Naciones Unidas, 23 mar.- Casi cinco millones de personas enfrentan crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda en Haití mientras los desplazamientos y la falta de ayuda agravan la situación en la capital, advirtió hoy un informe de la ONU.

El más reciente análisis de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC) asegura que la situación empeora en el país, donde más de 1,6 millones de personas enfrentan niveles de «emergencia» de hambre.

De acuerdo con el estudio respaldado por Naciones Unidas, las zonas más gravemente afectadas se encuentran en el valle de Artibonite, el granero del país, donde grupos armados se han apoderado de tierras agrícolas y han robado cosechas.

En medio del estado de la violencia, agrega el informe, la nación enfrenta niveles de hambre sin precedentes.

El aumento del hambre está alimentando la crisis de seguridad que destroza al país, aseguró a propósito de la publicación el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la nación, Jean-Martin Bauer, al pedir medidas urgentes.

«Esperar a responder a gran escala no es una opción», agregó el representante.

Según el informe, 4,97 millones de personas enfrentan crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda, establecida como la fase tres o más de la clasificación de CIF.

El departamento Oeste, las zonas rurales de Grand’Anse en el sur y varios barrios pobres de la capital, incluidos Croix des Bouquets y Cité Soleil, también causan preocupación por concentrar niveles de hambre catastrófica o en la fase cinco de la clasificación desde finales de 2022.

El director del PMA aseguró que el organismo mantendrá su apoyo esencial a los haitianos a pesar de las dificultades reales sobre el terreno.

«Trabajamos con ONG locales y organizaciones agrícolas dando prioridad a las compras locales. Esto significa que podemos acortar nuestra cadena de suministro y somos menos vulnerables a los conflictos y los bloqueos de carreteras, al mismo tiempo que impulsamos la economía local», añadió Bauer.
De acuerdo con cifras de la ONU, las pérdidas de empleos e ingresos ya afectaron a dos tercios de las familias en todo el país durante la última ola de violencia desatada marzo, mientras que la inseguridad eleva los ya altos precios de los combustibles y los alimentos.

Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, el costo de la canasta de alimentos aumentó un 22 por ciento, por lo que millones de haitianos dejaron de acceder a todos sus productos.

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No se pueden acomodar las ideas, al analizar  la intervención militar y su   secuela que es la injerencia en asuntos internos de un país. No es posible  considerar buena una intervención militar cuando conviene, y rechazar luego la injerencia en asuntos internos. Son dos acciones que van tomadas de las manos.

Ningún país  merece la mala suerte de ser invadido por una potencia o soldados extraños. La soberanía y la territorialidad debe ser un concepto sacrosanto en el trato entre los pueblos. Para las grandes potencias no hay amigos ni enemigos, sino aliados circunstanciales y la defensa de sus intereses,

Ninguna de las potencias que han intervenido históricamente en Haití, puede hablar de democracia para ese país neo-nato, porque fueron ellos los que crearon los problemas actuales.

Una intervención militar traerá más problemas a esa nación, creará una mayor crisis de inmigrantes, los pandilleros podrían ser exterminados en áreas de influencia, pero es difícil que una fuerza expedicionaria pueda controlar todo el territorio.

Con Haití, la República Dominicana tiene grandes diferencias sociales, políticas, históricas. La masiva presencia de indocumentados, y sus hijos nacidos en el territorio nacional, crea serios problemas de convivencia.

Los haitianos que son ilegales y que no pueden justificar su presencia en el país deben de inmediato ser deportados. Las Naciones Unidas se oponen a ello, y desde funcionarios hasta nacionalistas de pacotilla, consideran  que esa es una postura injerencista  e intervencionista en el devenir del  país.

De ahí que no es buen camino la dualidad. Respaldar la intervención  militar en Haití, pero rechazar la injerencia de las Naciones Unidas, Canadá y Estados Unidos en el país. Los dos son hechos repudiables. Nadie, por más poderoso que sea, tiene derecho a intervenir, de ninguna forma, en un Estado libre y soberano.

Los haitianos tienen una guerra civil blanda, donde todos se matan entre sí, pero nadie tiene derecho en meterse en sus problemas internos. Pueden surgir mediadores de esta crisis, y aupar el surgimiento de la democracia, pero no que se manden tropas.

Si Haití no puede establecer por sí mismo un equilibrio político y social, y poner fin al bandolerismo y a los señores de la guerra y las pandillas, se debe ir solo al abismo. La injerencia diplomática y la intervención militar son hermanas. No se puede apoyar una y rechazar la otra. La independencia y la soberanía de los pueblos  no se negocia.

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Los dominicanos todos, sin distinción de banderías políticas, debemos mantenernos en estado de alerta ante las amenazas que se ciernen contra nuestro país por el desborde de la crisis política haitiana y las pretensiones de la ONU para que se abran campos de refugiados en nuestro territorio.

Acceder a ello, representaría una amenaza contra nuestra soberanía, estabilidad y sobrevivencia como nación debido a la facilidad con que penetrarían a nuestro territorio, que de por sí sirve de refugio, desde hace tiempo, a cientos de miles de haitianos que trabajan en el campo, la construcción y otras labores.

La crisis política haitiana ha llegado a un punto de difícil manejo por la comunidad internacional no obstante las continuas advertencias del presidente Luis Abinader en distintos foros y escenarios internacionales donde advertía, con vehemencia, la necesidad de que las grandes potencias económicas ayudaran en el caso.

Los acontecimientos han llegado a un punto que la Cancillería, la Cámara de Diputados y otras instituciones han tenido que salir al paso a las pretensiones de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), en el sentido de que se permitan campos de exiliados haitianos en nuestro país.

Esto, en adición a los miles de ciudadanos de la vecina nación que habitan entre nosotros, representaría un desbordamiento migratorio que nos hundiría como nación por lo que todos, sin importar banderías políticas, debemos mantenernos alerta bajo la consigna: “No hay una solución dominicana a la crisis haitiana”.

jpm-am