El caos haitiano como amenaza regional

Desde hace años, Haití sufre   una crisis profunda caracterizada por el colapso del Estado, el auge de la violencia y el dominio de las bandas criminales. Lo que empezó como una emergencia social se ha convertido en un problema geopolítico de alcance regional. Este deterioro pone en peligro la estabilidad de la República Dominicana.

En ese contexto, ha resurgido una vieja y polémica propuesta: la unificación de la isla bajo una sola nación, la “República de Quisqueya”.

¿Es esta una solución estratégica o una amenaza a la soberanía y a la historia de dos pueblos distintos?

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 marcó un punto de no retorno. Actualmente, más del 80 % del territorio urbano haitiano está bajo control de las bandas. Este vacío de poder ha generado más de un millón de desplazados y ha intensificado la migración ilegal hacia la República Dominicana.

La reciente suspensión del estatus de protección temporal para unos 500,000 haitianos en EE. UU. agrava el escenario. La violencia, los secuestros y el caos amenazan con desbordar la frontera.

¿Dónde está la comunidad internacional? 

Pese a las alertas de organismos como la ONU, la OEA y diversas ONGs, la comunidad internacional ha respondido con tibieza. Las promesas de intervención, como la misión liderada por Kenia, siguen estancadas mientras la situación se deteriora.

En la República Dominicana crece la sospecha de que esta inacción es parte de un cálculo estratégico. Se teme que se busque justificar una intervención mayor o incluso una reconfiguración geopolítica de la isla. Una intervención pasiva puede ser tan peligrosa como una ocupación activa.

¿La unificación como solución?

En este clima vuelve a circular el mito de la “República de Quisqueya”, una idea impulsada desde el siglo XIX por sectores de poder en Estados Unidos. Ya entonces, figuras como Thomas Jefferson o Ulysses S. Grant vieron la isla como un punto estratégico.

Hoy, centros de pensamiento y lobbies internacionales han retomado la idea. La narrativa es simple: una isla unificada sería más fácil de estabilizar, gobernar y alinear con intereses regionales. Pero esa propuesta simplifica en exceso una realidad muy compleja.

Desemejanzas ancestrales 

Las diferencias entre Haití y República Dominicana no son solo políticas: son históricas, culturales, lingüísticas y económicas. Mientras Haití atraviesa un colapso institucional total, la República Dominicana mantiene una democracia funcional y una economía estable. La fusión sería profundamente desigual.

¿Qué país aceptaría vincular su destino con uno en ruinas, sin instituciones y bajo control criminal? Es una expectativa irracional y peligrosa, basada en premisas neocoloniales.

La soberanía no es negociable 

Unificar la isla sería no solo inviable, sino un atropello moral y político. La identidad dominicana se forjó en oposición a la ocupación haitiana de 1822-1844. Pretender borrar esa historia en nombre de la eficiencia regional es negar siglos de luchas, procesos de construcción nacional y afirmación de soberanía.

La autodeterminación no puede sacrificarse en nombre de supuestos beneficios administrativos. La República Dominicana ha sido clara: su soberanía no es negociable ni intercambiable.

No hay solución dominicana para el caso haitiano. 

No existe apoyo político ni social, ni dentro ni fuera de la isla, para una propuesta de unificación. Organismos como la CELAC, CARICOM y gobiernos de América Latina insisten en una solución que respete la soberanía de ambos Estados.

Cualquier intento de imponer una “integración forzada” abriría la puerta a una nueva forma de tutela colonial. La República Dominicana no puede ni debe asumir la carga de resolver unilateralmente el colapso haitiano. Esa no es su responsabilidad.

¿Qué hacer entonces ante esta crisis?

La respuesta es clara: restaurar el orden institucional en Haití. Eso requiere recursos, voluntad internacional y compromiso ético. No bastan discursos ni promesas; se necesitan acciones concretas.

Pero también debe respetarse el derecho del pueblo haitiano a autogobernarse. Toda solución impuesta desde fuera perpetúa la dependencia, el resentimiento y el conflicto. La autodeterminación no puede ser sacrificada por conveniencias diplomáticas.

Posición dominicana

La República Dominicana, por su parte, debe actuar con firmeza, pero también con inteligencia estratégica. Defender su soberanía es legítimo, pero cargar con el peso de una crisis ajena no lo es.

Convertirse en “muro de contención” de una emergencia ignorada por el mundo sería un error histórico. El problema de Haití debe ser resuelto por los propios haitianos, con apoyo externo, pero sin imposiciones. La solidaridad no puede confundirse con sometimiento.

La “República de Quisqueya” es, en el mejor de los casos, una ilusión geopolítica. En el peor, es un proyecto de dominación disfrazado de integración. La solución no está en borrar las fronteras, sino en reconstruir el Estado haitiano.

Y eso solo será posible si la comunidad internacional —especialmente Francia— asume su responsabilidad histórica. Haití no puede seguir pagando sólo, los costos del colonialismo y la indiferencia global.

La reciente admisión del presidente Emmanuel Macron sobre los efectos destructivos de la indemnización impuesta por Francia es un paso importante. En 1825, el rey Carlos X exigió 150 millones de francos, lo que obligó a Haití a endeudarse aún más con bancos franceses.

Esta deuda condenó a ese país a más de un siglo de dependencia económica. Muchos historiadores consideran esta imposición como una de las causas estructurales de su empobrecimiento crónico.

Francia debe hacer un mea culpa y asumir su deuda moral. no basta con dinero, pues este termina en manos de la insaciable oligarquía haitiana o de ONGs oportunistas. Es necesario que los galos impulsen acciones concretas y duraderas: reforestación, infraestructura, educación.

Que construyan al menos un hospital por cada uno de los 10 departamentos del país, que rehabiliten el sistema de salud y fomenten el desarrollo sostenible. Haití, además de tutelaje, necesita justicia histórica y cooperación real, es lo mínimo que pueden hacer para resarcir a ese pueblo de todas las terribles vejaciones que le han causado desde que tomaron posesión de esa parte de la isla con la firma del infausto Tratado de Ryswick, firmado con España en 1697.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

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