El Código Procesal Penal ha redimensionado el rol del Ministerio Público al asignarle funciones que antes ejercía el juez de instrucción, que lo convierte en sujeto procesal de gran protagonismo, tutelar de los derechos de las víctimas, y de los imputados, pero aun así los fiscales no requieren parecerse al Hombre Arana ni a la Mujer Maravilla.

Se discute todavía si esa institución representa los intereses del Estado, de la sociedad o de ambos a la vez, pero lo cierto es que sus actuaciones
comprometen el perfil estatal, en tanto que la ciudadanía exige que garantice, proteja y defienda sus derechos.

La normativa procesal penal enfatiza en colocar al Ministerio Publico al lado de la víctima como su cirineo, pero también le confía el tutelaje de los derechos del imputado y de otros intervinientes en el proceso. Puede decirse que el desempeño del fiscal o procurador bordea fronteras del Estado, la sociedad y, obviamente, la justicia.

Como muy bien señalan los tratadistas, lo que haga o deje de hacer el Ministerio Público se refleja simultáneamente y con gran incidencia en el proceso penal, en la policía y en la sociedad, además de subrayar su tremendo impacto en la seguridad ciudadana.

Las infracciones de prevaricación o crímenes contra el Estado deben ser objeto de persecución, investigación y sometimiento de los infractores, con el mismo ímpeto, diligencia y eficacia como si la víctima no fuera el Estado, sino un ciudadano ordinario.

Resulta innecesario que un procurador adjunto proclame que defenderá la integridad de la investigación penal sobre casos de corrupción en cualquier
frente, incluido los medios de comunicación, porque sus funciones están limitadas o signadas por el Código Procesal Penal, que más que un texto persecutor, es un instrumento garantista de derechos.

Nada ni nadie puede ser más importante que la prevalencia de los derechos de los intervinientes en un proceso penal que inicia con la víctima, pero cubre también al imputado o justiciable, en juicio público, oral y contradictorio, pero antes en todas las fases del proceso de investigación.

La Constitución obliga al Ministerio Publico a tutelar los derechos de los procesados, incluido la presunción de inocencia y la preservación de la buena
fama, hasta cuando un juez pronuncie en condición de la cosa irrevocablemente juzgada que prevalecen las pruebas de cargo, que son descartables o
insuficientes.

El Ministerio Publico no es morocota de oro que debe de complacer a individuos o grupos, políticos, fácticos o sociales, sino que se obliga a actuar con eficiencia y destreza para recabar pruebas y evidencias que permitan a jueces o tribunales imponer condenar a imputados de violar la ley penal.

Un excesivo protagonismo hace más mal que bien a los intereses del Ministerio Público, del Estado y de la sociedad, por lo que los fiscales solo tienen que trabajar con eficiencia para llevar a la cárcel a cualquier corrupto público o privado, sin distinción de banderías. No hay que ser Hombre Arana ni Mujer Maravilla.

of-am

Por qué Donald Trump habría tomado la sin igual actitud de alterarlo todo a última hora, con El Capitoliazo?. Calculó la posibilidad de salvarse en el juicio político que se aproxima?. Quería cerrar su ciclo con su figura colocada en lo más alto del acontecer noticioso, y no dejar la imagen de hombre finalmente debilitado?.

Estas y otras tantas interrogantes quedarán sin respuesta certera, hasta que el tiempo se encargue de revelarnos el verdadero propósito de tan raro, y no menos abominable evento, protagonizado por miles de sus seguidores el pasado 6 de enero, en el Capitolio. Acto que colocara el último clavo en su ataúd.

Más allá de una actitud arrogante, prepotente y caudillista, y a pesar de haber matizado su gobierno con pinceladas aislacionistas, Donald Trump mantuvo una alta popularidad durante sus controversiales cuatro años de gestión. Incluso, a pesar de un manejo de la COVID 19, marcado por una cuestionable e inaceptable ligereza.

Arriesgar un futuro promisorio con más de 74 millones de votantes que intentaron reelegirlo, no parece ser el móvil del atípico expresidente. Donald Trump, hombre gigante de estatura y no menos, en popularidad, rompió el record con una votación jamás vista en USA, en un presidente buscando la reelección, no obstante, ostenta otro récord: el de ser el único presidente en la historia de USA, enjuiciado dos veces. Con una votación en su contra de 223 congresistas, entre los que figuran 213 demócratas y 10 republicanos; la congresista Nancy Pelosi cerró la enconada sesión, trazando el camino hacia un juicio que desde ya, marca la historia estadounidense.

