La reciente decisión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) de eliminar los servicios de emergencia en horario nocturno, es un golpe directo a la calidad del servicio y una afrenta al derecho de los ciudadanos a recibir atención oportuna en un sector tan esencial como lo es la energía eléctrica.

Resulta una grave desconsideración hacia la ciudadanía que, ante una avería ocurrida después de las 5 de la tarde, el afectado deba resignarse a esperar hasta el día siguiente para recibir atención.

Este abandono del servicio público desconoce el derecho de los usuarios a recibir un servicio continuo y eficiente, especialmente cuando se trata de algo tan esencial como la electricidad.

Lo más indignante es que, si la emergencia afectara a cualquier alto funcionario, con toda seguridad la brigada de emergencia aparecería en cuestión de minutos. La desigualdad en el trato hacia la población es evidente y ofensiva.

Hasta hace poco, cualquier usuario que sufriera una avería eléctrica podía confiar en que una brigada de emergencia acudiría, sin importar la hora, para restablecer el servicio.

Hoy, con esta medida, se le dice a la población, de manera descarada, que si la falla ocurre después de las 5 de la tarde, debe resignarse a pasar la noche en la oscuridad y esperar hasta el otro día para que alguien se digne a resolver el problema.

Esto no es solo un atropello y una desconsideración, es un retroceso inadmisible en un servicio que debería avanzar hacia la modernización y la eficiencia, no hacia la indiferencia y la deshumanización.

El servicio eléctrico no es un favor que se hace al ciudadano; es un derecho básico que el Estado y sus instituciones están obligados a garantizar con calidad, eficiencia y, sobre todo, con equidad. Cualquier medida que desconozca ese principio básico es inaceptable y merece el más enérgico rechazo.

La población paga, y paga caro, por un servicio que ahora parece dispuesto a retroceder en lugar de mejorar. Las Edes deben reconsiderar de inmediato esta decisión, porque el pueblo dominicano no merece ser tratado como un cliente de segunda categoría en un servicio tan esencial para la vida diaria.

jpm-am

En un Estado Convencional como lo es RD es imposible crear una ley que castigue con la castración química a los agresores sexuales. RD es signataria de Tratados Internaciones de Derechos Humanos que impiden ese tipo de sanción corporal.

La castración busca disminuir la libido o el deseo sexual mediante el uso de fármacos dirigidos a reducir la circulación de la hormona testosterona en la sangre.

RD reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y este tratado de derechos humanos en su artículo 5 exige que el Estado respete la integridad física, psíquica y moral de la persona, así como prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La misma prohibición se contempla en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). A su vez, el artículo 2 de Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe este tipo de sanción. Aspecto este que también se ve consolidado en otros documentos internacionales de derechos humanos.

El intérprete de la Convención ADH, la Corte IDH ha subrayado que las penas corporales violan la Convención ADH en el artículo 5 sobre la integridad física y psíquica. En el caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago la Corte dijo que la pena corporal de azotes ejecutada con el llamado “gato de las nueve colas” por el delito de violación sexual es un acto de tortura, trato cruel e inhumanos contrario a la convención en el derecho a la integridad personal.

En cambio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado respecto a un proyecto de ley sobre castración química del Perú dijo que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la CADH y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el caso de Indonesia indico que someter a los perpetradores a la castración química sin su consentimiento constituye una pena cruel, inhumana y degradante. Por lo que, invitó al Estado de Indonesia a modificar su legislación para que se ajuste a las disposiciones previstas en el PIDCP y la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Constitución en su artículo 42 establece el respeto de la integridad personal y también prescribe que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica.

La castración química como pena corporal esta prohibida no solamente en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos sino por nuestra Constitución. Enfrentar el delito con violencia irracional no es aconsejable. Una política criminal debe tener run alto grado de humanismo. La castración química como penal corporal desdice los objetivos de las penas o las ideologías res.

Un condenado a ella no se podría readaptar, reeducar ni resocializar, toda vez, que no es el resultado de un programa penitenciario (medio) sino de un fin en sí mismo que recae directamente en condenado.

El legislador dominicano tiene prohibido hacer leyes contrarias a los Tratados Internaciones de Derechos Humanos que RD ha ratificado. Al contrario, debe ajustar sus leyes internas a estos tratados. No es posible crea una ley para castrar químicamente a los culpables de una agresión sexual.

jpm-am 

Durante 15 años he sido docente del sistema público educativo, en el área de matemáticas y física. Desde los 20 años imparto clases. Al principio tenía una noción irreal del sistema y muchos ánimos de intentar cambiar las cosas para bien.

Con el tiempo me di cuenta de varias dificultades que impiden el avance en materia de enseñanza y calidad educativa. A continuación enumero algunas y detallo el porqué de los mismos:

FALTA DE COMPROMISO: los principales actores del proceso enseñanza aprendizaje son los estudiantes y los docentes. Más allá de la degradación y falta de compromiso del núcleo familiar para con los estudiantes, nosotros los docentes ya no somos un ejemplo a seguir. El maestro/a era un sacerdote social, ahora es visto como un ciudadano más que no merece respeto. Esto se debe a que el docente debe serlo dentro y fuera de las aulas, cosa que ya no predicamos.

