Al margen de las particularidades que habrían primado en el campo de batalla, un enfoque de pretensiones dialécticas sobre esta gesta afianzadora del proyecto separatista en pro de la constitución de un Estado independiente, pondría de manifiesto un conjunto de factores causantes del cambio dramático que en el breve espacio de cuatro meses operó en la correlación de fuerzas y en la disposición de los personajes que en lo adelante determinarían el curso de los acontecimientos políticos que tendrían lugar en ambos lados de la frontera.

No era la primera vez que el general Charles Rivière-Hérard, al mando de un ejército poderoso, trasponía los límites convenidos en 1776 en San Miguel de la Atalaya y refrendados al año siguiente mediante el tratado de Aranjuez tras largos años de negociaciones con Francia, pero vulnerados, con el apoyo de sectores influyentes de la sociedad dominicana, por la ocupación perpetrada en 1822 por el general Jean-Pierre Boyer en su plan de malograr el confuso proyecto republicano motorizado por el auditor de guerra José Núñez de Cáceres, y reunificar, tras haber fundido el Reino del Norte con la República de Haití, toda la geografía insular bajo un gobierno único guiado por las directrices de los gobernantes de la franja occidental de La Española instalados en Puerto Príncipe.

Como jefe supremo del brazo militar sustentador del triunfante movimiento reformista originado en Praslin al objeto de aniquilar el régimen que tras la muerte de Pétion presidiera Boyer durante veinticinco años, ya, en julio de 1843, Charles Rivière-Hérard había penetrado al lado español y desatado una persecución implacable contra los líderes de la facción separatista coyunturalmente identificada con la oposición haitiana liderada por él mismo en combinación con su primo, el fogoso congresista promotor de los banquetes patrióticos, Hérard Dumesle.

Dada la desproporcionalidad abismal que le favorecía  frente a la inferioridad numérica de las improvisadas fuerzas dominicanas, cuya matrícula estaba lejos de alcanzar la cifra de 3,000 hombres, el experimentado ejército de 30,000 efectivos con el que Hérard pretendió en 1844 aplastar la causa secesionista dominicana, repartidas sus tropas en tres alas de 10,000 soldados cada una, cuya incursión se produjo por el sur bajo el mando del general Souffront, por el norte, del general Pierrot, y por el centro, del propio Hérard, ese ejército experimentado, repito, estaba supuesto a escenificar la tragicomedia de una victoria no solo predecible, sino relámpago y abusiva a la vez.

Cuando el ejército expedicionario del sur, conformado mayormente por hombres de la región oriental bajo la conducción de Santana y designado por la Junta Central Gubernativa para posibilitar la sobrevivencia de la incipiente República, se aproximaba a la línea de fuego, ya Hérard y sus 10,000 soldados se hallaban en territorio de Azua, y tan solo aguardaba la llegada de la columna comandada por el general Souffront para duplicar su fuerza y marchar a paso de vencedores sobre la indefensa ciudad capital de Santo Domingo.

Pero Hérard no advirtió la naturaleza impopular de su guerra, como tampoco, la ausencia del elemento  cohesionador  que hacía falta para imprimir en las filas de su ejército la resolución irrenunciable en pos de un propósito común.  Los méritos atribuidos por él mismo a la embestida militar contra el lado oriental carecían del impulso patriótico capaz de irradiarse más allá de su propio convencimiento. Tras el inesperado saldo favorecedor de la causa dominicana, luego de tres horas de enfrentamiento durante la batalla del 19 de marzo, esa orfandad de entusiasmo vital se tradujo en el ritmo creciente de deserciones que en poco tiempo se hizo viral hasta llegar a la desmoralización y producir un resquebrajamiento irreparable en las bases fundamentales de su ofensiva.

