Cada vez más dependientes de las encuestas, los líderes políticos, tan pronto pasan las elecciones, retornan al mercado electoral cargados de propaganda, con el objetivo de aparecer en los primeros sondeos que publican los medios de comunicación.
La viabilidad de un político, para ser candidato, ahora la determina la lucrativa industria de las encuestas. Ella es la que certifica, sobre la base de sus posibilidades de competir y ganar las elecciones, si el candidato es rentable para recibir el financiamiento privado. Tanta es su influencia que cuando publican un sondeo, crean la falsa espectativa de que los comicios se celebran en ese momento y no cada cuatro años como establece la Constitución. Esa realidad convierte este negocio en el principal motivador y promotor de las campañas a destiempo que alteran la tranquilidad de la ciudadanía.
Cuando los sondeos se realizan con mucha anticipación de las elecciones, sin importar que los resultados sean producto de la manipulación, las firmas encuestadoras no arriesgan, necesariamente, su credibilidad, debido a que se escudan en su propia frase, que dice: “Los estudios de opinión son un retrato del momento en que se realizan”.
Del mismo modo, cuando definitivamente los sociologos no aciertan en sus pronósticos, como señala Del Rey Morató, recurren al concepto de la reflexibidad de las situaciones sociales, consistente en que el conocimiento de que es posible el triunfo de tal o cual partido, produce un efecto movilizador del voto a la contra, que termina por favorecer al que figuraba como perdedor. Es decir, la encuestadora nunca pierde, el que pierde es el candidato.
Debido a que nuestra anacrónica Ley Electoral no la regula, todos hemos sufrido la incertidumbre informativa de la guerra de las encuestas. La capacidad de inducción al voto de estos modernos actores de las campañas electorales, hace necesario que las encuestas sean reglamentadas, para evitar que afecten la integridad del sufragio.
En ese sentido, en una futura reforma se debe requerir que las firmas encuestadoras de los eventos políticos tengan la obligación de registrarse en la Junta Central Electoral y, en consecuencia, de actuar con transparencia al realizar sus sondeos, tomando en consideración la representatividad de las muestras, la calidad del cuestionario, el margen de error y, sobretodo, la neutralidad del encuestador.
La otra encuesta política importante es la que se hace a boca de urna, que pemite conocer los resultados de unas elecciones antes del escrutinio, al preguntársele al elector, al salir del colegio electoral, a quien favoreció con su votó. Este útil sondeo, que previene cualquier intento de vulneración de los resultados expresados en las urnas, se encuentra prohibido por el artículo 122 de la Ley Electoral que, para garantizar el secreto del voto, dispone que a nadie le es lícito bajo ningún pretexto, averiguar por cuales candidatos o en que sentido ha votado el elector, quien cuando da a conocer su voto, se hace reo de la comisión de un delito electoral castigable con prisión correccional de tres meses a un año y multa de dos a cinco mil pesos.
Transparentar los sondeos de opinión y permitir las encuestas a boca de urna, deben ser disposiciones imprescindibles en la esperada reforma electoral que algún día se producirá.

Del “Manual de Encuestas Políticas” de
Raymond E. Owen, Ph. D. Universidad de Pittsburgh, traducido y adaptado por
Carlos Michelsen, extraigo la siguiente cita para remachar una vez más sobre la
tomadura de pelo a la que es expuesto el ciudadano inadvertido cuando se le
presentan como resultados de una encuesta creíble, datos que no son otra cosa
que substratos muy forzados del bagazo de los hallazgos de esa muestra, sin
valor investigativo.

“El marco muestral es la lista de la
población de la que se tomará la muestra. También es el grupo para el que serán
válidos los resultados de la encuesta por muestreo. Los resultados de una
encuesta serán precisos sólo para la lista de las personas del marco muestral,
carecerán de valor para cualquier otro grupo.

