Dentro de una semana, el Poder Ejecutivo apoderará al Legislativo del proyecto de modificación a la Constitución de la República, a fin de adecuar determinadas normas a las necesidades de la sociedad dominicana. Por ejemplo, la independencia del Ministerio Público con respecto al jefe del Estado es una prioridad.

La Presidencia de la República ha venido escuchando a distintos sectores sociales en interés de consensuar el contenido de las reformas  a ser aplicadas en la Ley Sustantiva. El pasado martes, el consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, se reunió con cincuenta abogados que ejercen en  diferentes ramas de esa profesión. Y eso está bien.

Ahora, también estará bien, o quizá mejor, escuchar a una comisión de expertos en el uso del idioma español para evitar enredos verbales y alargamientos de frases en el texto constitucional. La Constitución vigente adolece de múltiples defectos idiomáticos y resulta oportuno enmendarlos, a la vez que se reforma la parte dispositiva.

El lenguaje jurídico, como el de toda ciencia, requiere sobriedad y llaneza, nada bien le queda la rimbombancia. Tampoco le son propios ciertos modismos que vienen impuestos por grupos irreverentes que han hecho de la llamada equidad de géneros una agenda mundial a la cual se han adherido dirigentes políticos y otros hacedores de opinión.

Ridiculeces

Los constituyentes de 2010  cayeron de manera ingenua o complaciente, de eso no estoy seguro, en plagar la Constitución de ridiculeces que entorpecen el texto y lo hacen pesado. Ese vicio comienza en el artículo 18: “Son dominicanas y dominicanos: 1-Los hijos e hijas  de madre o padre dominicanos”.

El articulo 19: “Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley, …”. A la vez, el artículo 22 se refiere a los derechos de ciudadanía de este modo: “Son derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Y así siguen muchos otros artículos: “Elección de las y los legisladores…” (artículo 77).

La propia Constitución establece (artículo 29)  que el idioma oficial  de la República Dominicana es el español. Sin embargo, esos usos contravienen la normativa de nuestra lengua. La doctrina lingüística privilegia la economía verbal frente al derroche de palabras. Eso, y no otra cosa, es la duplicidad que ocasiona el doble género.

El lenguaje jurídico debe ser claro y comprensible para todo público, pues las leyes, resoluciones y sentencias van dirigidas al común. La Academia Dominicana de la Lengua ha ofrecido su colaboración para evitar que la nueva Constitución aparezca con vicios gramaticales. Después de aprobada y antes de proclamada debe ser revisada por correctores de alta calificación. Conviene.

rafaelperaltar@gmail.com

JPM

Es fundamental para la clase política dominicana escuchar y trabajar en conjunto con las universidades para lograr objetivos palpables que mejoren las condiciones de vida en lo económico y social en este país que tiene un potencial enorme pero con ciertos grilletes para avanzar.

El crecimiento de la economía dominicana es evidente, pero lamentablemente estamos muy preocupados porque observamos una falta de visión, planificación y fiscalización eficiente. Como destino turístico en esta zona geográfica del Caribe, tenemos el reto de mejorar nuestras deficiencias.

La falta de visión, planificación y fiscalización eficiente se evidencia en la pérdida de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos, como poder caminar por aceras adecuadas sin obstáculos instalados o permitidos por los organismos reguladores municipales o del gobierno central.

La preocupación es válida por parte de los centros de pensamiento, representados por sus técnicos, profesionales y especialistas en diferentes áreas que pueden contribuir al crecimiento económico y social, pero lo más importante es fomentar la conciencia ciudadana.

República Dominicana es un destino turístico por la calidez de su gente, la calidad competitiva de sus instalaciones hoteleras y la diversidad de sus ofertas entre montañas, playas, ríos y una gastronomía acompañada por ritmos tropicales como el merengue y la bachata, que se bailan y escuchan a nivel mundial.

Sin embargo, la indiferencia es una realidad por parte de regidores, alcaldes y organismos reguladores, quienes no asumen las funciones que los ciudadanos dominicanos, como votantes, depositaron en las urnas. Esta responsabilidad es crucial para provocar cambios reales y duraderos en el tiempo, pero podemos afirmar que no ocurre cuando dejamos de escuchar a la academia y a los ciudadanos.

La iniciativa Santo Domingo 2000, que comenzó en 1974 con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, presentó propuestas para lograr avances en la planificación y desarrollo integral. Al acercarnos a la culminación de este año 2024, observamos una indiferencia por parte de la clase política dominicana, ya que no sentimos la aplicación de políticas públicas, sino más bien un deterioro de los servicios públicos y un desorden urbanístico.