La estampida, por demás, no estuvo divorciada de la incapacidad mostrada por Hérard para calibrar los alcances potenciales del conflicto étnico que frente a las motivaciones ancestrales de la élite negra, implicaba la prolongada permanencia mulata, representada por él mismo, en la dirección del Estado. Desde la ascensión de Pétion en 1807 hasta el derrocamiento de Boyer en 1843 con el triunfo de la revuelta de Praslin, la República de Haití sumaba 36 años de administración gubernamental bajo el liderazgo del elemento mulato, y 23 contados a partir de su reunificación, en 1820, con el Reino del Norte tras el suicidio de su monarca fundador, Henri Christophe.

La presencia de Hérard como cabeza del despacho presidencial de Puerto Príncipe equivalía a perpetuar el continuismo de la cúspide mulata al mando de la cosa pública. A esa misma clase pertenecían Pétion, Boyer, Borgella y una extensa plantilla de la oficialidad integrante como ellos de la alta jerarquía militar identificada durante la Guerra de los Cuchillos con el bando mulato capitaneado por André Rigaud contra las legiones negras comandadas por Toussaint Louverture.

La mejor evidencia de que todavía en 1844 esos resentimientos pervivían, quedó plasmada con la proliferación, a finales de marzo, mientras Hérard permanecía en Azua, de los piquetes organizados por el campesinado inconforme del departamento sur liderado por el guerrillero Jean Jacques Acaau, quien no tardó en aglutinar alrededor de dos mil hombres con los que conformó el llamado Ejército Dolorido y exigió un cambio inmediato de gobierno con el desalojo de Hérard del palacio nacional.

La ideología reformista de los primos Rivière-Hérard y Hérard Dumesle no alcanzó permear por completo el tejido social del antiguo lado francés. Hubo incluso departamentos que más bien asumieron una actitud de indiferencia. Por igual, otros sectores, tanto de la hoy llamada sociedad civil como del estamento militar, tenían sus propios planes, pues, en paralelo a la Reforma de Praslin, corrían otros proyectos de carácter subversivo, como el que al día siguiente del fallido complot contra Boyer durante el desfile de la agricultura del 1 de mayo de 1838, culminó con el arresto de los principales autores del atentado que estuvo a punto de segarle la vida al secretario general de su gobierno, general Joseph-Balthazar Inginac.

Tres días después del ultimátum dado por Acaau se desarrollaba en Santiago la Batalla del 30 de marzo. Se enfrentaban en esa ocasión los 10,000 efectivos al mando del general Pierrot, que entraron por el norte, y las tropas dominicanas que les ponían freno en Talanquera, tratando así de frustrar el programado encuentro en Santo Domingo de la columna de Pierrot con los 20,000 soldados bloqueados en Azua por el ejército expedicionario del sur. El falso rumor de que Hérard habría sido víctima de un disparo mortal durante la Batalla del 19 de marzo, determinó la resolución de Pierrot de optar por una retirada, en apariencia vergonzosa, pero fundada en realidad en la acertada finalidad política de aprovechar el virtual vacío de poder que la supuesta desaparición del Presidente dejaría en la República de Haití.

Pierrot pertenecía a la élite negra beneficiaria del sistema monárquico instaurado en el norte por Henri. Enterado de la falsa noticia, una vez abonado el terreno por el accionar sedicioso de Acaau, su manifiesto político, lanzado el 3 de mayo en Les Cayes, decretó el derrocamiento de Hérard, hallándose todavía éste en Ocoa, y la ascensión inmediata a la presidencia, del general Philippe Guerrier, anciano analfabeto desconectado de la plataforma programática de la Reforma de Praslin, que luego de 36 años de supremacía mulata, daba al traste con los lineamientos de esa reforma, para marcar en ese momento el punto de partida de un nuevo ciclo en la vida política de Haití, caracterizado por la conducción del Estado en manos de  gobernantes de pura sangre negra.