“Si le interesa averiguar lo que piensan los miembros de la Legión Americana o
del Sindicato X. Dependiendo del propósito de la encuesta, podrían ser
necesarios diferentes tipos de listas…”

En el español nuestro lo que debemos tener
bien aprendido es que si Gallup-RD realiza un sondeo como el que ha sido
publicado esta semana para HOY, los únicos datos certeros y valederos de ese
estudio son los aplicados a la muestra de 1,200 personas encuestadas a nivel
nacional, que es para los que aplica el índice de confianza de un 95% y el
error de más o menos 2.8%; lo propio ocurre con Asisa Reseach Group, publicados
en El Caribe, levantados del 9 al 11 de mayo en un universo de 1, 213
entrevistas, las únicas informaciones que son de esa encuesta son las generadas en ese universo.

Pero ocurre que se quiere extender tanto el
rendimiento de un estudio que se los fuerza a dar datos carentes del valor
metodológico que tiene una encuesta y que pueden resumirse en tres condiciones
que son imprescindibles: que las visitas para entrevistas sean aleatorias,
estratificadas y proporcionales.

Lo que hace a una encuesta científica
superior a cualquier otro método de medición de la realidad es la formulación estadística
que da a todos los ciudadanos la misma probabilidad de ser entrevistados,
aunque nunca en su vida les toque recibir a un encuestador, características que
junto a las anteriores se hunden en un precipicio cuando la muestra total se
despedaza y se pretenden extraer conclusiones, entre lo que sale de ahí o de
cualquier sondeo telefónico o digital, no hay ninguna diferencia.

Todo porque los que contratan las encuestas
piden un dato que conlleva grandes costos, la evaluación interna de los
partidos, y como eso no se paga, exprimen el bagazo e intentan ofrecerlo y lo
peor es que el ciudadano lo consume como un producto autentico.

HOY tuvo el pudor de presentar un cuadro de
los resultados por partidos, enumerando la cantidad de entrevistados, para que
el que supiera leer entendiera que esa no era su encuesta sino una lectura
aparte, pero hasta muchos de los que opinan en el país ven titulares, no fichas
técnicas, y Asisa ofreció sus datos generales y después pasó a las adivinanzas
con el destajo.

Que se haya acertado en algunos casos en el
pasado, no justifica nada, a los que dan números de loterías se le sigue porque
también aciertan, lo que dejo claro es que si no se ha diseñado una muestra
para evaluar el comportamiento interno de los partidos, no se debería informar
sobre lo que no se ha encuestado.

