Las fiestas patronales, que debieron conservar sentido espiritual, cultural y comunitario, se han convertido en escenarios de ruido, alcohol y manipulación política financiados con recursos del Estado, con lo que la palabra tradición sirve como pretexto para sostener tarimas costosas y desembolsos millonarios, mientras la inversión esencial en educación, salud, deporte y oportunidades para la juventud queda relegada y sin prioridad real frente a espectáculos sin retorno social.

Las patronales surgieron en la colonia bajo la protección de santos y vírgenes, marcadas por misas, procesiones y novenarios que fortalecían la cohesión barrial. Con el paso del tiempo se extendieron hasta diez días y la devoción fue relegada entre bocinas, artistas y consumo que vaciaron el sentido espiritual, convirtiéndolas en espectáculos donde la religiosidad es decorado formal y la diversión se impone como justificación administrativa permanente.

En mi provincia Bahoruco se celebran más de treinta patronales al año, especialmente fastuosas en los municipios cabecera, donde se montan tarimas gigantes, se contratan orquestas de alto costo y se distribuye licor sin control, con lo que ya representan un sacrificio desmesurado de fondos públicos en detrimento de prioridades sociales impostergables, imaginándose el impacto si esa misma mecánica se replica en cada provincia del país.

Gasto público y clientelismo

Si el modelo de Bahoruco se extendiera en toda la República Dominicana, estaríamos ante un sacrificio enorme del presupuesto nacional para sufragar fiestas que poco aportan al desarrollo y que, disfrazadas de tradición, sirven para reforzar figuras municipales y estructuras oficialistas en coyunturas electorales, con lo que la tarima se convierte en plataforma clientelar sostenida con recursos que deberían priorizar obras sociales y respuestas comunitarias urgentes.

Muchos alcaldes reconocieron en conversaciones privadas que las patronales eran una carga de la que intentaban desprenderse porque agotaban finanzas y obligaban a recortes en áreas esenciales, mientras hoy el Gobierno central es quien carga con ese financiamiento, manteniéndose sin cambios el mismo resultado: fiestas que enriquecen artistas, promotores e intermediarios mientras los servicios comunitarios aguardan soluciones legítimas.

Estamos ante una secularización deformada donde la fe retrocede, la cultura se diluye y la celebración pierde sentido espiritual, convirtiéndose en consumo masivo y vitrina comercial subordinada al ruido, la vulgaridad y la penetración política, con lo que la devoción queda reducida a simple formalidad protocolar y el espacio público termina ocupado por tarimas y euforia vacía que sustituyen identidad histórica y acción ciudadana que fortalece comunidades.

Juventud expuesta y comunidad relegada

El público predominante está integrado por niñas, niños, adolescentes y jóvenes expuestos a trasnoches, música sin filtros, aglomeraciones y venta indiscriminada de alcohol, mientras actividades deportivas y culturales anunciadas figuran como letra muerta porque carecen de convocatoria, con lo que la atención real se concentra en la tarima donde la consigna es prolongar la fiesta y donde nada constructivo ocurre para estimular formación y pensamiento crítico.

De ese modo las patronales dejan de ser punto de encuentro intergeneracional porque las personas adultas mayores se aíslan, quienes trabajan siguen rutina agotados y la comunidad pierde espacios de diálogo, reflexión y crecimiento, mientras la memoria histórica no encuentra lugar en celebraciones que giran exclusivamente alrededor del ruido y del licor, reduciendo el sentido de identidad y anulando la posibilidad de que estas fiestas motiven cohesión real.

Las casas licoreras, promotores y estructuras políticas encuentran un terreno ideal para exhibir marcas, discursos y lealtades condicionadas, convirtiéndose las patronales en vitrina comercial y escenario de saludos, promesas y propaganda territorial, con lo que se normaliza un engranaje clientelar donde la aparente diversión encubre relaciones de dependencia y uso discrecional de fondos públicos, alejando a la sociedad de prioridades que generan bienestar duradero.

