SANTO DOMINGO.- Autoridades de Justicia y la Policía Nacional informaron este lunes que arrestaron en San Pedro de Macorís a un cubano de 81 años acusado en Estados Unidos por un asesinato e investigado en ese país por lavado de activos, crímenes presuntamente cometidos en Miami, Florida.

Leomar Valdes Martínez vivía en situación migratoria irregular en República Dominicana, conforme emitió la Dirección General de Migración, dijo la Procuraduría General de la República en un comunicado.

El arresto se produjo tras un allanamiento autorizado por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, practicado en la morada de Valdes Martínez, ubicada en el sector Los Filiú, de San Pedro de Macorís, por una solicitud de cooperación internacional de las autoridades estadounidenses.

En el referido allanamiento se ocuparon documentos relacionados a su proceso en Estados Unidos, a pesar de el apresado niega «rotundamente» su participación criminal, agregó la información.

Valdes Martínez, conforme indica la solicitud de cooperación del FBI a las autoridades dominicanas, es un fugitivo «altamente peligroso» y «armado» y quien proporcionaba información falsa, para evitar su captura, tras la comisión de los hechos en Miami y crear una fortuna en la República Dominicana.

La Procuraduría aseguró de que las próximas horas, autoridades del FBI trasladarán en calidad de deportado a Valdes Martínez a la ciudad de Miami.

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, y el comerciante Manuel García Mejía sometieron a la justicia al viceministro de Obras Públicas, Elías Santana y al gerente de la constructora Cogusa SRL, Rafael Guzmán Méndez, acusados de complicidad en irregularidades que, según afirman, se han cometido en la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro.

En dicho proceso también están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión y dicha constructora.

El sometimiento fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusados de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y usurpación de funciones.

También por violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de 600 millones de pesos.

Hernández, también presidente de la Fundación Primero Justicia, y García Mejía calificaron como escandaloso que Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de dicha autopista fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación.

Dijo que esto viola las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual la 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.

“Sin embargo, confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras antigua, la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales”, expresaron.

“Asimismo, la Ley de Compras actual, la 340-06, tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de un proceso de compra, por lo que han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, agregaron.

Hernández agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue la de declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y el mismo de Santo Domingo Este.

Solicitaron a la PEPCA profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para dicha obra.

PRESUNTA SOBREVALUACION DE LA OBRA

Hernández solicitó nuevamente la investigación sobre una presunta sobrevaluación por más de 600 millones de pesos, debido a que la obra fue reducida de tamaño, lo que reduce sustancialmente el costo de la misma.

“Se informó inicialmente que los trabajos de ampliación de la carretera realizados por la constructora Cogusa SRL tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas, jardinería y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó RD$800 millones y un monto extra de RD$2,000 millones para las expropiaciones de terrenos, pero luego sin explicación alguna, ni conocimiento público, el ancho de la autopista fue reducido a 33.70 metros y se eliminaron la isleta central, los espacios verdes y el arbolado lateral», expresaron.

CONSTRUCTORA COGUSA  

Solicitaron también a las autoridades indagar por qué ”Constructora Cogusa, S.R.L.”, que según sus documentos constitutivos tiene como especialidad la construcción de apartamentos; con un capital accionario de 500 mil pesos, se le haya adjudicado una obra de más de 2.800 millones de pesos, sin darse a conocer algún proceso de Licitación Pública, y que el costo haya sido aumentado en más de 600 millones de pesos sin explicación alguna.

MONTE PLATA.- El presidente Luis Abinader  entregó títulos de  propiedad de los terrenos en donde viven y trabajan a 1,242 familias, lo cual impacta a  9,992 personas de Sabana Grande de Boyá.

Esta es la segunda ocasión en la cual el mandatario entrega títulos de propiedad en este municipio, como parte del proyecto del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado que se ejecuta a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en todo el país.

En la primera oportunidad, el jefe de Estado hizo dueños de sus terrenos a 2,289 beneficiados y al terminar esta segunda etapa sumarán 4,787, en un total de 6,800 parcelas, solares y viviendas a titular.

Al hacer la entrega, el gobernante recalcó su satisfacción de participar en esos actos «porque la vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las familias dominicanas».

«Siempre lo he dicho, si la política no sirve para mejorar la vida de la gente real, no es política, es simplemente ilusionismo y palabrería», reiteró al manifestar que con esa y otras acciones de su administración se sientan las bases de una distribución de la riqueza más equitativa y llevar el bienestar de miles de familias dominicanas en todo el territorio nacional.

«Estamos haciendo política real para gente real. Parece una obviedad, pero bien saben ustedes que no siempre fue así», enfatizó.

Aseguró que el principal objetivo de su gestión es garantizar las condiciones para que todos los dominicanos puedan desarrollar una vida plena, con igualdad de oportunidades y con esperanza en el futuro.

Resaltó que con estas ejecutorias  se hace justicia social y a la vez se actúa sobre la reactivación económica, fomentándola con más solidez  y con pilares más robustos.

«Mis más sinceras felicitaciones; disfruten junto a sus familias sus viviendas, sus hogares, sus terrenos, sus vidas y su futuro. Desde hoy mismo les pertenecen con todas las garantías. Y yo se lo certifico personalmente», expresó.

SIN COSTO

De su lado, el director interino de la UTECT, Duarte Méndez, agradeció al mandatario por la confianza y el apoyo dado  para entregar estos certificados de títulos a los beneficiarios de los sectores de La Milagrosa, Las Flores, Play Viejo, Centro del Pueblo, Los Guandules, Pueblo Nuevo y el Residencial Arcoiris, Batey el Triple.

Explicó que los trabajos realizados por la entidad que dirige, conjuntamente con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), abarcaron, en esta segunda etapa, un área geográfica de 508,313.51 metros cuadrados.

Acompañaron al mandatario en esta actividad, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director del IAD, Francisco Guillermo García García; de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; del Banco Agrícola, Fernando Durán; de Catastro Nacional, Héctor Mirambeaux y del Instituto de Innovación, Biotecnología e Industria, Omar Olivo.

También, la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera; el senador Lenin Valdez López; el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Mieses de Jesús, y la alcaldesa de Monte Plata, Altagracia Herrera.

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