En el año 2012 escribí -al calor del debate sobre la reforma fiscal- un artículo en donde planteaba que cuando un militante o una figura de un partido político cualquiera entra en contradicción recurrente con la línea general o con asuntos capitales-estratégicos de de ese partido, entonces era el momento oportuno para renunciar. Y lo decía aludiendo precisamente a Minou Tavárez Mirabal y al voto disidente que emitió para oponerse a la reforma fiscal que sometía su partido y gobierno en aquel momento. Es más y para ser gráfico-textual, me cit “Entonces el meollo del asunto está en deslindar política y estratégicamente: cuándo está en juego algo para el debate rutinario ética-doctrinariamente (por ejemplo el tema del aborto, de género, de exclusión social, etc.), y cuando se está sometiendo algo de capital importancia de tu partido y gobierno con el que seguro la oposición política y sus satélites de la “sociedad civil” estarán en desacuerdo de antemano por puros intereses político-electorales u corporativos. En el primer escenario, se vale, y hasta es saludable que, un miembro, o una figura de un partido político, asuma una postura contraria a la de su partido basado en algún principio ético, religioso, o de simple criterio; pero cuando se presenta el segundo escenario, lamentablemente, debe predominar la voz del partido que te seleccionó, te presentó, y te votó. Si sucediese lo contrario, es conveniente que el miembro o la figura comience a plantearse esta interrogante: ¿qué hago en un partido político?, digo, si no es que, frente al desafío-desacato, el propio partido hace el ejercicio y actúa. Lo que ha hecho la distinguida diputada Minou Tavárez Mirabal respecto a su posición pública frente a la reforma tributaria sometida por su partido y gobierno tipifica bien el cuadro del párrafo anterior. Y no es que un funcionario electo cualquiera olvide el compromiso cívico-social que asumió al ser elegido, es que los ciudadanos sabían previamente que estaban eligiendo a un miembro-aspirante de un partido político y no a un “supuesto” independiente (“Minou Tavárez Mirabal y un “Tea party” de izquierda”, Almomento.net, noviembre 10 de 2012). En consecuencia, lo que la diputada Minou Tavárez Mirabal ha anunciado al país, en estos días, es el desenlace final de una ruptura política-partidaria que ya era bastante ostensible y que además ya no podía posponer más, so pena, de faltarse ella misma. Bien hizo pues, con renunciar a un partido político que ya no concebía suyo ni mucho menos llenaba sus expectativas éticas y aspiracionales (porque creo que aspiró, en justo derecho, varias veces a presidir la Cámara de diputados; pero además, que tenía una agenda-discurso abiertamente pro-sociedad civil). En otras palabras, ya no cabía en el PLD. Otra cosa: no sé en qué fecha ingresó la diputada Minou Mirabal al PLD, pero de seguro que vivió, leyó o se enteró de las razones que el Prof. Juan Bosch esgrimió para renunciar, sino me equivoco en 1988, del partido que fundara en 1973. Lógicamente, aquella renuncia de Bosch bien pudo obedecer a una táctica-estrategia para conjurar algunos vicios pequeños burgueses, desvíos políticos-doctrinarios, o quizás -quien sabe-, para conjurar desacatos, indisciplina, o tal vez, desafíos embrionarios a su liderazgo. Lo cierto es, que la diputada Minou no está –con su carta-renuncia- diciendo nada nuevo ni que pueda irritar la dermis de un “autoritarismo” jerárquico-histórico-político que es extensivo a la cúpula de los tres partidos mayoritarios (llámese: PLD, PRD y PRSC). No quiero especular sobre otras posibles razones además de “autoritarismo”, “grandes caudillos”, “crisis institucional” que llevaron a la diputada Minou Tavárez Mirabal a renunciar de su partido; pero como figura pública que es (con el agregado-referente histórico-heroico de su árbol genealógico que valoramos) y como afirmara -en su carta-renuncia- que no dejará la política, es probable (y me aventuro) que, de cara al 2016, la sociedad civil (otro partido político), Guillermo Moreno, o la Convergencia le ofrezca su plataforma política-electoral (grande o pírrica), y desde allí, podría emerger como candidata a senadora, a alcaldesa, y si apura el paso y acumula simpatía electoral suficiente, a Vicepresidenta. ¡Y cuidado..! De modo que no hay que subestimar ni tampoco sobredimensionar una renuncia que ya se veía a leguas. Lo correcto y decente ahora, es, desearle suerte y respetarla como lo que es: una figura política en pleno vuelo o descenso. El tiempo dirá. Pero una cosa queda clara con esta renuncia: en el PLD hay miembros y “figuras”, en minoría ortodoxos, que militan en un partido que ya no existe (el de cuadros), y peor, que no se enteran de est que es de centroderecha (al margen de Principios, Congresos y qué ochocuartos…), está gobernando y tiene aliento y garras (voto duro) para un largo trayecto en el poder. Digo, siempre y cuando, comience a repensar lo que Juan Bosch pensó: ¡el