Experiencia legislativa y propuesta de cambio

Durante mis catorce años como diputado mantuve postura crítica frente a este modelo, porque nunca respaldé ese culto al vicio disfrazado de tradición y, en cambio, impulsé ferias de lectura, encuentros culturales y torneos deportivos con beneficios tangibles que dignificaban comunidades, con lo que pude dialogar directamente con alcaldes y comunicadores que reconocían el despropósito, aunque confesaban sentirse atrapados por presión política y expectativas partidarias.

Las patronales forman parte de la identidad histórica de nuestros pueblos y no deben ser eliminadas, sino rescatadas mediante reducción de duración, desarrollo de charlas sobre realidad local y memoria, apertura de espacios artísticos y culturales que fortalezcan identidad y capacidad crítica, con lo que se devuelva contenido a celebraciones que han sido distorsionadas bajo criterios de banalidad, consumo irreflexivo y aprovechamiento clientelar contrario a valores comunitarios.

Mientras prevalezca el formato vigente, estas fiestas seguirán consumiendo recursos que deberían sostener aulas, bibliotecas, becas, instalaciones deportivas y oportunidades para la juventud, con lo que el sacrificio desmesurado que representan en Bahoruco anticipa los efectos si la misma dinámica se reproduce en todo el territorio nacional y las patronales se mantengan como cultos al vicio financiados con fondos públicos desviados de prioridades verdaderamente esenciales.

jpm-am

La reciente reunión entre María Corina Machado y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no es un simple encuentro diplomático ni una fotografía para redes sociales. Es, sin lugar a dudas, una jugada de alto calibre en el ajedrez geopolítico que hoy define el destino de Venezuela.

Cuando María Corina dice que fue una “excelente reunión” con Marco Rubio, y agradece el compromiso con la democracia y la libertad, no está improvisando un discurso: está enviando una señal clara de alineación estratégica con el poder que hoy tiene incidencia directa en el futuro venezolano.

Pero la frase que realmente sacude y la que no puede pasar desapercibida es otra: “Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”. Esa afirmación no es solo emocional, es política, calculada e incluso peligrosa si no se interpreta con responsabilidad.

Venezuela atraviesa un momento extraordinariamente complejo, donde la diplomacia, la presión internacional y los intereses estratégicos de grandes potencias están jugando un papel determinante. La reunión en Washington ocurre en medio de una reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la reapertura de canales diplomáticos y movimientos que evidencian un nuevo tablero político.

Pero aquí hay que decir lo que muchos callan: El respaldo internacional no garantiza una transición real, las declaraciones optimistas no sustituyen los hechos concretos y la historia reciente de Venezuela está llena de promesas que nunca se cumplieron. Machado construye un discurso de esperanza, sí… pero también de expectativa. Y cuando se juega con la ilusión de millones de venezolanos en el exilio, se está caminando sobre una línea extremadamente delicada.

La política internacional no se mueve por romanticismo, sino por intereses. Estados Unidos no actúa por altruismo, actúa por estrategia. Y en ese escenario, Venezuela representa petróleo, geopolítica, influencia regional y control de estabilidad en América Latina. Por eso, aunque Rubio haya mostrado apertura hacia María Corina y la oposición, la realidad es más cruda: No hay una hoja de ruta clara hacia elecciones libres inmediatas.

No hay garantías absolutas de que la oposición controle la transición. Y existen actores dentro y fuera de Venezuela que también disputan ese poder. Machado puede estar ganando terreno internacional, pero el poder real dentro de Venezuela sigue siendo una disputa.

Cuando Corina habla de que “se acerca el día”, no solo está enviando esperanza: está presionando. Presiona a la comunidad internacional para acelerar decisiones y a los actores internos para definir posiciones, además se coloca como figura central de un eventual cambio. Es una jugada inteligente, pero también arriesgada. Porque si ese “día” no llega pronto, el costo político puede ser alto.

El encuentro entre María Corina y Marco Rubio confirma algo innegable: Venezuela está en el radar del poder mundial. Pero también deja una verdad incómoda: El cambio no se decreta desde Washington. El retorno de millones de venezolanos no depende de una reunión. Y la libertad no se anuncia… se conquista.

Machado ha elevado la apuesta. Ha puesto fecha emocional a una esperanza colectiva. Ahora queda la gran pregunta: ¿Estamos ante el inicio del fin o ante otra ilusión que podría desvanecerse?

