La arquitectura de la república (III)

Por VICTOR GARRIDO PERALTA

Existe una escena que todo médico aprende a reconocer mucho antes de convertirse en especialista. Un paciente llega a la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y colapso circulatorio. Mientras el equipo intenta estabilizarlo, un familiar afirma con alivio y desconcierto: «Doctor, esta mañana estaba bien».

El médico sabe que no. Ningún organismo sano desarrolla una falla multiorgánica en unas pocas horas. El ingreso a cuidados intensivos no marca el inicio de la enfermedad; solo señala el momento en que ya resulta imposible seguir ignorándola.

Con las repúblicas ocurre exactamente lo mismo. Cada vez que una democracia enfrenta una crisis constitucional, una emergencia fiscal o un escándalo de corrupción, buscamos una causa inmediata: un gobierno, una decisión equivocada o una coyuntura adversa. Sin embargo, las grandes crisis rara vez inauguran el deterioro institucional. Son el instante en que una enfermedad acumulada durante años deja de poder ocultarse. Las sociedades observan el colapso; la historia observa la enfermedad.

En los capítulos anteriores sostuve que las instituciones constituyen la fisiología invisible de la República y que la Constitución, la justicia, el presupuesto, la administración pública y los órganos de control conforman su arquitectura funcional. Pero comprender cómo funciona un organismo y de qué está hecho no basta para preservar su vida. También es necesario entender cómo comienza a enfermar. Ese es, precisamente, el objeto de la patología.

La medicina enseña que toda enfermedad sigue un recorrido relativamente constante. Primero se altera una función; después aparecen cambios estructurales; más tarde el organismo desarrolla mecanismos de adaptación que mantienen una apariencia de normalidad. Solo cuando esas compensaciones dejan de ser suficientes sobreviene la crisis. La crisis nunca inaugura la historia clínica. La concluye. Las repúblicas siguen exactamente el mismo recorrido.

No empiezan a enfermar cuando estalla una crisis política o económica. Comienzan a hacerlo cuando las instituciones dejan de corregir los errores propios de toda sociedad compleja; cuando la excepción sustituye lentamente a la regla; cuando las soluciones temporales desplazan a las reformas permanentes; cuando el sistema aprende a convivir con un funcionamiento cada vez menos saludable sin dejar de parecer funcional.

Las enfermedades más graves suelen avanzar en silencio. El paciente continúa trabajando, haciendo proyectos y creyéndose sano mientras sus reservas fisiológicas se consumen. La biología llama a ese fenómeno compensación. La compensación permite sobrevivir, pero no sanar.

Las repúblicas desarrollan un mecanismo parecido: los tribunales siguen abiertos, las escuelas continúan funcionando, los presupuestos se aprueban y las elecciones se celebran. Desde fuera, todo parece conservar su lugar. Pero la continuidad nunca debe confundirse con la salud.

Momento peligroso

El momento verdaderamente peligroso no llega cuando las instituciones dejan de funcionar. Llega cuando la sociedad deja de advertir que han dejado de hacerlo. Entonces la anormalidad se vuelve costumbre, la excepción se convierte en procedimiento y el deterioro deja de percibirse como una amenaza para transformarse en una característica aceptada del sistema.

La historia confirma este patrón. La República de Weimar no desapareció el día en que Adolf Hitler llegó al poder; llevaba años perdiendo la capacidad de defender su orden constitucional. Grecia no despertó convertida en una crisis financiera; acumuló durante décadas desequilibrios institucionales que terminaron por desbordar su economía. Corea del Sur recorrió el camino contrario: comprendió, después de la crisis asiática de 1997, que ninguna recuperación sería duradera sin reconstruir primero la fortaleza de sus instituciones.

La República Dominicana tampoco escapa a esta lógica. Nuestro principal desafío quizá no sea la existencia de problemas institucionales —ninguna democracia está libre de ellos— sino la facilidad con la que terminamos incorporándolos a la vida cotidiana.

Cuando la mora judicial deja de indignarnos, cuando los subsidios transitorios sustituyen durante años las reformas estructurales o cuando organismos excepcionales se vuelven permanentes, el Estado conserva una apariencia de estabilidad mientras modifica silenciosamente su forma de funcionar.

Ese deterioro tampoco permanece encerrado dentro de las instituciones. Termina transformando la cultura política de la sociedad. Los ciudadanos dejan de confiar en las reglas y comienzan a depender de las excepciones, de la influencia o de la cercanía con el poder.

La ley deja de percibirse como una garantía común para convertirse en un obstáculo que solo respetan quienes carecen de alternativas. En ese momento la enfermedad ya no reside únicamente en el Estado; ha comenzado a reorganizar la conducta de la nación.

Toda democracia comete errores. Ningún sistema político está libre de la incompetencia, de la corrupción o de las malas decisiones. La diferencia entre una República sana y una República enferma nunca ha sido la ausencia de problemas, sino la capacidad de sus instituciones para identificarlos, corregirlos y aprender de ellos antes de que comprometan el funcionamiento del conjunto. Las instituciones cumplen la función de un sistema inmunológico: no impiden que aparezcan amenazas, pero sí que esas amenazas se conviertan en enfermedades permanentes.

Quizá esa sea la lección más profunda que la medicina puede ofrecer a la política. Ningún médico considera normal una enfermedad porque lleve veinte años presente. El tiempo jamás transforma una lesión en salud.

Las repúblicas, en cambio, corren constantemente ese riesgo: confunden la costumbre con la normalidad, la adaptación con la fortaleza y la supervivencia con el buen funcionamiento. Porque las crisis no enferman a las naciones; las enfermedades institucionales producen las crisis.

Y una República que aprende a reconocerlas antes del colapso conserva todavía el atributo político más valioso de todos: la libertad de corregir su propio destino antes de que la historia termine corrigiéndolo por ella.

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