Algunas voces que responden a intereses privados, esto es, ajenas al interés nacional, estratégicamente han desnaturalizado la denuncia que se formuló con ocasión de una conferencia de prensa en la cual se expusieron las razones jurídicas de la inconstitucionalidad del acuerdo del prechequeo con los Estados Unidos. Las verdades que se señalaron no han podido ser contestadas hasta la fecha, pues los que sostienen la posición contraria se han limitado a indicar que el referido acuerdo es beneficioso para el turismo, evitando esgrimir argumentos jurídicos, especialmente lo relativo al anexo sobre los refugiados y, además, tratando de descalificar la denuncia. 

En nombre de la lealtad  a la transparencia  es necesario que se aclaren, o que se informe bien a esta sociedad,  sobre una serie de transacciones y hechos de gobierno. Unas son operaciones realizadas y otros nombramientos ejecutados y casos que podrían generar conflictos  de intereses y/o facilitar tráfico de influencia y complicidad con ciertos delitos impunes.

No se sabe de las firmas contratadas para el marketing  político y “asesorías de imagen”  del Gobierno, el Presidente y su Gabinete.  Si son de aquí o del exterior, quienes las dirigen, cómo se les paga, cuánto se le paga y cuál es el monto erogado por ese concepto en estos seis meses de gobierno. Igual  lo concerniente a  publicidad oficial en medios de comunicación privados y estatales.

Deberían publicarse los contratos del Ministerio de Educación con televisoras y emisoras radiales donde se transmiten clases a distancia; así como costos de materiales impresos y videos. Amerita que se  transparente bien la compra de equipos a una empresa de Andy Dahuajre, La Novia de Villa, dando a conocer también la documentación correspondiente, sin olvidar sus vínculos con el caso Odebrecht. Igual debe hacerse con todas las compras del gobierno, que amparadas en el “Estado de Emergencia Nacional”, no han pasado por la Dirección de Compras y Contrataciones.

El Presidente Abinader no ha querido aclarar lo de la donación o compra del carro presidencial Tesla y su uso en la ceremonia de traspaso de mando, hecho que implicó una enorme promoción comercial a la empresa que produce y distribuye esa marca.

Tampoco quiere dar razones del nombramiento como Administrador del Banco de Reservas-BR de una persona involucrada en el escándalo de los Súper-Tucanos, hecho conocido antes de ser encargado de la finanzas de su campaña y de ser nombrado en el BR por el presidente.

Igual acontece con el caso del Ministro de Medio Ambiente, abogado del Fantasma de Antena Latina. Frente a las denuncias de estos hechos, Abinader mantiene las designaciones y enmudece.

Es saludable, además, que la Comisión de Ética investigue esos dos casos y precise además si es  o no  “conflicto de intereses”, proclive al “tráfico de influencia”, que un ministro multimillonario perteneciente al grupo económico más poderoso del país, encabece la Comisión de Ventas de Activos del Estado, con el agravante de haberse consignado en el Presupuesto del 2021 ventas por 89 mil millones de pesos, precisamente referidas al área energética, donde ese grupo tiene fuertes intereses ventajosamente asociados al Estado. Y por hoy… lo dejo hasta aquí.

JPM

En su interesante obra «Azúcar, Árabes, Cocolos y Haitianos», el historiador y sociólogo Orlando Francisco Inoa Bisonó ofrece una interesante panorámica sobre la presencia de los árabes en el  Cibao y el tipo de actividades económicas que desarrollaban en varias de las principales comunidades de esa fértil región de la República Dominicana.

Cabe señalar que el término “árabes” es usado de forma genérica en toda América Latina para denominar los inmigrantes procedentes de Siria, Palestina, Líbano y en ocasiones, hasta de Egipto, por ser naciones que tienen en común la condición de árabe-parlantes. No obstante es importante tener en consideración que la mayoría de estos extranjeros procedieron del Líbano.