JPM

El declive del petrodólar se manifiesta hoy ante el poder mesiánico de figuras como Donald Trump y Benjamín Netanyahu, quienes parecen ignorar el colapso social inminente, mientras el oportunismo político sobrepasa cualquier intento de diálogo real en la guerra contra Irán y el mundo se desgasta entre conflictos bélicos y una crisis económica exorbitante que asfixia la estabilidad humana.

Resulta cuestionable que Estados Unidos influya constantemente en las políticas públicas de los demás países, y que sin malabarismo sea de su competencia directa intervenir en los asuntos ajenos de otros países socavando soberanías, mientras los precios del petróleo y los artículos de primera necesidad disparan una inflación que bordea el precipicio de la desesperación para la sociedad global.

Este tablero de ajedrez sangriento plantea la duda sobre quién está ganando realmente una guerra irracional y quién es el gran perdedor de un conflicto que se paga con cientos de miles de muertos, en consecuencia, el soporte incondicional hacia Israel no parece reportar beneficios tangibles al ciudadano estadounidense, y por ende, a la comunidad hispana promedio que reside en dicha urbe, la cual observa cómo su calidad de vida se desmorona cada vez que el presidente Donald Trump incide en apoyar las acciones terrorista de su homólogo Benjamín Netanyahu.

Hoy día, se debate intensamente si Donald Trump debería enfrentar un juicio político por arrastrar a la nación a este laberinto de confrontación constante y si dicho conflicto bélico representa el final definitivo de la primera potencia mundial frente al ascenso de una China que se alza con el poder económico que antes pertenecía a Washington, a través de la diplomacia y el control de los mercados del petróleo.

Un cambio de liderazgo en la Casa Blanca, sin dudas, pone en el tablero la siguiente interrogante: ¿Se podrían reordenar las piezas de este rompecabezas político dislocado, o será que el sistema geopolítico se encuentra tan comprometido que las armas han dejado de ser una defensa para convertirse en la única y falsa tabla de salvación de una nación que se niega a reconocer su propia decadencia interna?

El sentimiento popular que en tiempos pasados funcionó como salvamento populista y bandera del sueño americano se ha transformado en una pesadilla para la comunidad latina que no logra superar la crisis de supervivencia económica, donde el costo de la vida y la exclusión han borrado cualquier rastro de la prosperidad prometida por el sistema tradicional estadounidense.

Estados Unidos parece tenerlo todo pero su ambición le exige un control absoluto manteniendo un embargo histórico contra Cuba con intenciones de manejar la isla mediante un torniquete político que asfixia al pueblo, mientras las cúpulas negocian tras bastidores su permanencia en un poder que carece de sustento moral y de respaldo ciudadano genuino.

Pero, la hipocresía se hace mucho más evidente en la política hacia Venezuela, donde tras el golpe al mandato de Nicolás Maduro se descubre a una cúpula del chavismo negociando el petróleo directamente con Donald Trump, a fin de asegurar su supervivencia en el cargo, demostrando que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y cómo los recursos de una comunidad hambrienta y ávida de una democracia participativa son entregados a un mecenas del oportunismo.

El cerco asfixiante sobre América Latina tiene un pronóstico de ruptura cercano que encaja mediante una alianza estratégica entre los países árabes y potencias como Rusia e Irán, junto a China, configurando un nuevo orden mundial que desplazará la hegemonía del dólar hacia la irrelevancia frente a la nueva arquitectura financiera que emerge globalmente.

El desplome definitivo del petrodólar como moneda de cambio universal y el surgimiento del Yuan o Petroyuan como el nuevo monarca de los carburantes, sin dudas, pondrá a reinar geográficamente a Pekín en las transacciones de energía obligando a Washington a enfrentar su propia quiebra financiera sin la capacidad de exportar sus crisis al resto del mundo, lo que podría liberarnos de los abusos y las apetencias del monstruo internacional llamado USA.

