Quienes han vivido mucho, tienen mucho que contar. Después de nuestra primera experiencia migratoria en la isla de Borinquen, regresamos a la República Dominicana y trabajamos primero para la Compañía Dominicana de Teléfonos y luego para la Rosario Dominicana en sus instalaciones industriales del paraje Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez.

Esta última había pertenecido a la Rosario Mining Company, empresa norteamericana establecida en Nueva York que, en 1967, cuando apenas el presidente Joaquín Balaguer iniciaba sus famosos 12 años, recibió una concepción para la exploración de los predios de Pueblo Viejo y sus colindancias en busca de oro y plata.

Pero fue en 1972 cuando el Estado dominicano suscribió un contrato de explotación con la minera y le concedió el 54% de las acciones de una sociedad que en adelante se llamaría Rosario Dominicana s.a.

La Rosario Mining Company instaló su complejo industrial en las estribaciones de Pueblo Viejo, luego de expropiar con ayuda del gobierno esos predios que pertenecían a los campesinos de la zona; los pobres propietarios, sin ayuda ni orientación, cedieron sus terrenos por las miserables sumas que le concedió la minera.

Explotación de los óxidos áuricos

El óxido de oro era el material que estaba cubierto por la capa vegetal de aquellas tierras, y que era muy fácil de localizar y procesar; para ese tipo de material fue que la minera Rosario Mining instaló el complejo industrial que comenzó a producir grandes cantidades de onzas de oro y una proporcionalidad mucho mayor de onzas de plata al final del año 1973.

Ese complejo industrial instalado por la minera, trabajaba 24 horas continuas, con una parada programada de un día al mes, para mantenimiento general. Con ese tren de explotación sobre aquellos óxidos de oro se mantuvo esta compañía por casi 5 años, exportando cientos de miles de onzas de oro y plata al extranjero, hasta 1979.

Nacionalización y compra

El gobierno dominicano encabezado por el presidente Antonio Guzmán Fernández decidió en 1979 comprar el 54% de las acciones de la Rosario Mining Company, negociación que involucró una suma de US$ 70 millones de dólares que, en definitiva, pasaron a formar parte de la deuda externa del país, por la forma que se consiguieron los fondos para pagar a la minera.

Aquella compra estaba condicionada a mantener los asesores técnicos y los empleados departamentales que había traído la minera desde el extranjero por tiempo indefinido; el gobierno acogió esas condiciones, porque supuso que eso contribuiría a mantener la producción de la empresa.

Luego de aquella compra, muchos nos preguntamos, sí los técnicos y consejeros del gobierno hicieron un arqueo o inventario de los minerales que dejaba la minera extranjera al momento de la negociación.

Siempre hemos dudado que esto se realizara, porque el Estado dominicano no tenía el personal ni los recursos técnicos para una evaluación de este tipo; o sea que se compró sobre la buena fe de la parte vendedora.

La Rosario Dominicana, s.a. operó en manos del Estado dominicano desde 1979 hasta 1995, cuando ya se había agotado todo el material oxidado en Pueblo Viejo y sus estribaciones; o sea que los recursos menguados recibidos de manos de la Rosario Mining Company, pasaron por dos administraciones diferentes, los gobiernos del PRD del 79 al 86 y los últimos 10 años del Dr. Balaguer que concluyeron en el 1996.

¿Qué hizo el Estado dominicano con todo ese mineral extraído en esos 17 años? ¿Cuáles beneficios tangibles se pueden señalar en la geografía dominicana de esas riquezas generadas?

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https://almomento.net/expropiacion-de-la-rosario-1979/

POR NELSON DEL POZO GUZMAN

En sus primeros días de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que marcan un cambio radical en la política exterior y económica del país.

Este giro estratégico se enfoca en sustituir la guerra militar tradicional por una guerra económica global, con implicaciones significativas para la economía mundial y la estabilidad geopolítica.

Las nuevas órdenes abordan temas cruciales como la migración, el medio ambiente y el comercio. Trump ha establecido un marco que incluye la imposición de aranceles a países clave como China, Canadá, México y miembros de la Unión Europea. Estas medidas podrían provocar distorsiones económicas impredecibles, afectando no solo el comercio y las finanzas, sino también a trabajadores y productores en todo el mundo.

Además, la administración Trump ha puesto la mira en territorios estratégicos como Groenlandia y Panamá, justificando sus acciones bajo el pretexto de la «seguridad nacional». Sin embargo, este argumento ignora la relevancia de estos lugares como rutas comerciales cruciales y su riqueza en recursos naturales.

Groenlandia, por ejemplo, se estima que podría albergar hasta el 25% de los recursos de elementos de tierras raras del mundo, esenciales para la fabricación de tecnología avanzada, incluidos motores de vehículos eléctricos.

La administración también ha comenzado a implementar un plan de deportaciones masivas, con cifras que alcanzan hasta 14 millones de ciudadanos deportables. Si se lleva a cabo, esto podría resultar en una reducción significativa de las remesas y un impacto negativo en el PIB de países como la República Dominicana, además de generar tensiones sociales.

