«Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación». Si domingo, asueto. Y en el silencio, espacio para la introspección y el flujo de conciencia, al estilo del Leopoldo Bloom de James Joyce, en el parque a solas con sus conflictos internos.

Mejor retrato del discurrir dominical aparece en la pintura de Georges Seurat, Un domingo por la tarde en la isla de Grande Jatte, convertida en sensación teatral por Stephen Sondheim bajo el título de  Sunday in the Park with George. En medio del Sena, los trazos puntillistas del  francés  acentúan la sensación de calma y quietud de quienes se benefician de la holganza prescrita en la tradición cristiana.

Lejos estamos los capitaleños de disfrutar de los parques como escenarios clave para la observación de la vida cotidiana y el ocio, mucho menos en domingo en el Mirador sur, el pulmón urbano más importante que la alcaldesa Carolina Mejía cuida.

Pandemonio

En el respiro antes del agobio del lunes, aquello es un pandemonio: equipos de sonido al máximo de decibelios, bullicio de mercado y cultos y prédicas a todo volumen de quienes en la obsesión proselitista olvidan que, si se ama al prójimo como a uno mismo, jamás se le estropea el descanso que el Señor ejemplificó.

La amenaza a la serenidad del domingo en el vedado arranca con el desmadre del tránsito, los tubos de escape modificados para incordiar y el Centro Cristiano Soplo de Vida, cuyo aliento de espiritual tiene poco y sí mucho de comercio y atropello a los vecinos del Mirador.

Los domingos capitaleños en el parque son de manicomio, de oídos maltrechos y derechos martirizados.

(Tomado de Diario Libre)

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A través de los años, la sociedad dominicana ha sido testigo de ocupaciones ilegales de espacios públicos en ciudades y campos. Cualquier desaprensivo instala un establecimiento de negocio al borde de una carretera o en una transitada esquina.

Esta práctica ha sido causa de incontables accidentes de tránsito, en muchos de los casos con saldos de pérdida de vidas.

El Estado es el garante de velar por la seguridad ciudadana y el cumplimiento y respeto de los derechos civiles fundamentales, incluida la seguridad en las vías públicas.

El 7 de marzo de 2022 fue creada la Unidad de Control de Derecho Vial (Codevial), que como la Comisión Militar y Policial (Comipol), está adscrita a los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de Defensa.

En sus actuaciones, Codevial ha venido a dar cumplimiento a la Ley 1474-38, que regula las construcciones en las carreteras troncales y fija sus márgenes, y que fue promulgada el 22 de febrero de 1938.

Esa disposición legal, y sus modificaciones, establece que para toda construcción se debe dejar márgenes de 30 metros para autopistas troncales, 20 para carreteras secundarias, y 10 para caminos vecinales.

Acción efectiva

En estos dos años y medio Codevial, que dirige el mayor general del Ejército Rafael Vásquez Espínola, se ha hecho sentir, y de buena forma. Su rol de defender los intereses de la colectividad en autopistas y carreteras han arrojado resultados positivos. Pero aún falta mucho por hacer.

A partir de entonces, esta entidad ha podido paralizar, notificar, desmantelar y/o demoler miles de obras que violaban el derecho de vía en autopistas y carreteras de las regiones Norte, Sur y Este del país. Una tarea muy loable.

“En muchos casos se procedió con el derribo de las mismas, debido a que los dueños, a pesar de ser notificados por escrito, no obtemperaron al llamado de las autoridades”, explicó Vásquez Espínola en una entrevista.

Codevial, con apenas 80 efectivos, abarca 3,200 kilómetros de carreteras en 29 provincias donde tiene presencia el servicio de la Comipol o de asistencia vial.

Un personal compuesto por ingenieros, abogados, agrimensores y militares vive con ojo avizor para que particulares no ocupen espacios que pertenecen a autopistas y carreteras para usar en construcción de viviendas, verjas, cisternas, o para instalar bombas de agua, tanques de depósito o parqueos.

La Unidad de Control de Derecho Vial está llamada a garantizar que el tránsito vehicular en República Dominicana sea seguro y confiable en cuanto al derecho de vía, y que los espacios para futuras ampliaciones estén libre de obstáculos.

Por lo tanto, amerita que esa unidad cuente con todo el apoyo oficial que se requiere en estos casos, que se le dote del personal y los equipos necesarios para que cada día pueda realizar una labor siempre en beneficio de la colectividad.

De igual manera, los esfuerzos de Codevial deben concitar el apoyo de los distintos sectores nacionales, a nivel de dirigencia empresarial, sociedad civil, legisladores, gobiernos municipales, entre otros.

Una mayor cantidad de efectivos militares y de civiles, y tener una cobertura de servicio de un radio más amplio del territorio nacional será garantía de que Codevial se gane el favor de toda la colectividad nacional.

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Durante un tiempo considerable he estado reflexionando sobre la situación de la provincia Bahoruco. A lo largo de varias décadas, ha permanecido entre las comunidades más empobrecidas del país. Esta situación, desde mi perspectiva, se debe a una realidad subyacente: aún no hemos logrado definir quiénes somos realmente, en particular nuestras autoridades, que no han tenido el discernimiento necesario para determinar si somos un territorio rural o urbano.

Los problemas del campo no son los mismos que los de la ciudad; por ende, las soluciones a esas problemáticas también difieren. Es imperativo definir qué entendemos por «rural». Una comunidad rural hace referencia a una región cuyo principal motor económico es la agricultura.

De acuerdo con un estudio del mercado laboral en Bahoruco realizado en 2018 por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), solo el 12.6% de la población se dedicaba a la agricultura y labores relacionadas con jardines y cultivos. Esta cifra sugiere que la agricultura no constituye la principal actividad económica de nuestra provincia, por lo que no encajamos estrictamente dentro de la definición de comunidad rural.

Como es natural, tras las diversas revoluciones industriales a nivel global, los campos han comenzado a transformarse en ciudades, y con ello, la mentalidad de la población también ha evolucionado. Hace

tres décadas, los jóvenes de Bahoruco, al finalizar la secundaria (si es que asistían), se dedicaban a trabajar en la agricultura con sus padres o abuelos, o se unían al Ejército Nacional.

Cambio significativo

Hoy en día, la dinámica ha cambiado significativamente. Los jóvenes de nuestra provincia aspiran a continuar su formación académica tras egresar de los liceos o politécnicos, soñando con convertirse en ingenieros, médicos, abogados, maestros, entre otros.

Buscan una ocupación que les asegure una vida estable en el futuro. A diferencia de los años 90, cuando la falta de oportunidades educativas limitaba a las personas a conformarse con lo necesario para su subsistencia diaria, hoy existe un claro deseo de superación y desarrollo.

En resumen, si hemos llegado a la conclusión de que hemos cambiado, es hora de comenzar a implementar acciones que nos permitan desarrollarnos como comunidad. Debemos proporcionar a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades, garantizando un mejor acceso a la educación y posicionándonos en el presente.

Además, es esencial apoyar a quienes aún se dedican a la agricultura, facilitando su transición hacia la agroindustria. Para profundizar en este aspecto, abordaremos en otro artículo los pasos concretos que podemos seguir.

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