SANTO DOMINGO.- El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, rechazó que esté buscando un acuerdo político para salir airoso del caso Medusa, por el que está apresado desde junio del año pasado acusado de encabezar una red de corrupción en el Ministerio Público.

El Consejo de Defensa del exfuncionario dijo que las informaciones que han salido a la luz sobre un posible acuerdo están saliendo a relucir por sus “enemigos” que procuran crear confusión y manipulación dentro del proceder del Poder Judicial.

También aseguró que con esto buscan obtener una validación mediática ante el “advenimiento de la letalidad del tiempo en provecho del mismo”.

Rodríguez cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En la «Operación Medusa» también están imputados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Asimismo, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.

El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

an/am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Migración, Venancio Alcántara, dijo este martes que no cederá ante ninguna presión internacional en cuanto a las repatriaciones de personas indocumentadas en el país, que en su mayoría son de nacionalidad haitiana.

«Nosotros no cedemos ante ninguna presión; nosotros actuamos de acuerdo a la ley», dijo el funcionario a periodistas en una visita al Centro de Acogida Vacacional de Haina, donde son depurados y despachados los extranjeros que serán repatriados.

DAÑAN EL CENTRO DE HAINA

Añadió que los operativos de interdicción seguirán, pero pueden menguar debido a la fecha de Navidad y Año Nuevo para permitir a los empleados de Migración  compartir las fiestas con sus familiares.

Informó que indocumentados haitianos han roto las llaves de las duchas y los inodoros del centro de acogida, pese a que la Dirección General de Migración (DGM) había informado el adecuamiento de esa instalación para asegurar un tratamiento respetuoso a los derechos humanos de esa población migrante.

«Yo no sé qué podemos hacer porque tenemos que tratarlos humanamente. No podemos maltratarlos. Ellos están ahí como ellos quieran y hacen lo que les da la gana. Por suerte nosotros duramos aquí con ellos solamente dos días, un día, mientras se procesan», indicó.

Al menos seis vehículos salieron del Centro de Acogida Vacacional de Haina con inmigrantes haitianos que son llevados a la frontera para ser repatriados hacia su país.

Según señaló, 314 personas fueron despachadas desde ese punto.

NIEGA REPATRIEN PERSONAS CON DOCUMENTOS

Negó que la DGM esté repatriando a extranjeros que tienen documentos. El funcionario explicó que sólo se detienen a las personas que no llevan consigo una documentación válida o estén circulando sin documentos.

En el caso de quienes están en el proceso de regularizar su estatus migratorio, también son llevados al Centro de Acogida Vacacional de Haina para comprobar en el sistema que realmente están en espera.

«Los haitianos son especialistas en falsificación… Nosotros no despachamos a nadie que tenga papeles legales en este país», aseguró.

cfl-am

Conferencia Episcopal Haitiana ve hay «maltrato” a ilegales en RD

SANTO DOMINGO. – El  presidente de la Asociación de Iglesias Pentecostales de Jesucristo y la Comunidad Apostólica Internacional llamó al pueblo dominicano a que celebre las fiestas navideñas con prudencia, evitando el consumismo y compartiendo en familia el nacimiento de Jesucristo.

El reverendo Reynaldo Franco Aquino exhortó dedicar tiempo para reflexionar sobre el cambio que necesita la nación, fortalecer la convivencia, ya que según expresa estos días debían tener un significado profundamente familiar, de reunión, conmemoración y recuerdos.

Destacó que este 2022 la celebración coincide con una de las más severas exposiciones de inseguridad, violencia, recesión económica y una de las peores crisis, no solamente financiera, sino moral, social y espiritual.

“Invitamos a la familia dominicana a celebrar con moderación y les pedimos que oren para que este año 2023 disminuya la violencia y, en cambio, desarrollemos acciones integradoras y solidarias que promuevan la paz, el bien y la convivencia armoniosa”, manifestó.

Señaló que la Navidad es tiempo oportuno para abrir puertas, hacer resurgir la esperanza para que los pobres “entren al banquete, participen y se queden en el mismo».

Sin embargo, cree que esa desalentadora situación no tiene que ser irreversible y puede ser una oportunidad para aprender a valorar a las personas más allá de sus posesiones materiales y manejar con racionalidad los recursos que se poseen.

Franco Aquino sostuvo que no es posible despegar un proceso de desarrollo sustentable, de amor y reconocimiento de la dignidad, sin sanación espiritual y emocional.

«Esta navidad no debe ser sólo para recordar a Jesús, los regalos y las fiestas, debemos comprometernos a ser agentes de sanidad interior y transformación socio espiritual», indicó.

an/am

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader  aseguró este miércoles que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la República Dominicana es una prioridad de su gestión de Gobierno.

Habló al encabezar la entrega de 130 motocicletas de parte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la Policía Nacional. Se trata de la primera entrega de un total de 370 vehículos equipados con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

«Continuamos equipando no solamente con equipos de transporte, sino también, otros equipos modernos para fortalecer la seguridad ciudadana, que como ustedes saben es prioridad del Gobierno de la República Dominicana», señaló Abinader.

