Este 8 de diciembre de 2022 murió a los noventa y ocho años el capitán Mario Peña Taveras, genuino descendiente de la estirpe bravía del cacique Caonabo.  Su rol en la Revolución de Abril de 1965 fue decisivo: es quien inicia en los cuarteles militares las hostilidades, demandando la vuelta a la constitucionalidad perdida el 25 de septiembre de 1963, con la infeliz destitución del gobierno de Juan Bosch.

 Este militar, héroe de la Guerra de Abril del 1965, nació el 9 de abril de 1924 en la comunidad de Sabaneta, rincón apartado al pie de la Cordillera Central con clima paradisíaco.  Era hijo de Rey María Peña (alias Marino) y Magdalena Taveras.  Era el mayor de cinco hermanos (Elpidio, Manuel, Hortensia y Amalia).

Peña Taveras jugo un papel determinante en la gesta revolucionaria que demandaba el retorno al poder del presidente Juan Bosch, infelizmente derrocado el 25 de septiembre del 1963, en el marco de una conjura elaborada por la oligarquía nacional, la jerarquía de la Iglesia Católica y los Estados Unidos de Norteamérica.

Tras el destronamiento de Bosch, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez inició al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un movimiento que pretendía reinstalar en el poder al presidente derrocado. El capitán Peña Taveras era parte de ese movimiento. 

 Al mediodía del 24 de abril de 1965, hastiado por la corrupción del triunvirato que encabezaba el empresario Donald Read Cabral, el héroe sanjuanero decidió iniciar en los cuarteles del Ejército Nacional un levantamiento militar para deponer el gobierno de facto.  Al efecto, estando en sus labores en el Campamento 27 de febrero (Ejército Nacional), apresó al Jefe del Estado Mayor de ese cuerpo militar, general de brigada Marcos Rivera Cuesta, al subjefe Maximiliano Ruiz Batista y a varios oficiales.

Inmediatamente, Peña Taveras contactó telefónicamente a José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes de más ascendencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien se disponía a realizar el programa radial Tribuna Democrática.  Le pidió que llamara al pueblo a integrarse a la contienda que perseguía restituir-sin nuevas elecciones- al presidente Juan Bosch.

Bravura, decisión, arrojo, firmeza de carácter y un patriotismo de acero, son los atributos que definen al capitán Mario Peña Taveras, un sanjuanero ilustre y dominicano luminoso.

Honor a quien honor merece.

jpm-am

Como reportero, ayudante de fiscal y como ciudadano, he dado seguimiento de cerca a la trayectoria como servidora pública de la hoy procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, quien ha servido con eficiencia y decoro en los diversos estamentos del Orden Judicial y del Ministerio Publico.

Como jueza titular de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, en el tramo final del gobierno del presidente Joaquín Balaguer, cuando todavía algunos tribunales fungían como antros de intolerancia y represión, en su sala de audiencia se administraba puro derecho y prístina justicia.

En esos tiempos aún estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal que otorgaba al juez poderes sobrenaturales basados en su “íntima convicción”, apegado a lo cual algunos jueces imponían penas de 15 a 30 años sin permitir que los justiciables recurrieran a sus medios de defensa.

Ese texto conocido como “Código del tránquenlo”, concedía al Ministerio Publico facultad de disponer  “arresto” de  cualquier acusado de incurrir en algún ilícito penal, que el fiscal considerara de naturaleza criminal, dado que los tipos correccionales conllevaban  imposición de  fianzas que también las fijaba la fiscalía.

Sobre el expediente acusatorio, el fiscal  escribía la palabra “arresto” y a seguida los artículos del Código Penal que el prevenido habría violado, para ser remitido a una cárcel pública, a partir de lo cual transcurrirían meses o años  para de ser presentado ante un juez de instrucción, quien conocería en fase secreta los méritos de la acusación.

En ese ambiente de represión judicial,  el tribunal de la magistrada German Brito era uno de los contados oasis de justicia y de buen derecho en el vetusto Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que se atribuye a que esa magistrada nunca aceptó imposiciones palaciegas, ni en bien ni en mal.

Una vez, un recluso blandió filoso cuchillo en la Primera Cámara Penal, pero esta vez la Policía reprimió su acción y uno de los agentes le propinó un garrotazo en la cabeza que lo hizo sangrar profusamente, tras lo cual fue llevado a un hospital. La magistrada Mirian protestó enérgicamente ante el fiscal Julio Cesar Castaños Guzmán por lo que estimó exabrupto policial.