República Dominicana tiene leyes, pero lamentablemente los organismos reguladores no tienen interés en hacerlas cumplir. Aún así, mantenemos la esperanza de que se logre despertar, para que mis ojos, llenos de lágrimas y frustración, no sean testigos de la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, y de que los extranjeros que nos visitan sientan orgullo, en lugar de conocer solo los hoteles de Punta Cana.

En mis escritos anteriores, hemos expuesto problemáticas en diferentes formas, así como propuestas presentadas por académicos, especialistas y ciudadanos organizados en juntas de vecinos. También hemos denunciado abusos en los medios de comunicación que los funcionarios públicos están en el deber de atender y resolver.

Es imperativo escuchar a urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, abogados y activistas sociales ,ciudadanos y organizaciones que promueven tertulias y seminarios para hacer entender a los dirigentes políticos asi como funcionarios públicos para aplicar planes de ordenamientos territorial segun las necesidades de cada región. Solo así podremos construir una ciudad amigable en todos sus aspectos.

A 50 años de esta iniciativa Santo Domingo 2000 de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, estamos muy lejos de aplaudir los resultados, ya que, aunque hemos escuchado a arquitectos como Cristóbal Valdez, Gustavo Valdez, Marcos Barinas y Omar Rancier, así como al abogado Marino Tejada, hemos hablado mucho, pero poco se ha hecho para aplicar políticas que conecten con los sectores y con los ciudadanos que caminan por aceras ocupadas por obstáculos.

En nuestro país, aunque tenemos crecimiento económico y social, estamos perdiendo derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos. Esto lo comprobamos simplemente al salir a caminar o al preguntar sobre las experiencias de nuestras amistades o personas que han tenido la oportunidad de conocer otros países, donde se pueden garantizar servicios básicos.

En cambio, seguimos atrapados en un laberinto de desorden urbanístico y en la falta de protección de la propiedad privada en nuestro país.

jpm-am

La susodicha y hasta hace pocos años desconocida voz en el habla dominicana, “Encartado”, se puso aquí muy de moda a partir del momento en que un grupo de “prestantes” ciudadanos fueron a parar a la cárcel, en el mes de julio del 2017, acusados de recibir sobornos de la empresa constructora Odebrech.

Como es normal, cada hecho, cada acontecimiento de impactante relevancia saca a la luz voces de uso poco común o que no forman parte del léxico activo de los hablantes pertenecientes a una comunidad lingüística determinada.  En el ámbito dominicano, el caso Odebrecht, por ejemplo, contribuyó a que se extrajera del cofre de la lengua española, y posteriormente se popularizara, un término que hasta el año antes citado escasamente se había escuchado y mucho menos utilizado: “Encartado”

¿Qué significa esta palabra?

Según el diccionario académico, “Encartado” soporta, entre otras acepciones, el significado de individuo: «Sujeto a un proceso, especialmente penal»

Todo ser “sujeto a un proceso…” es, por definición, un procesado, voz esta que en el español dominicano y en otras partes del mundo hispanohablante entraña los más negativos y desagradables valores significativos: “encausado”, “condenado”, “acusado”, “enjuiciado”, “inculpado…

”Merced a estos valores semánticos nada placenteros, “procesado” se nos presenta entonces como una palabra “tabú” (*). Para evitar utilizarla, mas si se les aplica a individuos provistos de rangos, alcurnia o prestigio social, entonces se maquilla o reemplaza por otra que como “encartado” resulta más galante, inofensiva, elegante y decorosa. Y, por consiguiente, menos atentatoria a la moral, al honor y a las buenas costumbres.

Conforme a las ideas preindicadas, el novedoso vocablo, “encartado”, ha de ser concebido como un auténtico eufemismo (**), cuyo uso, en el contexto dominicano, tendría   como propósito central, consciente o inconscientemente, minimizar la dolosa etiqueta que sí entraña el vocablo “imputado” en perjuicio de unos ciudadanos (empresarios, funcionarios, políticos…)  que la sociedad percibe como “honorables”

Por eso no ha de extrañar que solo estos seres con prestancia, nombres y apellidos sean llamados “encartados” por nuestros comunicadores sociales, no así los individuos o delincuentes comunes que incurren en faltas graves reñidas con la ley; pero que carecen de rango y distinción. Cuando estos últimos son sometidos a la justicia, ya no se tratará de “encartados”, sino de “imputados”, “acusados”, “procesados”, “encausados”, “violadores de la ley”, etc.

