Todo parece indicar (no, es así, es cierto) que, desde la concepción hasta su nacimiento, la cárcel denominada Las Parras, en el poblado de Guerra, provincia Santo Domingo, fue estructurada, ideada y manoseada bajo el insolente pecado original. Y ese defecto de fábrica no se produjo de manera inocente, impensada, no pecaminosa, como ocurre en el proceso de fabricación de algunos vehículos o de equipos electrónicos.

La idea de su construcción fue buena y oportuna, porque con esa nueva cárcel se despejaría, bastante, el grosero congestionamiento carcelario del gran Santo Domingo, que subyace como hospitales infectados de pies a cabeza o como cementerios rugientes y desgraciados.

Esa nueva cárcel, sería y debe ser un gran alivio para quitar presión a los infames muros de La Victoria, testigos mudos de las peores ignominias, de las historias más negras y dolorosas, y de los más depravados abusos, inmundicias y actos de corrupción.

La idea, en sí, fue bonita, pero, parece que se concibió, cincuenta-cincuenta para trasladar a ella no solo a los reclusos que purgan largas condenas, sino también la otra parte sucia del sistema carcelario dominicano, el otro cáncer que corroe a esta sociedad, en su gran mayoría buena, limpia y noble.

Se trata de que se dispusieron de 7 mil millones de pesos para edificarla, a la carrera, viciosa y espantosamente costosa y, peor aún, en suelo inapropiado.

Es oportuno aclarar, aunque huelgue, que esta gestión de buen gobierno del presidente Luis Abinader ni el Ministerio Público actual, tienen nada que ver con la ejecución de esa cuestionada obra. A casi 4 años de su supuesta terminación, ni un perro viralata ha sido encerrado allí, porque la actual Procuraduría General de la República no ha concluido, al parecer, con el escarceo financiero sobre su gigantesco presupuesto, su efectiva utilidad y seguridad física y reclusiva para los miles de internos que irían allí. Todo indica que lo que se hizo fue malo, o en gran medida malo, defectuoso y perverso.

En consecuencia, el país espera, con ansias, que la Procuraduría de ahora, de 5 estrellas, dé a conocer esa auditoría, como lo ha hecho con otras de igual o menor trascendencia, para calmar nuestros demonios internos o para desatar nuestra ira mediática y fáctica contra los culpables de esas puñaladas económicas, a sestadas al pudor, la decencia y la buena y sana administración pública

Esperamos que pronto se nos diga la verdad de lo ocurrido en la edificación de la Cárcel de Las Parras. Ojalá no se nos diga que el Estado desperdició ahí, votó en el vertedero, echó a los cerdos 7 mil millones de pesos.

Carajo, eso no lo esperamos, pero si es la verdad que se nos diga, sin titubear, sin ambages ni cobardía, actitudes reprochables, pero muy ausentes en la conducta y filosofía de vida de las Procuradoras Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso.

Pienso yo que este Ministerio Público, eficiente, valiente y pundoroso, sacará a flote y eliminará todo el lodo negro, el lodo sucio y pecaminoso que arropa la nueva Cárcel de Las Parras, como legado de su gestión, pero más aún, de su sagrado compromiso moral y de trayectoria ciudadana.

Y, de paso, propinar golpes mortales a las veleidades, a las fantocherías, la arrogancia, comparonería y las pretensiones infinitas de pequeños cerebros, de actores mediocres y fallidos.

Ah, y si algo sirve de Las Parras, ojalá que la insigne Procuradora Germán Brito, coordine con el Gobierno Central su apertura, reitero, por parte, para aliviar las pesadas cargas del cementerio viviente de La Victoria. Ello también contribuiría a aliviar un poco el enojo colectivo, nuestra indignación y dolorosa impotencia.

jpm-am

Con alguna periodicidad los temas de delitos sexuales salen a relucir en el país, a raíz de cualquier hecho llamativo en el que participen personas relevantes de algún área de la sociedad. Con mucha frecuencia, al tratar estos temas, muchos caen en el error de considerar la violación y el estupro como sinónimos, sin embargo son figuras penales independientes, aunque en algunos casos poseen algunas características comunes.

Violencia Sexual

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar de trabajo”.

La definición anterior implica que la violencia sexual es cualquier comportamiento de naturaleza sexual llevado a cabo sin el consentimiento de la otra persona. Con frecuencia se acompaña de el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados, o tomando ventaja de la intoxicación por drogas o alcohol de otra persona, o de la inhabilidad de otra persona para dar su consentimiento.