Es difícil entender las razones que tuvo el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, para injuriar a una jueza de la estirpe ética y moral de doña Mirian, quien con su experiencia y reciedumbre honró los estrados de la Suprema Corte de Justicia. Si se deseaba desplazarla, bastaba con aplicar la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Hoy, la magistrada Mirian German Brito, vive el momento más estelar, de su honrosa carrera en la judicatura y el Ministerio Publico. La sociedad debería protegerla ante los malos espíritus que la acosan desde todos los litorales.

JPM

Debilitada con dos presidentes al margen de la comunidad internacional, la antigua Capitanía General de Guatemala y posterior República Federal de Centroamérica, insiste en la apuesta por la integración que le daría capacidad para negociar en bloque sus intereses frente a su principal socio comercial y destino de sus migraciones, los Estados Unidos, o frente a cualquier otra potencia económica.

Esos aislados son Najib Bukele, presidente del El Salvador, que fue la primera provincia en proclamar su independencia de la República  Federal de Centroamérica, y Nicaragua, que siguió la racha independentista, y cuyo mandatario es Daniel Ortega. A pesar de que se les enmarca en posiciones ideológicas distintas, ambos se han cebado contra la institucionalidad democrática.

Después que las provincias que forman el istmo centroamericano: Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica y Nicaragua se declararan como repúblicas independientes ha habido dos intentos importantes de reintegración, respetando los nacionalismos,pero diluyéndolos significativamente.

El primero fue de readaptación al orden económico y social que emergió de la Segunda Guerra Mundial que, con Europa de ejemplo, impulsada por el plan Marschall, dejaba claro que la superación de las secuelas de la pobreza y la ruta del desarrollo se accesaba a través de la integración, por lo que en 1951, con la Carta de San Salvador como fundamento, surge la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

Y, entonces, unificaron los programas educativos, crearon libros de textos comunes, les dieron las mismas reglas a los procesos aduanales e industriales, y crearon instancias de coordinación  de gobernanza para marchar al unísono en las cosas en las que se ponían de acuerdo.

¿Qué afectó la ODECA? El esquema de guerra fría en el que entró el mundo a partir de la competencia de dos potencias que se disputaban el dominio geopolítico global, sin guerrearse en sus propios territorios, pero manteniendo al mundo en frecuentes conflagraciones con matices ideológicos.

En el año de 1959  se impuso en Cuba una revolución socialista, que contagió a toda la región de America Latina, donde se expandieron réplicas de insurgencias guerrilleras que aspiraban a reproducir el modelo cubano, cosas que el régimen de los Castro auspició hasta que se produjo la denominada  guerra de los misiles, en 1962.

Estados Unidos creó  la Alianza para el Progreso, que buscaban contrarrestar la influencia que ejercía la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas, vía Cuba, con la finalidad de auspiciar revoluciones socialistas, cosa que produjo resultados, hasta el año de 1979, cuando triunfó una nueva revolución en Centroamérica, la sandinista.

Además del desafío ideológico, los brotes guerrilleros provocaban  desplazamiento de poblaciones que se reflejaba en una mayor presión migratoria hacia los Estados Unidos, y ambas cosas quisieron atenuarse con un nuevo plan, el Reagan para la Cuenca del Caribe y Centroamérica, que ayudó pero fue insuficiente.

Se necesitó de algo más  sólido para buscar un mayor desarrollo económico, y surgen las largas negociaciones y precondiciones  que condujeron a la suscripción, en 2004, de el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), pero mucho antes, como resultado de los procesos de paz que contribuyeron a aplacar el guerrillerismo, surge la necesidad de relanzar la integración en un esquema de mayor amplitud que el concebido con la creación de la ODECA, y en 1991, con el Tratado de Tegucipalca, surge el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que daría cabida a países que no están en el istmo como Belice y República Dominicana.

JPM

El plan de deportación de extranjeros, fundamentalmente de haitianos, que ha venido desarrollando el Gobierno dominicano para poner fin al desorden migratorio que desde hace décadas se registra en el país, es una de las medidas más valientes y correctas adoptada en los últimos años por Estado alguno.