Se ha planteado en organismos internacionales que buscan salir de las imposiciones de EE. UU. de si este choque financiero podría convertirse en un evento repentino que desatará el caos civil dentro de los propios Estados Unidos o si la estructura social causará reacciones ante una clase política que ha priorizado el gasto militar sobre el bienestar doméstico dejando a la deriva a millones de personas que buscan estabilidad y dignidad para sobrevivir.

La irracionalidad de insistir en un modelo de intervención que ya no ofrece resultados positivos para la mayoría, excepto para los sectores que se benefician del conflicto, mientras el mundo gira hacia un multipolarismo donde la moneda china se convierte en el refugio seguro ante la volatilidad de una potencia que ha perdido el rumbo.

El retorno de un orden basado en el intercambio justo y la soberanía monetaria parece inevitable, en razón de que el intento de frenar el avance del Yuan, a través de las guerras y sanciones, solo acelera la caída estrepitosa de un imperio que olvidó que su verdadera fuerza reside en el bienestar de su gente y no en la opresión sistemática de los pueblos que hoy buscan libertad a cambios balas y misiles.

La posible desaparición del Petrodólar es una sentencia que quedará grabada en el tablero de la historia, siempre a la espera de que la sensatez retorne antes de que el colapso social sea definitivo. En medio de esta “guerra del oportunismo”, el petrodólar queda posicionado en el epitafio de una era de soberbia, donde el oportunismo de Estados Unidos, bajo los intereses de Donald Trum, es secuestrado el destino de la humanidad a través del peso muerto de una guerra que solo anuncia el nacimiento de un nuevo orden mundial.

Pérez Román fue el primer jefe de misión diplomática designado en la nueva República de Cuba, con el título de encargado de negocios. En 1902 había sido designado, por el presidente Horacio Vásquez, el poeta Fabio Fiallo como cónsul en La Habana, quien sería el primer jefe de misión consular nombrado en la Era republicana de la isla.

Debemos recordar que el primer cónsul dominicano en Cuba fue el licenciado Andrés Angulo y Beer, pero fue durante la Era colonial española, en 1860. (Misiones Dominicanas en Cuba, PVF, editora Santuario, 2026).

Gobernaba República Dominicana el presidente Carlos Morales Languasco, quien había asumido el poder en noviembre de 1903, tras encabezar una revuelta contra el gobierno de Alejandro Woss y Gil. El presidente de Cuba era Tomás Estrada Palma, y el ministro de Relaciones Exteriores era el joven Carlos de Zaldo, un interesante personaje que llegó a ser jugador de beisbol profesional y luego se graduó de abogado.

El 4 abril de 1904 fue creada la Legación de la República Dominicana en Cuba, con sede en La Habana, y entonces fue designado como jefe de misión el veterano diplomático Pérez Román, quien era un cuadro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sirvió como Oficial Mayor. Fue secretario de la Legación dominicana en Puerto Príncipe, Haití, en 1894 y luego encargado de negocios interino desde 1898 hasta 1899. Pérez Román fue también el primer subsecretario de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, designado en diciembre de 1903.

El consulado en Santiago había sido clausurado en 1903 por el presidente Woss y Gil, que designó como agente confidencial encargado de los archivos al ex cónsul Juan Esteban Ravelo, quien no llegó a asumir, por razones que desconocemos. El gobierno dio un extraño giro a su decisión y comunicó al cónsul destituido, Cheri León, que podía seguir ejerciendo, pero sólo como encargado de archivo, con la única facultad de despachar los barcos.

Desangles 

Luis Desangles Lubiles, llamado Sisito, nació en Santiago de los Caballeros en 1861, hijo de un inmigrante francés. Estudió pintura en República Dominicana e Italia, convirtiéndose en un pintor y destacado retratista que marcó toda una época en el arte dominicano

Dentro de las acciones de su gestión, se ha localizado una carta dirigida al cónsul de Haití en Santiago de Cuba, H. Billioque, advirtiéndole que había recibido una denuncia de que partía para la costa sur de Haití el barco Tomás Brooks y que supuestamente llevaba pertrechos militares que serían usados contra el gobierno dominicano.

El cónsul haitiano le comunicó ese mismo día que ciertamente el vapor Tomás Brooks había sido despachado para Los Cayos el día 27 y le daba seguridad de que si era cierto que llevaba pertrechos su gobierno iba a tomar medidas.

