Como ferviente seguidor del turismo dominicano he decidido demostrar al país en una serie de siete artículos de opinión, como el actual Ministro de Turismo ha manipulado la opinión pública con cifras y “logros” que no son tan ciertos como los vende.

Esta serie tratará en primer lugar el manejo vergonzoso al conflicto entre taxistas turísticos de base y los de plataformas digitales. En otros capítulos, trataremos la oscuridad en el tema transparencia, la puesta del dinero público en manos privadas, el sargazo, entre otros.

El Párrafo II del Artículo 74 de la Ley 63-17 dice que “el INTRANT, en coordinación con el Ministerio de Turismo y las autoridades municipales correspondientes, elaborará los reglamentos para la planificación, organización, operación, fiscalización y control de las actividades del sector.

En virtud de lo anterior, el INTRANT ciertamente ha jugado un papel mediocre y tendencioso a favor de los sindicatos tradicionales de taxis, pero David Collado y el Mitur no han jugado el rol de coordinación que establece la ley de Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial. A los cuatro meses de llegar al puesto y después de decenas de conflictos se pronunció por Twitter el 21 de diciembre de 2020.

«INTRANT, junto a otras instituciones está en mesa de trabajo con Carlos Ferdinand representante de Uber en el país, quien se comprometió a trabajar de la mano con las autoridades”, indicó Collado.

“Le solicitamos que a la mayor brevedad presenten una solución final que garantice el respeto, la seguridad y tranquilidad de extranjeros y dominicanos en los polos turísticos”, tuiteó.

Por otro lado, Collado se mostró a favor de la “libre competencia” y apoyó el trabajo de Uber. “Nosotros creemos en la libre empresa y libre competencia y apoyamos que Uber trabaje en la República Dominicana”.

Collado en esas declaraciones usando sus redes sociales, por donde cree solucionarlo todo, olvida que tiene un rol activo que le manda la Ley 63-17 y pide de favor lo que le toca regular por ley junto a INTRANT, peor aún, ha propiciado que muchos turistas no vengan al país por miedo a los conflictos. Este señor tiene un doctorado en salir corriendo a los temas que lastimen su popularidad, según él presidenciable, por ejemplo nunca le ha importado el maltrato de JetBlue a los pasajeros, muchos de ellos turistas.

Ese mismo mes, INTRANT pidió a Uber suspender todas sus operaciones en las inmediaciones de los aeropuertos, luego de registrarse en ese tiempo enfrentamientos con taxistas de la zona turística de Punta Cana. Sin embargo, Collado que quiere complacer a UBER, a los empresarios privados, al INTRANT, al pueblo, a los taxistas tradicionales y hasta al mismo diablo, no dice nada sobre la suspensión de UBER, luego que los defendiera.

Esas declaraciones nada resolvieron, pero Collado se despacha con la siguiente perla el 12 de marzo, tres meses después.

“Para el Gabinete de Turismo del gobierno es “inaceptable” que se altere la paz y la tranquilidad en los polos turísticos y la República Dominicana”. Por tanto, dijo que convocó a Carlos Ferdinand, de Uber, y a Rafael Arias, director del Intrant, institución responsable de normalizar la situación.

El resultado de ese bulto en Twitter fue nuevamente nada de solución al conflicto, pues luego de eso suman decenas de enfrentamientos y Collado no dice, ¡nada!

Regulan las plataformas en violación a la propia Ley 63-17

El Artículo 83 de la Ley 63-17 dice: “Taxis por comunicación o plataforma tecnológica. Los taxis por comunicación o plataforma tecnológica podrán ser operados sin obligatoriedad de un color determinado ni franja, y únicamente podrán recoger y dejar pasajeros en los lugares que estos indiquen a través de cualquier plataforma tecnológica de telecomunicación. Párrafo.- Estos taxis deberán estar identificados por el INTRANT con un rótulo fijo, numerado en la parte inferior derecha del cristal delantero, tamaño 3×2 pulgadas”. Dice claramente recoger y dejar pasajeros, pero INTRANT tiene 14 meses diciendo que solo es recoger y lejos de los hoteles.

Se supone que David Collado, quien dirige la principal institución promotora de inversión extranjera para República Dominicana, no debe dejar que frente a sus ojos y violando la ley, apliquen que las plataformas como Uber, Didi, In Drive y otras no puedan brindar el servicio a no menos de un kilómetro de distancia del área donde prestan servicio los taxis turísticos tradicionales ni de la puerta principal de los hoteles de las regiones este, norte y 200 metros en el Gran Santo Domingo. 