partido! El caso de Ingrid Betancour en Colombia Igual de la colombiana y ex candidata presidencial secuestrada por la FARC (que luego fue liberada-rescatada) escribí estos párrafos: “Los seres humanos que de alguna forman trascienden el anonimato colectivo a que estamos condenados la mayoría del común de la gente, deberían entender que una vez se produce el fenómeno, todo cambia y ya nada es igual. Un líder político, religioso, empresarial, social, o más sencillo aún, una figura pública, si no hace conciencia de que una lupa colectiva observa y vigila lo que dice y hace, está condenada a la más cruel desafección pública: el desencanto colectivo y la desaprobación sumaria de sus actuaciones. Por ese proceso de despojo y desmitificación, han desfilado innumerables personajes de la historia universal. Creo que Ingrid Betancourt obvió ese código universal que rige y regula las actuaciones de la vida pública de los hombres que trascienden y que logran liderazgo, fama, admiración y respeto. Al demandar al Estado colombiano, Ingrid no imaginó que, en cierta forma, también, estaba demandando y pasando factura, aunque no fuera su intención -y como se dice-, a un pueblo que la acompañó en su secuestro-cautiverio y que esa desgracia nacional (terrorismo-secuestro) es el rostro cotidiano de la violencia y el anacronismo de la FARC y de otras facciones guerrilleras que el sentimiento colectivo colombiano rechaza y repudia. Ella, sencillamente, al demandar, se equivocó. Ella, Ingrid Betancourt, debió pensar que no era un guardia liberado, un General, un concejal, un policía, un juez, un diputado, un alcalde, un millonario, es más, ni siquiera una ama de casa, si no, y, sobre todo, una figura nacional con pretensiones -en algún momento- de alcanzar la primera magistratura del Estado. Y cuando se llega a esas alturas, los pueblos sólo demandan de sus líderes sacrificios, redenciones y entrega a cambio de la gloria” (El Nuevo Diario, septiembre de 2010). Y nos preguntamos: ¿habrá reparado Minou Tavárez Mirabal, a pesar de los abismos-diferencias de su caso con el de Ingrid Betancourt, en estos antecedentes universales? ¿No estaría saliendo –como dice el refrán- “de guatemala a guatepeor”, justamente, en un país donde no hay izquierda que no sea teórica, nostálgica y de periódico, donde el PLD (si el PLD), comparado con el PRD, es una revolución (o es que se olvida el feudo-país que heredamos en el 1996 y en el 2004, y que Andrés L. Mateo –intelectual, escritor, poeta, novelista y político- tiene como líder-guía a Hipólito Mejía), y donde la sociedad civil, casi en mayoría, es un “situado”? El PLD que hay que repensar Ciertamente que no hay que hacer una fiesta-celebración por la renuncia de Minou Tavárez Mirabal, pero tampoco exagerar la nota, pues como estará en política, fácilmente o muy pronto, la tendremos de aliada, de adversaria, o de opositora rabiosa. Por ello, lloros, lamentos y meas culpas están de más, o cuando no y mirando a futuro, de votos pendejos-extraviados en una refriega-desmadre (la del 16) que será de mansos y cimarrones. Entonces, ¿qué hacer? Sencillo, el PLD de hoy y como partido político ante su militancia, tiene que desnudarse, confesarse y exhibirse tal cual es (de centroderecha), sin intermediación de Congresos, Conferencias ni subterfugios baladíes. Y ese confesarse, pasa primero y sobretodo, por celebrar ¡ya! elecciones de todo el entramado dirigencial a nivel provincial, municipal, de seccionales, de direcciones medias, de bases y de renovación de gerencia de secretarías. Segundo, por redefinir, con carácter de urgencia, una chichigua en banda: la relación partido-gobierno; tercero, ubicar, desde una óptica de poder-empoderamiento, a sus cuadros políticos y técnicos (por supuesto, no estoy hablando aquí de amigos, familiares, lambones y relacionados que todos sabemos son privilegiados, sino, de dirigentes meritorios que han sido relegados, abandonados, subvaluados en sus propios gobiernos). Porque el peledeístas –por formación y principio (herencia del partido de cuadro-escuela)- es obediente, ceremonioso, disciplinado y hasta pendejo. Por igual y militantemente, coadyuvar con la excelente gestión de gobierno que viene desarrollando el Presidente Danilo Medina al pie de la letra de la oferta programática que él, el PLD y el Bloque Progresista se comprometieron cumplir y que va a buen ritmo. Pero además y sobre todo, con la construcción de la incipiente y decidida “ética pública” que el Presidente y su administración han abrazado a capa y espada. Urge pues, hacia el interior del PLD, una corriente pensante-crítica filosófica-doctrinaria que diagnostique el estado actual de un partido en el poder que tiene –por necesidad dialéctica- que referir e importantizar su democracia interna, que pasa, entre otras definiciones, por poner fecha de caducidad-eleccionaria a cierta jerarquía ya casi vitalicia y por demás monopolizadora de su vida orgánica-institucional.

