Por Mario Ramos Méndez

Se calcula que en el mundo hay alrededor de 281 millones de inmigrantes que dejaron su país para vivir en otro. De esa cifra, setenta millones son ilegales. Las razones son múltiples, desde deseos de libertad hasta precariedad económica. Estados Unidos y la Comunidad Europea son recipientes de una cantidad enorme de migración ilegal, lo que ha llevado a los distintos gobiernos a tomar medidas por los problemas sociales, de salud y económicos que esto acarrea.

Históricamente, el Caribe ha sido tránsito de migraciones. Varios siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo mundo hubo inmigrantes a nuestras costas provenientes del norte de Suramérica, y a partir de principios del siglo pasado comenzaron los movimientos poblacionales de una región a otra, Centroamérica y la cuenca caribeña como exportadores de capital humano y los Estados Unidos como su recipiente.

La frontera de los Estados Unidos y México divide a dos países con realidades socioeconómicas completamente distintas. Basta cruzar de un lado al otro para ver cómo la pobreza y la riqueza colindan. Solo una línea los divide. Esto crea un movimiento humano en dirección al norte buscando una mejor vida para dejar de vivir míseramente.

La inmigración ilegal que llega a los Estados Unidos y que entra por la frontera con México es proveniente, mayormente, desde el país azteca y el resto desde los demás países centroamericanos. La falta de libertades y la persecución política, como son los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y la precariedad económica llegando a niveles de vivir en la miseria empuja a familias enteras a cruzar la frontera y buscar lo que Carlos Fuentes llamó “el oro gringo” (Véase a Carlos Fuentes, El Espejo Enterrado).

Todos los países del mundo tienen sus políticas de defender las fronteras y controlar la inmigración. Las leyes establecen los procedimientos, sustantivos y procesales, a llevarse a cabo con el trato a los inmigrantes ilegales. La Comunidad Europea viene dando pasos para controlar el flujo de personas que cruzan el mar Mediterráneo y llegan hasta España, Francia, Italia, Grecia y otros países europeos. Incluso, la inmigración ilegal ha catapultado la estadística criminal, pues la cantidad de delitos registrados va muy por encima a años anteriores.

La inmigración ilegal crea gastos inesperados en el presupuesto de cada nación recipiente. Mayor cantidad de policías y personal de fronteras, de aduanas y guardacostas -con equipo para efectuar los trabajos- son reclutados para detener y remover a estos ilegales y llevar sus casos ante un juez. Aparte de los disloques sociales a lo que contribuye, pues una población inmigrante que se enclaustre en un área geográfica compacta deviene con el tiempo una especie de gueto.

Un caso emblemático de rechazo a la inmigración ilegal fue la acometida en República Dominicana contra los haitianos por orden de Trujillo. Fue una matanza en la frontera y la cantidad, según el historiador Bernardo Vega, fue alrededor de 30 mil. A esto se le llamó la Masacre del Perejil. Hoy día el gobierno dominicano sigue deportando miles de haitianos ilegales a Haití.

La acción de las agencias federales de arrestar para deportar a sus países de origen a inmigrantes ilegales que están en Puerto Rico ha motivado a líderes independentistas a atacar a la gobernadora Jenniffer González y al presidente Trump. Cuando en la década de los noventa se escuchaban chistes crueles contra personas que venían de la República Dominicana o se veían en paredes grafitis que decían “muerte a los dominicanos”, ninguno de ellos levantó la voz para defenderlos. Hoy, muchos se han insertado en nuestro proceso democrático y ocupan cargos electivos, como en la legislatura municipal de San Juan.

El gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo que todo país en el mundo hace cuando personas ilegales entran a su territorio: sacarlos. Sin embargo, los que están en ley, tienen estatus migratorio, visa para estudios o trabajo no tendrán problemas. Donde hay orden y respeto a los estatutos no hay anarquía. Incluso -contrario a lo que dijo un independentista hace unos días-, en nuestro caso, por la influencia del constitucionalismo americano, si un inmigrante ilegal no sabe inglés, como parte del debido proceso de ley, tiene derecho a que el estado le provea representación legal e intérpretes.

