El 4 de noviembre del 2022 es recordado como día de desastre. Muertes, desapariciones, cuantiosos daños materiales. Desde el atardecer las lluvias diluvianas perturbaron a la ciudadanía.

Plazas comerciales, viviendas, vehículos, fueron afectados de manera dramática por el agua incontrolable que buscaba cauce y enfrentaba toneladas de escombros, imbornales taponados por plásticos, botellas, desechos de la falta de responsabilidad cívica, de la imprevisión y de la absoluta ausencia de consecuencias.

Las imágenes de la desesperación y el desamparo se reproducían por doquier. Aquello quedó en el recuerdo de los afectados y en el olvido colectivo. Las proclamas oficiales disminuyeron, relegadas por otras pendencias. ONAMET calificó como extraordinaria la cantidad de lluvia.

La directora del organismo reveló que las precipitaciones caídas durante tres horas superaron las previstas durante el mes.

La vida continuó, algunos atrevidos decían “son los drenajes, tonto” parodiando aquello de “es la economía, imbécil”.

Pasaron los días, de nuevo los aguaceros, las calles inundadas. Como siempre, basura flotando en los mismos rincones y vertederos improvisados, propios del paisaje urbano. Urge el alcantarillado en “El Gran Santo Domingo”.

EL presidente anunció su realización y reconoció que el proyecto ha sido postergado «porque no se ve para fines de posicionamiento político».

Gracias a su popularidad asumirá la ímproba tarea. El anuncio fue hecho en agosto, faltaban dos meses para otro estremecimiento.

Los desbordes de ríos, de cañadas, las marejadas, son recurrentes en el territorio. Ambientalistas denuncian de manera cotidiana e inútil, manglares y corales destruidos, sierras urbanizadas, árboles talados, bosques quemados, fuentes de agua maltratadas y no provocan reacción contundente. Y así asomó noviembre que desafía a mayo y compite con chubascos y devociones. El aviso de peligro, antes del 18, fue desoído. Los meteorólogos advertían, también ONAMET.

Tranquilos, esperamos la catástrofe y ocurrió. Resultado: muertos, pérdidas millonarias, crecidas inmisericordes con los desposeídos. En el Distrito Nacional quedará, para el discurso político, el derrumbe del muro en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Asignación de culpas para ganancia electoral y demérito del perverso pasado.

La calamidad obligó un decreto post conmoción. El poder ejecutivo suspendió labores que debieron suspenderse antes. En LA Semanal, un montaje espectacular con fondo acuoso, permitió anuncios y revelaciones propias de “La Verdad Incómoda” de Al Gore.

El cambio climático es responsable de todo lo que ha sucedido y sucederá. Las causas antropogénicas quedaron aplazadas. La naturaleza manda, luce que el apocalipsis llegará sin remedio.

 La panacea

Empero, existen intervenciones urbanas, capaces de mitigar efectos de la fuerza irresistible de la naturaleza, verbigracia “La Nueva Barquita”. Para aplacar reclamos y apaciguar el espanto causado por las tragedias, la panacea ha sido la creación de una “Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático”.

La Comisión parece suplantar la función de ministerios existentes y engaveta la política de “Gestión del Riesgo de Desastres” y la “Estrategia Nacional frente a Desastres”, incluidas en el Programa de Gobierno del PRM. Otra vez, la emocionalidad sustituye la institucionalidad. Ganar la batalla de la incompetencia noes triunfo para nadie.

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Una de las mayores preocupaciones para quien es elegido presidente de los Estados Unidos tiene que ver con su legado en diversos aspectos de la vida del país, muy especialmente lo relacionado con la visión que se formen los ciudadanos sobre su impronta en el ámbito judicial.

Por esta razón, los gobernantes estadounidenses no se andan con remilgos cuando se presenta la ocasión de designar jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde se marca su talante conservador o liberal y se marca su huella.

En esta cuestión, ningún otro presidente en décadas tuvo la oportunidad de Donald Trump para afianzar su postura conservadora, pues se le presentó el momento de llenar tres vacantes en el máximo tribunal estadounidense.

El legado de Trump será, por mucho, el más duradero proyectado hacia el futuro, con la eventualidad de hacerlo casi imperecedero en caso de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

En nuestro país no andamos pensando en legado ni nada de esas cuestiones abstractas, que, sin embargo, son importantes para un presidente que quiera trascender más allá de obras físicas; uno que tenga el interés de que se le recuerde como un mandatario afianzador de lo institucional.

Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura elija a los cinco jueces en reemplazo de los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, habrá dejado abierto el camino para que el presidente Luis Abinader tenga la oportunidad de cambiar a todos los integrantes y dejar su legado.

Esto, como en el caso del estadounidense, quedará sujeto a que logre su reelección el próximo año, ya que entonces se le abrirá el espacio temporal para realizar otra elección en 2027.

Es decir, que, desde la primera elección del TC en 2011, solo Abinader tendrá la coyuntura para influir de manera total y determinante en un tribunal también determinante en la vida institucional del país.

En consecuencia, esa perspectiva trascendental le plantea al presidente el desafío de actuar con una visión de largo aliento, designando a jueces constitucionales que, como señalaba recientemente el magistrado Jorge Subero Isa, sobre todo tengan una amplia perspectiva de política de Estado entre otros aspectos fundamentales.

Y esa condición no se consigue en cualquier graduado de Derecho, sino en verdaderos conocedores de la materia constitucional y las complejidades estatales.

Nelsonencar10@gmail.com

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