 

Por esa misma razón, mientras en una nota noticiosa se lee:

 

 « En algunos de los casos que sigue la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como Antipulpo, Coral y Coral 5G, los encartados han logrado llegar a un acuerdo de devolver el dinero producto del flagelo, y así convertirse en testigos, dependiendo de  la particularidad de lo tratado…» (Hoy, sept. 30/2022)

 

En otra, sin embargo, con distinto tono semántico, se lee el siguiente titular:

 

«Dictan tres meses de prisión preventiva contra dos de los imputados por asalto al Banco Popular…» (Diario Libre, junio 18/2024)

 ¿Qué significa eso?

Que las denominaciones para referirse al sometido a la justicia, especialmente por robo, varían según el apellido, prestigio o la clase social a la que pertenezca la persona procesada, vale decir, según el traje que esta exhiba. Si viste traje de gala, el acusado de robo será llamado” Encartado”; mas se carece de nombre o rango social, para nuestros periodistas, simplemente se tratará de un imputado, procesado, delincuente o inculpado.

Notas:

 

(*) – Palabras Tabú: son aquéllas   que hacen   referencia a temas considerados desagradables por una cultura y que, por tanto, son consideradas soeces, indelicadas, vulgares, de mal gusto o atentatorias contra la dignidad, la moral y el decoro.

 

(**) – Eufemismos: Son las palabras o expresiones que los hablantes utilizan en sustitución de las palabras tabú. Palabras o expresiones políticamente aceptables o menos ofensivas que sustituyen a otras palabras de mal gusto que pueden ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente.

jpm-am

 

Con la designación del nuevo titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, antiguo director general de Alianza Público Privada, el gobierno da una clara señal de su interés por privatizar (mediante fideicomiso, outsourcing, u otras modalidades), una gran cantidad de servicios públicos, lo cual representaría, no cabe dudas, una gran carga para todos los dominicanos.

Ante el reclamo de la ciudadanía que ha venido percibiendo cómo en los últimos tres o cuatro años se ha producido un creciente deterioro en los servicios públicos que hasta hace poco funcionaban a satisfacción de sus usuarios, el presente gobierno busca como paliativo a ese reclamo cederle una gran parte de los servicios públicos al sector privado.

Ese deterioro de los servicios públicos se viene dando en la gran mayoría de las instituciones públicas, a tal punto que ante los obstáculos, retrasos y lentitudes que se han generado en la presente gestión, han resurgido los mal llamados “buscones”, que hacía ya más de 15 años se habían erradicados de las instituciones públicas.

Ante esa lamentable situación de deterioro, el presente gobierno ha preferido, en vez de insertar mejoras en los procesos, dejarse arrastrar por la tendencia a privatizar servicios públicos, impulsada por diversos factores, entre ellos, la búsqueda de ¨mayor eficiencia¨ y la incorporación de capital privado a la gestión de servicios públicos.

El argumento más común es que las empresas públicas son ineficientes y a menudo corruptas, por lo que la privatización ¨reduciría¨ costes y ¨aumentaría la calidad¨.

Tradicionalmente los servicios públicos los ha venido prestando el Estado, sin embargo, dados los niveles de deterioro que en la actualidad tienen los mismos, se procura que el sector privado participe también en la prestación de los mismos.

Privatizar es entregar a un particular la explotación de bienes o servicios públicos, y eso conlleva darle una lógica empresarial, entrar al mercado y regirse por la ley de oferta y demanda.

¿Qué significa esto? Imagina que decidimos privatizar el agua o la electricidad, eso significa que pasan a ser productos cuyo precio será definido por el mercado.

El gran problema surge cuando existe mucha gente que no podrá pagar ese precio, y si no puede pagar por el agua ¿Como puede un ser humano sobrevivir y asearse? ¿Como se puede sembrar?

Sencillamente el mercado puro y duro dirá que quienes no pueden alcanzar ese precio no están integrados al mercado y no podrán sobrevivir.

El problema es que un bien público (de todos) como el agua termina siendo exclusivo y excluyente y se verá en la obligación de pagar por aquello que constitucionalmente ya es tuyo.

¿Pero, por qué existe ese interés del Gobierno por privatizar los servicios públicos? Porque el Estado ha demostrado ser un mal administrador, la mayoría de las instituciones públicas generan una enorme burocracia, los políticos que llegan al poder meten a sus allegados a los cargos mejor remunerados, la calidad de los servicios y bienes prestados muchas veces es pésima.

Cuando en una sociedad como la nuestra, los servicios más básicos dejan de estar a la altura que demandan sus usuarios es que algo se está haciendo mal, y eso es responsabilidad, tanto de los que se encargan directamente de prestarlos, como de los que tienen la obligación y el mandato de supervisarlos, es decir, el Gobierno de turno, y la privatización no será nunca la mejor opción.

jpm-am

POR LEONARDO REYES MADERAS

Este 8 de agosto se cumplieron 78 años de las réplicas que dejó el fatídico terremoto de 1948 en República Dominicana.

