El 7 de julio de 1978 la Junta Central Electoral (JCE) emitió su tristemente célebre “fallo histórico” que despojó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de cinco puestos legislativos que había ganado en las elecciones del 16 de mayo para favorecer al oficialista Partido Reformista, dirigido por el presidente Joaquín Balaguer que seguiría con el control del Senado, los organismos judiciales y dicho tribunal pese al revés que acababa de sufrir.

Este veredicto ignoró la opinión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Alfredo Conde Pausas, quien pocas horas antes había recomendado legitimar el resultado electoral divulgado el viernes 26 de mayo por el presidente de la JCE, licenciado Manuel Joaquín Castillo, que mostraba al partido blanco como ganador de la mayoría de los municipios por haber superado a su más cercano contendiente con más de 150 mil votos.

Se trató de una resolución administrativa que fue objetada por el jurisconsulto y estadista, licenciado Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur que la calificó de “esperpento jurídico”, dado que reñía con la Constitución de la República en el párrafo que declara el ejercicio del voto como un acto personal, secreto e intransferible.

Esa disposición suscitó el rechazo de los abogados Ramón Tapia Espinal, Jottin Cury Elías, Mario Read Vittini y Salvador Jorge Blanco (presidente del PRD), quienes consideraron que la JCE carecía de autoridad legal para adjudicar cargos electivos a cualquier organización política en base al conteo de una porción de la abstención electoral, como lo hizo con las senadurías de las provincias El Seibo, La Altagracia, Bahoruco y María Trinidad Sánchez otorgadas al Partido Reformista.

Los citados juristas reprocharon que se despojara del triunfo a los aspirantes a senadores Iván Amílkar Rondón Sánchez, Cástor Ramón Feliú Pepén, Néstor Matos Herasme y Rosa Julia de la Cruz Ortíz, así como a Rafael Rivera, cuya curul de diputado fue cedida al reformista seibano Alejandro Laureano Ramírez.

También censuraron que el presidente Balaguer estuviese justificando la emisión de esa controversial medida, diciendo que “defectuosa o no, evita la prolongación de un diferendo político que hubiera afectado seriamente a la larga la economía nacional y que habría hecho correr graves riesgos al régimen constitucional de que actualmente disfrutamos”.

Según el jefe del Estado el fallo histórico fue dictado “con un sentido más patriótico que jurídico” por ser lo “que más conviene al propio presidente electo, porque éste tendrá en el ejercicio de su cargo, no en una sino en muchas ocasiones, el concurso de una fuerza política independiente, que le permita controlar los excesos de los grupos radicalizados que operan en la agrupación política que lo han llevado al poder”.

Balaguer precisó que esa decisión “aunque sea monstruosa en su aspecto jurídico conviene al país, porque pone fin a una crisis peligrosa, porque salva la constitucionalidad y porque abre finalmente las puertas a una colaboración estrecha entre las dos fuerzas mayoritarias de la República”.

Argumentó que la apoyaba “como apoyó el doctor José Dolores Alfonseca la Convención Dominico-Americana de 1907 cuando desde su banca del Congreso extendió la mano y pronunció estas palabras que ha recogido con estupor la historia: “voto por esa iniquidad”.

Para el derrotado mandatario la iniquidad de aquella convención “consistía en que ese documento internacional cercenó la soberanía nacional poniendo nuestras aduanas en manos de un receptor de nacionalidad norteamericana, porque dio en su artículo tercero carta abierta al gobierno de los Estados Unidos para su intervención en los asuntos internos de nuestro país”.

A su juicio esa sentencia “no obstante ser una iniquidad, permitía al país salir de las deudas internacionales que lo agobiaron como consecuencia de los desaciertos de las administraciones anteriores a la del Presidente Cáceres” y buscaba “sacarlo de la anarquía económica” y “evitar, tal vez, que se hundiera definitivamente en un caos financiero”.

Origen de la crisis y fallo histórico

La crisis electoral fue precedida de una peligrosa incursión militar en la sede de la Junta Central Electoral en la madrugada del 17 de mayo y de la denuncia de «graves irregularidades» en los comicios, planteada al día siguiente en la noche por el presidente Balaguer, en una alocución radiada y televisada que abordó la supuesta inefectividad de la resolución puesta en marcha por las autoridades electorales poco antes de las votaciones para permitir a los ciudadanos sufragar en las mesas de sus residencias aun cuando sus nombres no figuraran en las listas de electores.

