«El hombre light emerge en sociedades moralmente enfermas… entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado y sin restricciones… Todo le interesa, pero a nivel superficial; no es capaz de hacer la síntesis de aquello que percibe, y, en consecuencia, se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero, frívolo. Que lo acepta todo, pero que carece de unos criterios sólidos en su conducta. Todo se torna en él etéreo, leve, volátil, banal, permisivo…». (Enrique Rojas)

Si el presidente Luis Abinader hubiera sido tan permisivo como los gobernantes peledeistas Leonel Fernández y Danilo Medina, una parte importante del PRM hubiera saqueado al país a niveles insospechados.

A pesar de las advertencias y las acciones emprendidas por la actual administración las “indelicadezas” no paran.

No ha importado que tanto la procuradora Miriam Germán como la procuradora adjunta Yeni Berenice y el titular de la Pepca, Wilson Camacho, hayan emprendido una cruzada de persecución a la corrupción.

El fantasma de la corrupción merodea los principales estamentos del Estado tales como las cortes de justicia, los ministerios y direcciones estatales así como el congreso nacional.

Combatir este cancer genera disgustos entre colaboradores cuyos méritos en campaña fueron indiscutibles. Asimismo se corre el riesgo de quedar sin el soporte político necesario pues son tantos que pueden generar una crisis.

La corrupción se disfraza de tantas formas y abarca tantas personas en diferentes estamentos que aparentemente hay que dejar pasar algunos casos.

Si bien hay algunas normas que se están llevando a cabo para reducir este mal que nos agobia, los corruptos siempre encuentran vías de violarlas.

Debe ser difícil para un gobernante que en campaña y después de asumir el poder ha enarbolado la lucha contra la corrupción ver como muchos de los suyos actúan de espalda a esos preceptos.

Hemos avanzado algunos peldaños que en ocasiones parecen retroceder cuando los esfuerzos se traducen en impunidad, una impunidad que encuentra tanto eco y es tan poderosamente justificada que da la impresión de ser un monstruo invencible.

Da pena escuchar como muchos pregonan por regresar a los que desde el poder promovieron la corrupción aunque propugnaban por leyes que no aplicaban para su combate. Una especie de hacer la ley y la trama.

Asimismo es contradictorio que muchas autoridades son elegidas a pesar de tener un largo historial de corrupción, de ser violadores de preceptos éticos y de un claro enriquecimiento sin justificación.

La corrupción llega a las cárceles, hospitales, instituciones autónomas, gremios, periodistas y comunicadores, en fin es difícil establecer  donde no llegan esos tentáculos.

Las instituciones creadas para combatir la corrupción también están infectadas de este mal. La policía es un asco, tuvimos un procurador encabezando una red de malhechores y hay jueces muy cuestionados.

Ante un panorama tan tétrico, ¿qué puede hacer un presidente interesado en combatir este flagelo social ?:  sucumbir, amainar sus esfuerzos, mostrarse indiferente o seguir con firmeza aunque ello le traiga mal querencias con los suyos y en amplio círculo que se beneficia de la misma

Lo que promete ser uno de sus mayores legados es también para el presidente Abinader uno de sus grandes escollos.

jpm-am  

¿Quién no conoce las sublimes páginas de Tácito y de Plinio, en que con negrisimos colores se describen las acusaciones privadas? Los mismos Tácito y Plinio fueron obligados, bajo pena de muerte, a ser acusadores ante el Senado para reprimir indirectamente la infamia de los delatores. Para proteger mejor la sociedad y los intereses de los ciudadanos; para conjurar las ardientes, apasionadas e injustas luchas de los acusadores privados, el derecho de acusación pasó de los Procónsules de las provincias a funcionarios del Estado, y de éstos al ministerio fiscal.

Recordamos con placer lo que decía Bonacci:” En todo juicio penal no se trata de sólo la causa de éste o de aquel ciudadano, sino la causa de todos los ciudadanos y de la sociedad entera.” El derecho penal no es derecho privado, sino público. La justicia punitiva es superior al individuo y hasta al mismo Estado.

Borgatti, en las sesiones del Senado del 5 de Abril de 1873 y 20 de Mayo de 1875, declaraba que, en el gobierno de los pueblos, la tutela excesiva no es signo de avanzada civilización y de bien entendida libertad; por el contrario, es indicio seguro de infancia social y servidumbre.

La esencial ventaja de la acción penal como subsidiaria a la del Ministerio público, dice uno de los más doctos publicistas de Alemania, (Holtzendorff), no está en la extensión de la tutela jurídica del ofendido, sino que consiste precisamente en la creación de una poderosa garantía de defensa del derecho público.

Convenimos con los dos ilustres escritores; pero es necesario, igualmente, reconocer se necesita una fuerte garantía que tenga por objeto impedir que el ejercicio de toda iniciativa y libertad individuales, obre en perjuicio de la iniciativa y libertad ajenas. Esta garantía la encontramos en la prohibición de intervenir el ciudadano en el desarrollo de la acción pública.

Si miramos el asunto desde el punto de vista de las nuevas ideas, en la relación biológica, psicológica y fisiológica, en relación a las afecciones que mueven al ofendido, nos convenceremos de que la participación del ciudadano, hasta cierto punto útil a la justicia, considerada como quieren los publicistas mencionados, no puede producir más que daño.

Depurando en el crisol de la crítica los sistemas que la ciencia conoce en el punto expuesto, nuestras ideas se verán más claras.

Dice el maestro Carrara: “Una querella criminal dirigida contra un inocente es para su familia una perturbación y un perjuicio menor que ciertos litigios civiles, sostenidos acaso durante veinte o más años por un hombre rico, al que nada le importan los gastos con tal de alcanzar sus fines.

Si se respeta la libertad de acción de quien quiere por este medio causare a otro molestia, por qué no ha de restablecerse siempre la libertad de acción del que quiere seguir el otro camino?…La libertad en la vía penal ocasiona a las familias una vejación menor, más pasajera que la otra, y éstas tienen defensa más enérgica, más eficaz”.

¿Es propio del ilustre jurisconsulto este modo de razonar? ¿Se puede decir igual el ejercicio de una acción civil que no produce más que un daño económico, y el ejercicio de una acción penal que puede causar la pérdida de la libertad individual, echando a la víctima en una prisión y a sus inocentes hijos en la miseria? ¿Es lógica la doctrina que se apoya en tan débiles argumentos?

Para el ejercicio de la acción penal, para la tutela jurídica del Estado, hay un funcionario que con el mayor valor cívico, con la mayor imparcialidad y con ánimo sereno, garantiza los derechos de la sociedad; pero tratándose de un derecho puramente privado, el ejercicio de la acción civil sólo se confía al interesado.

Las instituciones sociales deben ser serias. Una institución judicial ha de estar rodeada de todas aquellas garantías de cierta integridad, independencia; en suma, de aquella aureola de prestigio que la ponga al nivel del noble oficio que le está reservado en un Estado como el nuestro, regido por instituciones libres.

En el desarrollo solemne de un proceso penal no han de verse más que tres figuras: el acusador, el acusado y el juez. Todo lo demás es bulto y movimiento que  ocasiona gastos, atraso y sobre todo peor administración de justicia.

 jpm-am