POR CARLOS SALCEDO

El 25 de agosto de 2023 escribí sobre algunos de los procesos que enfrentaba el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato presidencial republicano, Donald J. Trump, así como de las potenciales primicias que seguirían sucediéndose como producto de dichas circunstancias.

Al ponderar el resultado de los procesos judiciales y la posibilidad de la participación de Trump como candidato presidencial en las venideras elecciones de noviembre, me preguntaba entonces si Trump pasaría a la historia, como el primer expresidente de los Estados Unidos a quien se le conoce juicio por varias causas penales;  si sería el primero en ser condenado siendo precandidato o candidato presidencial; o ser el primer presidente en ejercicio en ser condenado penalmente. Asimismo, me cuestionaba si Trump se convertiría en el primer presidente norteamericano en ejercer el cargo a pesar de la condena.

Nuevas circunstancias a ponderar: condena de Trump y sentencias de la Suprema Corte de los EE. UU.

En esta oportunidad, retomo la ponderación teniendo en cuenta algunos ingredientes adicionales, como lo son las decisiones de los tribunales norteamericanos, incluyendo el de la Suprema Corte de los Estados Unidos del pasado 1º. de julio de 2024.

El 30 de mayo de 2024 Trump fue declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales presentados ante un tribunal estatal en Nueva York. En ese orden, quedó pendiente la sentencia de condena para el próximo 18 de septiembre de 2024. Con esto se responden mis tres primeras preguntas, pues es el primer expresidente de los EE. UU. que es procesado por cargos penales y es condenado siendo candidato a la presidencia, al tiempo de enfrentarse a la posibilidad de una pena de prisión o libertad condicional por sus delitos derivados de una trama de pagos de dinero por silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Y es que, como he dicho antes y ha afirmado Richard L. Hasen, uno de los mayores expertos del país en derecho electoral, “no hay nada en la Constitución estadounidense que impida a un criminal convicto presentarse al cargo más alto de la nación y legalmente nada cambia con el estatus de Trump como aspirante”, ahora como candidato.

El 1º. de julio de 2024, la Suprema Corte de Estados Unidos, remitió nuevamente a la corte de distrito el conocimiento del proceso respecto de los cargos relativos a la supuesta interferencia en las elecciones de 2020. De trascendental importancia fue dicha decisión, pues revoluciona el sistema de responsabilidad criminal de sus oficiales de Estado. De conformidad con la decisión, en virtud de la teoría y principio de separación de poderes en la cual descansa su democracia, la naturaleza de los poderes presidenciales implica la absoluta inmunidad penal del presidente respecto del ejercicio de su autoridad constitucional, conclusiva y preclusiva, es decir que resulta del ejercicio de la esfera exclusiva de su autoridad constitucional. Además, sus atribuciones no deben ser limitadas por el Congreso ni pueden ser objeto de escrutinio por el Poder Judicial.

Según dicha decisión, el presidente -o expresidente-, por hechos que tuvieran lugar mientras se ocupó el cargo, también es sujeto de presunción de inmunidad penal respecto de sus actos denominados oficiales, aquellos en que el ejercicio de su autoridad deviene de un precepto legal o es compartido con el Congreso; pero no tendrá inmunidad por sus actos no oficiales. Para derribar la presunción de inmunidad sobre los actos oficiales, el gobierno deberá probar, en los tribunales, la naturaleza del acto y que la prohibición penal presuntamente vulnerada no provoca una intrusión en la autoridad y funcionamiento de la rama ejecutiva del Estado. Se establece, pues, un estándar sumamente amplio, más cuando, para dicha determinación y por otras disposiciones, no podrán ser utilizados testimonios y registros oficiales como evidencias.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que de los hechos endilgados habría algunos que podían ser determinados como de la autoridad conclusiva y preclusiva de la Constitución por los cuales no podría ser juzgado un presidente o un expresidente, como es el caso. Sin embargo, indicó que habría algunos de mayor complejidad que debían ser determinados por los tribunales inferiores. Queda aún pendiente de juicio, el fondo de las imputaciones contra Trump.