PEDIMOS LO QUE NO BRINDAMOS: para explicar esta parte pondré un ejemplo. Si tenemos un hijo al cual le damos 50 pesos todos los días para ir a la escuela y de forma repentina nos pide 500 pesos ¿Se lo daríamos?  Primero le pediríamos que traiga buenas notas, que exhiba un buen comportamiento y entonces de forma escalonada le daremos lo que pide: 100, 150, 200, 250, 300…….500. Algo similar pasa con nosotros los docentes queremos más y mejor salario, pero ¿Brindamos calidad en la enseñanza?

UNA VERDAD QUE NADIE QUIERE ADMITIR: Todo país que se ha desarrollado lo ha hecho a través de la educación. Para ese cometido se busca, premia y eleva a los mejores estudiantes, para que en el fututo sea los mejores docentes. Actualmente lo peor de la sociedad es que estudia educación, pues los mejores estudiantes deciden ir a otras carreras. El atractivo de la carrera docente es el salario fijo y la imposibilidad de despido laboral. No nos engañemos la gran mayoría estudia educación por esa razón.

LOS DOCENTES NO LEEN NI SE EDUCAN CONTINUAMENTE: solo es necesario revisar los textos en las redes sociales de los docentes para ver las faltas ortográficas que exhiben. Si se le pregunta a cualquier docente cuántos libros ha leído por año, la respuesta espanta: cero.

CULPAR A LAS AUTORIDADES: Personalmente pienso que las autoridades no tienen un plan definido para impulsar la calidad de la enseñanza, por tanto si alguien no sabe para dónde va, ya llegó. No obstante cada quien tiene un rol que cumplir. Como docente no puedo dejar de enseñar, fundamentado en que tal o cual Director o Directora de Distrito o Regional o Ministro no hace tal o cual cosa.

EL FALSO SINDICALISMO: Todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato que cuide de sus derechos y evite los excesos del patrono. Pero eso no es una licencia para no trabajar escudados en el sindicalismo. La ADP no puede ser un ente de discordia sino de conciliación y de apoyo para que logremos lo que la sociedad merece: Calidad de la enseñanza.

jpm-am

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Imaginemos por un instante que el Estado dominicano es un árbol majestuoso. Si sus raíces se hunden en tierra contaminada por la injerencia política, ese árbol no florece: se marchita lentamente. Así ocurre con nuestras instituciones de justicia, privadas de la savia de la autonomía, la integridad y la fortaleza.

No basta con proclamar independencia; hay que nutrirla con recursos estables y reglas claras. En República Dominicana, la Procuraduría General figura como un órgano autónomo, pero sigue atrapada en busca de su verdadera libertad.

La fortaleza de una república no se mide en el crecimiento del PIB ni en obras de infraestructura, sino en la solidez de sus instituciones. Entre todas ellas, la justicia es la más sagrada. La Constitución de 2010 consagró la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público.

Desde 2004, la Ley 194-04 obliga a destinar cerca del 4.10 % de los ingresos internos al órgano y al Poder Judicial. Sin embargo, entre 2005 y 2024, el Ejecutivo incumplió esa disposición en más de RD$145,700 millones —equivalente al 39 % de lo que correspondía. Es decir, la independencia presupuestaria aún es un espejismo.

Una Procuraduría descentralizada debería garantizar acceso equitativo en todo el territorio nacional. La realidad es otra: fiscalías regionales sin infraestructura adecuada, centralización excesiva y desigualdad en el acceso a la justicia. Esa fragilidad ha tenido consecuencias visibles: durante tres décadas, casos emblemáticos se han diluido en la impunidad.

Pocos funcionarios cumplen condenas significativas, menos aún pierden sus bienes mal habidos, y la inhabilitación para cargos públicos brilla por su ausencia. La impunidad se ha convertido en una moneda de cambio: un incentivo tácito para el crimen de cuello blanco.

La lentitud de los procesos judiciales es otro obstáculo. Transparencia Internacional lo ha señalado como un freno para condenas efectivas por corrupción. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recibe informes de la Cámara de Cuentas, pero los avances son lentos y más reactivos que preventivos.

Procesos mediáticos como Odebrecht, Calamar, Antipulpo, Coral, Coral 5G o Medusa han captado la atención nacional, pero las irregularidades procesales y el sesgo político percibido limitan sus efectos transformadores.

Dos varas

Además, la justicia parece tener dos varas de medir: condenas ejemplares para delitos menores y sanciones leves —cuando existen— para figuras poderosas. Este doble rasero erosiona la confianza pública y profundiza la percepción de desigualdad ante la ley. Un sistema así no educa ni disuade; perpetúa el círculo de la impunidad.