El 29 de abril de 1904, Desangles advirtió al gobernador de Puerto Plata, Ricardo Limardo, que mantuviera cuidado si el barco Tomás Brooks se acercaba por allí. El 21 de abril, el gobernador de Puerto Plata le había enviado un giro a nombre del señor Buenaventura Payans por $474, para la compra de carbón mineral que será embarcado por el vapor “Perla del Ozama”. El 21 de mayo, el gobernador interino Rufo Reyes, le contesta:

Gobernación de Puerto Plata

Señor L. Desangles

Cónsul de la República en Santiago de Cuba

Señor Cónsul:

Tengo el honor de avisarle recepción de su atento oficio del 1º de mayo, recibido por la “Perla del Ozama”, la cual trajo el carbón que Ud. anuncia haber comprado con el giro.

En mi última (carta) escribí a Ud. diciéndole tomábamos buena nota de los informes que me daba respecto al Tomás Brooks, y se tomaron las prudencias del caso.

Siempre que esta gobernación despache pasajeros para esa, lo haré en esta ocasión como Ud. indica.

El país está en completa tranquilidad. Resta insurreccionada sólo la línea N.O., sobre la cual se ha iniciado la campaña con éxitos favorables. Confiamos en que esta anormalidad de aquella región ha determinar cuanto antes.

Lo saluda atentamente,

El gobernador (D.O) Rufo Reyes

 La gestión de Desangles fue corta, pues a finales de julio fue sustituido por el señor Rafael Sánchez González, quien llegó a Santiago de Cuba el 4 de agosto e inmediatamente tomó posesión de su cargo. Al parecer Desangles renunció de sus funciones, según se puede entender en una carta que enviara el encargado de negocios al nuevo cónsul, en fecha nueve de agosto:

…el señor Vicecónsul no ha debido omitir, como Ud. comprenderá, informar inmediatamente de ambos particulares, toda vez que era él quien estaba hecho cargo del Consulado desde el cese del Señor Desangles… No se podrá ni se puede estar en la duda de quién era que estaba al frente de ese Consulado, y por eso todo movimiento o innovación debe conocerse en seguida, y ya había ocurrido, eso es lo grave, algo parecido cuando el señor Desangles entregó al Señor Zambrano. La Legación tuvo uno días sin saber qué ocurría en (Santiago de) Cuba.

Luis Desangles murió en Santiago de Cuba el 13 de abril de 1940, a la edad de 79 años, dejando a su paso por este mundo una frutífera carrera en las artes plásticas.

jpm-am

 

El pasado Miércoles Santo, 1 de abril de 2026, el presidente de la República promulgó la Ley 13-26, que elimina las candidaturas independientes. No fue una firma más: fue la reapertura de un conflicto constitucional de primera magnitud.

Muchos quisimos creer que no ocurriría. No solo por elemental prudencia política, sino por respeto al juramento presidencial. El artículo 127 de la Constitución establece que el presidente jura ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y el artículo 184 deja claro que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos.

El respeto al Tribunal Constitucional no es una cortesía entre poderes; es obediencia debida a la Constitución. Esa combinación de juramento y límite constitucional debía bastar para evitar una promulgación que, desde el primer momento, se proyectaba como una cesión frente a la lógica de cierre del sistema partidario ante una apertura democrática que el propio Tribunal Constitucional acababa de proteger.

Incluso la experiencia institucional aconsejaba prudencia. La historia política dominicana ya conoce el costo que se paga cuando la política pretende imponerse sobre el derecho. Por eso cabía esperar más madurez, más cuidado con la Constitución y más conciencia del peso de una firma presidencial.

Pero ocurrió. Y conviene nombrar con precisión lo que ocurrió. La Ley 13-26 no anuló en abstracto el derecho fundamental de elegir y ser elegido; pero sí cerró una vía concreta, legítima y constitucionalmente relevante para ejercerlo fuera del monopolio partidario. No estamos ante una simple diferencia técnica sobre diseño electoral.

Estamos ante una decisión que restringe gravemente un camino de participación política que el Tribunal Constitucional había protegido al sostener, en la sentencia TC/0788/24, que el artículo 216 no monopoliza en los partidos políticos la presentación de toda candidatura.