Refiere el acucioso investigador, hijo de las empinadas montañas de San José de las Matas, que fueron los árabes quienes original y fundamentalmente se dedicaron a la venta ambulante de las denominadas “chucherías”, tan pronto como empezaron a tener presencia significativa en la mencionada zona geográfica, a principios del siglo pasado, cuando asumieron como práctica comercial generalizada el denominado buhonerismo itinerante.

Recuerda el referido investigador que para entonces ese tipo de comercialización ganó mucha clientela por las comunidades del área rural cibaeña dado que sus habitantes “no dependían de la ciudad para hacer sus compras”, lo cual hizo que el comercio urbano empezara a sentir de manera inmediata “los efectos de esta competencia¨ y al mismo tiempo ¨realizaran presiones políticas contra los árabes”.

Vale resaltar que entre “las chucherías” y “las baratijas” que estos inmigrantes comercializaban con nuestros campesinos y personas de escasos recursos económicos, el costumbrista Eduardo Matos Díaz, en su obra «Santo Domingo Hoy», resalta que se encontraban “el alistao” y el llamado “fuerte azul”, al igual que otras telas corrientes y baratas.

A todo lo anterior también se agrega la venta de peines, peinetas, espejos guarnecidos de hojalata, botones de hueso y nácar, alfileres, corbatas ordinarias, frisas y cortes de vestidos de colores brillantes, zapatos corrientes, pulsas y ropa hecha, sobre todo de mujeres, entre otras mercancías.

En el caso concreto de la presencia de los árabes en el epicentro del Cibao, Inoa Bisonó, sugiere, basándose en lo expresado por Pedro I. San Miguel, en su obra «Los Campesinos del Cibao, Economía de Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana, 1880-1960», que en vista del crecimiento del buhonerismo representado por los mencionados extranjeros y en interés de proteger a los comerciantes establecidos en aquella comunidad cibaeña, “el Ayuntamiento de Santiago gravó en 1901 esta actividad con uno de los impuestos de patentes municipales más altos en la época, y cuando la policía municipal empezó a requerir esta documentación, aquellos árabes que no tenían el permiso continuaron sus negocios por la noche, para evadir la persecución, mientras otros se trasladaron a poblados cercanos para no estar al alcance de esta regulación”.

Sostiene el acucioso profesional de la sociología y la historia, Orlando Francisco Inoa Bisonó, que la “invasión de árabes buhoneros también alcanzó al poblado de Salcedo pues en el año 1901 el ayuntamiento tomó medidas enérgicas contra los “turcos y vendedores ambulantes sin patentes”.

Como dato interesante, sin dejar de despertar curiosidad, revela que el árabe Rafael Yermenos, en aquel entonces, ofreció al cabildo salcedense “establecer una policía rural contra los vendedores ambulantes sin patentes, con la condición de que se le diera a él un tercio de las multas”.

Sobre este particular y tal como puntualiza Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, en su valorada tesis doctoral, titulada «Salcedo y su Historia», para complacencia y beneficio del señor Yermenos, el ayuntamiento de Salcedo “vio con buenos ojos esta propuesta y no sólo la aceptó, sino que le concedió la mitad de lo recaudado”.

No hay dudas de que, desde su llegada al país, estos extranjeros demostraron una gran identificación y activismo por los negocios informales e itinerantes, con manifestaciones distintas conforme al espacio donde los realizaban, pero además, proyectaron una maestría extraordinaria al momento de procurar generar dinero.

De estos laboriosos inmigrantes, en el caso de Salcedo, unas veces llamados “árabes”, otras veces considerados como “turcos”, es de justicia concluir estos párrafos resaltando el haber conformado familias nobles, ejemplarizantes, ética y moralmente reconocidas, entre las cuales merecen ser recordadas, además de la referida Yermenos, las integradas por los Matar, Elmúdesis, Tabar, Canaán, Salomón, Albaini, Manzur y Portalatín, entre otras no menos distinguidas y prestantes.

Como colofón de esta exposición, vaya para todas ellas, nuestra admiración, el respeto y  los afectos por siempre.

triffolio@gmail.com

JPM