 

COMPROMISO INQUEBRANTABLE DEL GOBIERNO

El ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del Sistema 9-1-1, Joel Santos, explicó que el propósito de esta adquisición es la incorporación inmediata de los vehículos a la flotilla policiaca, para beneficio de los ciudadanos.

“Esta nueva entrega es una evidencia más del compromiso inquebrantable del superior gobierno, encabezado por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona, de garantizar la seguridad ciudadana a los dominicanos, mediante decisiones tangibles”, manifestó.

La Policía Nacional fue resaltada por el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez, como un aliado estratégico, en quien recae una función trascendental e indispensable para la asistencia a los eventos de seguridad y situaciones críticas reportadas por los usuarios.

“Este nuevo parque vehicular viene a reforzar las acciones desplegadas en la acertada Estrategia de Patrullaje por Cuadrantes que implementa actualmente la Policía Nacional, cuyos resultados recientes han sido significativos para el bienestar de la población impactada”, expresó Rijo Gómez.

De su lado, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, agradeció “el esfuerzo e interés genuino del Sistema 9-1-1 en acompañar a las instituciones de respuesta en sus procesos de fortalecimiento operativo, en la adquisición de equipamientos, flotillas vehiculares e implementaciones tecnológicas, para garantizar una mejora continua de la calidad del servicio brindado a la población dominicana”.

REUNION SONSEJO SUPERIOR POLICIAL

El presidente Luis Abinader se reunió este miércoles con el Consejo Superior Policial en el Salón de Oficiales de la Policía Nacional.

El encuentro se ha producido en momentos en que el cuerpo del órgano mantiene una intensa jornada con el propósito de impedir una serie de hechos delictivos en las diferentes regiones del país. Como parte de la misma, se han registrado numerosas muertes de supuestos delincuentes.

También para este miércoles, el Mandatario tenía agenda supervisar la construcción del Teleférico de Los Alcarrizos.

Asimismo, un almuerzo en la sede de la Primera Brigada del Ejército, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte.

jt/am/sp

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva que cumple Miguel Cruz por el asesinato a balazos del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el 6 de junio pasado en el despacho del funcionario.

Cruz había solicitado su puesta en libertad a dicho tribunal, que decidió que el imputado siga en prisión.

De acuerdo con el Ministerio Público, Cruz se presentó en la sede de Medio Ambiente la mañana del 6 de junio y allí mantuvo una reunión con el director Nacional de la institución, Juan Manuel Cuervo, quien se percató de que el acusado se encontraba muy alterado.

Cruz se habría quejado de que el ministro rechazó proporcionarle un permiso para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas que había solicitado a nombre de su empresa Aurum Gavia.

Según la acusación, el ministro manifestó que no necesitaba seguridad para recibir a Cruz y, pocos minutos después de que entrara en el despacho, sin mediar discusión, propinó «seis disparos a la víctima», cuyo cuerpo presentaba heridas realizadas a distancia y también de contacto.

Tras asesinar a Jorge Mera, Miguel Cruz salió del Ministerio de Medio Ambiente por la puerta principal y se refugió en una iglesia, donde finalmente fue arrestado por las autoridades.EFE

LA VEGA, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado de esta provincia dictó una condena de seis años de prisión en contra de un hombre que fue imputado por el Ministerio Público, por incurrir en explotación sexual infantil en perjuicio de siete menores de edad.

Juan José Mota Almánzar cumplirá la pena en la cárcel pública de La Vega y además deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos, según establece la sentencia dictada por las juezas Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario.

El expediente establece que durante 2019 y 2020, Mota Almánzar se dedicó a recibir en su casa, en el sector Villa Francisca II de esta provincia, a niñas y adolescentes de 12, 15 y 17 años de edad, cuyos nombres se omiten por razones legales.

Señala que, abusando de su minoría de edad y a cambio de entregarles dinero, Mota Almánzar utilizó a las víctimas para su propia satisfacción sexual.

La acusación presentada por la Fiscalía de La Vega, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que el 9 de septiembre de 2020 una de las menores de edad fue reportada por su padre como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta localidad. Tras su regreso a casa, la madre interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público.

Los padres de las víctimas denunciaron a las autoridades que sus hijas fueron víctimas de delitos sexuales por parte del procesado y que varias de ellas fueron seducidas y sustraídas de sus residencias mediante engaño.

Fiscales investigadores de este distrito judicial ocuparon durante las pesquisas diferentes pruebas documentales, periciales, ilustrativas, materiales y testimoniales que fueron aportadas al proceso y que permitieron demostrar la relación del acusado con los hechos.

El Ministerio Público demostró ante el tribunal que el acusado incurrió en conductas penalmente relevantes como la explotación sexual de niñas y adolescentes, en violación del artículo 410 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

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