María Martínez fue la amante de Trujillo desde los principios de su régimen, y tan solo pudo casarse con él cuando se divorció de Bienvenida Ricardo, en 1935. En 1937 Trujillo y la reina del carnaval de ese año, Lina Lovatón, se enamoraron y esta devino en su amante. Los celos de María Martínez fueron tales que obligaron a Trujillo a enviar a Lina en el yate “Ramfis”, en junio de 1939, a vivir a Miami, desde donde era traída, de tiempo en tiempo, con el mayor secreto, al país.

El dictador durante sus múltiples viajes a Estados Unidos entre fines de mayo de 1939 y finales de 1941, se juntaba con ella. Precisamente Trujillo viajaría a Estados Unidos y se juntaría con Lina Lovatón cuatro meses después de haber escrito la carta que aparece más abajo.

En el verano de 1941 murió doña Colombina Pittaluga de Lovatón, la madre de Lina y la prensa destacó su sepelio. Eso enfureció a doña María, quien le pidió divorcio a Trujillo. La respuesta del dictador le fue dada, por escrito, desde San José de las Matas. El divorcio no tuvo lugar y María Martínez siguió siendo su esposa hasta la muerte de Trujillo. Con Lina Lovatón, Trujillo procreó dos hijos, quienes nacieron en 1938 y en 1940. (Están vivos)

Personalmente creo que si Lina hubiese sido esposa de Trujillo a partir de 1941, el dictador tal vez hubiese sido menos cruel. Lina era una mujer culta y así como los que caían presos entre 1930 y 1935 apelaban a doña Bienvenida, ninguno lo haría frente a María Martínez pues sabían que no los ayudaría.

CARTA ENVIADA POR TRUJILLO

El Presidente de la República
San José de las Matas

Julio 7 de 1941

María:

Estoy enterado de tus sentimientos inhumanos hasta para con los muertos para los que lloran la pérdida irreparable de sus deudos. A mí me ha sido indiferente que los periódicos aquí llenaran sus columnas de adjetivos para expresar sentida condolencia cada vez que ha fallecido un enemigo político mío y hasta he tenido la nobleza de disponer que les hicieran honores militares. Estoy asombrado con tu actitud en el caso fatal de la viuda Lovatón. Terminado este capítulo. Para complacer tu petición no llamaré más por teléfono ni iré a esa. Te recomiendo disponer que se me despachen mis equipajes.

En cuanto al divorcio opino que es lo mejor y en ese sentido puedes designar abogado cuando te plazca para que veas resuelto este punto rápidamente.

En cuanto a la cédula no me importa tu brutalidad pues (ilegible) que no la posee no puede negociar ni actuar en ningún sentido.

Viviré más tranquilo i mi camino quedará limpio de espinas cuando se realice ese divorcio.

Rafael L. Trujillo

jpm-am

Someto a consideración del Honorable Congreso de la República el siguiente proyecto de Ley:

El Congreso Nacional

en nombre de la República

Capítulo I

Principios Generales.

Art. 1 Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto establecer un sistema en el marco de la Constitución de la República y las leyes adjetivas para regular la despenalización del ejercicio de la medicina en lo concerniente a la aplicación de la teoría de la falta en caso de demanda médica. 

Art. 2 Contribuir a reglamentar las situaciones que reúnen los médicos (as) y las repercusiones que el tratamiento jurídico aplica a los médicos ante sucesos inesperados y resultados indeseables en salud, que genera demandas en responsabilidad civil y penal, a cuyos efectos pretendemos evitar las graves consecuencias de la judicialización de la medicina en el ámbito de la obligación de medios en la experiencia clínica con la experiencia en el proceso penal acusatorio.

Art. 3. Considerando que: La responsabilidad subjetiva fundada en la falta, garantiza su sanción en el derecho a reparación Civil, en atención a que la falta imputable a los profesionales de la salud, tiene su origen en el riesgo como fundamento de responsabilidad civil.

Art. 4. Considerando que: Las demandas médicas en nuestro ordenamiento jurídico y sus actuales connotaciones, coloca los médicos en una gran incertidumbre, en atención a que se afectó: el honor, el prestigio, el trabajo y finalmente su libertad.

Art. 5. Considerando que: es imperativo la conformación de una Ley que despenalice el ejercicio de la medicina, por lo inadecuado que representa la aplicación de la Ley Penal de los actos médicos.

Art. 6. Considerando que: se hace necesario e impostergable la corrección que impida que la figura de los actos médicos sean notificados como responsabilidad penal.

Art. 7. Considerando que: en todo conflicto derivado del acto médico, no debe admitirse el calificativo de homicidio involuntario, en atención a que el homicidio es un crimen con sus respectivos elementos constitutivos, entonces en la involuntariedad no se cuenta con la intención delictuosa derivada del acto médico. 

Art. 8. Considerando que: Conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, se instituye la figura jurídica de la conciliación para los homicidios culposos, por lo que en todo acto médico sometido a la judicialización impera la culpa involuntaria, la parte querellante puede acogerse a la conversión de la acción pública a privada, sin que el médico, esté sometido a comparecer a la audiencia constante y garantizar la economía procesal, mediante la referida conversión; Ambas situaciones pueden subsumirse en la despenalización del ejercicio de la medicina a través de la escogencia de la Jurisdicción Civil, según aplique en cada caso.

Art. 9.Considerando que: Todo acto médico cuya judicialización sea exigible en los términos que la Ley ordena debe fundamentarse en el contexto de que el referido acto se enmarca en el ámbito de que el facultativo es un agente pasivo del delito puesto a su cargo.

