En el contexto del debate jurídico y político en la República Dominicana, respecto a la constitucionalidad o no del Memorándum de Entendimiento para regular varios asuntos de interés bilateral con los Estados Unidos, existe una guía internacional de actuación para asumir compromisos vinculantes y no vinculantes, por medio de actos de carácter jurídico y político.

En principio, un ejemplo relevante de acto político internacional no vinculante es el denominado Memorándum de Entendimiento, adoptado por República Dominicana y Estados Unidos en fecha 12 de mayo del 2026 genera un torbellino de consideraciones de carácter jurídico y político, el cual requiere ser evaluado con pinza, para determinar si compromete o no la soberanía nacional.

Desde el contexto dogmático los denominados Memorándum de Entendimiento no están regidos por el Derecho Internacional Público, especialmente por la Convención de Viena de 1969, sin embargo, determinados doctrinarios les otorgan el mismo valor de los tratados formales, formando parte de la costumbre o práctica internacional, basada en la reciprocidad, buena fe y confianza recíproca entre los Estados.

Doctrinarios como el profesor Antonio Remiro Brotón, en su obra Derecho Internacional Público, sostiene que entre actos Jurídico, Político, Vinculante y No Vinculante, no existen barreras y considera que ambos deben recorrer los procesos constitucionales para surtir efectos, toda vez que generalmente un acto jurídico tiene implicaciones políticas y viceversa

Los actos político internacionales son expresiones de voluntades entre gobierno, no de Estado, y son estudiados por la Ciencia Política, más que por el Derecho Internacional Público. Entre los actos políticos internacionales están las declaraciones unilaterales, acuerdo o memorándum de entendimiento, acuerdo de intención, las resoluciones de los órganos colegiados, como las Naciones Unidas, OEA, UE, Parlacen, G-7, G-20, entre otros.

Contrario a los actos políticos internacionales, que algunos doctrinarios consideran no vinculante, existen los actos jurídicos internacionales vinculantes, que están amparados en la Convención de Viena de 1969, los cuales requieren cierto rigor y establecen compromisos firmes de los Estados. Existen enfoques diferentes sobre la existencia per se de actos jurídicos internacionales no vinculantes, planteándose que todo compromiso que suscriba un jefe de Estado o sus representantes legales son vinculantes y obligatorios por naturaleza.

Los actos jurídicos internacionales vinculantes están regidos por el principio Pacta Sunt Servanda, la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y sobre todo por la Convención Up supra. Estos actos jurídicos requieren pasar el cedazo constitucional y administrativos de los Estados participantes y deben ser registrados en la Secretaría de un organismo regional o internacional para comprometer la soberanía y la responsabilidad de los Estados.

El núcleo duro de los actos jurídicos internacionales vinculantes y no vinculantes radica en la afectación o no de la responsabilidad internacional del Estado, la soberanía nacional, la reputación internacional de los funcionarios y sus instituciones, la buena fe del Estado, las sanciones, la nulidad y sobre todo la previsibilidad de crisis de carácter político o jurídico.

Para determinar si un acto político o jurídico de connotación internacional es o no vinculante es necesario una evaluación profunda del espíritu, contenido, obligatoriedad y alcance, hecha por equipos multidimensionales de profesionales, dado que la membrana que marca la diferencia son cuasi invisible.

Es importante plantear, como cuestión de alta política de Estado, que como no conocemos de forma inextensa el denominado Memorándum de Entendimiento en debate en la opinión pública,  es necesario que los actores, operadores jurídicos y políticos del Estado evalúen a profundidad dicho memorándum, para prevenir situaciones enojosas del pasado, parecido al reconocimiento por decreto de la Competencia de Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 1999, caso Sun Land, 2007,  Mia Cargo 2021 y la Declaración Conjunta sobre el uso de las aguas del rio Dajabón, 2023, firmado entre el Canciller haitiano y un Vice Canciller dominicano y así prevenimos conflictos que afecte la República Dominicana en su relación con su mejor socio y aliado: Los Estados Unidos.

