Por BLAS RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ 

Con la modificación constitucional del año 1994 se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura con facultad para designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia y ésta a su vez los demás magistrados del orden judicial, potestad que tenía el Senado de la República, acorde con lo dispuesto por la Constitución y la ley de Organización Judicial número 821 del 21 de noviembre de 1927.

La Ley de Carrera Judicial número 327-98 del 11 de agosto del año 1998 le otorgó estatuto legal a la Escuela Nacional de la Magistratura que ya había sido instituida por resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia en el mes de febrero del año 1998, denominándola en el artículo 5 como uno de los órganos responsables de la organización y administración del Sistema de Carrera Judicial como Escuela Nacional de la Judicatura.

Aunque la Suprema Corte de Justicia no hizo uso de esa prerrogativa, el artículo 11 de la indicada ley le confería el poder de designar jueces sin pasar por la Escuela Nacional de la Judicatura, la cual adquiere rango constitucional a partir de la proclamación de la ley sustantiva del 26 de enero del año 2010. De modo que, para ser juez, con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en una cuarta parte, hay que pertenecer a la Carrera Judicial que se inicia con la función de Juez de Paz o equivalente después de pasar por la Escuela Nacional de la Judicatura y con la recomendación del Consejo del Poder Judicial al pleno de la Suprema Corte de Justicia.

El artículo 150 de la Constitución establece: “Carrera judicial. La ley regulará el estatuto jurídico de la Carrera Judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad, así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Párrafo I. La Ley también regulará la Escuela Nacional de la Judicatura, que tendrá por función la formación inicial de los y las aspirantes a jueces y juezas, asegurando su capacitación técnica. Párrafo II. Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela. Sólo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección”. 

La Escuela Nacional de la Judicatura (E.N.J) adscrita a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial tiene categoría de centro de educación superior y, en consecuencia, está autorizada a expedir títulos y certificados en la rama de la administración judicial con el mismo alcance, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones oficiales o autónomas de educación superior, lo que no implica sustitución de las escuelas universitarias, pero con el fin de alcanzar la adecuada formación de los Profesionales del Derecho y auxiliares de la justicia participará en la evaluación del pensum de las carreras de derecho y de aquellas relacionadas con su ejercicio, pudiendo recomendar, transformar o revisar dicho pensum a través del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Es dirigida por un consejo directivo integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, un juez de la Suprema Corte de Justicia elegido por 4 años, un presidente de Corte de Apelación por un periodo de 3 años, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana o un miembro designado por su Junta Directiva y un jurista de renombre nacional con experiencia en el quehacer docente elegido por la Suprema Corte de Justicia por un periodo de 2 años, Consejo el cual nombra un director o directora y un subdirector o subdirectora, previo concurso de oposición convocado y dirigido por el Consejo del Poder Judicial.

La Escuela les proporciona a los jueces la formación técnica y los elementos necesarios para una idónea administración de justicia, sin embargo, es una responsabilidad y un deber personal de cada magistrado hacerlo con una gerencia eficiente, diligente, prudente y ética, con inteligencia y capacidad.

Todo va a depender de cada uno, de su educación, autocontrol, equilibrio emocional o mental y de tener en cuenta, aquella frase que ha sido dicha de muchas maneras por varios hombres ilustres en toda la historia de la humanidad: “Si quieres conocer el corazón de una persona, Dale Poder”. 

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El sistema de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto a elites capitalistas inescrupulosas, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, destilan cada vez más lodo y pus de la cabeza a los pies.

El conjunto de organizaciones hegemónicas, pactos, alianzas y pre candidaturas predominantes parecen haber sido sacados de una enorme cueva de Ali Baba. De cara a los comicios del 2024 las perspectivas son realmente asqueantes y altamente contaminantes, en tanto tienden a infectar casi todos los actores, mientras los pactos amplían y profundizan la degradación sistémica.

La institucionalidad dominicana -montada por décadas sobre la Constitución balaguerista del 66 y luego sobre la leonelista del 2010- ha sido estructurada para convertir la política en negocio sucio, los partidos en CxA de carpeta, los electores en clientes, los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero de cualquier procedencia y el Estado en un Estado delincuente, privatizador, empresarial y anexado a EEUU.

Está muy claro que desde esta institucionalidad y sus “elecciones”, no puede surgir ningún cambio para mejorar la situación general del país. En 57 años de experiencia, lo poco bueno conquistado por el pueblo en lucha, es arropado por lo malo que emana de la clase dominante-gobernante y la superpotencia que clavó sus garras el 28 de abril de 1965 sobre el cuerpo de esta Nación.

Es muy grave, además, el hecho de que cualquier cambio constitucional está amarrado a un Congreso cada vez más perverso, entreguista y conservador, como quedó de nuevo establecido en la Constitución del 2010, imponiendo la continuidad de un orden constitucional cerrado.

