En atención a diferentes confrontaciones que se están escenificando en varios ayuntamientos entre alcaldes y los regidores, al reflexionar sobre los resultados de una encuesta realizada en Santo Domingo Este del 25 al 28 del pasado mes de junio, decidimos ofrecer nuestra versión sobre esos conflictos y la “percepción de los munícipes sobre los regidores en los ayuntamientos”.

Las principales autoridades de la administración municipal dominicana son alcaldes o alcaldesas y regidores o concejales. Al respecto nuestra Constitución, en su Art. 201, establece:

“Los gobiernos locales (GL)… estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa.”

En su Art. 60 con 29 diferentes acápites, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, se especifican las competencias y responsabilidades ejecutivas y de representación legal de los alcaldes o alcaldesas en los ayuntamientos.

Por lo tanto, los alcaldes o alcaldesas tienen, taxativamente, las competencias y responsabilidades ejecutivas, administrativas y representativas bien delimitadas. Obviamente, para cumplir con ese conjunto de funciones institucionales, se acompañan de un equipo de funcionarios, técnicos y empleados administrativos y de servicios.

Mientras que la Constitución (Art. 201) y la Ley No. 176-07, en su Art. 52 dispone, explícitamente, que las competencias y funciones de los regidores son: “exclusivamente normativas, reglamentario y de fiscalización.” Es decir, los regidores carecen de funciones ejecutivas o administrativas. ¡Más claro, ni el agua!

Orígenes de las confrontaciones

No obstante la clara y precisa delimitaciones de funciones y competencias de la alcaldía y del Concejo de Regidores, son múltiples las feas y complicadas confrontaciones que se escenifican entre ambas instancias municipales, principalmente, por estas cuatro razones:

1ro. Algunos regidores por ignorancia o “propósitos pecuniarios” tratan de asumir tareas administrativas propias y exclusivas de la alcaldía. Para esos fines presionan, chantajean, extorsionan y amenazan a funcionarios, técnicos y empleados administrativos y de servicios.

2do. Por comportamientos politiqueros y populistas se auto-adjudican gestiones de servicios técnicos y administrativos del ayuntamiento para favorecer empresarios, amigos, familiares y organizaciones de la sociedad civil.

3ero. En procura de prebendas personales ejercen presiones, paralizan y condicionan las aprobaciones de resoluciones, permisologías, reglamentos, ordenanzas y hasta del presupuesto municipal anual.

4to. Los partidos, lamentablemente, no controlan ni fiscalizan los comportamientos políticos ni las gestiones municipales de sus regidores. Los regidores, desde que se juramentan se “convierten en agentes libres” e irreverentes ante la disciplina de sus partidos. ¡A nadie le rinden cuentas!

Percepción de los munícipes

Los regidores son representantes de sus respectivas comunidades, productos de elecciones populares. Durante las campañas electorales gestionan el voto de los munícipes mediante “promesas y dádivas”. Generalmente, desde que asumen sus cargos, se desconectan de la población. Al respecto, algunas opiniones de los munícipes con “relación a sus regidores”:

1.- ¿Conoce usted las funciones del Concejo de Regidores del ayuntamiento?

Muy bien y bien =12%. Muy mal y mal =38%. No opina =50%.

2.- ¿Cómo valora usted la labor del Concejo de Regidores?

Muy buena y buena =16% Muy mal y mal =39%. No opina =45%

3.- ¿Usted conoce al regidor que representa este sector o circunscripción?

Si =27%. No =44%. No opina =29%

4.- Después de las elecciones, ¿usted ha participado en reuniones con los regidores?

Sí =10%. No =75% No opina =15%

5.- ¿Considera usted que los regidores representan los intereses de su comunidad?

Sí =23% No =51% No opina =26%.

Como se puede observar, los munícipes tienen una mala percepción de los regidores, percepción que se complica por las ambiciones que exhiben algunos regidores, los frecuentes conflictos con las alcaldías y sus equipos y la opacidad en que desarrollan sus labores, sin transparencia ni rendimientos de cuentas ante sus partidos y los munícipes que les eligieron.

Las cúpulas de los partidos son los principales responsables de esa situación porque permiten que sus regidores, luego de asumir el cargo, se “conviertan en agentes libres” de compromisos con su partido e incumplidores de sus compromisos con los munícipes que les apoyaron.

Advertencia: todavía existen importantes y valiosos grupos de ¡honorables regidores! Pero si las direcciones de los partidos siguen indiferentes sin asumir la responsabilidad de fiscalizar y controlar, ¡la pésima percepción y actitud de los munícipes ante los regidores irá de mal en peor!

jlopezb18@gmail.com

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Cuando el barco se tambalea, hay quienes corren a tapar los huecos con tecnócratas. Y en ese acto de desesperación disfrazado de sensatez, reaparece Magín Díaz como el bombero fiscal de turno.

