Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sostuvo que, aunque ese sector es responsable del 85 % del crecimiento económico, es necesario adoptar nuevas métricas para calcular el progreso en términos de calidad de vida.

Así lo expresó su presidente Celso Juan Marranzini durante la clausura de la Décima Convención Empresarial del CONEP, a la cual asistió el presidente de la República, Luis Abinader.

PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Marranzini adelantó que para los próximos cuatro años la proyección de la inversión privada en el país será de 50 mil millones de dólares, pero consideró vital mirar más allá del PIB y medir el bienestar de la sociedad.

También proyectó la creación de al menos 500 mil empleos en los próximos cuatro años, teniendo en cuenta que el sector privado aporta 86 de cada 100 puestos de trabajo en la economía dominicana.

PROPUESTAS ESTRATEGICAS

La Convención se enfocó en dos ejes estratégicos, a saber, el Desarrollo Productivo para seguir fomentando la expansión económica de manera equitativa, y el Desarrollo Humano para mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Las propuestas presentadas se centraron en áreas claves como empleo y seguridad social, educación, salud, vivienda e infraestructura.

También se concentraron en otras esferas como inversión y diversificación, productividad y competitividad, sector eléctrico y fiscal.

SECTOR PRIVADO COMPROMETIDO CON EL PAÍS

El presidente de CONEP apuntó que el sector privado es consciente de su responsabilidad con el país y asume las conclusiones de esta reunión como compromisos para seguir impulsando el bienestar integral.

Consideró que el desarrollo productivo y humano tienen igual nivel de importancia.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, Cesar Dargam, explicó que las conclusiones son fruto de un amplio proceso de consultas que incluyó encuentros regionales en el sur, este y norte del país.

SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio Público de la República Dominicana acordaron este martes  fortalecer la lucha contra el lavado de activos en esta nación caribeña.

Para tal fin firmaron un memorándum de entendimiento mediante el cual se comprometen a poner en marcha “las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación exitosa» de una “Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA)”.

La Procuraduría General de la República (PGR) dominicana informó en un comunicado remitido a ALMOMENTO.NET que la FTLA  será dirigida por la procuradora general de corte de apelación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Luisa Liranzo.

Está integrada por ocho instituciones dedicadas a la prevención y persecución de delitos complejos, como son la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Para su puesta en ejecución, la procuradora general Miriam Germán Brito y la encargada de negocios de la Embajada estadounidense, Patricia Aguilera, firmaron una “Carta de Implementación de Proyectos (CIP)”

Los Estados Unidos colaborarán, entre otros asuntos, con capacitaciones especializadas para la Fuerza de Tarea en materia de investigación criminal, análisis, investigaciones cibernéticas, litigio en juicios, entre otros temas relevantes y vinculados.

También, ofrecerán asistencia técnica para el desarrollo de propuestas para el diseño de protocolos de trabajo que cubran, al menos, las siguientes áreas: administración, operación e intercambio de información. Además, acompañamiento técnico y asesoría en el análisis criminal y la definición de estrategias de investigación y litigio.

En tanto que la Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad de abogar porque el Poder Ejecutivo financie la puesta en marcha de la FTLA, incluyendo, entre otras cosas, las reparaciones estructurales de las instalaciones identificadas, la compensación de incentivos adicionales para los miembros del nuevo órgano y complementar sus costos operativos durante un mínimo de 3 años a partir de la firma de los memorandos de entendimiento con las ocho instituciones participantes.

Del mismo modo, la PGR deberá garantizar que todo el personal de la FTLA participe en programas de formación, educación y ejercicios y definir políticas y procedimientos internos de trabajo que permitan y fomenten el uso de los conocimientos y la formación en el trabajo diario de los miembros de la nueva entidad.

Germán Brito destacó «que la constitución de la Fuerza de Tarea es algo muy significativo en el manejo de la persecución del crimen».

Manifestó satisfacción por el apoyo en la formulación de aspectos como la vigilancia y el seguimiento, porque,  a su juicio, “el crimen no tiene frontera».

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