Todo el mal que pueda acarrearle una condena en términos materiales al exmandatario, es insignificante, pues su vida ha transcurrido entre privilegios y fortuna. Lo que está verdaderamente en juego y sí es transcendente, es el posible impedimento a su candidatura en el 2024, toda vez que el juicio demuestre culpabilidad.

Con una votación fuera de lo común, un país dividido y una radicalización de sus simpatizantes, Trump había logrado convertirse en una verdadera amenaza de cara al 2024. Pero su irracionalidad o como señaláramos en principio, su posible estrategia, lo llevaron a incitar a sus seguidores a dar una demostración de fuerza, que puso en riesgo la seguridad nacional y laceró la imagen internacional de lo Estados Unidos.

La indignación hizo estragos entre sus propios funcionarios, varios de los cuales presentaron inmediata renuncia, condenando los hechos. Igual actitud asumieron pesarosamente varios miembros del Partido Republicano, mismo que pudo haberlo respaldado en una próxima oportunidad, si surgía como era de esperarse, la brecha para volver tras la Casa Blanca.

No se sabe con certeza si el juicio podrá desterrar para siempre a Donald Trump, del mundo político, lo que si es bien sabido, que con el aluvión de demandas y acusaciones que se le viene encima, le será muy difícil recomponer su imagen y aspirar al próximo período. Pesaría sobre él la corresponsabilidad de cinco muertos como saldo de la invasión al Capitolio, la acusación de incitar al terrorismo, poner en peligro la vida de varios congresistas. Pesaría incluso, el calendario, pues al final de este cuatrienio, Trump estaría cerca de convertirse en un octogenario.

Podríamos rezar y pedir que “San Ramón lo saque con bien”, pero hay un problema: dicen que también el santo está indignado.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) fue una creación del constituyente del 2010, el cual le transfirió las atribuciones de juzgar y decidir, con carácter definitivo, los asuntos contenciosos electorales, los diferendos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los conflictos entre ellos, que hasta entonces eran de la competencia de la Junta Central Electoral.

La integración del referido órgano extrapoder está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, el cual dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura podrá conformarlo con no menos de tres ni más de cinco jueces y sus suplentes, incluido el presidente, por un período de cuatro años. En ese orden, el legislador fijó en cinco el número de jueces y suplentes, en el artículo 5 de la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

Como hemos señalado anteriormente, los jueces titulares y suplentes del órgano contencioso electoral son designados por un período de cuatro años, el cual siempre coincide con el mandato constitucional correspondiente a los funcionarios elegidos en las últimas elecciones ordinarias generales celebradas antes de su escogencia. Es decir, el mandato de los jueces del TSE termina poco tiempo después de iniciarse el del Presidente de la República y de los legisladores elegidos durante su gestión.

La máxima instancia del Tribunal Superior Electoral es su Pleno, el cual está conformado por el presidente y la totalidad de los jueces titulares. Sin embargo, para que el Pleno pueda constituirse en sesión y deliberar válidamente deben encontrarse presentes por lo menos tres de sus miembros titulares o suplentes.

De conformidad con el artículo 30 de la referida Ley Núm. 29-11, los jueces suplentes tienen la función de reemplazar a los titulares en su ausencia, así como decumplir las obligaciones asignadas por el Pleno del Tribunal y las normas reglamentarias.

A propósito de la renuncia del presidente del TSE ha surgido la inquietud de saber cual es el procedimiento que debe aplicarse para su sustitución. La respuesta es que  los suplentes no tienen la función de llenar las vacantes dejadas por los jueces titulares, sino de reemplazarlos durante su ausencia, por lo que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley No. 138-11, la sustitución de los jueces en casos de muerte, inhabilitación, renuncia o haber alcanzado la edad de retiro, le corresponde realizarla al Consejo Nacional de la Magistratura.

No obstante, el CNM no tiene fijada una fecha o establecido un plazo para cumplir con su función de sustituir los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, incluidas las vacantes, por lo que, de conformidad con el artículo 38 de la mencionada ley, vencido el período para el que fueron designados, los jueces permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan.

Tomando en consideración que el período de cuatro años de los actuales jueces del TSE tiene como fecha de vencimiento el 17 de julio del 2021, fue correcto que el CNM no incluyera en su actual convocatoria la sustitución por tan corto tiempo de la vacante de presidente y que la dejara para escogerla en la fecha que corresponda, conjuntamente con los demás integrantes del mencionado órgano contencioso electoral.

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