En cuanto al lado dominicano, además de haber influido, como hemos anotado, en la retirada del general Pierrot tras su derrota en la Batalla del 30 de marzo en Santiago, la del día 19 en Azua, si no equiparables, surtió consecuencias semejantes a las que se trasladaron hacia la otrora parte francesa. Sin riesgo de caer en el campo de la especulación irracional, podría afirmarse que el inicio de la lucha de clases por el control político y económico del naciente Estado dominicano ancla en las desavenencias, en apariencia de carácter estratégico, que durante sus encuentros, después del triunfo del 19 de marzo, sostuvieran en Azua los generales Pedro Santana y Juan Pablo Duarte.

Luego de asumir Duarte la misión encomendada a instancias suyas por la Junta Central Gubernativa, de ponerse al servicio de Santana para asistirlo en la defensa contra el ejército enemigo, su plan de guerra, rechazado por Santana, se basaba en el despliegue de una ofensiva directa contra el numeroso ejército de Hérard no obstante la desventaja numérica que desfavorecía al lado dominicano. Ante la persistencia del desacuerdo, que en medio de las circunstancias del momento en nada favorecía a la República, la Junta resolvió ordenarle a Duarte su regreso a la capital en compañía de su estado mayor, y la permanencia de sus tropas en Azua bajo las órdenes de Santana. Se trataba sin duda de una desautorización, quizás inesperada para Duarte, que no tardaría en  acentuar las contradicciones entre los partidarios de ambos líderes, y cuyas consecuencias se verían muy pronto.

Lo ocurrido semanas después es harto conocido. Primeramente, la  junta militar convocada en junio por Duarte, demandando, entre otros puntos, su designación como jefe supremo del ejército. A este pedimento, declinado por la Junta, le siguió el golpe de Estado dirigido por él mismo el día 9 del mismo mes, por el que depuso a los miembros del organismo, los cuales tuvieron que asilarse, para colocar en su lugar a elementos afines a su partido. A esa movida, al margen de su victoria del 19 de marzo, siguió el intento de relevar a Santana del mando del ejército del sur. Luego vino la proclamación de Mella en Santiago declarando a Duarte presidente de la República sin haberse conformado todavía la Constituyente, ni convocado los colegios electorales conforme al Manifiesto suscrito el 16 de enero, entre otros dominicanos, por Sánchez, Mella, Bobadilla y los hermanos Santana.

Finalmente se produjo la reacción que devino en el contragolpe que mediante la reposición de los miembros de la Junta destituida consolidó el liderazgo de Santana, colocándose éste al frente del órgano rector de la República. Así las cosas, los sectores sociales identificados con los lineamientos de este militar se alzaban con el control político del Estado, mientras que para la clase aglutinada en torno al pensamiento de Duarte, quedaban dadas las condiciones de un desenlace desafortunado. A su salida del país seguía de manera simultánea su salida del ruedo político y la derrota, si no de sus ideales, de su proyecto político de corto plazo. Azua pudo haber sido el escenario propicio para el entendimiento y la concertación de una alianza política perdurable entre ambos líderes, algo semejante al pacto convenido entre los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente no ocurrió así, sino todo lo contrario.

Por ISAIAS RAMOS

Un país con 178 años de vida republicana y con 39 modificaciones a la Constitución es un país que denota inestabilidad de nuestra clase gobernante. Hasta el momento, la Constitución ha sido víctima de reformas y modificaciones por cuatro de los últimos cinco presidentes y el actual pretende continuar la racha. Si fuera por las modificaciones y las reformas que se le han hecho a nuestra Constitución, ya viviríamos en una sociedad de más orden, justicia e igualdad de derechos para cada ciudadano.

Se ha demostrado que las modificaciones y reformas no han tenido un impacto positivo, si no mas bien todo lo contrario. Pues esta ley de leyes –base fundamental del estado –donde la separación de poderes está bien definida, está más bien permeada por una clase política carente de principios, la cual es capaz de torcer todo lo que toca, denotando que no son los fallos estructurales lo que padecemos, sino un mal de fondo enorme donde no se asumen compromisos ni con la propia Constitución y muchos menos con las leyes y normas establecidas para una convivencia social de paz. Esta partidocracia le ha dado vida a aquella famosa frase del Dr. Joaquín Balaguer de que “la constitución es un pedazo de papel”.