Al margen de las discusiones sobre la composición ideológica de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, debemos reconocer la calidad intelectual y profesional que caracteriza a los jueces que la componen. Sin embargo, en esta ocasión, fue evidente la división marcada por las tendencias políticas que marcan este alto tribunal. La decisión fue rendida con tres votos disidentes – justo los jueces designados por presidentes del partido Demócrata-, un voto salvado (sobre el no uso de evidencia y registros oficiales en para la determinación de “actos oficiales” de una de las jueces designadas por presidentes del partido Republicano) y una mayoría de seis jueces – todos designados por presidentes del Partido Republicano.

Sentencia precedente de la Suprema Corte de los EE. UU. y sentencias del Estado de Colorado

A dicha sentencia le precede la de marzo de 2024 en que la misma Suprema Corte de los EE. UU., integrada por una supermayoría conservadora,  con tres jueces nombrados por el propio Trump, había dictaminado a unanimidad que los Estados no podían excluir a Trump de sus votaciones en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que descalifica para ser elegibles como presidentes a las personas que “participaron en insurrección o rebelión” después de prestar juramento para cumplir con la Constitución y concluyó que sólo el Congreso tenía potestad para aplicar la Sección 3 a los candidatos a cargos federales.

Esto a propósito de numerosas demandas en las que se había argumentado que las acciones de Trump antes de y durante el 6 de enero de 2021, objeto de causas penales contra él, pero que no están relacionadas con este caso en el que fue condenado, cumplían este requisito. En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Colorado, lo declaró inelegible para ocupar la presidencia de los EE. UU., y la secretaria de Estado de Maine hizo lo mismo.

Desestimación de cargos contra Trump en Miami

Finalmente, el 15 de julio de 2024, una jueza de distrito en Miami desestimó los siete cargos presentados por un fiscal especial, bajo el argumento de que el nombramiento del referido fiscal habría vulnerado la Constitución. Situación que también fuera resaltada por el magistrado Thomas en la sentencia del 1º. de julio rendida por la Suprema Corte de Justicia respecto del caso de las supuestas interferencias relacionadas con las elecciones de 2020.

Incidencia futura de las sentencias de la Suprema Corte de los EE. UU.

En ese contexto, es seguro que estos resultados tienen y tendrán incidencia en el futuro político de dicha nación. Lo peligroso del fallo es que la democracia americana se enfrenta a la posibilidad de recibir a un presidente envalentonado para incurrir en ilícitos penales bañados de impunidad disfrazados de actuaciones oficiales.

Lo cierto es que Trump ya es candidato presidencial por el partido Republicano. Por eso, con independencia de los procesos judiciales, por los tiempos en que son llevados a cabo los procesos judiciales, podrá participar de las elecciones entre tanto los tribunales resuelven y aplican los criterios planteados por la Suprema Corte de Justicia. En caso de que gane las elecciones, deberá ser considerado el proceso de impeachment o proceso para destitución para su sometimiento a la jurisdicción penal, previo al examen de admisibilidad de cara a la naturaleza de oficial o no oficial de las acciones o de ejercicio de una prerrogativa constitucional preclusiva y conclusiva.

Es un hito para un país con una fortaleza institucional presentada como ejemplo por muchos países en el mundo. Bajo el alegato de la protección de la separación de poderes, sacrifica, con la exclusión de una persona de su alcance, el interés general que representa la justicia penal. La realidad es que la exclusión de individuos (no cargos) del alcance de los dientes de la justicia penal es bien extraña. Tal vez para países como el nuestro, que vivieron el yugo de la dictadura y que su vida democrática no ha logrado superar aún males como la corrupción administrativa es casi inconcebible tal exclusión.

El caso dominicano

Nuestra Constitución resuelve el tópico de la inmunidad ante la justicia penal cuando dispone en su artículo 133 que “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80, numeral 1) de esta Constitución (referido a las atribuciones del Senado para conocer acusaciones de la Cámara de Diputados contra funcionarios públicos), el o la Presidente y el Vicepresidente de la República, electos o en funciones, no pueden ser privados de su libertad” (subrayado nuestro).

