Uno de los errores  más costosos que está cometiendo el nuevo gobierno es usar como excusa la Ley de Carrera Administrativa para excluir a las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de los nombramientos en el tren gubernamental y el incumplimiento del pacto con los aliados. La medicina ha resultado peor que la enfermedad. Pues, lo único que ha provocado, es un rechazo contundente, que mantiene encendidas las redes sociales.

El poder embriaga, haciendo olvidar que, dentro del liderazgo medio de cada partido, hay todo tipo de profesionales, entre ellos muchos abogados, que conocen el alcance de la ley 41-08, que rige la carrera administrativa. El argumento de que no pueden sustituir a los empleados que encontraron. Es una excusa que nadie cree, en un pais cuya historia enseña, que cada nuevo gobierno barre con todos empleados, para entrar a los suyos. 

La pregunta es, ¿cuántos hay en la carrera administrativa? . Según informó el 03 de agosto de 2020, Ramon Ventura Camejo,  ministro de Administración Pública en el Estado había 94 mil empleados de carrera administrativa. Añadió que la cantidad con vocación para entrar al sistema era de 180 mil, lo que significa que faltaban 86 mil por ingresar. Tomando en cuenta, que solo faltaban 13 días para la toma de posición.

Resulta imposible que en tan poco tiempo 86 mil empleados pudieran cumplir con todos los procedimientos. Supongamos que violando la ley, el PLD pudo completar los 180 mil. Si  los restamos de 634,407, el total de empleados públicos que había el año pasado,  según las estadísticas, queda una cantidad de posiciones suficientes para cumplir con las bases y los partidos aliados.

Además, se habría violado la ley 41-08 que establece en su artículo 23, que es funcionario, o servidor público de carrera administrativa quien, habiendo concursado públicamente y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de evaluación, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios, ha sido nombrado para desempeñar un cargo de carácter permanente clasificado de carrera y con previsión presupuestaria.

Lo que significa, que la calidad de empleado de carrera administrativa, comienza antes del nombramiento, no después. Primero, se debe participar en un concurso público, que busca el mejor mérito para que pueda iniciar las capacitaciones requeridas. ¿Cuántos miembros del PLD, antes de sus nombramientos participaron en concursos públicos?

Por otro lado, el Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública, No. 251-15 en su artículo 4, exige el cumplimiento de algunos principios, 1). Los méritos y talentos para el ingreso, selección y ascenso del personal dentro de la carrera administrativa, determinados por diferentes medios de comprobación. 2) La transparencia, en la celebración de los concursos. 3) Publicidad, para atraer aspirantes. 4) de imparcialidad. 

En un video, que se hizo viral en las redes sociales. Un vice ministro cercano colaborador de Abinader, tratando de justificar la permanencia en el gobierno de los empleados del pasado gobierno. Afirmó, que por los acuerdos con Leonel y la división del PLD, llegaron al poder. Olvida que los peledeistas, aunque están en el gobierno, votaron por su partido y les seguirán sirviendo. Filtrando informaciones, que puedan dañar al gobierno.

También olvida, que por el 3.81%, que aportaron los partidos aliados, ganaron en primera vuelta y deben tener presente que, como hijo del PRD, heredan la falta de vocación para conservar el poder. De no rectificar a tiempo el rumbo equivocado que ha tomado el PRM, cavará su propia tumba.

SANTO DOMINGO.- Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros miembros de esta organización, recibieron la visita de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez,.

En el encuentro, en la oficina del Comité Político del PLD,  la funcionaria expuso los lineamientos del Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer  y sus inquietudes sobre temas pendientes de discusión en el Congreso Nacional.

Montás manifestó el  apoyo del PLD a los temas vinculados al avance político, económico y social de las mujeres.

En la reunión también participaron por el PLD  Iván Lorenzo, vocero de los senadores de este partido; Gustavo Sánchez, vocero de los diputados; y José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos.  Asimismo, Providencia Matos y Adilka Feliz, de la Secretaría de la Mujer del partido morado.

Mayra Jiménez agradeció a los representantes del PLD por el trato y la solidaridad con las mujeres y manifestó su apoyo a los temas que afectan a las dominicanas.