Estas reformas siempre se realizan con excusas baladíes, como lo es ahora el tema de la «Justicia Independiente». Entiendo que se pretende justificar el rotundo fracaso de promesas incumplidas que realizó el presidente cuando era candidato de someter a la justicia a los corruptos que han robado y saqueado al pueblo dominicano. Por lo visto, estas promesas han quedado en simples palabras pues los que nos han robado, saqueado y oprimido continúan en las calles presentándose como grandes señores, burlándose en la cara de todo un pueblo.

Esta reforma a la Constitución que se va a imponer contra viento y marea –pues ya se han afilado y aceitado todos los poderes fácticos—debería sonrojar a cualquier gobierno con un poco de responsabilidad cívica y social. El fin de esta reforma es darle validez a un relato para continuar creando falsas expectativas de justicia. Además, es una coartada perfecta para ellos poder presentarse ante el pueblo en las elecciones del 2024, sin afectar en este momento el sistema de impunidad del cual ellos están demostrando ser parte, alargando las promesas de justicia por toda una eternidad. Parece ser que esta partidocracia va a desviar y distraer a la población de los problemas reales que afectan a la sociedad. Nada ha impedido a las autoridades actuales someter a la justicia a los que la sociedad ha señalado como responsables de los robos y saqueos que han cometido contra la población.

En una sociedad donde los fundamentos del orden, la justicia y el respeto a la dignidad humana han sido destrozados, donde la degeneración moral es propiciada y permitida por los que deberían contenerla, donde la justicia está lejos de aquellos que han robado y saqueado al pueblo, no podemos esperar absolutamente nada que no sea más de lo mismo pues ellos se protegen los unos a los otros.

En un país donde los responsables de la opresión, la miseria y la ignorancia que sufre el pueblo, caminan por nuestras calles con altivez y sin ningún temor a la justicia. Entonces hablamos de un país, de un estado y una justicia que le ha fallado a la sociedad.

Ni siquiera los principales responsables de los actos más bochornosos de corrupción han sido investigados y mucho menos han rendido cuentas ya que se pretende proteger a una clase política sin escrúpulos, sin principios y sin valores morales y esto es inaceptable ante la sociedad.

El hecho de que se pagaron cuatrocientos diez millones de dólares para garantizar la impunidad de lo que fue el famoso «peaje sombra» y así evitarle «molestias» a los responsables de dicho despropósito es una falta de consideración al pueblo. Contamos con un sistema político colapsado que no brinda ninguna posibilidad de cambio al pueblo dominicano.

Al final vemos que la justicia en este sistema se ha convertido en una distracción para la población, donde continuamente le crean falsas esperanzas a la población de una justicia que nunca llega. Por esta situación, las calles siguen llenas de corruptos que pretenden seguir sometiendo al pueblo. No esperemos absolutamente nada de este sistema que esta corrompido—nada bueno va a suceder y mucho menos satisfacer el hambre y sed de justicia que adolece la nación.

Deberíamos preguntarnos como esta reforma constitucional que pretende realizar el gobierno nos afectara. Con esos parches y retazos continuaremos posponiendo los verdaderos cambios que debemos realizar. Si llevamos a cabo esta reforma, estaremos prolongando los problemas que nos aquejan.

El conflicto que hoy vivimos entre la mentira y la verdad podría ser el comienzo del fin. Ya sea que terminemos arropados por las tinieblas y la luz no brille más, o luchemos para que el sol de justicia alumbre nuestro porvenir. Mientras existan hombres y mujeres aferrados a la verdad, siendo leales a los principios y valores morales que le dieron nacimiento a la nación, la posibilidad de que el sol de justicia nos ilumine es una verdadera esperanza.