Con esto se zanja la posibilidad de que no sea sometido un expresidente por la comisión de un ilícito penal, independientemente del momento en que lo cometió. Así solo estaría provisto de una inmunidad a la privación de libertad mientras esté electo o esté efectivamente ocupando el cargo.

jpm-am

POR JOSE VANTROY REYES

La controversia ha sido una constante en la vida del ex presidente Donald Trump desde sus inicios, dejó claro que necesitaba desesperadamente llamar la atención y con ella construir su imperio. Nunca dudó en jugar duro, golpeando a los demás jugadores, enfocándose en los resultados e ignorando los cuestionamientos éticos.

Trump entró en la política después de una turbulenta trayectoria en los negocios, donde adquirió fama y fortuna. Se convirtió en el 45° presidente de los Estados Unidos, y su mandato estuvo marcado por la controversia, comentarios inusuales y una tendencia muy marcada al bullying a sus adversarios. Acostumbrado a visitar las cortes en su vida empresarial, en el presente se enfrenta a resultados inesperados, siendo condenado por un jurado a 34 cargos criminales y pendiente de varios juicios penales.

Esto ha llevado al expresidente Trump, a sus 78 años, a postularse nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos para regresar a la Casa Blanca, con el objetivo de evitar ir a la cárcel. Con la salida del presidente Biden de la contienda aumenta la presión sobre Trump, quien ve con preocupación la experiencia como fiscal de la nueva candidata. Kamala Harris expresó públicamente en su primer acto de campaña en Wilmington, Delaware, que tiene experiencia tratando con personajes como Trump, a lo que él respondió calificándola de peligrosa en un encuentro con sus seguidores en Charlotte, NC.

Entre todos sus juicios pendientes destaca el que determinará su responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Ese día, Trump convocó a sus seguidores a pocos metros del Capitolio, casualmente el día de la transición de mando a un presidente electo en unas elecciones que él había cuestionado formalmente en corte. Con la multitud reunida, hizo gala de su teatral estilo para explicar que se le había cometido un fraude y pidió a la masa enfurecida que defendiera su victoria. Lo que luego hicieron sus seguidores es historia, y cada día salen a la luz detalles escalofriantes de lo sucedido.

Finalmente, a su avanzada edad, el expresidente, busca desesperadamente evitar la cárcel postulándose para un cargo que, de obtenerlo, lo llevaría a tomar juramento a pocos meses de cumplir 79 años, una edad en la cual la mayoría de sus contemporáneos rara vez salen de sus hogares para algo diferente que a una cita médica.

jpm-am 

Un iceberg en una montaña tropical, máxime en la Cordillera Central de República Dominicana, parece una de esas nuevas “realidades” en boga.

Cuentan que iceberg viene del neerlandés “ijsberg”, en alusión a “montaña de hielo”. Dicen que otras lenguas germánicas emplean palabras muy parecidas para referirse al mismo concepto: “eisberg”, en alemán; “iesbarg”, en bajo sajón, y en sueco, “isberg”.

El mundo hispanoparlante cuenta con “témpano”. Pero si lo pongo en el título es posible que genere mareos. Sigamos hablando de iceberg porque de verdad hay uno en la Cordillera Central.

Iniciemos por esa característica muy particular del iceberg: se ve como algo pequeño y hasta insignificante, y además suele tomar por sorpresa y hasta dejar muy duras enseñanzas (si es que sobreviven al impacto) a quienes se guían por las apariencias.

En la Cordillera Central, específicamente en la zona alta de la provincia Santiago Rodríguez, una realidad muy compleja está mostrando, como el iceberg, una parte que para muchos puede parecer pequeña y hasta insignificante. Y lo real es que puede generar impactos muy diversos y de impredecibles consecuencias.