Su designación en un cargo relevante del gobierno no es una señal de rumbo, sino de auxilio. Porque cuando se agotan los discursos, se desempolvan las fichas “serias” para simular que todo está bajo control.

Díaz no es un improvisado. Su paso por la DGII dejó huellas: aumentó la recaudación, modernizó procesos y, lo más importante, logró respeto sin necesidad de bocinas ni selfies.

Pero, ¿qué hace un perfil así regresando justo ahora? Fácil: el gobierno necesita credibilidad prestada. Con una reforma fiscal que huele a emboscada, un déficit que no se disimula con discursos y una campaña electoral en el horizonte, Díaz no es el arquitecto del futuro, sino el escudo humano frente al incendio.

El empresariado respira, sí, pero con la paranoia del que sabe que, aunque venga alguien “técnico”, la presión tributaria no se va de vacaciones. La clase política oficialista celebra porque tiene su coartada: “no somos improvisados, miren a Magín”. Y mientras tanto, la oposición pierde otro argumento. Jugada limpia, pero oportunista.

No nos engañemos: la tecnocracia es necesaria, pero cuando se usa como maquillaje para cubrir incompetencias estructurales, se vuelve peligrosa. Si Díaz viene con carta blanca, que lo digan claro. Y si solo está para decorar la vitrina de la estabilidad, mejor que se ahorre el intento.

El señor Magín Díaz entra a escena en un momento terrible en el que nadie quiere reforma fiscal, ni nada que se parezca, pero como en otrora él fue un “terror” o especie de perro rabioso para ciertos sectores, esperemos a ver que acontece.

En definitiva, la llegada de Magín Díaz es un elogio a la sensatez… pero también una confesión tácita de que el gobierno, sin él, no sabe qué hacer. Bienvenido el bombero, pero el incendio sigue. Que Dios nos ampare.

POR MANUEL ANTONIO NINA

La empresa minera Dominicana de Cales, S.A. (DOCALSA), responsable de los más recientes daños ambientales en el entorno de las Cuevas del Pomier, en el municipio de San Cristóbal, vio frustrados sus esfuerzos de armar un supuesto Consejo de Desarrollo de Najayo Arriba cuando cientos de pobladores de esa zona irrumpieron en el lugar donde se celebraría una primera reunión entre representantes de la citada empresa minera y algunas personas compradas para tal propósito.

Durante los últimos años, las empresas mineras han recurrido a la jugada de convocar a un número de personas de determinada comunidad y, con promesas de beneficios particulares, han logrado armar supuestas “organizaciones comunitarias” que respaldan la actividad minera en sus comunidades, obviando en sus compromisos los daños producidos por dichas empresas y los resultados negativos de las evaluaciones ambientales realizadas.

Regularmente y para dar carácter de “legalidad e institucionalidad”, los empresarios mineros se hacen acompañar por representantes de instituciones del estado, como el Ministerio de Energía y Minas, de manera que las reuniones entre empresarios y comunitarios tengan aspecto de conformidad por parte de los habitantes de aquellos parajes o municipios, y ofrezcan visos de “preocupación y compromiso” por parte de los empresarios.

Sin embargo, esta vez no ha sido así. Los habitantes de Najayo Arriba develaron el plan de DOCALSA y han reiterado su oposición a que ésta se instale en las elevaciones que caracterizan esta parte de la provincia San Cristóbal, evitando así que dicha empresa y sus favorecedores locales completen la trama que le hubiera abierto a DOCALSA las puertas sociales de Najayo Arriba para su instalación.

Para los habitantes de Najayo Arriba está suficientemente claro, según sus opiniones, que lo único que puede ofrecer la empresa DOCALSA para su comunidad es lo que ha dejado como huella en la sección Borbón, de la provincia San Cristóbal: destrucción de bienes naturales y culturales, enfermedades respiratorias como consecuencia de sus operaciones, contaminación de las aguas y el ambiente, discordia entre comunidades, pobreza y desesperanza.

Por último, parece que en la provincia San Cristóbal va creciendo el rechazo general a las actividades mineras de cualquier tipo, sea por la extracción de agregados en los ríos, la explotación de calizas o la búsqueda de oro.

Este rechazo ya no solamente demanda la salida de DOCALSA, por ejemplo, de El Pomier o de Najayo Arriba, sino de toda la provincia, a fin de impulsar la propuesta de San Cristóbal como una provincia ecoturística que, además, cuenta con la única Capital Prehistórica del Caribe que se conozca entre el conjunto de estados, islas del Caribe y del Continente.

Ambas cosas, según declaran los ambientalistas de San Cristóbal, no pueden desarrollarse mientras exista en esa provincia alguna actividad minera que esté socavando sus principales atributos naturales y culturales: ríos, bosques, montañas,  cavernas y yacimientos arqueológicos.

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