Así pues, la violencia sexual incluye conductas como: la violación, el toqueteo indeseado, el acoso sexual, comentarios sexuales no deseados, amenazas de violencia relacionadas con la sexualidad, amenazas de otras consecuencias, como pérdida del trabajo, el exhibicionismo, las palabras obscenas. Aunque afecta a ambos sexos, las mujeres son las víctimas más frecuentes y los hombres, los agresores. De manera, que la violación y el estupro son formas de violencia sexual.

Violación

De acuerdo al Código Penal Dominicano:“Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos”. Así pues, para que exista violación no tiene que ser el pene lo que penetre sexualmente a otra persona, pueden ser otras partes del cuerpo distintas al miembro viril, como un dedo. La falta de consentimiento es clave para la definición de violación.

La violación puede causar lesiones físicas, enfermedades y traumas psicológicos. Pero además, de la misma puede resultar un embarazo. Las lesiones físicas resultantes de una violación pueden incluir lesiones en el ano o en los genitales, como un desgarro del periné o pared superior o laterales de la vagina, y lesiones en otras partes del cuerpo, como contusiones, moratones en los ojos, cortes y arañazos.

Después de una violación, existe el riesgo de infecciones como las de transmisión sexual (gonorrea, tricomoniasis, infecciones por clamidias, infección por el virus del papiloma humano y sífilis), hepatitis B, hepatitis C y vaginosis bacteriana. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es particularmente preocupante, pero la probabilidad de contagiarse en un único contacto es baja.

Los efectos psicológicos de una violación o de agresiones sexuales son a menudo más devastadores que los físicos.

En cuanto a la penetración de un dedo en la vagina por encima del traje de baño, existe un fallo del Tribunal Supremo Alemán donde entendió que “No concurría una “especial humillación” en el caso de una introducción de un dedo en la vagina de la víctima, que se realizó por encima del traje de baño y sólo llego a penetrar “un poco el dedo y duró sólo «unos pocos segundos”.

Pero también la boca y el ano son considerados cavidades en las que puede cometerse dicho delito. En cuanto al ano el delito se consume cuando el objeto traspasa el esfínter. Y sobre la boca, el Tribunal Supremo español entiende que no se requiere traspasar la línea de los dientes

Sobre los casos de violación en los que resulta un embarazo, nuestro Código Penal revictimiza a la afectada, ya que la obliga a mantener el embarazo, a pesar del mismo ser fruto de una violación, independientemente de la edad que tenga la víctima y de las peculiaridades del violador. No ha sido posible la aprobación en el país de las llamadas “tres causales” para ofertar opciones a estas mujeres.

El estupro

El estupro es una figura no mencionada en nuestro Código Penal, de ahí la confusión en que muchos caen. Se da cuando una persona adulta sostiene relaciones sexuales con una menor de edad. Se diferencia de la violación por el hecho de que no hay violencia contra la víctima, y que la víctima manifiesta su consentimiento para el acto. El problema es qué situaciones llevan a la obtención de ese consentimiento y si la persona está o no en capacidad de otorgarlo.

Cuando el consentimiento de la menor se obtiene mediante seducción o engaño se incurre en el delito de estupro. El problema a discutir es cuándo dicho consentimiento puede considerarse válido. En ese sentido se considera que el consentimiento de una menor es viciado cuando por su nivel de madurez, grado de autonomía o incapacidad para comprender la situación, no pueda otorgar su consentimiento, sin que este se considere viciado por presión o violencia.

La UNICEF (2019) señala que la edad mínima de consentimiento sexual es la edad en que uno se considera capaz de consentir la actividad sexual. El Parlamento Europeo la define como la edad por debajo de la cual, según el Derecho de cada país, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor. En la mayor parte de los países analizados, dicho rango de edad varía entre los 14 y los 16 años, y dicho límite suele coincidir con la edad máxima requerida al sujeto pasivo del delito de estupro, existiendo países en que se establece un criterio de diferencia de edad (mayor de 5 años) entre las personas para determinar si hay o no delito.

En Bolivia, la edad de consentimiento sexual es de 14 años, de acuerdo con el Artículo 308 bis, del Código Penal. En Argentina es de 13 años, de acuerdo con los artículos 118 y 120 del Código Penal de dicha Nación. En Chile es de 14 años, según el artículo 362 del Código Penal de Chile. En Brasil, desde 2009, es desde los 14 años. Antes de esa edad, cualquier relación sexual es considerada estupro. La edad de consentimiento sexual en Colombia es a los 14 años, de acuerdo a los artículos 208 y 209 del Código Penal.