Dicen que la distancia es el olvido y parece que este decir se aplica hasta a los terremotos. Han pasado todos estos años llenos de estudios, de reglamentos responsables desde el punto de vista técnico, aplicados y exigidos a medias, fortaleciendo nuestra ignorancia y negación a la realidad de la ocurrencia de un terremoto en nuestro país, cuyo resultado puede retrocedernos más de 30 años como nación en vía de desarrollo.

Cada día que pasa y no sucede el terremoto esperado, es un día más para decir: ¡AUN TENEMOS TIEMPO!, e imagino que quien esté leyendo esta reflexión podría preguntarse: ¿Tiempo para qué?.

Y me atrevería a reflexionar: para salvar vidas, para preservar nuestro patrimonio, para ser proactivos y adelantarnos a lo que nos espera si continuamos indiferentes a nuestra amenaza sísmica.

En esta oportunidad quiero invitar a que reflexionemos sobre el escenario frente a un desastre de magnitudes desconocidas, catastróficas, que iniciemos de lo más elemental, nuestras instituciones de socorro y asistencia al ciudadano.

¿Qué pasaría si nuestras calles quedaran obstruidas por el colapso de edificios, puentes peatonales, puentes elevados? ¿De dónde llegará la ayuda al menor tiempo requerido?

Estas y otras tantas incertidumbres que nos inquietan porque necesitamos resolverlas, requieren de respuestas inmediatas y del inicio de un plan de acción que incluya a todos los actores a nivel nacional, sin excepción.

Historia

Los terremotos han formado parte de nuestra existencia en esta Isla Hispaniola desde su origen, dando certeza de esto las crónicas enviadas a España en el periodo 1500-1900, dejando claro que esta es una Isla sísmicamente activa y capaz de producir terremotos destructivos a cualquier tipo de edificación, infraestructura y líneas vitales, destruyendo incluso, ciudades como Santiago de los Caballeros y La Vega, en 1562.

¿Qué pasaría en nuestro país, si se repitiera el terremoto que hoy recordamos?

¿Sobrevivirán nuestras edificaciones, infraestructuras y líneas vitales ante tan devastadores efectos? Esta es nuestra mayor interrogante y reto como profesionales de la ingeniería y la arquitectura dominicanas.

Honestamente creo que cualquier respuesta podrá ser considerada como pura especulación y porque no considerarla, como una fábula.

Si analizamos la diferencia entre la actividad sísmica de nuestro país y otros como Japón, Chile, por solo citar dos de los países más afectados frecuentemente por terremotos a nivel mundial, no es difícil reconocer sus niveles de avance en esta área, desde luego, guardando las diferencias entre ambos y sobre todo con nuestra Isla.

Aunque esto podría ser considerado un hecho lamentable, no es menos cierto que sobre la base de mucho dolor, pérdidas de vidas, edificaciones, infraestructuras y líneas vitales, estos países han desatado la guerra a este fenómeno y han decidido tomar decisiones muy dolorosas, pero, sobre todo, muy responsables, y hoy cuentan con códigos de construcciones sismorresistentes, capaces de garantizar la ocupación inmediata de estas, después de sucedido un terremoto.

Indiferencia

República Dominicana sigue observando terremotos destructivos de otros países con la esperanza de que el próximo nuestro no llegará. Esta impresión altamente lamentable, es responsable de nuestra actitud indiferente y hasta a veces despectiva cuando nos referimos a este tan desagradable tema de vida o muerte.

Se que hay muchos obstáculos a reconocer y vencer, que nadie aprende en cabeza ajena y que tendremos necesariamente que pagar con vidas humanas nuestra falta de ocupación para lanzarnos a la prevención, a la evaluación de la vulnerabilidad de todas nuestras obras existentes, definiendo prioridades y tomando acción para poder preservarlas a la hora de nuestro terremoto.

Nuestras prioridades fundamentales que requieren dedicar todo nuestro esfuerzo están a la vista: hospitales, escuelas, edificios de uso público, puentes, muelles, puertos, aeropuertos, estaciones de bomberos, entre otros.

No nos permitamos el lujo de seguir desafiando la naturaleza de espalda a su real historia, iniciemos con todas nuestras fuerzas, conciencia y responsabilidad, una campaña seria de prevención a nivel nacional, como única vía para garantizar la preservación de nuestras vidas, edificaciones, infraestructuras y líneas vitales, después de nuestro próximo terremoto.

No nos permitamos el lujo de seguir indiferentes apostando que aquí no pasara nada. Eso es irresponsable, poco inteligente y sobre todo mortal para nuestro país.

¡Aun tenemos tiempo!