La democracia pertenece al pueblo, no al monopolio de los partidos. Por eso esta ley no puede presentarse como una mera “respuesta legislativa”. Debe leerse como una confrontación con el alcance material de una sentencia vinculante. Y allí radica el problema de fondo.

El desliz más peligroso del razonamiento que intentó normalizar lo ocurrido consiste en convertir un problema de obediencia constitucional en un simple desacuerdo de intérpretes. Sí, el Tribunal Constitucional puede equivocarse. Sí, la doctrina puede criticarlo. Sí, la jurisprudencia puede cambiar. Pero mientras una sentencia esté vigente, su fuerza vinculante no desaparece porque a algunos les resulte incómoda, discutible o inconveniente.

En un Estado constitucional serio, discrepar del Tribunal Constitucional es legítimo; legislar como si su precedente no obligara, no. La Constitución no es una sugerencia: es una frontera. Y ningún poder del Estado puede exigir obediencia a la ley mientras relativiza su propia obediencia a la Constitución. Cuando un país empieza a cruzar esa línea, el deterioro institucional no tarda en hacerse visible.

Lo verdaderamente preocupante no es solo la ley promulgada, sino el mensaje que deja. Si una sentencia del Tribunal Constitucional puede ser vaciada de contenido por conveniencia política, entonces la ciudadanía recibe una señal devastadora: que los límites constitucionales valen mientras no incomoden demasiado al poder. Ese mensaje erosiona la confianza pública, debilita la seguridad jurídica y convierte la democracia en un terreno cada vez más estrecho para el ciudadano común.

Por eso sorprende aún más que no hayan valido las advertencias jurídicas enviadas, ni el peso del juramento hecho ante Dios y ante el pueblo. Terminamos la Semana Mayor —que debió ser tiempo de recogimiento y reflexión— con la autoridad de la Constitución puesta en entredicho, una sentencia del Tribunal Constitucional ignorada en su efecto útil y una fractura institucional que puede resultar costosa en términos políticos, económicos y sociales para esta generación y para las que vienen detrás.

Y resulta especialmente preocupante que, salvo contadas excepciones, amplios sectores del sistema político hayan optado por relativizar el mandato constitucional en lugar de defenderlo con la firmeza que exige la República. Cuando se normaliza que la ley sirva para neutralizar la Constitución, nadie sale verdaderamente a salvo: ni la seguridad jurídica, ni la paz pública, ni la confianza en la República. Y cuando la confianza institucional se deteriora, el costo termina pagándolo siempre el pueblo.

No deja de ser elocuente que esta decisión se haya consumado en la Semana Mayor: incluso las horas más oscuras no tienen la última palabra.

Sin embargo, esta historia no termina con una firma. Una ley puede cerrar una puerta por ahora, pero no puede derogar la Constitución ni borrar un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. La fuerza del derecho no desaparece porque el poder decida desconocer su sentido. Puede ser obstaculizada, relativizada o desafiada; pero no queda anulada por eso.

Y por esa razón, lejos de retroceder, en el Foro y Frente Cívico y Social estamos hoy más firmes que nunca: más serenos, más convencidos y más decididos a organizar a los que no se sienten representados y a los que creen que la Constitución no es un papel decorativo, sino una promesa viva que debe cumplirse.

Seguiremos por vías pacíficas, cívicas y constitucionales. Seguiremos defendiendo el derecho del pueblo a participar, a elegir, a ser elegido y a no quedar encerrado en el monopolio de una estructura cerrada que teme abrir la democracia. Seguiremos trabajando para que el Estado social y democrático de derecho deje de ser una fórmula solemne y se convierta, por fin, en una realidad concreta para el ciudadano común.

La luz prevalecerá sobre toda intención de cerrarle al pueblo un camino de participación política. Porque la causa de la Constitución, de la soberanía popular y de los derechos políticos del pueblo dominicano es una causa justa.

Por eso esta ley no tendrá la última palabra. La tendrán, más temprano que tarde, la Constitución, la ciudadanía organizada y la verdad republicana.

jpm-am