La Constitución es la norma jurídica que tiene por objeto de estudio erigir el Estado, los poderes públicos, el gobierno y sus instituciones. La que tenemos es un panfleto y el Estado que erige una entropía institucional, contradictorio, respecto a la ciencia de la administración, a la teoría de sistema y al paradigma del proceso administrativo.

El Estado lo comportan tres elementos en tanto tiene tres divisiones. Los elementos que comportan el Estado son el territorio, el gobierno y la ciudadanía y las divisiones son a la vez a) territorial, b) política y c) administrativa.

La ciencia de la administración, el paradigma del proceso administrativo, la teoría de sistema, y los principios de división, y separación del trabajo, de una función para cada órgano y un órgano para cada función, de la separación e interdependencia y contrapeso de los poderes constituyen el marco teórico para el diseño y estructuración del Estado, clásico, en el siglo xxi, y por demás de la propia Constitución.

Antes de estructurar la Constitución es relevante y pertinente diseñar, modelar, el Estado a partir de los elementos que lo comportan (territorio, gobierno y ciudadanía), su división (territorial, política y administrativa), definir la misión (del Estado), funciones (tareas), el objetivo general y sus objetivos específicos en sentido general.

La Carta Magna, Constitución, es la única que erige un Estado, contrario al modelo clásico, de los tres poderes, a la vez que viola los principios de separación, división, e interdependencia de los poderes públicos cuando crea el Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de dar rango constitucional a este, el CNM, los poderes legislativo y judicial operan como subsistema político del poder ejecutivo, en franca violación al precepto constitucional de la separación e interdependencia de los poderes.

La propia Constitución (en su Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes) establece que ‘’El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes’’.

Sin embargo, los artículos 178, 179, 180, 181, 182, y 183, de la Constitución, que erigen el Consejo Nacional de la Magistratura, subrogan los poderes legislativos y judicial en favor del poder ejecutivo en tanto contravienen el artículo 4 que establece que ‘’Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones’’.

En adición a la contradicción, antes señalada, la propia Constitución no erige un régimen, división, territorial, ni de ciudadanía a la vez que deja en el limbo el régimen del gobierno (nacional y local). De igual manera no establece, de manera clara, las divisiones del Estado, territorial, política y administrativa.

Por otro lado, la Constitución no define, precisa, las funciones, propias, exclusivas, de cada poder del Estado. En virtud de ello, ..el poder ejecutivo legisla en materia fiscal (tributaria), e interfiere en la jurisdicción inmobiliaria de competencia única del poder judicial en lo que concierne a la titulación de la propiedad privada.

¿Define, delimita, la Constitución las áreas, tareas, funciones (de manera precisa) de cada uno de los poderes públicos, el gobierno y sus instituciones?

¿Cuáles son las áreas en que el Congreso puede legislar? ¿Cuáles son sus límites?

¿Define la Constitución las áreas, tareas, y funciones reservadas, de manera exclusiva, al poder ejecutivo?

¿Puede el poder ejecutivo legislar, en materia fiscal, tributaria, presupuestaria?

¿Cuáles son las divisiones del Estado?

La división política del Estado son los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), en tanto que la división administrativa ..el gobierno nacional y el gobierno local, y, por último, la división territorial (el territorio nacional, las regiones, las provincias, los distritos municipal, el espacio aéreo y marítimo).

El Estado nación, territorial, clásico está integrado por tres poderes públicos: a) legislativo, b) ejecutivo y b) judicial. Esta estructura no reconoce el proceso de cambio y complejidad experimentado por la ciencia, el sector privado, el propio sector público, los objetivos modernos que cumple el propio Estado, y el paradigma del proceso administrativo, y el principio de una función para cada órgano y un órgano para cada función.

La actual Constitución no ha sido estructurada conforme al modelo clásico del Estado nación, territorial que surge en el marco del Tratado de Westfalia, 1648. De igual manera, desborda la teoría de sistema y contraviene los principios nodales de la división, separación e interdependencia de los poderes públicos, y el principio de una función para cada órgano y un órgano para cada función.

El principio de freno y contrapeso brilla por su ausencia, pues la Constitución no pone freno ni límites a las funciones, tareas, de los poderes públicos. En tanto a los niveles de gobierno (nacional y local) la Constitución carece de una separación, clara, de competencias.

Esta semana el pueblo cristiano de la República Dominicana dio una muestra de unidad y visión como nunca en la historia. Los principales líderes cristianos, evangélicos y católicos, enviaron una comunicación a los legisladores a propósito de la discusión del Código Penal, que se convierte en un documento de trascendental importancia.

