Los vestigios dejados por los haitianos cada vez que pisan o tocan suelo dominicano no son del todo halagüeños y; esto data desde el 1801 al 2015, por lo que, hace ya más de un siglo que vienen invadiendo a la República Dominicana, dejando en cada intento secuelas de problemas, angustias y horrores en las diversas poblaciones y provincias que bordean la geografía nacional, principalmente las localidades fronterizas, constituyéndose en una grave amenaza política, económica y cultural que subestima nuestra sociedad.

Las bandas creadas con el soporte financiero del gobierno, la comunidad internacional y una camada de empresarios que convergen para justificar la unión irracional de las dos islas, no surgen por casualidades que buscan cambiar el sistema político de Haití, más bien es una estrategia que data de tiempos inmemoriales y que sus raíces socavan la nacionalidad dominicana.

Se habla constantemente de que a los haitianos se les vulneran sus derechos, pero, ¿cuáles derechos?, ¿el derecho a depredar el país como han hecho con Haití, que más que un país es una selva?, ¿el derecho a asesinar dominicanos y escaparse hacia su país?, ¿el derecho a traficar armas ilegales desde Haití, para negociarlas en RD?, ¿el derecho a quitarnos los servicios médicos y los empleos?; y finalmente, ¿el derecho a comercializar productos que trafican desde su país, sin ningún control de calidad y sin pagar impuestos?

La historia no se equivoca, aunque un grupo de malos dominicanos que viven de la inmigración quieran justificar el desborde de haitianos que diariamente se cruzan a suelo dominicano de manera ilegal, muchas veces con el consentimiento de personas allegadas a los gobiernos, hay colegir que después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, ciertos sectores de poder siempre se han congraciado con las tentativas antinacionales de los gobiernos haitianos.

Los haitianos quieren apoderarse de todo; sin embargo, lo dañan todo, teniendo principalía en la destrucción a mansalva de los recursos naturales, demostrado en esta oportunidad, con la masacre del río Masacre/Dajabón, recurso hídrico que establece su límite entre Haití y República Dominicana, desde finales del siglo XVIII, delimitado mediante un Tratado Fronterizo entre ambos países, firmado en 1929, donde para ese entonces aparecía la denominación del Massacre en francés, como el nombre del cuerpo de agua.

De acuerdo con sus límites demográficos, el Masacre no nace en Haití, por tanto los haitianos no tienen ningún derecho a hacer de este caudal de agua lo que viene en ganas, en esencia, dicho afluente solo separa las ciudades de Ouanaminthe y Dajabón (Plan Lea), división este-oeste de la isla que data de 1776, cuando el gobernador José Solano y el Conde de Annery decidieron fijar el referido río como frontera en la parte norte, y el río Pedernales, en la parte sur.

Ante los conflictos generados tras la iniciativa del cierre de la frontera el gobierno no puede dar su brazo a torcer mediante las presiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), La Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y otros sectores que promueven la inmigracion haitiana y de antemano la tienen como un negocio.

A pesar del incumplimiento de las leyes migratorias y la violacion a un tratado que fue ratificado en 1777, hay que destacar que actualmente la división del río Masacre entre Haití y República Dominicana es de solo cinco kilómetros, desde las inmediaciones del puesto militar de La Bomba hasta cerca de la toma de agua del canal La Vigía, próximo a las edificaciones de Aduana en Dajabón.

Al inicio del 2013, los haitianos comenzaron a tocar “El Teclado de Guerra”, visto que la frontera vivió una de sus más tensas situaciones, cuando miles de nacionales de Haití presionaban para invadir nuestro territorio, desidia que provocó la más cruenta inestabilidad política y económica en el país, dejando como resultados que en pleno 2023 los haitianos nos han invadido pacíficamente, sustituyendo los derechos que constitucionalmente nos pertenecen.

El río Masacre-Dajabón tiene su nacimiento en Loma de Cabrera, en la montaña Pico de Gallo, desemboca en la Bahía de Manzanillo y pertenece a la cuenca hidrográfica del Atlántico con una longitud de 55 kilómetros lo que desdice mucho las pretensiones de los haitianos querer construir un canal en un territorio que no les pertenece.

Los haitianos tienen sus planes orquestados contra República Dominicana, por eso se están armando, comprando casas y ocupando el país pacíficamente para propiciar la guerra civil más cruenta de toda la historia y los dominicanos seremos los más afectados.  El río Masacre se pasa a pie, porque los haitianos se han encargado de depredar inmisericordemente su cauce.