De acuerdo con el líder reformista esa autorización se conoció tardíamente en la zona rural, donde residía la mayor parte de sus seguidores y dejó como resultado que alrededor de 500 mil personas  no pudieran “ejercer el más alto y el más sagrado de todos los derechos consagrados por la Constitución: el de elegir y el de ser elegidos”.

Recriminó a sus parciales por estar lamentando su pobre defensa del voto en las urnas y comparó sus sollozos con los del profeta Jeremías en el libro bíblico de Lamentaciones y con los del rey Boabdil el Chico cuando se producía la caída del emirato islámico de Granada, tomado por el ejército español de los reyes católicos el 2 de enero de 1492, motivando que la sultana Aixa, madre del monarca vencido, pronunciara la frase: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

La queja de Balaguer estuvo precedida del apresamiento del empresario y productor de radio Rafael Corporán de los Santos, quien fue detenido durante la mañana del 18 de mayo y mantenido siete días encerrado en una celda ubicada en el sótano del  palacio de la Policía Nacional, acusado de imprimir cuatro millones 200 mil boletas del partido blanco.

Casi al instante de ese episodio, el Partido Reformista impugnó los resultados electorales en 44 municipios y recusó al licenciado Manuel Joaquín Castillo, presidente titular de la JCE, por apresurarse a difundir datos provisionales impugnables obviando las sospechas de irregularidades, y así, desde el lunes 5 de junio su puesto fue ocupado por el doctor Hugo Vargas Suberví, quien tres días más tarde estaría recibiendo la solicitud de parte del partido perdedor de anular los comicios o, en su defecto, realizar elecciones complementarias en los lugares donde sus candidatos habían sido presuntamente perjudicados por la alta abstención de votantes.

Esa labor estuvo dirigida por el destacado jurista, doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), en un ambiente sumamente caldeado por las críticas y las diatribas, donde el oficialismo fue responsabilizado de la alteración de la Ley Electoral 5884 en la Gaceta oficial No. 9434,  por la presunta supresión del párrafo 12 del artículo 10 sobre las prerrogativas de la Junta Electoral del Distrito Nacional y su traslado al artículo 2 como párrafo 20, a fin de ampliar las atribuciones del pleno de la JCE, de manera que pudiera dictar un fallo sin limitaciones.

El llamado «Gacetazo» fue detectado y debatido en los medios informativos, aunque para frenar su aplicación sería imprescindible que el secretario del tribunal de elecciones, doctor Manuel A. Díaz Adams, se distanciara del presidente suplente el miércoles 7 de junio, para dar a conocer el texto original de la ley promulgada con la firma de puño y letra del presidente Balaguer.

Antes del Gacetazo la JCE había  sacado de circulación al director de su Departamento de Procesamiento Electrónico de Datos, licenciado Felipe Neris Cabrera Febrillet y al destacado catedrático universitario doctor José Silié Gatón, director del Registro Electoral, para formar una comisión integrada por el señor Domingo Hasbún (presidente) y los doctores Francisco Ramírez Muñoz y Francisco Oscar Jiménez Vargas, que investigaría la denuncia sobre “graves irregularidades” en las listas de votantes que hiciera el 18 de mayo el doctor Balaguer.

Ese esfuerzo se materializaría con la colaboración eficaz de los empleados Aura Rosario Jiménez de Nolasco, Nelson Francisco García y Belba Cabrera Fernández, asesorados por los ingenieros chilenos Juan Ricardo Giadach y Martín Boragk, que fueron contratados a través del embajador dominicano en Chile, general de brigada Luis Ney Tejada Álvarez y llegaron al país en la segunda semana de junio.

Sin embargo, en su rigurosa auditoría o escrutinio de la documentación de diversas mesas de votaciones escogidas aleatoriamente, ellos pudieron comprobar que había sido mínimo el trastorno en las listas de votantes, puesto que, de dos millones 295 mil 158 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, habían sufragado un millón 741 mil 337; de los cuales 866 mil 912 lo hicieron en favor de Antonio Guzmán y 711 mil 878 de Balaguer. Es decir, que la participación fue de 75.87 por ciento y la abstención electoral de apenas un 24 por ciento.

