POR BRAULIO MENDEZ DE LA CUESTA

Reza un viejo adagio español que “los bienes son para remediar los males”.  Casualmente, en el más oscuro momento de la pandemia los dominicanos fuimos testigos de la validez y actualidad de ese viejo adagio, al presenciar, regocijados, como la Barrick Gold decidió darle un espaldarazo financiero al gobierno dominicano, luego del súbito desplome que experimentaron las recaudaciones públicas como consecuencia de la parálisis económica provocada en todo el mundo por el coronavirus.

La mina de oro de Pueblo Viejo, y su eficiente explotación por parte de la Barrick Gold, se erigió, pues, en ese momento aciago de nuestra historia reciente, en el bien dorado que iba a remediar nuestros males (así sea momentáneamente) sin que nadie lo sospechara.

A raíz de la experiencia que nos legó el Covid y el oro explotado por la Barrick me parece que ha llegado el momento de que los dominicanos empecemos a ver en los recursos mineros que el mismísimo Dios depositó bajo el suelo de Quisqueya, ese bien con el que siempre podemos contar para remediar o mitigar, en parte, los males que nos aquejan como país en vía de desarrollo.

Pienso en el desempleo de La Vega y pueblos vecinos y me llegan a la mente los metales que puso Dios, para nosotros, en Loma Miranda y sus alrededores. Qué irracional me resulta la férrea oposición de un minúsculo grupo de dominicanos a que esos metales sean explotados, y nos sirvan de aliciente ante la adversidad.

He visto los cálculos y he quedado sorprendido: una explotación racional de Loma Miranda, aparejada de una exitosa negociación económica entre el Estado y Falcondo, puede incluso, nada más y nada menos, proporcionar los mismos fondos que pretende gestionar el Estado con una odiosa reforma fiscal, que afectaría el bolsillo de todos los dominicanos, para siempre.

Hagámosle caso a la sabiduría de los adagios y usemos nuestros bienes, en este caso los mineros, para mitigar nuestros males, sobre todo porque los estándares actuales de la minería responsable permiten que esa apuesta sea ganar-ganar: nos beneficiaremos de los metales sin afectar gravemente el medio ambiente ¿Qué más de ahí puede pedirse?

El 6 de noviembre del año 2021 se cumplieron 177 años de haberse proclamado la primera Constitución dominicana. Escenario propicio para enarbolar las virtudes más relevantes que debe adornar un instrumento de tal trascendencia para el nacimiento de un Estado.

Así es, con una Constitución se da inicio a lo que conocemos como Estado moderno, con el nacimiento de un Estado se concretiza el escenario para una Carta Magna.

La Norma Sustantiva tiene como objetivo principal en los Estados democráticos organizar las instituciones que conforman el Estado y establecer la relación de los ciudadanos con el recién creado órgano de la nación. En ese escenario se encontraba la nueva República Dominicana cuando el 6 de noviembre del año 1844 se proclamó la primera Constitución como resultado de los trabajos realizados por la Asamblea Constituyente reunida en la comunidad de San Cristóbal.

Existe consenso respecto a las condiciones democráticas y progresistas de la primera Constitución dominicana. Sin embargo, no es discutible que la misma fue empañada por un artículo impuesto por el presidente de entonces Pedro Santana, en el cual se le otorgaba poderes extraordinarios al presidente durante el país se encontrara en guerra con la vecina República de Haití.

Ese famoso artículo, se ha mantenido como el gran escollo de la Constitución Dominicana, dando lugar al extraordinario poder que tiene el presidente del Estado Dominicano. Así, una Carta Magna, además de ser un programa político, donde establece las pautas generales para la división de los poderes y la creación de las instituciones que organizan el funcionamiento del Estado, también debe servir como instrumento de control de poder. 

Por tanto, se convierte en el freno al poder estatal es una de las finalidades más importante que tiene cualquier texto constitucional. Precisamente, ese anhelo de control del poder fue truncado por el famoso artículo 210 de la Constitución del 6 de noviembre del año 1844.