Lo anterior pone en peligro la vida de los turistas , lacera sus derechos a mejores precios y los expone a los enfrentamientos constantes, cuando la ley dice claramente lo contrario de la mentira que hablan desde el INTRANT: “podrán recoger y dejar pasajeros en los lugares que estos indiquen a través de cualquier plataforma tecnológica de telecomunicación”, o sea donde “indiquen los usuarios”.  

Algo que la población probablemente no sabe, y tal vez yo que soy un viejo actor en el sistema de transporte, es que siempre se dijo en los pasillos de la vieja OTTT y el INTRAT que los jerarcas del PLD en turismo tenían intereses y unidades de taxis turísticos, Rent Car y hasta habitaciones hoteleras. De eso  y mil diabluras más el señor David Collado no dijo ni “ñe”.

Tampoco dijo nada de las deudas que halló en turismo, las mayores para cualquier ministerio y mucho menos cuando sustituyó a Roberto Salcedo en el Ayuntamiento del Distrito nacional.  

Yo conozco el transporte nacional un poquito y sé que hay que regular a los taxis de plataforma, incluso con más impuestos, pero también sé que David Collado y el busca vida que dirige el INTRANT están enfocados en no meterse con sectores de poder y en defender intereses privados y con ello perjudican grandemente a los turistas.

Finalmente, Collado fue capaz de Twittear que el conflicto había llegado a su fin, asegurando que para el Gobierno dominicano era “inaceptable que se altere el orden y la paz en un polo turístico, así como en otra parte del país”. La orden del presidente, concluyó, apuntó a “respetar la libre competencia e inversión nacional o extranjera bajo el marco de la ley y las debidas regulaciones”.

JPM

POR JOSE DE POOL DOMINICI

El pasado día 2 de noviembre del presente año, se celebró la VII Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad en República Dominicana.

En la crónica periodística acerca de la apertura del evento, se observa una fotografía de siete personalidades, entre las que se destacan el Señor presidente de la República, Luís Abinader; el presidente de la Suprema Corte de Justicia,  Luís Henry Molina, y el ex presidente de la citada corte, Jorge Subero Isa.

Debajo de la gráfica, un desgarrador titular que reza: «De cada 100 dominicanos 29 temen ser desalojados», indicándose a seguidas que “así lo expresa la señora Mónica Ribadeira, conferencista especial invitada al magno evento, quien destacó, además, la dificultad de los jóvenes y pobres para acceder a una propiedad, así como lo tedioso que le resulta al ciudadano obtener un título de propiedad.

La dama refiere también lo confuso en que deviene determinar cuando una propiedad tiene dos ocupantes, y un solo título, y apunta, además, la inseguridad jurídica y el pesar de las personas que tienen sus títulos y no pueden ocupar lo que les pertenece, así como aquellos casos en que se “vende” sin papeles legales.

Debate sobre Catastro y Registro

El presidente Abinader, en honor a su investidura encabezó el evento, y allí puso de relieve los eventos debido as Covid y Post-Covid y los efectos en el sector vivienda.

El presidente de la Suprema Corte pronuncio las palabras centrales del acto, destacando que el sistema ha sido «objeto y sujeto» de una amplia evolución, y que ha experimentado mejoras, señalando, asimismo, el esfuerzo de la titulación del sector público, y la colaboración del Poder Ejecutivo.

Fortalece el proceso de la continuidad del Estado, y del Poder Judicial para proteger el derecho de propiedad, exponiendo, al igual presidente Abinader, la situación del Sistema Sanitario (Covid), que hizo retrasar las iniciativas en provecho del Registro Inmobiliario, agradeciendo  al Ejecutivo la modificación en el Sistema de Registro Inmobiliario, que permite el «avance» del sector, a pesar de la pandemia.

Al tema se refirió también el anfitrión del evento y administrador del Registro Inmobiliario, quien expreso que la pandemia ayudo a usar otras herramientas de cara a paliar los efectos de ésta.

El expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa,  coloco en las redes un icónico mensaje:

«En la época colonial adueñarse de un territorio o fundar un pueblo sin licencia era un delito castigado con la muerte».

Es bueno recordar que la pandemia del Covid-19 tiene ya dos años, con sus mortales efectos en el pai y que el Registro de Títulos cumplió el pasado año su primer siglo de haberse implementado en República Dominicana, el llamado Sistema Torrens, que constituye uno de los mejores del mundo. Es un sistema muy noble, pero, lamentablemente, la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos ha permitido muchos desafueros con esta útil herramienta, la que ha sido violentada de tal manera que se dice que Republica Dominicana tiene unos 48,000 Km2, y que, sin embargo, hay más de 100 Mil Km2 en títulos producidos.