Lo que vemos en estos días es lo que todo país hace. Lo hace República Dominicana con los ilegales haitianos y lo que hacen en Puerto Rico los Estados Unidos contra los que viven aquí de manera ilegal.

Por Iván Rivera (Analista político)

La semana ha comenzado con los reportajes noticiosos en cuanto a operativos de diferentes agencias federales en Puerto Rico forzando la nueva política federal de cumplimiento estricto de los estatus migratorios. Aquí en Puerto Rico, el tema tiene distintas particularidades y, desde la esfera político partidista, se discute desde el populismo en lugar de la razón. Los eventos del fin de semana y los que continuarán ocurriendo en los próximos meses, desbancarán al populismo y la politiquería impregnando una dosis de realidad a todos los puertorriqueños y a los hermanos inmigrantes residentes en la Isla.

Primero que todo, estemos claros en los siguientes presupuestos. Cada país tiene todo el derecho del mundo de regular la forma en que permite a nacionales de otros países y/o jurisdicciones el tránsito dentro del suyo. Así pues, en el momento en que se toma la decisión de transitar en otro país hay dos formas de hacerlo. Cumpliendo con los requisitos legales que impone ese en el que queremos transitar, ya sea por trabajo, estudio u otra condición; o sin cumplir con los mismos. En el segundo de los supuestos, siempre estará presente el riesgo de la detención y deportación. En Puerto Rico el asunto no es distinto, pero sí ostenta particularidades que nos obligan a reflexionar al respecto.

Las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de Puerto Rico con otras jurisdicciones de lo que llamamos Latinoamérica trascienden la denominada Guerra Hispanoamericana y el cambio de mando colonizador del 1898. El ejemplo siempre resaltante es el de la República Dominicana, tanto por hechos históricos, así como por el impacto económico y sociopolítico. Ambos fueron conquistas españolas a finales del Siglo XV. Desde entonces, siempre hubo un flujo pequeño, pero constante de personas en ambas direcciones. Incluyendo burócratas, soldados, clérigos, profesionales, estudiantes, artesanos y esclavos. El mismo se incrementó desde la Española hacia acá debido a disturbios políticos como la cesión española de la isla a Francia en el 1795, la Revolución Haitiana del 1804 y, más marcadamente, tras la ocupación haitiana de Santo Domingo la cual duró de 1822 a 1844. Posteriormente, se invirtió la dirección de la mayoría del flujo migratorio en el primer tercio del Siglo XX debido al rápido desarrollo de la industria azucarera dominicana, especialmente en el litoral oriental de la República.

Entre 1930 y 1960 fue muy poco el intercambio migratorio entre ambos países. Con ese trasfondo histórico y el ciclo de incremento migratorio desde la República Dominicana a Puerto Rico a partir de los años 60, junto con las relaciones interpersonales, incluyendo matrimonios entre puertorriqueños y dominicanos, tenemos como realidad una fuerte interacción social y económica. Todos tenemos alguna relación con algún hermano dominicano. Según el Instituto de Estadísticas en un estudio publicado en 2022 sobre las características sociodemográficas y contrastes entre la población dominicana y puertorriqueña, la población de minoría con mayor presencia entre los habitantes de Puerto Rico es la dominicana, con 59%, seguido de la cubana (13%).

La realidad antes mencionada ha llevado a los políticos a culipandear a la hora de hablar de las nuevas directrices del gobierno federal y la implementación de sus políticas migratorias. Las mismas no deben ser sorpresa para nadie. Fueron tema y promesas de campaña claras y diáfanas. Una contundente mayoría de los votantes estadounidenses las respaldó en las urnas. No obstante, los políticos locales han tratado de administrarles dosis de paliativos a los afectados y a la sociedad en general conscientes de esa fuerte relación socioeconómica y cultural. La gobernadora Jenniffer González, tras una aparente mala asesoría al respecto, hace una semana indicó que con esas directrices no debería haber preocupación en la Isla, porque no estamos hablando de México ni de Texas.