Esa función de control que se le atribuye al texto constitucional de un Estado es definida en la siguiente oración “La garantía de la Constitución descansa definitivamente en el Poder Judicial, porque la Constitución escrita es ley y es deber del juez aplicar la ley. Pero además, por ser la constitución ley suprema, la interpretación judicial de la Constitución es suprema también. Luego, la misma naturaleza de la Constitución —ley escrita y suprema- implicaría la supremacía del poder judicial —judicial supremacy— por sobre los demás poderes estatales y federales, porque su interpretación de la Constitución prevalecerá por sobre cualquier otra (Luis Alejandro Silva Irarrazaval, Profesor de Derecho; Facultad de Derecho Universidad de Los Andes, Chile)”.

En ese contexto, es la Constitución una norma aplicable por los tribunales en los procesos sometidos para la solución de casos concretos. De manera que, sólo a partir de ser considerada como una norma, podemos hablar de Constitución normativa, por tanto, es precisamente en ese escenario que debemos hablar de un efectivo control del poder a través de la aplicación del texto constitucional.

El poder estatal es demoledor para los gobernados. Solo cuando logramos aplicar normativamente la Constitución se puede hablar de control del poder estatal a través del texto constitucional.

Las condiciones normativas de la Constitución nos permiten controlar el poder estatal a través de ella. Así dejamos aquella concepción de que el texto constitucional es un programa político de organización del Estado, para convertirla en una norma aplicable en favor de los derechos de los ciudadanos, de manera, que el catálogo de derechos que tiene la actual norma suprema dominicana, pueden ser reclamados por los ciudadanos directamente ante los tribunales de la República, sin necesidad de una habilitación normativa expresa, pues la Constitución como norma, sirve para garantizar los derechos fundamentales y evitar la arbitrariedad estatal.

El Estado deja de ser aquel Leviatán que abarca todo y destruye a los súbditos. Ahora la Constitución como norma, se convierte en la garantía para que el ciudadano no sea abusado por el poder estatal.

emilioaj.3072@gmail.com

JPM

Al diálogo hay que insuflarle nueva vida. Da la impresión de que sus fuerzas se agotaron, a raíz de los desacuerdos relativos a la reforma fiscal. Hacer esos movimientos en el área impositiva era uno de los propósitos fundamentales de la agenda oficial.

Pero hay que retomar de nuevo el camino del diálogo. Hay que intercambiar opiniones, hay que buscar acuerdos. El país de hoy, solo puede avanzar con la fuerza conjunta de todos los sectores. No puede haber altanerías  de gobernantes, ni tozudez de parte de los opositores.

El presidente Luis Abinader tiene que ejecutar  todos los esfuerzos para que el diálogo fructifique ahora, luego será imposible. El mandatario  realiza los encuentros y las conversaciones que podrían llevar adelante el diálogo.

Pero lo trascendental son los  temas que se traten, y las soluciones que se aporten. Sino un diálogo nacional no pasa de ser un titular ocasional de periódico, que va perdiendo interés entre reuniones. La agenda debe estar bien clara sobre los principales problemas nacionales.

Un diálogo para tratar la reforma constitucional está condenado al fracaso. A unos les interesa la reforma, otros condicionarían su respaldo y otros la van a rechazar. Puede unir a grupos de oposición en contra de la reforma, y la puede tratar de imponer el gobierno a como dé lugar.

Lo impostergable es que los grupos empresariales  comprendan que la situación económica nacional necesita una política de creación de pleno empleo. Es atormentadora  la cantidad de plazas que se perdieron con la pandemia, y a veces no parecen creíbles los informes  de que se repuso en su cargo a todo el que fue cesanteado.-

El desempleo unido a la inflación galopante, coloca al país contra la pared. Ya se ve en algunos supermercados que ponen un precio en la mañana y lo aumentan al atardecer. Parece que nadie tiene la intención para frenar a ese caballo salvaje del agiotismo.

Desde un principio lo señalamos: el diálogo tiene  que llevar como primer punto de agenda poner fin al agiotismo y la especulación. Luego la creación de más empleos, y discutir con miras al próximo año un reajuste de salarios.

Ahora hay que llevar como prioridad de ese diálogo que se suspenda la eliminación de los subsidios en el área de la energía. Es un crimen y una torpeza eliminar subsidios para que los usuarios paguen más, por un pésimo servicio y apagones constantes.

No puede triunfar un diálogo mientras persista la inflación, el agiotismo y los aumentos desproporcionados de artículos de primera necesidad. No puede haber diálogo si se elimina el subsidio del sector energético y se cobra más a los usuarios por un servicio que se da a medias. Diálogo para buscar soluciones, no para oratorias.

jpm-am