Art. 10. Considerando que: El acto médico bajo ninguna circunstancia pudiera considerarse poseedor de los atributos que la Ley le confiere a los delitos y en consecuencia se debe despenalizar y cualquier acción legal será instruida por ante la jurisdicción civil, en la cual solo se discutirá la reparación del daño económico a manera de indemnización, dándole sostenibilidad a las teorías de la falta y del riesgo.

Art. 11. Considerando que: Las demandas médicas incoadas por ante la jurisdicción penal deterioran el estado emocional del profesional de la salud, la relación médico-paciente, la confianza en el ejercicio de la medicina, generando consecuencias de índole económica, por lo que es imperativo la desjudicialización del ejercicio de la medicina en el ámbito penal.

Art. 12. Considerando que: En la relación médico-paciente se firma un contrato de locación de servicios con la siguiente característica; es un contrato oneroso  de naturaleza civil y consensual mediante el cual el médico se obliga, a través de los conocimientos que la ciencia ha puesto a su cargo, a ofrecer servicios médicos acordes a estos conocimientos, sin descuidar los requerimientos que los reglamentos establecen, según los requerimientos particulares del paciente, mediante un contrato de requerimiento profesional.

Art. 13. Considerando que: La jurisprudencia Argentina como fuente de legitimación de jueces y tribunales ha sentado el precedente de que: El médico en su relación con el paciente promete prestar el servicio que su profesión, a través del cuidado y la terapéutica indispensable para facilitar la mejoría o el restablecimiento de su condición de salud.  

Art. 14. Considerando que: La conducta del médico por el obrar intelectual se hace compromisaria del bien jurídico tutelado como lo es, el derecho a la salud, combinado con el consentimiento informado a cargo del paciente, quien debe poner en conocimiento al médico, toda la información disponible respecto a su condición de salud, antecedentes familiares, patologías previas y cuanta información solicite su médico para acreditar su accionar terapéutico. 

Art. 15. Considerando que: se hace impostergable en nuestro ordenamiento jurídico la necesidad de crear métodos de interpretación en materia de la falta, exigible a los médicos como mecanismo de responsabilidad civil, con el interés de colocar a la víctima en condición de obtener la debida reparación por ante la jurisdicción correspondiente.

Art. 16. Por todas las consideraciones realizadas previamente, el Congreso Nacional establece que cuando por motivo de un acto médico se causen lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, o la pérdida de la vida, no se impondrá pena privativa de libertad, por lo que estos conflictos deberán conocerse en el ámbito civil, ya que solo procederá la reparación del daño, siempre que el profesional no se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares.

El Congreso Nacional

En nombre de la República Dominicana

Ley No. _______________

jpm-am

Con cierto asombro pude ver con qué entusiasmo y algarabía celebraban los parciales del PRM la última versión de la encuesta Gallup presentada el pasado 7 de noviembre a través de los espacios de RCC Media.

Verdaderamente parecía como si se tratase de haber ganado las elecciones nacionales, las cuales están previstas celebrarse en mayo del año entrante.

No había un medio de comunicación, ya sea radial, escrito o televisivo, en donde los voceros del gobierno no se mostraran eufóricos celebrando los resultados de la encuesta, exhibiendo la misma como un trofeo ganado en alguna contienda.

Al entrar de lleno al análisis de la referida encuesta pude percatarme de que dicha celebración no tenía razón de ser y que los amigos prmistas más bien se hicieron esclavos de su fanatismo y pasión desbordada.

De entrada, los resultados que presente una encuesta a más de siete meses de un proceso electoral no deben ser tenidos como una proyección real de lo que va a ocurrir el día de las elecciones. Recordemos que en el 2020 el Presidente Abinader se, apenas tres meses antes de las elecciones, se mantenía en un segundo lugar con una diferencia de alrededor de quince puntos de quien encabezaba las encuestas en ese momento, el Lic. Gonzalo Castillo, y finalmente Abinader ganó las elecciones con un amplio margen a su favor.

En una encuesta, que conforme algunos hallazgos detectados en la versión anterior, fue patrocinada por el gobierno, el reconocerle a la oposición más de un cuarenta por ciento (40%), sin haber proclamado aún la esperada alianza RESCATE-RD, es para poner a pensar al gobierno sobre el peligro que dicha alianza opositora pudiera representar para sus pretensiones reeleccionistas.

Ello sin contar con el margen de error de alrededor de un tres por ciento (3%) por cada partido (PLD/FP), con el cual juegan a su favor siempre los patrocinadores de la encuesta, pudiendo llevar ese 40% a un 46 %.

Pero lo más preocupante para el PRM debe ser el alto porcentaje de indecisos (más de un 20%) que reflejan casi todas las encuestas serias, y que inexplicablemente las últimas versiones presentadas por Gallup lo han estado obviando.

Indudablemente que ese voto indeciso, en su gran mayoría, es un voto opositor al gobierno. Constituye la franja de votantes que aún no se deciden entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y son los mismos que en el 2020 prefirieron no votar hasta esperar la segunda vuelta para decidir luego entre Leonel o Gonzalo, dando lugar ello a que pudiera colarse Luis Abinader en primera vuelta.

Les exhortamos a los amigos del PRM a que dejen a un lado la euforia y el triunfalismo, y se dediquen a trabajar duro en pro de la reelección del Presidente Abinader, en unas condiciones económicas del país que no son nada favorables a sus pretensiones.

A la oposición, sugerirle evitar por todos los medios lo ocurrido en las elecciones del 2020, en donde hubo una abstención nunca vista de alrededor de un 45 %, provocada en gran parte por la indecisión, en ese entonces igual, de votar entre el PLD y la FP hasta esperar la segunda vuelta, que nunca llegó.

jpm-am