El fallo histórico va a la Suprema Corte y la OEA

El 26 de julio de 1978 la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidida por el doctor Néstor Contin Aybar se declaró incompetente para emitir una opinión sobre el fallo histórico de la JCE, como había solicitado la alta dirección del partido blanco a través de su secretario general, doctor José Francisco Peña Gómez y sus abogados Radhamés Rodríguez Gómez, Mario García Alvarado y Abraham Bautista Alcántara, quienes se dirigieron entonces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, durante la primera semana de agosto, solicitándole que emitiera una resolución de condena a la JCE por su cuestionado dictamen de violación a la voluntad y derechos de los electores dominicanos.

Para algunos expertos en derecho constitucional la SCJ optó por marginarse de modo voluntario de los asuntos electorales por su clara dependencia del Senado, y ahí residiría el motivo de su posterior rechazo (el viernes 20 de octubre) a una solicitud del Ministerio Público, representado por el procurador adjunto, doctor Rafael Cordero Díaz, encaminada a condenar a la degradación cívica a los autores del fallo histórico, señores Hugo Vargas Suberví, Luis Augusto González Vega y Danilo Santana, en base a los argumentos expuestos.

Esa actitud animó al recién juramentado presidente Guzmán a decir públicamente el martes 31 de octubre que su gobierno se proponía convocar “un plebiscito a nivel nacional que determinara la restitución o no de los legisladores perredeístas que fueron cedidos al Partido Reformista mediante resolución de la Junta Central Electoral”, aunque esta intención se diluyó cinco días más tarde, luego de una declaración del asesor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Jottin Cury, señalando que su ejecución originaría gastos cuantiosos aun cuando “daría resultados abrumadores contra los cinco legisladores reformistas designados por la JCE”.

Cury dejó entrever entonces la posibilidad del uso de la fuerza, por parte del presidente, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “para imponer en el Congreso Nacional a los cuatro senadores y al diputado perredeístas elegidos en los comicios del 16 de mayo”; lo que fue ponderado por el joven historiador Juan Daniel Balcácer que consideró que Guzmán “tiene una brillante oportunidad de convertirse en uno de los pocos go­bernantes que han hecho, o han intentado hacer, que se respete la Constitución, si decide que los cinco legisladores despojados de sus puestos ocupen las curules que les corresponden”.

Apuntó que de esa manera es­taría pro­tegiendo “los designios del pueblo dominicano libremente expre­sado en el pasado torneo comicial de no muy agradable recuerdo por el giro que la pasada administración le imprimió a los acontecimientos’’.

Sin embargo, esa postura fue rebatida por el presidente del Senado, Juan Rafael Peralta Pérez, quien -en unas declaraciones ofrecidas al periodista Pablo Jerez, del diario Última Hora- exhortó al gobierno a que acatara la decisión de la JCE porque era el único tribunal facultado a resolver asuntos electorales.

El senador por la provincia de Santiago Rodríguez advirtió que si el presidente Guzmán trataba de cometer un acto de fuerza para sacar del Congreso a los legisladores designados, su “Gobierno perdería los efectos legales que lo mantienen en el Poder”.

Por último, el miércoles 15 de noviembre Guzmán nombró una comisión jurídica, integrada por los doctores Mario ReadVittini, Ramón Tapia Espinal y Jottin Cury, con la misión de realizar un examen global de la legislación que servía de fundamento al sis­tema jurídico nacional y para que sugiriera al Poder Ejecutivo los cambios para la integración o el fortalecimiento de las instituciones consagradas en ese sistema.

A partir de ese momento no se habló más del tema referido y los legisladores reformistas comenzaron a cooperar con el régimen perredeísta, siguiendo las instrucciones de Balaguer, que había dicho que el nuevo gobierno “necesita la colaboración de otra fuerza política independiente, bien intencionada e identificada con la necesidad que tiene este país de cambios profundos en sus estructuras políticas y sociales”.