Costa Rica no tiene una edad de consentimiento exacta, pero impone límites para la diferencia de edad en las relaciones sexuales con menores de 18, pero mayores de 13. La edad de consentimiento en Ecuador es de 14 años, tanto para los actos heterosexuales como homosexuales,  En el Salvador y Honduras es a partir de los 15 años. En Nicaragua es a partir de los 16 años; según el artículo 168 del Código Penal.

En Panamá la edad de consentimiento es a partir de los 14 años, de acuerdo al Artículo 175 del Código Penal de Panamá. En Paraguay es de 14 años para los actos heterosexuales previos al matrimonio. La edad mínima de consentimiento sexual en Perú es a partir de los 14 años, según lo dispuesto en los Arts. 173 y ss. del Código Penal. En Uruguay es de 15 años. De acuerdo con los artículos 272 y 272- BIS del Código Penal. En Venezuela es a partir de los 16 años, de acuerdo con los Artículos 374 y Artículo 378 del Código Penal.

En Canadá, la edad de consentimiento para la actividad sexual es de 16 años. En los estados Unidos de México, la edad legal varía entre 12 y 16 años. En España es 16 años según el Código Penal español. En Estados Unidos de Norteamérica, cada Estado tiene su propia edad de consentimiento; y estas varían entre 16 y 18 años. La edad de consentimiento en Puerto Rico es de 16 años, según lo dispuesto en los artículos 130 y ss. del CP. Sin embargo, las personas desde los 14 años de edad pueden consentir en tener relaciones sexuales con una pareja de 18 años o menos.

Como se aprecia, varía el criterio sobre la edad en que una adolescente está capacitada para dar el consentimiento sexual. Y es que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápidos, un aumento de la capacidad cognitiva, el inicio de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y aptitudes. Estas capacidades aparecen más tempranamente en las hembras que en los varones,

De cualquier forma, en la mayoría de los países consultados se entiende que a la edad de 14 años la adolescente tiene capacidad para comprender el significado del acto sexual y está en capacidad de decidir sobre sí misma y otorgar un consentimiento válido.

También se entiende, que en los casos en que ha mediado engaño o seducción, si la adolescente tiene una edad inferior a la de consentimiento, la infracción puede subsanarse con el matrimonio.

Pero en nuestro país esta última posibilidad no es posible, puesto que el matrimonio infantil está vedado por la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio con un/a menor de 18 años.

jpm-am

 

Ha existido siempre en nuestro país la percepción de que los Ayuntamientos sólo están destinados para la recogida de basura, y quizás algo de saneamiento ambiental.

Pero la verdad es que los Ayuntamientos tienen unos roles que superan por mucho esa errónea apreciación, y así lo dispone el contenido de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007, cuando en sus artículos 19 y 20 se dejan establecidos más de 30 roles y competencias que están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos.

Pero entre todas ellas resaltan tres que, sin lugar a dudas, habrá que darles un trato especial, vista su relevancia e impacto en la calidad de vida de los munícipes, sobre todo, en aquellos que habitan en lo que se ha dado en denominar el Gran Santo Domingo. Esas atribuciones tienen que ver con: el drenaje pluvial, el tránsito urbano y la seguridad ciudadana.

La ciudad de Santo Domingo ha registrado un crecimiento vertical vertiginoso en los últimos años, sin someterse a un plan de ordenamiento urbano que conlleve drenaje pluvial, lo cual ha generado que, cuando llueve, muchas zonas de la ciudad se inundan.

Las lluvias que trajeron al país los dos últimos meses de noviembre sacaron a relucir no solo algunas carencias en el drenaje pluvial, sino la gran cantidad de basura que es vertida en toda la demarcación, así como la falta de concientización de la ciudadanía y de las autoridades para que las personas cuiden el medio ambiente y su entorno.

Es lamentable que todo el manejo de las aguas se termine haciendo a través de simples filtrantes, que con el aumento de las construcciones terminan siendo insuficientes para el volumen generado.

No cabe dudas de que, si las autoridades municipales llevan a cabo acciones de mantenimiento a sus respectivas redes de drenaje, se estaría contribuyendo seriamente a la mejora de los servicios del manejo de las aguas residuales en la ciudad.