Trump no solo ha desmantelado asociaciones internacionales, como su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Acuerdos de París, sino que también ha habilitado la explotación de recursos energéticos en Alaska y otras regiones. Estas decisiones reflejan una política aislacionista que prioriza los intereses económicos nacionales sobre la cooperación global.

La creciente influencia de figuras como Elon Musk, conocido por su trabajo en Tesla y SpaceX, sugiere que las decisiones de Trump también están alineadas con los intereses de grandes corporaciones tecnológicas y energéticas, lo que añade otra dimensión a esta nueva estrategia.

En un contexto global marcado por la incertidumbre, la administración Trump parece estar redefiniendo las relaciones internacionales a través de una guerra económica que podría tener repercusiones duraderas. Este enfoque plantea preguntas sobre el futuro de la cooperación internacional y la estabilidad económica mundial en un momento crítico para el orden global.

La Era Trump 2.0 se presenta como un período de cambios profundos que desafiarán las normas establecidas y transformarán el panorama geopolítico actual.

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POR JOSE VANTROY REYES 

Orígenes históricos de las élites y la concentración del poder

Noam Chomsky utiliza el término «oligarquía» para describir sistemas donde una élite económica y política concentra el poder, influyendo en las decisiones gubernamentales y limitando la participación democrática.

Mientras miraba la televisión y se organizaban los invitados a la toma de posesión del presidente Donald Trump, cada minuto se fue haciendo más evidente la presencia de un nuevo grupo de poder.

Entre risas y camaradería la élite tecnológica se exhibe ante el mundo cómo nunca antes, ya con el control de las vidas íntimas de los ciudadanos en su poder y el viejo orden industrial sentados como simples espectadores contemplando sonrientes como emerge una nueva oligarquía.

Para explicar el nacimiento de este nuevo grupo oligárquico y su concentración de poderes en un pequeño grupo de propietarios de las multinacionales tecnológicas en la actualidad, es necesario recorrer de manera abreviada varios procesos históricos.

En el actual siglo XXI, unos cuantos líderes empresariales de las grandes tecnológicas controlan grandes recursos económicos, determinan la agenda social e incursionan directamente en las luchas políticas, invirtiendo cientos de millones de dólares en apoyar candidatos, y últimamente, realizando proselitismo político personalmente. Está élite va manejando los hilos de la sociedad para ganar el control, ya sea de manera formal o de forma sutil y discreta.

Concentración de poder en la antigüedad

En El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu define la oligarquía como una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por un pequeño grupo de personas. Para él, la oligarquía tiende a perseguir intereses particulares, lo que puede conducir a la corrupción del sistema político.

En el siglo XVIII, durante la implementación más moderna de la democracia, emergió una nueva clase de comerciantes e industriales. Estos individuos ya poseían recursos económicos considerables, pero carecían de poder para proteger sus posesiones frente a las estructuras de la monarquía establecida. En los EEUU,  luego de independizarse del imperio británico, para resolver este dilema, los pensadores de la época buscaron soluciones. Se propuso que el “rey” debía ser elegido entre los ciudadanos, rompiendo con el carácter hereditario de la monarquía. Sin embargo, para garantizar la lealtad del monarca ahora llamado presidente, la élite que lo elige estableció que el mandato sea finito, asegurando que el rey elegido supiera que eventualmente sería reemplazado por otro elegido por sus súbditos. Esto implicaba que el monarca (Presidente) podría enfrentar consecuencias si tomaba decisiones en contra de la élite que lo respalda.

Transformaciones sociales en el siglo XIX y XX

En los siglos XIX y XX, las sociedades continuaron evolucionando. Otros sectores se organizaron y conquistaron el derecho a elegir y ser elegidos, lo que permitió a comerciantes e industriales delegar el poder formal a estos nuevos grupos mientras conservaban el poder fáctico que muchos pensadores definen como el poder que se ejerce al dominar aspectos claves de la sociedad, como por ejemplo, la prensa, la energía, el suministro de comida o combustible.

Que alguien o un grupo domine algunos de estos renglones le da una influencia sobre las decisiones de quien ejerce el poder formal, a esto se le conoce como poder fáctico.

Este arreglo de las élites de comerciantes e industriales delegando el poder formal en estos nuevos grupos aseguraba que, cuando la inevitable insatisfacción de administrar lo poco para satisfacer a muchos hiciera estallar la ira del pueblo, esta se dirija hacia el nuevo grupo, que al contrario de los comerciantes e industrials, que su poder fáctico sigue siendo hereditario, este nuevo grupo de intelectuales y políticos son elegidos por popularidad, lo que hace que el pueblo se vea como corresponsable por haberlos elegido.

La complejidad de este tema me obliga a seguir ampliando en un próximo artículo, pero le dejo la siguiente frase de Antonio Gramsci, quien escribió que «El poder de una clase no solo reside en el dominio material, sino en su capacidad para influir en la forma en que los demás piensan y perciben el mundo”.  En sus Cuadernos de la cárcel (Quaderni del carcere), escritos entre 1929 y 1935 durante su encarcelamiento en Italia.

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