Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha declarado culpable este jueves de nueve delitos de evasión fiscal, evitando así ir a juicio. El juez Mark Scarsi ha aceptado este nuevo testimonio, que ha pillado por sorpresa a la acusación, y ha fijado la lectura de la setencia para el 16 de diciembre.

El juez Scarsi –nombrado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump– finalmente ha aceptado esta sorpresiva maniobra de la defensa en base a la doctrina Alford, por la cual el acusado se declara culpable debido a la solidez del caso en su contra, pero sigue manteniendo que es inocente.

CARGOS RELACIONADOS CON IMPAGO DE 1,4 MILLONE DOLARES

Biden asume la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica, y la universidad de su hija.

La declaración, que no estuvo motivada por ningún acuerdo con la acusación, ha tenido lugar durante una ajetreada audiencia en Los Angeles que ha durado todo el día, cuando se esperaba que diera comienzo con la selección del jurado.

FISCAL DICE ESTAR SORPRENDIDO Y ANUNCIA OPOSICION 

«Estábamos tan sorprendidos como todos en la sala del tribunal», ha comentado el fiscal especial Leo Wise quien tras conocer las intenciones del hijo del presidente de Estados Unidos anunció que se opondrían. «Hunter Biden no es inocente, es culpable, no puede declararse culpable en condiciones especiales», dijo.

Después de que los fiscales leyeran la acusación contemplada en 59 páginas, proceso que se alargó durante hora y media, el juez Scarsi ha preguntado a Hunter Biden si estaba de acuerdo y la respuesta ha sido afirmativa, evitando así un segundo juicio en apenas unos meses.

Hunter Biden ya fue declarado culpable de tres cargos en junio en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. Mientras tanto, se encuentra a la espera de recibir la sentencia por estos hechos.

CARACAS.- La defensa del abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, entregó a la Fiscalía un documento en el que se solicita respeto a “la presunción de inocencia” y las “garantías procesales” que -asegura- “no estuvieron presentes” en las tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al antichavista.

En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que “el objetivo fue cumplido”, pues la idea era “obtener un acuse de recibo efectivo” y establecer “formalmente” ante la Fiscalía “las razones” por las que González Urrutia “no compareció” tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.

JUSTIFICACION DE LA INCOMPARECENCIA

En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la “incomparecencia” no “obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución”, sino “al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones”.

“Estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar”, expresó el opositor a través del escrito.

En las últimas semanas -prosigue el texto- se “han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado” que lo “condenan por anticipado y (…) sin fundamento”.

ACUSACIONES 

Al antichavista se le acusa de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad “la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio” que recibieron los “testigos en las mesas de votación”.

Sin embargo, no considera que se “han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral”, ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano “como una de sus garantías de confiabilidad”.

Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde “el punto de vista jurídico” y manifestó que “las declaraciones de carácter político” serán “dadas en su oportunidad” por la coalición opositora.

Por su parte, Saab, que se refirió a González Urrutia como el “requerido por la Justicia” y el “solicitado por la ley”, informó que este jueves dará a conocer “toda la verdad”, sin más detalles.

FISCAL GENERAL RECIBIO «UNA COMUNICACION» 

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que recibió “una comunicación” del abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, luego de que el jurista denunciara que no pudo introducir un documento que explicaba la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra.

A través de Instagram, Saab, quien sostuvo una reunión con el abogado, no dio detalles sobre la comunicación ni aclaró si se trataba del documento que Haro no logró introducir horas antes ante la Fiscalía, en el que se hace un llamado a “no criminalizar” ni “judicializar” hechos políticos que, en cambio, “deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no” en el de “la persecución política”.

El fiscal general aseguró que Haro y González Urrutia “reconocieron las competencias constitucionales y legales” del Ministerio Público (MP, Fiscalía) “como titular de la acción penal para emprender y desarrollar las investigaciones a que haya lugar”, algo que no se confirmó por la defensa del opositor.

Por su parte, el fiscal, que se refirió al líder del antichavismo como el “requerido por la Justicia” y el “solicitado por la ley”, informó que este jueves dará a conocer “toda la verdad”, sin especificar más al respecto.

CIUDAD DE MEXICO.- Una juez federal de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, centro de México, otorgó una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con esta decisión se busca impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya se votó con aprobación en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado mexicano, donde comenzará su discusión el domingo y se votará en el Pleno el próximo miércoles 11 de septiembre.

La jueza que paró la reforma judicial

La juez quinta de distrito en Morelos, Martha Magaña López, otorgó la suspensión en el mismo amparo en el que, el pasado sábado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir el citado dictamen.

Magaña López ordenó a los legisladores que no aprueben, en este caso en el Senado mexicano, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, el proyecto de decreto a las legislaturas estatales para su aprobación.

“El dictamen no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, se lee en la resolución.

“En el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, añadió.

La reforma al Poder Judicial, que se impulsó por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, se aprobó en lo general, mientras que en lo particular se envió al Senado.

“Aprueba el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado mexicano”, expuso la Cámara de Diputados en sus redes sociales.

Una ley que hace tránsito en el Legislativo

El dictamen con proyecto de decreto, ya había sido aprobado en lo general en la madrugada por la mayoría oficialista, avanzó con 357 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 130 en contra de la oposición, y posteriormente fue aprobado en lo particular.

La iniciativa se envió al Senado, donde a Morena y sus aliados les falta un voto para tener la mayoría calificada.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la aprobación de su reforma es “muy buena noticia” y aclaró que se necesitaban solo 334 votos para que pasara, pero esta cantidad se vio superada por lo que calificó que estuvo “muy bien” la votación.

La reforma al Poder Judicial desató diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, un sala deportiva, tras bloqueárseles por parte de los inconformes los accesos la Cámara de Diputados.