Ya era hora de que las autoridades dominicanas asumieran de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano de decidir quién y en qué condiciones puede permanecer un ciudadano extranjero en territorio dominicano.

El flujo migratorio en todas las partes del mundo es normal, siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados. 

Ahora bien, el país en los últimos meses  ha sido sometido  a un  asedio, acoso y derribo, en el ámbito nacional e internacional, tratando de  llevarlo  asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni  material ni institucionalmente.

Los poderes de la tierra, representados en el país por organizaciones internacionales del Norte y Europa deben entender que nadie está obligado a lo imposible.

Sencillamente, la República Dominicana no puede acoger en su territorio personas que no cumplan con lo que establecen las leyes dominicanas y la Constitución. Más nada.

Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en el nuevo Plan dispuesto por el actual Gobierno, en los tiempos y plazos determinados, simple y llanamente deberá ser enviado a su país de origen.

La autoridades dominicanas en sus diferentes instancias  que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan. 

Sin embargo, hay que decir para que el país no sea puesto aún más en las cuatro esquinas, que esos procesos de deportación de extranjeros que se ejecutan deben hacerse en estricto respeto a los derechos humanos.

Esto lo digo porque en anteriores gestiones gubernamentales no se observaron las más elementales reglas de protocolo de respeto a la dignidad humana del inmigrante ilegal y el país recibió varias condenas en tribunales internacionales razón por la cual al día de hoy es estigmatizado como racista y violador de los derechos humanos.  Apliquemos nuestras leyes migratorias, sin  abusos,  pero con firmeza.

Si, como dijo el comisionado presidencial para la Reforma de la Policía Nacional, José -Pepe- Vila del Castillo, la corrupción en la institución comienza en la jefatura y termina en el último raso, algo que todos sabíamos, pero que pocos tuvimos el coraje de decir, los cambios debieron comenzar justamente por los altos mandos.

No creo -una opinión muy particular- en la reforma de la Policía; creo en “otra Policía”; en cambiar la vieja Policía, represiva, criminal y corrupta, por una nueva Policía, profesional, bien pagada, bien entrenada y educada sobre valores éticos y morales propios de un país democrático.

Claro, para esa nueva Policía precisamos de una nueva sociedad, respetuosa de las leyes y de la autoridad que la representa. Una nueva Policía para una nueva sociedad, donde la gente no se aparque donde le dé la gana, donde los carriles de las vías se respeten, etc., etc., etc.

La Policía hija de la dictadura de Trujillo, debió desaparecer con la dictadura. Los trujillistas siguieron gobernando el país después de asesinado el sátrapa.

De hecho ellos propiciaron los cambios posteriores para que nada cambiara en la relación de poder que se mantiene en la actualidad. ¡Trujillo sin Trujillo! Algo que las fuerzas progresistas que surgieron durante la “Era de Trujillo”, tanto en el país como en el exilio, no parecieron entender.

Los trujillistas hicieron rápidamente el “crossover” tan pronto mataron al tirano; como camaleones se acomodaron a la nueva realidad sin sufrir mayores daños. Se dividieron y se apropiaron de todo cuando le pertenecía al “jefe”, que era todo el país. La República Dominicana era una finca propiedad de Trujillo, junto con sus habitantes.

El que se oponía a ser vasallo, peón, esclavo o sirviente era encarcelado, asesinado o exiliado. Trujillo no permitía oposición ni daba dispensas.

¿Como pretendemos hacer la reforma de una policía que nació en 1936; creada por un militar como Trujillo, formado por Estados Unidos, a imagen y semejanza de la época en pleno auge de la doctrina Monroe, (América para los americanos, quiso decir, para los estadounidenses), bajo los mismos esquemas políticos y jurídicos?

Una reforma policial como la que pretende hacer el presidente Luis Abinader, encontraría muchos obstáculos, tanto dentro como fuera de la propia institución del orden público. Y de hecho así ha sido.

Las bandas que operan dentro de la policía desde siempre, apoyados por grupos de poder político y económico, han intentado sabotear los esfuerzos del mandatario, del comisionado Pepe Villa y del ministro de Interior Jesús -Chu- Vásquez, a quienes no le caben más críticas ni más epítetos ofensivos y calumniosos.

Algunos dicen que en la reforma es necesario involucrar a la institución como estructura orgánica.

jpm-am