En reacción a las primeras detenciones y comunicado de prensa sobre las mismas en Puerto Rico, desde La Fortaleza se incluyó en la reacción al asunto con ofrecimientos de ayuda a los implicados con visas de trabajo. Lo que es legalmente imposible. Cualquier persona que esté un año o más de manera ilegal en Estados Unidos, y es removida, le será denegada toda solicitud de residencia o visado dentro de los diez años próximos, según establecen las Secciones 212 (a) (9) (B) hasta la (C) de la Ley de Inmigración federal. Desde la oposición surgen los inmorales que politiquean con el dolor de las decenas de familias afectadas, reclamándoles por haber votado por el PNP, como osó manifestar el derrotado candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal. Así como algunos populares reclamándoles a la gobernadora y al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que hagan algo, como si fuese posible dentro de una colonia como esta.

Después de Donald Trump emitir su anunciada Orden Ejecutiva de cerrar la frontera sur de Estados Unidos e iniciar el proceso de la más extraordinaria campaña de deportación de indocumentados en la historia de los Estados Unidos, el miedo y la incertidumbre se ha apoderado de las comunidades de inmigrantes en todo el país.

Según su presupuesto, esta campaña alcanzará a millones de personas provenientes mayormente del sur de los EE. UU., sin distinción de raza, etnia, nacionalidad, sexo y edad.

Como parte del plan se espera, en lo inmediato, redadas y detenciones masivas a nivel nacional, para lo cual los grupos y activistas defensores de los derechos humanos debemos y tenemos que estar preparados.

Estados como Illinois y New York donde cientos de miles de personas caen bajo la categoría de indocumentados, aparecen como lugares prioritarios para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS y de manera particular para su dependencia el Servicio de Inmigración y Control de aduanas (ICE).

Buscando facilitar las redadas, apresamientos y posterior deportación, la administración de Trump, a través del DHS, derogó la disposición del presidente saliente, Joe Biden, que prohibía redadas contra migrantes alrededor de escuelas, iglesias y hospitales.

Para justificar su perverso proceder, el DHS argumenta, sin presentar pruebas, que “criminales extranjeros”, léase trabajadores indocumentados, usan escuelas e iglesias para evitar ser apresados. Bajo argumento análogo, el gobierno de Israel bombardeo múltiples centros de salud en Gaza en su cacería de militantes de Hamas, organización política-militar de Palestina. Así, asesinaron centenares de médicos, empleados y pacientes.

El impacto social de este ruin proceder es incalculable.

Por temor a ser apresados, los parientes indocumentados con niños y niñas podrían no llevarlos a las escuelas y a los hospitales lo cual será negativo en su educación y atenciones de salud.

La comunidad dominicana tanto en EE. UU. como en Puerto Rico será seriamente afectada lo que poco parece importarle al presidente Luis Abinader, para quien es más importante un simple piropo de Marco Rubio, secretario de Estado, que la suerte de sus connacionales.

Aun imprecisa, se estima en mas de 300 mil los connacionales en condición de indocumentados.

Esto afectará la economía dominicana, dado el impacto negativo que tendría en el monto de las remesas y el envió de artículos y productos de uso diario y primera necesidad.

Insisto en la necesidad de organizar la más amplia resistencia contra las injustas políticas de la nueva administración.

Este proceso de defensa al sector más vulnerable de nuestros migrantes debe integrar a oficiales electos, activistas, sindicatos, organizaciones políticas y comunitarias.

A la vez que la presión popular, hay que tomar iniciativas educativas centradas en que hacer si la policía o los agentes del ICE detienen a un indocumentado.

En esta circunstancia la indiferencia sería una vergüenza.

Defendamos los derechos humanos y laborales de la amplia comunidad de inmigrantes indocumentada.