POR BLAS RAFAEL FERNANDEZ GOMEZ  

Con las modificaciones constitucionales de 1994 y 2010 se produjeron una serie de novedades judiciales como son, entre otras, el establecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, la redefinición de funciones de la Suprema Corte de Justicia y la instauración del Consejo del Poder Judicial.

En la denominación clásica existen Tribunales Ordinarios o de Derecho Común y Extraordinarios o de Excepción. También de primer grado y de segundo grado aunque en la doctrina moderna algunos entienden que hay un tercer grado refiriéndose a la Corte de Casación, un cuarto grado señalando el Tribunal Constitucional y hasta un quinto grado o instancia para los Internacionales que conocen los alegatos de violación a los Derechos Humanos o Fundamentales Consagrados Constitucionalmente.

Sin embargo, en puridad de derecho la Suprema Corte de Justicia no debe ser enmarcada en ninguna de esas categorías, se trata de una Jurisdicción Sui Generis o única en su clase cuya competencia puede ser como Corte de Casación para las decisiones en única o última instancia dictadas por los Tribunales y Cortes Inferiores, a fin de mantener la unidad de la Jurisprudencia Nacional, puede actuar en única o en última instancia y por último puede hacer las veces de Jurisdicción de Apelación o Segundo Grado.

De todo lo anterior se coligen sus facultades previstas en el artículo 154 de la Constitución que textualmente expresa: “Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia; sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:

1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria;

2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley;

3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes;

4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes”.

Independientemente a cualquier otra dispuesta por la ley. La competencia de la Suprema Corte de Justicia se circunscribe básicamente a su labor o función Jurisdiccional, la cual la define el artículo 149 de la ley de leyes cuando prescribe: “La función Judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.

Por su parte, el Consejo del Poder Judicial es un órgano instituido en algunos países de Europa como España y de América como en Chile y Colombia. En la exposición de Motivos se aprecia que su creación está inspirada en la promoción del fortalecimiento institucional del Poder Judicial y asegurar la separación entre las atribuciones Jurisdiccionales y Administrativas de este Poder del Estado, así como propiciar y consolidar la independencia y democratización del mismo.

Los artículos 155 y 156 de la Constitución de la República establecen su integración, sus funciones, su reglamentación y atribuyen a su Ley Orgánica número 28/11 de fecha 19 del mes de Enero del año 2011 la definición de su funcionamiento. Tiene la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial y el nombramiento de todos los empleados y funcionarios que de éste dependa, también su Ley Orgánica regula el proceso de selección de sus miembros, sus reglas de operación y funcionamiento, la convocatoria y celebración de sus sesiones, los criterios para la presentación de sus recomendaciones ante la Suprema Corte de Justicia para la designación, ascenso y jerarquización de los jueces y la definición y objetivos de los órganos de apoyo operativo y de garantizar la efectiva protección de los principios de la carrera judicial establecidos en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial núm. 327-98 conforme al escalafón de lugar, al tiempo de introducir modificaciones al ejercicio de las funciones disciplinarias consignadas y conferidas al Consejo, con el fin de garantizar el respeto al Derecho de Defensa, al debido proceso y al plazo razonable.

A tal efecto el artículo 155 de la Carta Magna establece:

Integración. El Consejo del Poder Judicial estará integrado de la forma siguiente:

1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá;

2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma;

3) Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;

4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares;

5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.

Párrafo I.- Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo.

Párrafo 2.- La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo.

Por su parte, el artículo 156 dispone:

Artículo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. Tendrá las siguientes funciones:

1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley;

2) La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial;

3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia;

4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial;

5) El traslado de los jueces del Poder Judicial;

6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial;

7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial;

8) Las demás funciones que le confiera la ley.

En conclusión, la Suprema Corte de Justicia, salvo disposición expresa de la ley, solo tiene funciones jurisdiccionales (dirimir conflictos), mientras que, al Consejo del Poder Judicial le corresponde la labor administrativa y disciplinaria.