De los Ayuntamientos en su aspecto económico- financiero hay que hablar de un antes y un después a partir del surgimiento de la ley 140, que instruía al gobierno central asignar el 20% de las recaudaciones de rentas internas a los cabildos. El presidente Balaguer, pese a la existencia de la referida legislación en su período de gobierno del año 1986 al 1996, no cumplió con lo dispuesto por la misma, ya que nunca creyó en la capacidad gerencial y ejecutiva en nuestras alcaldías, prefiriendo hacer él mismo, como gobierno central, las inversiones en los Ayuntamientos y no entregar la totalidad de los fondos recaudados a los Síndicos, aunque en la práctica, invertía más en obras en las comunidades que la suma de los recursos que tocarían a las entidades edilicias de los ingresos de las rentas internas. Dicha práctica le permitía mantener sujeto a los Síndicos y evitaba la micro-corrupción que él temía fuera generalizada si se les asignaban muchos recursos a los Cabildos, como se ha producido lamentablemente a partir del surgimiento de la ley 167-07 en perjuicio de nuestros municipios y del patrimonio nacional, antes los inadecuados manejos administrativos de los cuantiosos recursos asignados a los ayuntamientos por falta de controles estrictos de sus operaciones contables y financieras. Balaguer fue sin embargo más condescendiente con los Ayuntamientos que Trujillo, pero en esencia siempre mantuvo el mismo control, el dominio y la misma dependencia política y económica que en la era de Trujillo.En la historia de los cambios en las finanzas y el funcionamiento de los Ayuntamientos Municipales hay que asignar un rol de primera línea a los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. En justicia hay que reconocer que es a partir de estos gobiernos y con la llegada del Ing. Julio Mariñez a la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana, cuando comienza a cambiar la visión que había de los Ayuntamientos Municipales en el país. El Impacto que produjo la llegada del Ing. Julio Mariñez a la Liga Municipal Dominicana, fue tal que es a partir de su llegada cuando podemos hablar de cambios estructurales reales en el funcionamiento de la Liga misma y el inicio de la transformación de las Finanzas Municipales. La habilidad de su equipo de trabajo le llevó a “negociar“un mayor flujo de recursos hacia los Ayuntamientos amparado en la misma Ley 140 (Para tener una idea, de apenas unos poco más de trece millones de pesos que se distribuían en los Cabildos a la fecha cada mes, ya para el 1997 dicha suma superaba los ciento cincuenta millones de pesos sin cambiar dicha Ley y sin que el Gobierno dejase de hacer las obras que venía haciendo en las comunidades). Hoy día estas cifras lucen ridículas, pero para la época constituyó un gran estimulo en las Finanzas Municipales y fue creando una nueva cultura y conciencia de que era necesario dotar a los Cabildos de una Ley que fuese más específica y que incluyera una nueva forma de financiar sus Presupuestos. Así nacieron las Leyes 17-07 y la176-07, de las cuales hablamos ampliamente en este y otros artículos. En 1996 el entonces candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Doctor Leonel Fernández había sido un entusiasta propulsor de una Ley para los Ayuntamientos que garantizase que el 10% del Presupuesto de los Ingresos Nacionales del Estado, pasasen a ser distribuidos de manera proporcional a los Ayuntamientos del País. Más tarde al convertirse el mismo en Presidente de la República el empoderamiento mostrado por la Liga Municipal Dominicana, con el Ing. Mariñez a la cabeza, logró aglutinar la voluntad de todos los Síndicos del país, haciendo posible que después de intensas negociaciones la aprobación de una Ley muy diferente a la que había sido propuesta, la cual consignó un escaso 4% de los ingresos del Gobierno para los Cabildos. Este es el origen de la Ley 17-97. Ley que en la práctica nunca fue cumplida por los diferentes gobiernos, al no ser asignado el porcentaje otorgado a los cabildos del Presupuesto Nacional. La Ley actual (176-07), que dicho sea de paso tampoco ha sido cumplida por los Gobiernos Centrales, debe ser modificada para cambiar algunos de sus enunciados y limitarle el control casi absoluto que le consigna a los Alcaldes del País. Esta Ley además debe asignarles mayor autoridad a los Cabildo como Gobiernos Locales como lo ha propuesto el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), a fin de que puedan ser instituciones más efectivas que dispongan de atribuciones especificas en el orden y la seguridad de la ciudadanía, así como que tengan funciones reales en los aspectos de educación y salud en sus jurisdicciones. Los Ayuntamientos necesitan una mayor transformación en sus finanzas y en su funcionamiento, que permita una mayor descentralización en el manejo de sus recursos, pero que a su vez imponga mayores controles en el uso de los mismos. Si bien se requieren muchos cambios para transformar los cabildos y garantizar un mayor flujo de ingreso a sus finanzas, es necesario incrementar los niveles de control en torno a los alcaldes y demás ejecutivos de nuestros Ayuntamientos, para lograr que los recursos que los mismos reciben se les dé un uso institucional y en beneficio de las habitantes de su área territorial, a fin de erradicar las debilidades operaciones y gerenciales que actualmente afectan a nuestras instituciones edilicias.