La experiencia internacional ofrece lecciones claras. En Chile y Argentina, el Ministerio Público es autónomo, con carrera fiscal y presupuesto garantizado. Guatemala y Colombia, con todas sus dificultades, han logrado avances mediante fiscalías independientes y voluntad política sostenida. En cambio, en República Dominicana seguimos discutiendo designaciones politizadas, presupuestos incompletos y fiscalías abandonadas en provincias.

La solución está a nuestro alcance. Cumplir de forma estricta la Ley 194-04 y garantizar el presupuesto íntegro y auditable para la Procuraduría sería un primer paso. A esto debe sumarse la descentralización efectiva de fiscalías provinciales, fortalecidas con personal capacitado e infraestructura digna.

Se requiere también agilizar procesos judiciales, legitimar pruebas, proteger el debido proceso y dictar sentencias fundamentadas que resistan escrutinio. La designación del Procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura, en lugar de decisiones políticas, abriría un camino hacia una justicia menos vulnerable a presiones.

La justicia sin raíces firmes no florece. Un Ministerio Público independiente no es un privilegio de gobiernos ni partidos: es un derecho de la ciudadanía. Sin un órgano libre, robusto y equitativo, el Estado se reduce a un adorno sin sustancia. El futuro del país depende de sembrar esas raíces profundas donde germinen confianza, acceso y verdadera justicia.

Ya no hay tiempo para excusas ni atajos: ha llegado la hora de conquistar esa autonomía.

POR PEDRO RICHARDSON

Con la llegada de las fechas de jura en los gobiernos locales o la instalación de los bufetes directivos de los Concejos de Regidores o Juntas de Vocales y la propia rendición de cuentas de los ejecutivos municipales, nos encontramos con una diversidad de códigos de vestimentas.

Por esta razón entendemos pertinente abordar esta materia en base a una cronología de los decretos y disposiciones relacionadas con el código de vestimenta para actos oficiales en República Dominicana:

A) 1906 – Gobierno de Ramón Cáceres: Durante su mandato, se estableció la tradición de que los presidentes y funcionarios vistieran de blanco en actos oficiales, como símbolo de pureza y transparencia. Aunque no se emitió un decreto formal, esta práctica marcó el inicio de una costumbre que perduraría en el tiempo.

B) 1934 – Decreto Nº 1004 de Rafael Leónidas Trujillo: Este decreto reglamentó oficialmente la indumentaria para actos oficiales y de sociedad a los cuales asistía el gobierno. Trujillo consolidó la tradición del traje blanco en ceremonias de juramentación y estableció normas específicas para otros eventos oficiales.

C) 1971 – Decreto 1306 de Joaquín Balaguer:
Balaguer emitió un decreto que reforzó y oficializó el código de vestimenta para actos oficiales. Según este decreto, el traje blanco sería obligatorio para ceremonias de juramentación en verano (16 de agosto) y el traje oscuro para actos de rendición de cuentas en invierno (27 de febrero).

D) El Reglamento del Senado de la República en su articulo 46 acapite 2 establece vestimenta negra para la Rendición de Cuentas del 27 de Febrero y blanca para el 16 de agosto.

El Reglamento de la Cámara de Diputados no alude el tema, sino que acoge el del Senado.

Tenemos entendido que algunas alcaldías, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este han reglamentado el uso del código de vestimenta blanco para la rendición; sin embargo cabe destacar que ningún reglamento ni del Poder Ejecutivo ni mucho menos de un gobierno local está por encima de un decreto.

En el Ceremonial Diplomático Dominicano mediante
Decreto No. 1306 del 26 de julio de 1971 del presidente Joaquín Balaguer en el Capitulo IV articulo 11 dedicado a las AUDIENCIAS establece:

Art. 11.- » Las audiencias que el Presidente de la República conceda a los Legados, Nuncios Apostólicos, Embajadores, Enviados Extraordinarios, y Ministros Plenipotenciarios serán solemnes y privadas. Las solemnes, para la presentación de Cartas Credenciales; y las privadas, para visitas de despedida, presentación de Encargados de Negocios y de extranjeros de distinción, y para la entrega de Nuevas Cartas Credenciales, Cartas de Retiro y Cartas de Jefes de Estado, cuando el diplomático prefiera hacer la entrega personalmente y no por conducto de la Chancillería.

En las audiencias solemnes que tengan efecto en el curso de la manÞana o de la tarde el traje serpa blanco, cuando se realicen entre el 1ro. de junio y el 31 de octubre de cada anÞo; y cuando las mismas tengan lugar entre el 1ro. de noviembre y el 31 de mayo, el traje seraì “Vestoìn” o “Chaqueì.” En las audiencias privadas el traje seraì el de calle.»

De manera que esta disposición viene a ser supletoria para los gobiernos locales y por tanto es el código de vestimenta que debemos aplicar.

jpm-am