calles contribuyendo a la reducción paulatina de las áreas protegidas.

La industria y la tecnología irán mucho más adelante que el cuido de las áreas verdes.

Ante esa situación y debido al crecimiento desproporcionado que lleva en nuestro territorio el uso de vehículos de motor, los gobiernos cualquiera que sea siempre optarán por reducir áreas verdes para darle paso al mundo de los negocios.

Muchos espacios han sido utilizados en ese sentido, sólo tenemos que mencionar el Parque Mirador del Norte, También el Parque del Este, sin dejar de lado áreas de recursos naturales en provincias sonde el turismo de hotelería arrasa con todo.

Botánico

Ahora se quieren llevar el frente del Parque Botánico Nacional para ampliar una avenida que de por sí estuvo construida con una mirada miope del futuro vehicular  dominicano.

Aquí se viven construyendo callejones pensando en que siempre seríamos una aldea y no es así, el tiempo da la razón al consumismo y a la tan alardeada etapa del crecimiento económico.

Ahí están los resultados, la avenida Colombia es el mejor ejemplo porque cuando la construyendo no pensaron en la cantidad de terrenos públicos y privados que la componían y que esto se iba a convertir en asfalto, varilla y cemento.

Incluso sigue habiendo una opinión muy pobre sobre como ampliar calles y avenidas cuando mediante túneles y elevados se pueden resolver esos problemas quieren lo fácil cortar terrenos a áreas verdes protegidas.

El Parque Botánico Nacional parece ser la próxima víctima de nuestro modernismo, nuestros ingenieros y arquitectos están buscando la forma de llevarse todo el frente incluyendo el parqueo bajo alegatos simples.

Es decir echar las áreas que se lleven para atrás, tomando tierras en uso y áreas verdes lo que significa reducir el espacio del parque hasta que toque una nueva ampliación y así nos quedaremos sin nada.

Ojalá que la gente se lance a protestar contra este despropósito, cuando lo que se debería es hacer un túnel o elevado.

El pleito está casado, a ver quiénes lo ganan.

jpm-sm

En casi todos los gobiernos, sobre todo en los que llegan prometiendo “mano dura contra la corrupción”, es común escuchar anuncios grandilocuentes sobre la recuperación de fondos sustraídos del erario por funcionarios y contratistas sin escrúpulos.

Se anuncia con bombos y platillos que se han recuperado miles de millones de pesos que fueron “robados” por funcionarios corruptos, y la población se llena de expectativas. Se escucha hablar de montos impresionantes, de cuentas bancarias congeladas, de bienes incautados y de sentencias que obligan a devolver el dinero mal habido. Sin embargo, al final del día, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está ese dinero?

Muchas veces las cifras anunciadas son sólo “probabilidades”. Es decir, se comunican como logros montos que en realidad son embargos preventivos, procesos en apelación o promesas de pago, pero, en la práctica, el dinero no ha ingresado efectivamente a las arcas del Estado.

Se construye una narrativa triunfalista sobre recuperaciones que pueden terminar evaporándose en largos litigios o en acuerdos que ni siquiera cubren lo robado.

El gran misterio de estas supuestas recuperaciones radica en que rara vez se traducen en beneficios tangibles para la sociedad. No se observa la construcción de hospitales con esos fondos recuperados, ni escuelas renovadas, ni carreteras construidas con ese dinero.

En lugar de ver mejoras visibles, el ciudadano común solo se entera del asunto por los titulares y ruedas de prensa, y luego todo parece desvanecerse en el aire.

Razones

Varias pueden ser las razones. En algunos casos, el dinero recuperado se diluye en el presupuesto general y termina en el gasto corriente, sin un destino específico que permita rastrearlo ni transparentarlos. En otros, simplemente no se logra cobrar efectivamente lo recuperado, o el proceso se prolonga tanto en los tribunales que las cifras anunciadas terminan siendo solo una ilusión.

Tampoco es extraño que haya opacidad: no hay reportes detallados, auditables, que muestren con claridad cuánto se ha recuperado y cómo se ha gastado. La falta de voluntad política para crear fideicomisos o fondos específicos que administren ese dinero —y que rindan cuentas periódicamente— alimenta aún más la desconfianza.