En definitiva, si no tenemos certidumbre de la naturaleza o connotación respecto a si un acto internacional es jurídico, político, vinculante o no vinculante, lo mejor es no suscribirlo ya que su término puede ser más complicado que su adopción.

nerisabreu2006@hotmail.com

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Por EZEQUIEL CUEVAS

Cuando un vuelo procedente de Estados Unidos aterriza en suelo dominicano cargado de deportados que no son ciudadanos de nuestro país, algo más que pasajeros desciende por esa escalerilla: desciende también la legitimidad constitucional de un gobierno que, sin marco legal alguno aprobado por el Congreso Nacional, ha convertido a la República Dominicana en destino de nacionales de terceros Estados expulsados por Washington. Lo que debería ser una decisión soberana, transparente y legislativamente respaldada, se ha convertido en una práctica opaca que contradice los pilares más fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano.

La Constitución dominicana de 2010 es categórica en su artículo 3: la soberanía nacional es inalienable e indivisible, y el territorio de la República es inviolable. Este principio no es una declaración retórica; es la columna vertebral sobre la que descansa todo el edificio jurídico del Estado. Permitir que un gobierno extranjero —por poderoso que sea— dicte quiénes ingresan al territorio dominicano, incluyendo nacionales de países con los que República Dominicana no mantiene acuerdos migratorios formales, constituye una cesión inadmisible de soberanía. Ningún ejecutivo, por razones diplomáticas o de conveniencia política, puede disponer del territorio nacional como si fuera una sala de tránsito internacional.

El artículo 40 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, establece que nadie puede ser obligado a permanecer en un lugar sin orden judicial ni sin sustento legal. Este principio se extiende también a quienes arriban al país: si el Estado dominicano recibe a extranjeros deportados sin una ley que lo autorice y sin un procedimiento claro, está actuando fuera del marco de la legalidad que él mismo está obligado a respetar.

El principio de legalidad —según el cual los poderes del Estado solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite— es vulnerado flagrantemente cada vez que un avión de deportación aterriza sin que el Congreso Nacional haya debatido, aprobado o ratificado ningún acuerdo que lo justifique.

Agréguese a esto el artículo 128 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales que afecten al Estado dominicano deben ser aprobados por el Congreso antes de entrar en vigencia. Si el Poder Ejecutivo ha suscrito algún tipo de memorándum, acuerdo operativo o entendimiento con las autoridades migratorias estadounidenses para aceptar deportados de terceros países, dicho instrumento tiene la naturaleza de un tratado o acuerdo internacional con efectos sobre la soberanía y los derechos de los habitantes del país.

Su omisión ante el Congreso no es un tecnicismo; es una violación directa del principio de separación de poderes y del sistema de frenos y contrapesos que la Constitución diseñó para evitar el abuso del Ejecutivo.

El derecho internacional también resulta vulnerado en esta ecuación. La norma consuetudinaria internacional reconoce que ningún Estado está obligado a admitir extranjeros en su territorio, y que solo está obligado a recibir a sus propios nacionales.

Pero hay una cara más oscura del problema: si entre los deportados que llegan a suelo dominicano se encuentran personas con derecho a solicitar refugio o asilo —venezolanos, haitianos perseguidos, o personas en situación de vulnerabilidad— y el Estado dominicano no les garantiza ese derecho, se viola el principio de non-refoulement, piedra angular de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, a la que República Dominicana está adherida. El artículo 45 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de asilo y refugio conforme a los tratados internacionales.

La opacidad que rodea estos acuerdos es, en sí misma, una forma de violación constitucional. El artículo 49 de la Constitución garantiza el derecho a la información pública, y el artículo 138 obliga a la administración pública a actuar con transparencia y sometimiento pleno a la ley. Sin embargo, el gobierno dominicano no ha explicado públicamente bajo qué fundamento legal acepta estos vuelos, cuántas personas han sido recibidas, de qué nacionalidades, bajo qué condiciones y con qué garantías. Esta oscuridad institucional no es accidental: es el síntoma de una práctica que no resistiría el escrutinio jurídico si fuera sometida al debate legislativo que merece y que la Constitución exige.

República Dominicana no puede ni debe convertirse en el patio trasero de la política migratoria estadounidense. El gobierno dominicano tiene la obligación —no la opción— de someter cualquier acuerdo de esta naturaleza al Congreso Nacional, de garantizar los derechos de las personas que lleguen a su territorio independientemente de su nacionalidad, y de defender la soberanía que la Constitución le ordena proteger.