Esa carta-documento está firmada por líderes de comunidad evangélica como Ezequiel Molina, Mauro Vargas, Nersido Borg, Flavio Rosario, Raffy Paz, Miguel Núñez, Jorge Ploude, Sugel Michelen, Reynaldo Franco Aquino, Juan Betances, entre otros, y por casi todos los obispos de la Iglesia Católica, entre ellos, Freddy Bretton, obispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado, Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la Vega, Víctor Masalles, de Baní, Jesús Castro, de Higuey, José Dolores Grullón, de San Juan, Benito Angeles, obispo auxiliar de Santo Domingo, entre otros.

La pretensión de algunos legisladores de afectar la familia dominicana con algunas medidas en el Código Penal, ha llevado a que la comunidad cristiana actúe con mucha firmeza y unidad ante esos despropósitos.

Por su trascendencia, claridad y precisión, a continuación reproduzco los párrafos principales de esa carta pública:

“Quienes suscriben este documento desean primeramente reconocer la importante labor realizada por la Comisión Bicameral en lograr el consenso que resultó en una propuesta de Código Penal, la cual responde al postergado anhelo nacional de justicia punitiva en la lucha contra el crimen. En este, se han tipificado más de 70 delitos nuevos que están ausentes del anacrónico código actual. 

“Aunque algunos temas no lograron concretarse justamente, como la desproporcionalidad en la condena por el asesinato de un ser humano no nato, que ha sido colocado en la misma categoría de un delito común. No obstante, en sentido general es un logro que representa un importante ejercicio democrático de ese poder del Estado. 

“Ahora, y de frente a las votaciones que se avecinan sobre esta pieza, deseamos hacer referencia al artículo 187, que trata sobre la discriminación. Hemos sido informados de que los legisladores están recibiendo presiones para aprobar en el Código Penal la introducción de nuevas categorías de discriminación, tales como identidad de género, y orientación o preferencia sexual. 

“El artículo 39 de nuestra Constitución, sobre el derecho a la igualdad, indica las categorías generales que abarcan a todo el universo de los dominicanos, las cuales son razonables y genéricas, tales como color, edad, religión, discapacidad, etc. Este artículo contempla además toda otra categoría no descrita taxativamente, para asegurar la protección a todos los dominicanos; establece que no podrá discriminarse por “cualquier condición social o personal”, abarcando así una lista no limitativa de categorías que pudiesen ser objeto de discriminación contra cualquier persona. 

“La orientación sexual no figura en el catálogo de derechos de tal artículo, ni era necesaria su inclusión, en razón de que ésta constituye una preferencia que es ejercida por decisión personal. Las preferencias no deben figurar en las leyes adjetivas, ya que las mismas están amparadas en el derecho fundamental a la intimidad y al honor, protegido por el Artículo 44 de la Constitución.  

“Por otro lado, el artículo 43 de la Constitución garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En fin, la Constitución dominicana blinda a todos los ciudadanos contra la discriminación. 

“Es importante que esto se tome en cuenta, ya que de aprobarse la cláusula de penalizar una discriminación que no existe, estaríamos cayendo en sesgos ideológicos que deben mantenerse al margen de la justicia penal. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, que permite a las personas que se identifican como LGTBIQ, igual que a todos los dominicanos, desarrollarse libremente, sin importar las decisiones íntimas que tomen. 

 “La insistencia en introducir estas categorías en el Código Penal no responde a una necesidad real de la nación, sino al cabildeo de organizaciones, agencias y grupos de poder que abogan por esto. Utilizan estas categorías subjetivas como vía para imponer la irrazonable ideología de género, que niega la ciencia y la biología, ya que propone que la sexualidad es fruto de una construcción social.

Sus promotores ya han declarado la existencia de más de 120 supuestos géneros, confundiendo la mente de los niños y adolescentes de las naciones donde logran introducirlos, y catalogando como “discriminatorio” que los padres no permitan que sus hijos menores de edad decidan por sí mismos con cuál de estos géneros se identifican. 

“A pesar de que la Comisión Bicameral sabiamente excluyó estos conceptos subjetivos del informe, se ha intensificado la presión para que sean introducidos. Por tanto, a ustedes, honorables congresistas, les solicitamos encarecidamente continuar resistiendo en esta lucha patriótica en defensa de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra constitucionalidad. 

“Reconocemos y agradecemos la firmeza y valor mostrados por los legisladores que hasta ahora han logrado resistir esas presiones. A la vez, pedimos a Dios que les asista en esta trascendental tarea que involucra la soberanía de nuestra nación, el bienestar y las libertades de todos los dominicanos. 

Dios les fortalezca y les conceda el valor y la integridad que estos tiempos demandan».

euricabral07@gmail.com

JPM