El viejo caudillo se comprometió a apoyar “sin reservas todas las reformas que se desee introducir en la Constitución de la República y que tiendan a garantizar o a mejorar nuestra ordenación institucional como sociedad civilizada”. Además de cualquier iniciativa del PRD “que tienda a producir los cambios fundamentales que el país necesita, sobre todo a redimir nuestra clase campesina poniendo en manos de cada agricultor una parcela propia”, y a solucionar “los gravísimos problemas que vamos a confrontar en un porvenir que desde ahora no se nos presenta con aires muy lisonjeros”.

jpm-am

A propósito de la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reducir el número de diputados y de municipios drásticamente, lo que permitirá un ahorro de aproximadamente 250 millones de dólares anuales, hace tiempo que en la República Dominicana debió suceder lo mismo, pero la llamada “clase política” nuestra ha hecho exactamente lo contrario: han aumentado el presupuesto del Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los ayuntamientos y los distritos municipales, entre muchas otras instituciones. ¡Una locura! 

Para un país pequeño y pobre como el nuestro, una sola cámara en el Congreso bastaría; 12 alcaldías, más el distrito, serían suficientes, más 40 o 50 municipios e igual número de distritos. Pero la “clase política”, ambiciosa y depredadora, que solo piensa en sí misma, ha saturado el Estado, lo ha hecho inmanejable con instituciones públicas para el robo y el saqueo del dinero de los contribuyentes, es decir, para la corrupción.  

El Estado dominicano es demasiado grande y costoso. La democracia dominicana debe estar entre las más caras del mundo, pero sin satisfacer las necesidades del pueblo, que, al contrario, no sale de la marginalidad y la pobreza. 

Este país de 48 mil kilómetros cuadrados tiene 32 senadores, uno por provincia, incluyendo el de la capital; 190 diputados, 178 territoriales, 5 nacionales y 7 de ultramar, que nadie sabe lo que hacen. 

Este país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, ubicado “en el mismo trayecto del Sol”, está dividido políticamente en 10 regiones, 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos. ¡Y los que faltan, porque hay varias comunidades esperando ser elevadas de categoría jurídica! No puedo olvidar la Liga Municipal Dominicana y no sé cuántas instituciones más relacionadas con el tema. 

Díganme ustedes, queridos lectores, si no es una barbaridad, si no es una locura, si no es “mucho con demasiado”. A toda esa burocracia legislativa y municipal hay que sumarle la cantidad de fiscales, jueces con todas sus jurisdicciones, sus instancias, sus Cortes, altas y bajas; la JCE, el TSE, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, abogados y fiscales, el financiamiento de los partidos y asociaciones políticas, etc. 

Pocos países tienen tantas leyes como el nuestro. El populismo congresual no tiene límites. Pero somos al tiempo el país donde menos se cumplen las leyes, por falta de un régimen de consecuencias. Todo lo prohibido aquí se permite. Los túneles, los elevados y los semáforos, son la mejor demostración. 

Y no paro de contar: tenemos ministros, viceministros, directores generales; tenemos por montones, Consultores, Asesores, etc., etc., etc. Todos con sus oficinas, sus privilegios, sus yipetas, secretarias, choferes, celulares que no toman nunca, conserjes, etc. La nómina pública asciende, más o menos, a unos 600 mil. Algo insólito. Hay funcionarios que ganan cuatro o cinco veces más dinero que el presidente de la República que es el único elegido por el pueblo. No exagero si digo que el Banco Central de la República Dominicana es más grande que el Banco Central de Chile y de muchos otros países más grandes y más desarrollado. 

Lo que quiero decir, con todos estos argumentos, es que, en la República Dominicana, la sensatez y el buen juicio debe llegar alguna vez, que la mal llamada “clase política”, debería discutir y llegar a un consenso sobre el país que quiere para el futuro, porque el Estado tiene que ser transformado reduciendo su tamaño, hacerlo equitativo y ágil, un país para todos, no para determinados grupos económicos, políticos y sociales como el que tenemos.  

Hay que eliminar muchas de sus instituciones, otras hacerlas más pequeñas y ágiles. Burocracia cero, como bien afirma el presidente Luís Abinader.  

Modificar la Constitución para crear un verdadero Estado Democrático de Derechos, es necesario. No esperemos que llegue al poder un Nayib Bukeque para hacer lo que hay que hacer, porque puede ser más traumático. Un Estado grande, para un país pequeño, ¿para qué sirve? ¿A quien beneficia? A las élites políticas y económicas, que lejos de ser la solución a los problemas nacionales, se han convertido en el verdadero problema.