Diversos son los ejemplos que ponen en evidencia la validez de la afirmación cotidiana en el sentido de que el dominicano, generalmente, no llama las cosas por sus nombres.

A las navajas para rasurarse  les llama Gillette.

Se entiende que toda malta debe ser Morena

La herramienta alargada de filo, utilizada para podar o cortar árboles, es un “colins”

A la extensión del malecón de Santo Domingo (Avenida del Puerto) muy pocas veces nombran como Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Son muchos los obstinados en seguir haciendo referencia al Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo con el sonoro calificativo trujillista de Feria de la Confraternidad y la Paz del Mundo Libre.

En fin, quiérase o no, parecemos ser esclavos de la llamada Ley de las Costumbres, impedidos de liberarnos.

Quizás por tal razón hay quienes persisten en llamar Presa de Tavera a una de las infraestructuras hidráulicas de mayor importancia del país, dando muestra de un desconocimiento garrafal, involuntario o adrede.

Olvidan quienes así se expresan que el 16 de Agosto de 1963, a propósito de la conmemoración del Centenario de la Restauración, luego del profesor Juan Bosch, presidente constitucional de la República, pronunciar en Santiago de los Caballeros el discurso central ante los asistentes a las actividades oficiales programadas, sometió a la consideración de los legisladores un proyecto de Ley para que la gigantesca obra en referencia, como un homenaje a los héroes de la magna epopeya nacionalista, llevara la denominación de Presa de la Restauración.

Luego de concluida la solemne alocución presidencial y de forma separada, los miembros del Senado y la Cámara de Diputados presentes en la ceremonia,  celebraron reuniones extraordinarias y aprobaron respectivamente la moción presentada por el Ejecutivo de la nación.

Según se reseña en publicaciones sobre lo ocurrido en la celebración de la significativa efeméride patria, unos minutos después, no había concluido el imponente desfile de los efectivos de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas en honor al Mandatario, “Juan Bosch aprovechó la ocasión para rubricar la Ley aprobada por el Congreso, designando la Presa de Tavera, como de la Restauración. Cuando se dio la información por las bocinas, la multitud congregada aplaudió”.

Como complemento de estos apuntes, guiados por el interés de que resplandezca la verdad histórica, tal vez sea valioso resaltar que en fecha 17 de agosto, de 1963, algunas de las estructuras físicas de la recién nombrada, oficialmente como Presa de la Restauración mostraban un significativo avance.

Tal realidad es posible deducir a propósito de lo resaltado por la prensa en  torno a la visita que hiciera el presidente Bosch a la hoy imponente represa, el día ya señalado.

Informaciones publicadas dan cuenta que “…los trabajos.. ya se habían iniciado recientemente” y que una larga comitiva de vehículos donde iban ministros, funcionarios civiles y militares y técnicos de la obra, acompañaban al Mandatario, el cual explicó a los medios de comunicación que deseaba ver el lugar donde se levantaba la estructura”.

También se destaca que luego, “…el presidente junto con un grupo de personas se internaron varios metros dentro del túnel por donde sería desviado el río Yaque del Norte y más adelante se dirigieron al punto donde iba a levantarse la cortina de la Presa”.

En pocas palabras, con estas últimas acotaciones lo que se quiere subrayar, en ánimo de evitar distorsiones a veces antojadizas, que los cimientos de la valiosa y monumental Presa de la Restauración, otrora Presa de Tavera, fueron levantados durante el corto período de gobernanza democrática, transparente y ejemplarizante encabezado por el profesor Juan Bosch Gaviño y que, al ser malogrado para el dolor y perjuicio de los dominicanos nobles y dignos, luego de un tedioso y tortuoso tramo histórico, con la intervención de Joaquín Balaguer se reinició y concluyó la magnífica, portentosa y emblemática obra para el desarrollo nacional.

En definitiva, cada uno jugó su rol y terminó haciendo sus aportes…