 

Debe hacerse un trabajo en conjunto entre autoridades y ciudadanos, los primeros cumpliendo su labor de realizar el mantenimiento y los munícipes comprometiéndose a no tirar basura en las calles.

Por otra parte, es bueno reconocer que, a pesar de la multiplicidad de estudios realizados por los equipos técnicos, no hay posibilidades de que los Ayuntamientos del país puedan solucionar el caos en el tránsito de las principales zonas urbanas sin la participación de los órganos competentes del gobierno nacional, así como estableciendo alianzas con el sector privado.

 

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece que este ordenamiento institucional del tránsito terrestre se vincula con los Ayuntamientos a través de un proceso de coordinación donde el INTRANT establece las políticas de movilidad nacional y el Ayuntamiento implementa y coordina esas políticas en su territorio.

En tal sentido, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) firmaron un convenio con el objetivo de establecer un protocolo de coordinación entre ambas entidades que induzca a los ayuntamientos a mejorar su gestión en materia de movilidad, tránsito y seguridad vial, para garantizar un sistema de transporte terrestre seguro y efectivo.

Mediante dicho acuerdo, ambas entidades han determinado igualmente la coordinación de los trabajos establecidos en la Ley 63-17, a saber, reuniones con los actores claves identificados, capacitación de autoridades y técnicos municipales en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, entre otros.

Asimismo, los gobiernos locales enfrentan cotidianamente el reclamo ciudadano por la inseguridad.

En términos generales, las medidas que se adoptan para enfrentar esta situación son de tres tipos: control, prevención y rehabilitación. De esas tres, la prevención constituye la mejor estrategia para el gobierno local.

El conocimiento detallado de los problemas que enfrentan las comunidades (espacios abandonados, carencia de iluminación, aumento de la deserción escolar, entre otros) es una de las grandes ventajas de los gobiernos locales, que cuentan con una mayor capacidad de focalización de las iniciativas.

Por lo tanto, es imperativo fortalecer las capacidades municipales en materia de planificación, gestión y evaluación de políticas preventivas de seguridad ciudadana.

Los gobiernos locales son actores de primer orden para el logro de las metas en materia de seguridad y convivencia ciudadanas.

Ahora que estamos inmerso en una férrea campaña para ocupar cargos en los Ayuntamientos (Alcaldes, Regidores, Directores de Distritos) ojalá que los diferentes candidatos que aspiran incluyan dentro de sus propuestas acciones pertinentes que procuren mejoras de los servicios de drenaje, tránsito y seguridad en las diferentes demarcaciones que les tocará dirigir, y con ello contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en sus respectivas comunidades.

jpm-am

Desde el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y la Fundación Nacional de los Derechos Civiles (FNDC), abogamos por que la gestión del recién designado Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, emprenda la creación !urgente! de un Centro de Información Toxicológica con una línea telefónica gratuita, las veinticuatro horas y el Servicio Nacional de Toxicología Clínica.

Para que casos como el del Ensanche Piantini -cuando se repitan, que de seguro lamentablemente ocurrirá- sean tratados y abordados de forma más efectiva.

Esta sería una excelente forma de que el nuevo ministro de Salud empiece su gestión al frente de ese sector, abordando un tema tan trascendente que como el caso de las cuatro víctimas (dos mortales) de envenenamiento este el pasado domingo como consecuencia de una fumigación en un apartamento localizado en una torre residencial en el sector Piantini, de esta capital. Caso que ha estremecido la opinión pública nacional por sus implicaciones trágicas y desventuradas.

Las víctimas mortales son una mujer identificada como Adelle Ruiz León y su bebé, mientras que su esposo y el hijo menor de ambos se encuentran ingresados en cuidados intensivos en un centro asistencial.

Un empleado del  Ministerio de Salud Pública explica que las víctimas reaccionaron al producto utilizado el viernes para tratar una plaga de carcoma en los gabinetes de uno de los apartamentos ubicados en la parte superior de la Torre Da Silva 3.

El Poder Judicial ya se encuentra apoderado por parte del Ministerio Público del conocimiento de juicio contra los presuntos responsables, el ciudadano italiano que aplicó la sustancia tóxica y la propietaria del inmueble que le contrató y que reside en Estados Unidos, según se ha informado. Preparémonos para otros posibles eventos de esta naturaleza en el futuro de la mejor manera.

Que el Estado no sea percibido como ineficiente o desdeñoso en casos como este. He dicho.

jpm-am