“La razón es enemiga de la sinrazón”. El gobierno no debe, ni puede seguir permitiendo que Haití y sus nacionales sigan violentando los derechos de los dominicanos, razón por la cual la frontera debe seguir cerrada.

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La República Dominicana, con su clima cálido y su belleza natural, ha sido un destino turístico de renombre durante mucho tiempo. No obstante, para mantener y mejorar esta industria, es imperativo reevaluar nuestras políticas públicas y adoptar un enfoque más inclusivo y sostenible.

Para no perder a la patria, los dominicanos estamos compelidos a mostrar resistencia rebelde, echando al zafacón la percibida quietud e inmovilismo frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, la Unión Europea, las Ong,s mercenarias y los pajes ideológicos adocenados frente a los que pretenden imponernos, cual el antiguo imperial régimen zarista ruso (antes de los bolcheviques), decisiones desde fuera respecto al colapso de Haití.  

 En 2013, el presidente Danilo Medina Sánchez se doblegó como un vasallo feudatario de la peor laya. A la sazón, dictó el contradictorio decreto que dotó al país de una regulación migratoria, coincidiendo con la llegada de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que apresuradamente cuestionó la patriótica sentencia 168/13, del Tribunal Constitucional, que sólo reconoce como nacionales a las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.

Días después, representantes del Congreso de Estados Unidos remitieron una carta al jefe del Estado dominicano, reclamándole que no ejecutara el referido fallo y que, con precisión, valentía y respeto, fue contestada por el entonces diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo.

  Ciertamente, un plan de regularización ofrece la oportunidad a los extranjeros ilegales de obtener residencias permanentes, temporales o de no inmigrantes, como en otros países, y más adelante optar por la naturalización, cumpliendo requisitos pre-establecidos. Ahora bien, ¿ya los haitianos fueron dotados de actas de nacimiento? ¿De la noche a la mañana, cambiaron ellos su parecer y actitud, y ahora se acogerán a la mentada regulación? ¿cuántos miles de millones de pesos se esfumaron en el anterior proceso?

  Las relaciones domínico-haitianas se ponen más tensas con el transcurrir de las fechas, alimentadas -primero- por la desinformación mal intencionada en torno a la referida sentencia, y -segundo- porque la ONU, Estados Unidos y todos esos artefactos/trampas de los denominados Derechos Humanos, les meten más candela al fogón, buscando reforzar la geopolítica del imperio de que, por supuestas razones humanitarias, acojamos a todos los que ilegalmente crucen la frontera.

  Por todos es bien sabido que la República Dominicana ha dado albergue a cientos de miles de ilegales haitianos, en perjuicio de la población nativa, y ya no soporta a más forasteros.  Nadie, y mucho menos organismos parcializados, puede venir desde fuera a imponernos decisiones que vulneran la voluntad libre de los dominicanos.

  Y ¿qué quieren esos “derechos humanos”?

  ¡Hola mamá, hola papá! En los primeros siete meses de 2023, digamos que hasta agosto, Estados Unidos deportó a 2,684 dominicanos, que cuadruplica la cantidad del 2022, ascendente a 736. También España ha devuelto a miles de marroquíes, y en otros territorios -igualmente- han hecho lo mismo. Extraña que ningún gobierno ni organismo internacional los haya sancionado, y ni siquiera reprochado.

  Para conceder la nacionalidad, Estados Unidos y otras naciones exigen una retahíla de requisitos y, para otorgar visas de entradas, múltiples documentos, incluidos rigurosos certificados médicos, en los cuales conste que no se padece ninguna enfermedad contagiosa.

  Con bastante frecuencia, magnates gringos e integrantes de la ONU, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias exteriores vienen a favorecer a los hijos de haitianos ilegales nacidos en República Dominicana, con el respaldo de nativos traicioneros. ¿Por qué no hacen lo mismo en Estados Unidos y otros países de América Latina?

  Si los dominicanos no forman juntas patrióticas, para ampliar y robustecer los esfuerzos del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el Instituto Duartiano y los grupos auténticamente nacionalistas que giran alrededor de la familia de los Vincho Castillo, los representantes de los organismos precitados seguirán arribando a nuestro país con una mandarria para lograr sus objetivos, bajo el supuesto respeto a los derechos humanos.

  Por protocolo y conveniencia, las autoridades gubernamentales están en el deber de recibirlos y ofrecerles las explicaciones pertinentes. Han de continuar exigiendo, eso sí, el debido respeto a la autodeterminación, y estar atentas para no dejarse atrapar ni que la patria de Duarte sea humillada por forasteros del poder imperial.