Cinco años después de fundado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sufrió su más grande división con la renuncia de centenares de dirigentes, incluidos su secretario general, numerosos miembros del Comité Político y del Comité Central, que dimitieron porque “una fracción de derecha” asumió el control de la organización. Yo, que era activista del PLD, redactor de Vanguardia del Pueblo y miembro del Comité Intermedio Rafael Tomas Fernández Domínguez, figuré en la lista de renunciantes, y después de dimitir, el profesor Juan Bosch me permitió ingresar a su oficina política para entregarle las llaves de un vehículo que él mismo me había asignado. Hoy, 38 años después de ese desprendimiento que encabezó el doctor Antonio Abreu, el PLD se erige como la principal fuerza política de la nación y su gobierno cuenta con el 89 por ciento de aceptación en la población, clara señal de que esa institución política mantiene vigencia y utilidad histórica. ¿El PLD de hoy es el mismo que fundó don Juan y los miembros de la Comisión Permanente hace 41 años? Claro que no. Ni siquiera era igual el PLD que abandonamos en 1978, cuando yo tenía 23 años, cinco más que cuando ingrese a la organización como miembro fundador. Que yo recuerde, cuando renunciamos en 1978, después de obtener 18 mil votos en las elecciones presidenciales de ese año, la estructura del PLD en el Distrito Nacional estaba conformada por diez u once comités intermedios, cada uno con menos de diez comités de base, que a su vez operaban círculos de estudios y comité patriótico y Popular. En ese tiempo, para nosotros las elecciones eran mataderos electorales, el Pentagonismo, es decir el militarismo dominaba la política imperial de Estados Unidos, por lo que el Partido se preparaba para encabezar una revolución de liberación nacional. Como no es posible bañarse dos veces en las aguas de un mismo rio, las circunstancias políticas, económicas y sociales cambiaron o se transformaron a lo largo de décadas, tanto en el país como en el plano internacional, razón por la cual, el PLD es hoy otra organización, con el mismo objetivo, pero con táctica y estrategia diferente. La mayoría de nosotros renunció del PLD por frustración o cansancio, porque la marcha de los cinco mil kilómetros parecía interminable, porque en condición de pequeños burgueses, aun con buena formación política, deseábamos emprender proyectos personales o porque creímos que en otros partidos se avanzaba más rápido. La historia parece repetirse con Minou Tavarez Mirabal, valiosa dirigente, heredera de un linaje patriótico, que la convierte en militante singular, cuya partida el PLD debería lamentar.