Se estima que la tierra ocupada ilegalmente por invasiones en un 70% pertenece al sector privado y esto no es posible sin la participación del sector político y populismo auspiciado por los diferentes gobiernos que han gobernado en los últimos 50 años.

Observaciones:

Hay que felicitar a los auspiciadores del evento que da pie a estas notas, pero señalar, a la vez, que se debe ser cuidadoso con el tema y la participación de invitados internacionales, más aún cuando participa la máxima autoridad del país.

Decimos esto porque en nuestro país disponemos material humano muy bueno y capaz, como lo es el actual presidente del Instituto Duartiano (WG), así como el presidente de la Fundación de Propietarios de Tierras Ocupadas (SM) y la empresa TOPODATA, entre otros profesionales dominicanos, muchos de los cuales han realizado procesos de titulación en otros países o han asistido como conferencistas en foros celebrados allende los mares.

Otro dato que estimo importante recordar es que en los últimos 20 años en el país se han desarrollado dos grandes estudios sobre este tema, auspiciados en el 2001 por el BID, y en 2006 por el Instituto Libertad y Democracia Hernando de Soto.

Y más recientemente, realizado por la FINJUS, que, basado en estos últimos estudios, hizo una evaluación de los trabajos de titulación implementados por el pasado gobierno, con la creación de la Comisión de Titulación con el Decreto 624-12, de noviembre de 2012, concluyendo FINJUS que constituyeron un gran fracaso por los resultados de lo prometido y los ejecutados en el período 2012-2020.

Para medir el fracaso del Sistema de Titulación Pública, solo hay que ver que, en los últimos 50 años, los diferentes gobiernos solo han podido entregar apenas 100 mil títulos. Y, como en la actualidad se continua con el mismo método, los resultados serán los mismos: fracasos totales.

Otro punto importante es la distorsión que el Poder Ejecutivo anterior trato de implementar, mediante la ley, para influir y quitar valía al Poder Judicial sobre el Registro de Título, a lo que, valientemente se interpuso el pasado Presidente de la Suprema Corte.

Finalmente, hay que entender que, sin un sistema de Titulación y Seguridad Jurídica en las propiedades Públicas y Privadas, en la República Dominicana no podrá desarrollarse.

Los estudios a los que hicimos referencia más arriba indican que el 56% de las viviendas en la República Dominicana carecen de título legítimo y, así inciden negativamente en la bancarización y otras actividades productivas para su desarrollo.

El gobierno debería de aprovechar la Ley 189-11, y una alianza público-privada, para hacer realidad un verdadero programa de titulación y dejar de darle continuidad jurídica a las bellaquerías del gobierno anterior, enviando a prisión a los únicos empresarios que se han atrevido hacer un verdadero programa de titulación y bancarización, sin que ello haya costado un solo centavo al Estado Dominicano.

jpm-am

Lo de los Ortega –marido y mujer- es una grosería que rebasa los límites de la racionalidad y la tolerancia. 

El camino tomado hace tiempo, acentuado con la pantomima de  elecciones del domingo pasado, pone la banderilla sobre la nación centroamericana que establece el denominado eje del mal del hemisferio, que completan Venezuela y Cuba, y del cual ‘escaparon’ Ecuador, Bolivia y Argentina. 

Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, desnudaron su dictadura. Un régimen de fuerza, y por la fuerza, inaceptable en momentos en que el continente enfrenta la pandemia y su subsecuente crisis económica. 

Lo provocado por los Ortega es una verguenza para Nicaragua. Es una verguenza para las luchas, y los luchadores, que contra la dictadura de los Somoza –decapitada el 19 de Julio de 1979- llevara el Frente Sandinista, con Daniel Ortega como uno de los líderes. 

Es una verguenza que otros de la cúpula sandinista, como el intelectual Sergio Ramírez, hayan sido perseguidos, acusados y hasta erradicados de su país por el régimen de los Ortega. Es una verguenza para Centroamérica, una zona que lucha por salir de las crisis económica, social y política. 

Es una verguenza para República Dominicana que Nicaragua conforme parte del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y nuestro país.   

De ahí, entonces, la correcta denuncia de ilegítimo–lejos de una intervención en los asuntos internos de otra nación- el proceso electoral del pasado domingo, que expresara el Gobierno dominicano, cónsono en sus posiciones en favor de las libertades y la institucionalidad.

JPM