Los serranos, como son llamados en Santiago Rodríguez, están en pie de lucha porque ahora resulta que los terrenos en donde han vivido desde mediados del siglo antepasado dizque están incluidos en títulos de gente muy ajena a esos lugares.

“Ni nos sacan ni nos vamos” es una de las consignas que están unificando a las personas de la zona. Un reciente encuentro en La Leonor sirvió como demostración de fuerza y respuesta a diversas versiones que circulan por doquier, luego de ver a personas desconocidas con equipos de medición. Pero ¿es solo un problema de la sierra de Santiago Rodríguez? ¡Claro que no! ¡Es como el iceberg! Es una situación de la que solo se está viendo “una puntita”.

Historia

Revisemos un poco. En junio de 2011, mediante decreto, se crea el Parque Nacional Manolo Tavárez. Entre las motivaciones destaca “preservar los nacimientos de los ríos, y con ello los ecosistemas más valiosos y la biodiversidad del país”. Siete años después, también por sorpresa, se declara inconstitucional el decreto número 371-11, quitando la condición de parque nacional a esa parte de la Cordillera Central. Así lo expresa la sentencia 0905/18, del Tribunal Constitucional.

Se argumentó que el decreto era irrazonable porque “afectó una extensión superficial de 351.87 kilómetros cuadrados, sin considerar las 40 comunidades y centenares de familias que habitan allí desde tiempos inmemoriales, como propietarios, ocupantes o simples poseedores, y colocándolas en situación de vulnerabilidad e incertidumbre”.

Desde ese tiempo, en la zona hay una especie de limbo que es aprovechado para actuar desde la sombra. Y ahora se suma el tema de la titularidad. Hasta ahora da la impresión de que solo afecta a quienes viven allí. Pero si buscamos un poco caeremos en la cuenta de que esa es solo “la punta del iceberg”.

Los pobladores de la sierra han vivido de sorpresa en sorpresa y recibiendo resultados de decisiones para las que nunca se les ha consultado. Hace dos años que existe la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. ¿Por qué no se aplica? ¿A quién le beneficia que la zona siga caracterizada por el desorden?

¿Qué pasará con el Acueducto del Noroeste y la Presa de Monción, si el desorden sigue? Si de verdad se quiere impulsar el ecoturismo, ¿por qué no tomar en cuenta referentes como el Parque Nacional Tortuguero, en Costa Rica? (Place, 1991). ¿Por qué no aprender y adaptar la experiencia de la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala? ¿Qué o quién impide aplicar un marco regulatorio robusto que incluya planificación participativa, educación ambiental y supervisión continua? (Weaver y Lawton 2007).

Preguntas

¿Tiene todo esto relación con la salida de serranos hacia Esperanza, Santiago y otros destinos, y la ocupación de la zona por migrantes ilegales? ¿Tendrán algo que ver las difundidas pretensiones de explotación minera? Y si el deterioro de la Cordillera Central termina con la vida del río Artibonito, ¿ocurriría igual que la litis por el canal del Masacre? ¿Cómo afectará el desorden la vida en la isla cuando RD cumpla 200 años? ¡Faltan menos de 20!

Ante el iceberg que tenemos en la Cordillera Central quedan dos vías: seguir “haciéndonos los locos” o tomar medidas.

nestorestevez@gmail.com

jpm-am

Si la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y Dirección general de Compras y Contrataciones usaran cadena de bloques, que es un libro de contabilidad digital compuesto por registros llamados bloques, donde cada bloque tiene información sobre una transacción y tiene una marca de tiempo que no puede ser modificada, la corrupción administrativa bajara en grandes proporciones.

Se podrían detectar las mafias que operan en la administración pública y las compras de tones de las computadoras, cintas de maquinillas, compra de gasolina, de los alquileres de vehículos,  contratos por más de 6 meses, bonos, regalos, rotura de calles para reparación supuestas de tuberías de agua, golosinas diversas y comidas de los funcionarios y empleados públicos, y la actualización del domicilio en su documento de identidad del empleado o funcionario, se podrían corregir.