Estuvo acompañada de Melina Sainz, encargada de los Asuntos Legislativos del Ministerio de la Mujer;  Carolina Alvarado, de Coordinación Intersectorial y  Juan Carlos Sánchez, director jurídico .

an/am/sp

Por EDGAR MORENO

Lo primero que demos dejar claro, para lograr la comprensión general de este escrito, es que en el
contenido de una Ccnstitución, ley, etc., por lo regular nos encontramos esencialmente con dos tipos normas, por
un lado los principios y por el otro las reglas.

Los principios son enunciados abiertos de optimización, mientras las reglas son enunciados con una estructura cerrada, son mandatos taxativos, es decir, las reglas se aplican a todo ó a nada.

De manera que las reglas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, pues son enunciados hipotéticos condicionales, y por lo tanto, es por medio del método de la subsunción que suelen ser interpretadas y aplicadas.

Las normas contenidas en la ley de partido y en la ley electoral tienen unos pocos principios, por lo que la mayor parte de sus normas son reglas. De modo que se ponderan cuando entran en conflicto o se subsumen cuando se tratan de interpretar e aplicar.

Es decir, si se cumple con el supuesto de hecho de la regla (hipotético), se aplica la consecuencia jurídica que trae aparejada (condicional). En cambio, si no se llegara a cumplir con éste, no habría consecuencia jurídica.

Repito, las leyes de partido y electoral, tienen esencialmente un contenido de reglas (no de principios), por lo que su interpretación y aplicación se realiza por medio del método subsuntivo (no ponderativo), esto así, cuando
no hay conflictos entre ellas.

Si no hay una antinomia, una contradicción o un conflicto entre reglas, sino una tarea de interpretación y aplicación de una regla, ¿Cómo puede un juez, tribunal o un titular de la JCE ponderar una regla?

La ponderación está reservada esencialmente para los principios y garantías o cuando hay dos normas (reglas) aplicables a un mismo caso concreto (Por el principio de Favorabilidad). Es decir, ¿Cómo puede un juez, tribunal ó
un titular de la JCE emitir un voto disidente alegando la vulneración del Principio de Favorabilidad sin la existencia de un conflicto entre las reglas, entre una regla y un principio o entre dos principios?

La base de todo lo anterior la encontramos en el artículo 74.4 de la Constitución, el cual dispone lo siguiente: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los Derechos Fundamentales y sus garantías en
el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

Es decir, se pondera si hay conflictos de derechos fundamentales y garantías, y se subsume cuando se interpreta y aplica una sola regla, no pudiendo intervenir en este último caso el Principio de Favorabilidad, por la ausencia
de conflicto.

Por el otro lado, la ley 137-11 (Del Tribunal Constitucional y los Procesos Constitucionales) en su art.7.5, sobre este tema también dispone lo siguiente: Favorabilidad. La Constitución y los Derechos Fundamentales deben ser
interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del Derecho Fundamental. Cuando exista (ojo) un conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, se aplica la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Es decir, se pondera.

La regla que determina cuando se otorga la categoría de partido mayoritario a una agrupación política es cerrada (como toda regla), teniendo como supuesto de hecho (hipotético-condicional) tener que haber obtenido
al menos el 5% de los votos de la última elección, y que tiene aparejada la consecuencia jurídica de participar en la repartición del 80% de los fondos que distribuye la JCE entre los partidos.

Es decir, todo partido que cumple con el supuesto de hecho (obtener al menos el 5% de los votos de la última elección), se le aplica la consecuencia jurídica (ser considerado como partido mayoritario y acceder a la
distribución del 80% de los fondos que son repartidos a los partidos políticos).

En su defecto, si el supuesto de hecho no se ha cumplido, la consecuencia jurídica es quedar como partido minoritario y no acceder al 80% de los fondos que son repartidos a los partidos políticos por la JCE. ¿Dónde
está en conflicto si se trata de una sola regla que está sujeta al método subsuntivo?

De manera que, apelar al Principio de Favorabilidad en ausencia de un conflicto, pareciera ser el resultado del desconocimiento de la teoría de la norma, como uno de los objetos de estudio de la teoría de Derecho.

JPM