Este es sin duda alguna, el conflicto de mayor envergadura que habremos de enfrentar los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente los dominicanos, que ya somos el 25% de la población nacional viviendo fuera del país. Por simple motivo de cautela política, conviene que meditemos este asunto y lo socialicemos con los oficiales que hemos elegido aquí y que nos representan en los diferentes niveles de cogobierno de USA.

Esta prudencia que entendemos debe mantenerse al abordar el tema, está motivada en realidades que no podemos pasar por alto. Hay casi 350 millones de ciudadanos en USA y nosotros no pasamos de ser 2 millones, calculados con cierto  optimismo pero, el Migration Policy Institute (MPI) coloca la cifra en solo 1.3 millones de personas. Lo que significa que somos el 3% de los casi 50 millones de inmigrantes que residimos  en esta nación.

Reconociendo que más de 77 millones de ciudadanos votaron por Donald Trump en el 2024, resulta fácil entender nuestra debilidad frente a esta nueva embestida de la derecha conservadora que nos gobierna hoy. En las mismas elecciones, la presencia dominicana no llegó a los 300,000 votos, aunque debemos reconocer que por lo menos la mitad de ellos favorecieron al presidente Trump.

Con este escenario de fondo, se advierte claramente que el Gobierno puede hacer lo que le plazca, con nuestro apoyo o sin éste. Por tanto, es hora de que dejemos de ver el asunto en función de republicanos y demócratas, o de perremeístas y peledeístas, o hasta como liberales y conservadores. En estos momentos, tenemos que comportarnos como simples dominicanos, inmigrantes y consumidores.

De nada nos servirá en el futuro inmediato tomar partido por una u otra organización. Lo que debemos es pensar en conjunto y buscar lo que más le conviene a la comunidad dominicana en el exterior. Y para ello, estamos compelidos a abordar los planes de unificación de criterio, empezando por aquellos en que estamos todos de acuerdo, mas luego discutimos los asuntos en que tenemos algunas coincidencias y reajustamos las divergencias a la luz del razonamiento común, en búsqueda de algún punto intermedio que satisfaga las partes; y finalmente, tratamos esos asuntos que nos separan.

Lo primero es entender bien el alcance del reciente fallo de la Corte Suprema y luego, analizar los posibles escenarios que se presentarán y las consecuencias que pudieran tener en el futuro de nuestra comunidad. Por eso, vamos a enumerar los hechos más trascendentes y conectarlos con nuestros intereses. Veamos:

1.     La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre los planes del Gobierno para poner fin a la “ciudadanía automática” de los nacidos en USA mientras sus padres aún no han formalizado su estatus migratorio.

2.     El fallo de la Suprema más bien, apunta a establecer su autoridad sobre las cortes menores, cuando se pronuncien sobre las medidas que pudiera intentar el Poder Ejecutivo para limitar la “ciudadanía automática” ya citada.

3.     En ese mismo sentido, la Corte Suprema -y no las cortes menores- debe fallar sobre los casos de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, que han sido cuestionadas y que contravienen legislaciones estatales y/o municipales.

4.     En realidad, no se trata de invalidar o desconocer la función del sistema judicial en los niveles primarios de justicia sino, de extender el reciente fallo a todos los conflictos que afecten “las altas políticas de Estado que emprenda el Gobierno Central” o sea, la Administración del presidente Trump.

5.     En ésto y aunque no nos guste, hemos de entender que disentir del presidente Donald Trump, nos presentará ante la comunidad dominicana y el mundo, como ambivalentes y desconectados de la realidad política.

6.     Lo que plantea Donald Trump aquí es exactamente lo que planteamos nosotros allá en RD desde el año 1929: “los hijos de inmigrantes ilegales no pueden ser dominicanos de forma automática”.  

7.     Enfrentar al Presidente, no es lo más recomendable, ya que su Gobierno violenta las decisiones de esas cortes menores, persigue, releva de sus cargos y hasta ha procesado jueces por oponerse a algunas de sus decisiones; sin embargo, en el caso de la Suprema, es impensable que algo así pudiera ocurrir en USA.

8.     Es evidente, que el fallo de la Suprema permite al Presidente avanzar en su plan de eliminar la “ciudadanía automática” a hijos de inmigrantes indocumentados, pero a la vez traslada la discusión a un escenario donde el Gobierno no puede imponerse con el simple ejercicio de la fuerza.

Es que la Suprema Corte es una institución muy singular, tanto en su manera de operar, como en su esencia misma. Sus miembros son propuestos por el Ejecutivo, pero quien los acepta finalmente es el Senado, dándole una característica muy especial, pues intervienen dos de los tres poderes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) para establecer el órgano superior del tercer poder, el Poder Judicial.

La confianza que tiene la población en la Suprema Corte descansa en lo complejo del proceso de su selección, en la honorabilidad de sus miembros y en un juicio que la gente común -los ciudadanos que votan- se ha forjado sobre los jueces que los presidentes proponen: “cuando usted recomienda a un ciudadano para un cargo vitalicio, ese ciudadano deja de ser una persona de su entorno, para convertirse en un juez comprometido con su conciencia”.

Esto se debe en parte, a que el presidente que lo propuso, no tiene mecanismos legales para retirarlo del cargo. El proceso para destituir un juez de la Suprema es el “juicio político”, que está a cargo del Congreso, no de la Presidencia. De hecho, nunca ha sido destituido un miembro de la Corte Suprema, aunque varios han optado por renunciar ante presiones diversas.

Ya con el panorama definido, en cuanto a lo pecaminoso que  resultará el oponernos al enfoque del presidente Trump respeto a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes ilegales, conviene analizar el pensamiento del sector juvenil del  Partido Republicano, que plantea una solución ecléctica, pero de mucho sentido práctico y contenido humanista.

Estos muchachos, dominicanos y de pensamiento conservador, opinan que el momento es ideal para plantear soluciones inteligentes y armoniosas. “Si se está castigando a los inmigrantes ilegales porque han cometido delitos extras, es justo que también se premie a los que se han portado bien después de ingresar de forma irregular a Estados Unidos”, sostiene Albert I. Robles, un abogado consultor en asuntos de inmigración.

Y la justificación es válida, porque da la oportunidad al presidente Trump de mostrar “su lado amable” a los hispanos que lo respaldaron con tanto entusiasmo. Esa gran cantidad de hombres de familia que han estado cumpliendo con las leyes internas, que trabajan y desean pagar impuestos, merecen ser favorecidos con un programa piloto que les conceda la amnistía en el tiempo que disponga el Presidente, siempre que mantengan su buen comportamiento.

Se puede fijar un promedio de entre nueve y doce meses para que se inicie lo que la ley permita hacer con la ciudadanía de los hijos de indocumentados. Ya sea que se modifique la Enmienda 14th o se proponga otra salida, a partir de esa fecha todos tenemos que acatar la decisión tomada. Pero también se permite que las damas que están embarazadas den a luz sus hijos sin estar sentenciados antes de venir al mundo.

Esta solución implica una aceptación previa de lo que el Presidente pueda lograr con su propuesta para la ciudadanía por nacimiento, al tiempo que fortalece los lazos de los inmigrantes que han llegado con determinación de hacer de los Estados Unidos su segunda patria; y toda la gloria sería para el hombre que quiere hacer América Grande de nuevo, Donald Trump.

Quiera Dios que esta idea, salida de mentes jóvenes y progresistas de verdad, toque la voluntad de la ciudadanía consiente, especialmente, la de nuestro Presidente.

 ¡Vivimos, seguiremos disparando!