Esta institucionalidad seudo-democrática les posibilita a las fuerzas dominantes atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas aceptando las reglas de juego del sistema y solo cambiando personas, partidos y alianzas que defienden intereses similares y ambiciones personales profusas, de lo que está plagada la nueva trampa del 2024.

Tal situación exige crear progresivamente desde el pueblo, sus movimientos sociales en luchas y sus fuerzas políticas transformadoras, un poder popular constituyente que posibilite romper esa camisa de fuerza para iniciar las transformaciones y organizar posteriormente elecciones realmente democráticas.

La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO y que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta, destinada a sacar la escoria variopinta del poder y construir lo nuevo.

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La pasada semana un grupo de organizaciones de izquierda emitieron una nota conjunta denunciando la política de repatriaciones que legalmente lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader, usando los mismos argumentos de supuesto racismo y violación a los derechos humanos que usa la diplomacia haitiana y la ONU.

La llamada Izquierda de República Dominicana quiere, al igual que la ONU, que el gobierno cese las repatriaciones de ilegales, único mecanismo legal y soberano que tiene para defenderse de una masiva y pacífica invasión de la población de Haití, Estado colapsado al que la comunidad internacional le niega posibilidades de ayudarlo a crear un orden mínimo a través de una fuerza militar de paz, que pueda enfrentar bandas que controlan su territorio.

Llama poderosamente la atención que los izquierdistas del patio, hoy alto parlantes de ONU, no les pidan a Cuba ni a Venezuela recibir migración haitiana, como una forma de mostrar solidaridad antillana o caribeña.

Los camaradas del patio saben que ni Cuba ni Venezuela aceptan migración haitiana. Es aquí que quieren pavonearse con una supuesta actitud liberal y de falso humanismo. No les importa hundir al país; no les importa aumentar la pobreza y deteriorar la calidad de vida de los dominicanos.

Nunca he escuchado a los izquierdistas del patio defendiendo al trabajador dominicano, a la clase obrera dominicana, del brutal desplazamiento por mano de obra ilegal extranjera.

Creo que a la política de repatriaciones de este gobierno no sólo hay que apoyarla, sino exigir que se duplique, sin abusar de nadie, como es en todas las partes del mundo.

La Izquierda, con el comunicado pidiendo cese de deportaciones de ilegales haitianos, se convierte en traidores a la Patria y hacen causa común con los planes de fusión del poder extranjero que tantos años dicen haber enfrentado.

La izquierda vuelve a fracasar en un tema crucial de la Nación: ¡La defensa de la patria!

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El transnacionalismo fue en principio un término acuñado durante el siglo 19 por los tratadistas de economía política con la finalidad de definir los campos de las corporaciones privadas, cuyos capitales se habían aposentado en diversos  países.

Más adelante, este fenómeno económico se expande al campo social y político, íntimamente asociado a la globalización, terminando conformándose una concepción de comunidad planetaria, o lo que es igual a una comunidad de ciudadanos transnacionalizados.

Lógicamente, con las migraciones,(inherentes al ser humano), estos procesos encuentran su razón de ser más allá  del  vínculo de las remesas y el comercio, originando que esas comunidades migrantes se hayan empoderado para tomar participación en el activismo político en sus países de origen.

Esta realidad es la que ha permitido que en la mayoría de nuestros países se legisle para permitirle a sus connacionales ejercer el voto desde el país que los hospeda, que es sin ninguna duda, una de las políticas de vinculación más importante  adoptadas por los estados expulsores a través del cual los migrantes continúan siendo miembros de la comunidad política, pese a su ausencia del territorio nacional.

En el caso particular de los dominicanos residentes en el exterior, el activismo  político partidista es parte de su idiosincrasia, y prueba de ello es el significativo crecimiento del padrón de electores del exterior, calculándose que para el certamen electoral del año 2024 pudiera tener aproximadamente un millón de empadronados hábiles para ejercer el sufragio.

No es fácil predecir el futuro político de la república dominicana. Esta realidad le impondrá  a los partidos y a sus dirigencias otear el horizonte y entender que el escenario electoral de cara al año 2024 es total y absolutamente distinto al del año 2020, por lo que se impone auscultar premonitoriamente con suficiente mesura el porvenir del comportamiento del voto de la diáspora,  porque si la votación en el territorio nacional resultare muy ajustado, el voto del exterior puede ser el que decidida la elección del próximo presidente de la república.

Lo que humildemente observamos a dos años de distancia de las próximas elecciones, ha ocurrido en otras latitudes. En Italia, por ejemplo,  en el año 2006 la coalición de centro izquierda liderada por Romano Prodi logró derrotar a Berlusconi, gracias a los votos de los italianos residentes en el exterior específicamente en Argentina. Estos votos le permitieron reunir la mayoría  en el Senado para  la conformación de su gobierno.

Siempre se ha dicho que la historia no se repite, pero sí pueden darse hechos muy parecidos. Como diría el evangelista: “El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda” (Marcos 4:23).

(P/D: Este artículo fue publicado en mayo del 2022. Un año después, consideré  oportuno  repetirlo).

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