Así, este asunto termina siendo un círculo vicioso: se combate la corrupción en el discurso, se hacen grandes anuncios de recuperación de fondos, pero el pueblo sigue sin ver resultados palpables. Y mientras tanto, los problemas estructurales del país permanecen intactos.

Lo preocupante es que esta narrativa repetida parece más un recurso político que una verdadera política pública orientada a la reparación del daño. Se usa para generar la sensación de victoria moral frente a la corrupción, pero rara vez se acompaña de resultados concretos y verificables. Al final, lo que queda es una suerte de espectáculo mediático sin consecuencia tangible.

El show

Más allá del show, hay elementos estructurales que perpetúan este misterio. Primero, no existe en la mayoría de los países (y en el nuestro mucho menos) un mecanismo claro y transparente para administrar esos fondos recuperados. No hay fideicomisos independientes, ni presupuestos etiquetados, ni auditorías públicas específicas que le digan al pueblo: “este dinero que se recuperó de la corrupción se invirtió aquí, en esta obra o en este servicio”.

La verdadera rendición de cuentas debería incluir un seguimiento claro y transparente de esos recursos recuperados: un registro público, con actualizaciones periódicas, que indique cuánto se recuperó, de quién se recuperó, dónde está ese dinero y en qué se invirtió. Solo así dejará de ser un misterio y se convertirá en una victoria real contra la corrupción.

De lo contrario, seguiremos asistiendo a este teatro repetido donde se celebran victorias imaginarias, mientras el dinero real sigue siendo un misterio que nadie puede explicar con claridad. Y eso, tristemente, termina siendo otra forma de engaño a un pueblo incauto.

jpm-am

El acoso laboral se caracteriza por las humillaciones, las amenazas, las provocaciones y el aislamiento que sufren las víctimas. Se trata de un flagelo silencioso y doloroso que tiene consecuencias devastadoras tanto para la salud mental de los trabajadores como para la productividad de las empresas.

En ese sentido, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia define el acoso laboral como sigue: “Práctica ejercida en el ámbito del trabajo y consistente en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación”.

Las anteriores son razones más que suficientes para que el Estado dominicano firme y ratifique el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece normas claras para erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

Se trata de un convenio que fue establecido en el año 2019, convirtiéndose en el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso, incluidos el acoso sexual y otras formas de maltrato.

Obligación

Por tanto, este instrumento obliga a los países que lo ratifican a implementar leyes, políticas públicas y mecanismos de protección efectivos, entre los cuales se destacan la prevención, la asistencia a las víctimas y las sanciones a los agresores.

Aunque el termino acoso laboral no aparece tipificado en el Código de Trabajo, este contiene varios artículos que podrían aplicarse de forma indirecta para proteger a los trabajadores de las conductas abusivas y humillantes, que muchas veces se llegan a materializar del entorno laboral.

Por ejemplo, el artículo 47 dispone que el empleador está obligado a tratar al trabajador con la consideración debida a su dignidad personal, mientras que el 88 permite que el trabajador ponga fin al contrato si el empleador incurre en actos ofensivos, inmorales o humillantes.

Asimismo, el artículo 125 manda a que el trabajador observe una buena conducta durante el trabajo y fuera de él en lo que respecta a su relación con el empleador. De su lado, el 134 justifica el despido al trabajador en caso de que incurra en faltas graves, tales como ofensas verbales o físicas a compañeros o superiores.

No obstante, muchas víctimas de acoso laboral prefieren guardar silencio por temor a represalias, despidos o la estigmatización. La ausencia de una ley integral sobre el acoso laboral crea un vacío legal que deja a miles de trabajadores desprotegidos.

Sin duda, la firma del Convenio 190, mostraría el compromiso del país con un entorno laboral justo, seguro y digno, al tiempo de crear mecanismos más eficaces de denuncia y reparación, así como una   cultura de la prevención en los espacios de trabajo.

jpm-am