  ¡Hola mamá, hola papá! El respeto a los derechos humanos sigue siendo una aspiración chata, coja y despedazada, y su cumplimiento está vinculada, obligatoriamente, con la prevalencia de la justicia social, la igualdad, la redistribución de las riquezas y la desaparición del fanatismo y las acciones terroríficas.

  Da grima ver cómo en países europeos las protestas son sofocadas a palos limpios y cómo los extranjeros ilegales son devueltos en cajones como si fueran sardinas en latas, y si Haití fuera evaluado por los derechos humanos, no hay manera de que sus autoridades no sean condenadas.

Estados unidos no ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José para proteger y preservar su soberanía, y porque sería aplastado como una cucaracha solo con la cárcel de Guantánamo, los inmigrantes que apresan en la frontera con México y las transgresiones internas que se han incrementado luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.  

Por más sencillos que sean los parámetros que utilice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otra institución ante tantas carencias de alimentos, viviendas o medicamentos, y ante tantas  intolerancias, vejaciones y truculencias espantosas, encontrarán violaciones y culpables.

  Todos los países quebrantan los derechos humanos, y los que ameritan estar en el banquillo de los acusados, se cuelan, por poderío económico, influencia política o lobbysmo, en suprapoderes que actúan con la investidura de fiscales y jueces, y entonces sacrifican a los más débiles y tontos.

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La mente iluminada del escritor soviético Fiodor Dostoievski nos regaló su novela “Crimen y castigo” (1866), la cual tiene fundamentalmente un carácter psicológico, en la que el personaje principal de esta laureada obra, se considera a sí mismo un ser superior, con capacidad de cometer un crimen, erigiéndose desde su oscuro laberinto una especie de vengador social, por cuyo acto no siente ningún tipo de remordimiento y, exento de cualquier tipo de castigo.  

En el campo literario siempre se ha conjeturado que en esta clase de obras, existe en la intimidad de la sombra del autor, ese  “Otro Yo”  encerrado en su  psiquis, reflejado con frecuencia en lo que se conoce como literatura psicológica. Se ha dicho siempre que el mito  del “doble”,  supera el campo de la ficción literaria y se inscribe en el campo de la psicología, el psicoanálisis, y la filosofía. Muchos han sido los estudios en ese sentido.

Cada individuo, según Freud, “siente un «yo» íntimo, separado y distinto, y que algunos escritores sienten la necesidad de entrar en esa catarsis, logrando así dar riendas sueltas  a ese otro, que es la sombra y que en la mayoría de los casos no se devela, y regularmente se  trata de ocultar”.

En esta ocasión, no es nuestro propósito sentar en el  diván a Dostoievski, ¡Jamás! sino que hemos tomado como telón de fondo su obra para referirnos a un crimen horrendo que no hace mucho sacudió la sociedad venezolana cuyo autor fue nada más y nada menos que el prominente psiquiatra Edmundo Chirino.

¿Quién era el Dr. Edmundo Chirino?

El Dr. Chirino, fue un médico cirujano, licenciado en Psicología, magister en Neuropsiquiatría, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Cammbridge, Oxford, Marcella y Queen College en NY, y en su listas de pacientes tenia registros de haber tratado a tres ex presidentes de Venezuela: Jaime Lusinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez. 

Fue además rector de la Universidad Central de Venezuela, candidato presidencial en 1988 por organizaciones de izquierda (MEP y PCV) agrupadas en  el partido Movimiento Moral (MOMO) y diputado Constituyente en el año de 1999.

Este reputado profesional del comportamiento humano fue el autor del horrendo crimen a Roxana Vargas, de dieciocho años de edad, estudiante de comunicación social y quien era su paciente.

Se involucró con ella en una relación sentimental quien le amenazó con denunciar, razón por la cual este la asesinó en su consultorio en julio de 2008 y arrojó su cadáver en el Parque Caiza del municipio de Sucre.

El accionar de este funesto personaje esta memorable descrito en la obra “Sangre en el Diván”, de la periodista de investigación Ibeyise  Pacheco. Chirino fue apresado el 1ero de agosto del 2008 y  procesado por la muerte de Vargas. En el proceso se señalaron más de 14 casos de mujeres que habrían sido violadas y en septiembre del 2010 fue sentenciado a 20 años de cárcel.

Durante su reclusión sufrió un accidente cerebro vascular, quedando con problemas para hablar y teniendo que usar sillas de ruedas para su movilidad.

 Debido a su edad avanzada, para el 2012 se le otorgó variación de la pena, la medida fue de casa por cárcel, y el 24 de agosto del 2013 fue hallado sin vida en su residencia de Caracas. Así terminó  la vida loca del afamado psiquiatra Edmundo Chirino.

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