Lo contrario no es pragmatismo diplomático: es la rendición silenciosa de las instituciones ante la presión de una potencia extranjera, a espaldas del pueblo dominicano y en franca contradicción con la ley suprema de la nación. El Estado de Derecho no se negocia en corredores diplomáticos; se defiende en las aulas del Congreso y en los tribunales de justicia.

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La República Dominicana es un país privilegiado por su geología. Bajo su suelo descansan reservas de oro, plata, zinc y también cobre, un metal estratégico para el desarrollo tecnológico y energético del siglo XXI. Antes del inicio de la explotación moderna en la mina de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, se estimaba que el yacimiento contenía alrededor de 450 millones de libras de cobre.

Es decir, una riqueza suficiente para impulsar industrias, infraestructuras y bienestar colectivo. Sin embargo, la paradoja dominicana es dolorosamente evidente: mientras poseemos cobre a escala industrial, hoy lo “producimos” en las calles a través del delito.

En múltiples provincias del país se ha vuelto recurrente el robo de medidores eléctricos. Los delincuentes los sustraen para extraer sus componentes internos, principalmente bobinas y conductores de cobre, que luego venden en el mercado informal de metales. Este fenómeno no es un hecho aislado ni menor: afecta directamente a familias, comercios y al sistema eléctrico nacional, generando pérdidas económicas, interrupciones del servicio y riesgos de seguridad.

El contraste es brutal. Por un lado, contamos con uno de los depósitos minerales más importantes del Caribe, explotado con tecnología de punta y bajo contratos internacionales. Por otro, presenciamos una minería urbana clandestina, primitiva y destructiva, donde el cobre se obtiene rompiendo equipos públicos y privados. Es como si un país petrolero perforara tanques de gasolina en lugar de refinar su propio crudo.

Este fenómeno revela problemas estructurales más profundos. Primero, la persistencia de economías informales vinculadas al reciclaje de metales sin trazabilidad. Segundo, la debilidad en la persecución de los mercados receptores, porque el robo existe solo si alguien compra lo robado. Y tercero, la ausencia de una política integral que conecte la riqueza mineral nacional con oportunidades económicas reales para la población más vulnerable.

El cobre, además, es hoy uno de los metales más codiciados del mundo debido a la electrificación global, las energías renovables y la movilidad eléctrica. Cada panel solar, cada vehículo eléctrico y cada red inteligente lo necesita. Paradójicamente, mientras el mundo compite por asegurar su suministro, nosotros lo perdemos en pequeños fragmentos arrancados de la infraestructura cotidiana.

No se trata solo de delincuencia común; es también un síntoma de desigualdad, de falta de control institucional y de desconexión entre la riqueza del subsuelo y la realidad social de la superficie. Un país rico en cobre no debería ver a sus ciudadanos arriesgar prisión —o la vida— por unos gramos extraídos a martillazos de un medidor eléctrico.

La solución no pasa únicamente por más patrullaje o sanciones más duras, aunque ambas sean necesarias. Requiere regulación estricta de las chatarrerías, sistemas de trazabilidad de metales, sustitución de equipos vulnerables por diseños que reduzcan su vulnerabilidad y, sobre todo, oportunidades económicas que hagan que delinquir no resulte más rentable que trabajar.

La historia dominicana ha demostrado que los recursos naturales pueden ser bendición o maldición, dependiendo de cómo se administren. El cobre de Pueblo Viejo podría simbolizar progreso, modernización y soberanía energética. Pero cuando ese mismo metal reaparece convertido en botín de pequeños saqueos urbanos, lo que refleja es un fracaso colectivo.

Somos ricos en cobre, sí. Pero si seguimos permitiendo que la riqueza se evapore en forma de robos, mercado negro y deterioro de servicios esenciales, terminaremos siendo un país que, teniendo tanto bajo tierra, se conformó con arrancarlo de sus propias paredes.

Porque al final, la pregunta no es cuánto cobre tenemos… sino por qué lo estamos robando nosotros mismos.

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