El mundo vive momentos de incertidumbre, sobresaltos e inestabilidad como resultado de los acontecimientos bélicos que se escenifican en el medio oriente y otras latitudes que inciden directamente sobre las finanzas públicas, empresariales y personales.

Crisis global que podría profundizar conforme la durabilidad en el tiempo de dichos acontecimientos que ya ponen en jaque a los mercados comerciales y financieros, afectando la estabilidad económica de los países.

Estos acontecimientos casi inesperados, han obligado a cambiar los planes estratégicos gubernamentales, privados, planes de compras y operativos anuales, es decir, han puesto en vilo toda una planificación que con mucho esmero se formuló, basada en: variables endógenas, exógenas, controlables e incontrolables, que se vislumbraron con visión de futuro para todo el año 2026.

Pero todo cambió en cuestión de unos días, tal como sucedió a mediados de marzo de 2020 cuando surgió la conocida pandemia o Covid-19.

Ante estos últimos acontecimientos de guerra, los gobiernos han comenzado a tomar medidas económicas y financieras, a los fines de que impacte lo menos posible en los bolsillos de las personas y familias, muy especialmente los de las personas más vulnerables.

En ese marco, el Gobierno dominicano, que preside el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, se aprestó, de manera oportuna, a tomar medidas que evitarán que la crisis bélica, que ha generado alzas en los precios del petróleo y otros insumos, impacten de forma acentuada la calidad de vida de los dominicanos.

Para ello, el pasado domingo 22 de marzo del año que discurre, el presidente anunció medidas para mitigar su impacto sin comprometer la estabilidad fiscal.

El presidente explicó que la crisis internacional ha provocado tensiones en los mercados energéticos, debido a la interrupción parcial del suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural que se consume a nivel global.

El primer mandatario precisó que el país importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que no tiene control sobre los precios internacionales (variable exógena incontrolable).

En consecuencia, el alza del petróleo impacta de forma directa sobre los costos del transporte, generación eléctrica y otras actividades económicas claves.

En ese sentido, el gobierno activó un sistema de monitoreo diario de los mercados internacionales para anticipar efectos en la economía local y tomar decisiones oportunas.

El gobierno definió tres líneas de acción: preservar la estabilidad macroeconómica, contener el aumento de los precios de los alimentos y sostener la inversión pública.

El presidente al anunciar la situación por la cual atraviesa el mundo anunció que se han identificado cerca de RD$10,000 millones dentro del Presupuesto General del Estado vigente, para reformar los programas dirigidos a los sectores más vulnerables, sin necesidad de incrementar el gasto público.

Así también, anunció la implementación de un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de RD$1,000 millones, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de esos insumos en el mercado internacional se traduzca en mayores precios de los alimentos en el país.

En paralelo el Gobierno mantendrá la inversión pública como herramienta para sostener el crecimiento económico, pese al contexto internacional adverso.

Ante ese escenario, el Gobierno inició ajustes graduales en los precios de algunos combustibles, con incrementos que oscilan entre 5.2% y 6.7%. Las medidas buscan reducir el costo fiscal de los subsidios en al menos RD$12,000 millones en lo que resta del año.

Señaló que los combustibles seguirán subsidiados, en algunos casos, por encima de los RD$100 por galón.

Se decidió mantener sin variación el precio del gas licuado de petróleo (GLP), debido al impacto directo en los hogares de menores ingresos.

El presidente advirtió que el país enfrentará presiones en las tarifas eléctricas, costos de transporte y precios de algunos alimentos, como consecuencia del alza internacional de los insumos.

Resaltó que el Gobierno asumirá la mayor parte del sacrificio o esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida, ya que la situación así lo amerita.

El conflicto bélico continua entre EE.UU. e Israel contra Irán a pesar de que el presidente Norteamericano, Donald Trump ha decidido disminuir los bombardeos a Irán, a los fines de arribar a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, también ha pedido a Irán que deben abrir el estrecho de Ormuz a más tardar en la primera semana de abril, para así arribar a un cese de las hostilidades pero este país se niega a complacer al presidente Norteamericano.

Lo anterior podría extender la guerra por más tiempo lo cual implica una agudización de la crisis global con más aumentos de precios del petróleo y demás insumos, lo que conlleva un deterioro de las finanzas públicas y por ende, crisis en las finanzas de las personas con gran impacto en los bolsillos de los dominicanos de a pie.

Se estima que de no ceder el conflicto en un tiempo corto o mediano plazo esto dará al traste con una recesión global, es decir un aumento del desempleo y mayores niveles de precios.

Mientras otros analistas predicen una estanflación, es decir, una situación económica caracterizada por inflación y parálisis de la producción, simultáneamente.

Gobiernos, religiosos, economistas y otros sectores imploran para que esto último no suceda, ya que la economía mundial experimentaría una involución, de tal magnitud que las economías globales experimentarían un retraso en todos los órdenes.

Lo anterior llevaría al Gobierno dominicano como a otros, hacer mayores ajustes en los precios de los combustibles y hacer mayores sacrificios en las finanzas públicas.

Se espera de manera optimista, que estas conflagraciones bélicas no se extiendan por más tiempo, a los fines de reactivar o reasumir la planificación que originalmente se había formulado para el año 2026.

El Gobierno dominicano, tal como lo informó el presidente la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, se mantendrá atenta día por día de los acontecimientos y eventos económicos y financieros, para tomar las medidas que mitiguen mucho más los efectos que esta situación de crisis está ocasionando.

Lo triste de todo esto es que las personas más vulnerables son las que reciben los mayores efectos de las crisis económica y financiera.

Si bien es cierto, que ante una situación de crisis económica, comercial y financiera los sacrificios se aplicarían a todos los sectores por lo que menos cierto es que se debe tomar conciencia para ser comedido en el gasto, evitando las erogaciones superfluas, innecesarias o vanidosas.

Si se recrudece la situación, las medidas o ajustes a tomarse serían más drásticas de parte de los gobiernos. Pidamos al Todopoderoso, que esta situación alcance un punto final.

Por lo que se hace un llamado desde esta columna para que se hagan los ajustes de lugar a nivel de todos los sectores. Se sabe que a los humanos no les gusta que se les controle pero dada la situación que hoy se vive se debe ser frugal.

No se ha llegado al extremo negativo pero se hace necesario que se tomen las previsiones de lugar para evitar más sorpresas, es por ello que las familias deben apegarse a llevar una vida conforme la situación que hoy se vive.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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En la actual coyuntura internacional, caracterizada por la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados globales —impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente (guerra en Iran con Estados Unidos e Israel) —, economías importadoras netas de hidrocarburos como la República Dominicana enfrentan riesgos significativos en términos de inflación, balanza de pagos y estabilidad cambiaria.

 Evidencia reciente muestra que el conflicto internacional ha provocado incrementos sustanciales en los precios del crudo, que en marzo de 2026 alcanzaron niveles cercanos a los 98 dólares por barril, muy por encima de lo presupuestado para el año 2026 por el Estado dominicano (alrededor de 47.8 dólares).

El impacto de estos aumentos no es teórico, sino inmediato y directo. En las últimas semanas, los combustibles han registrado incrementos acumulados en Republica Dominicana de hasta 15 pesos por galón, reflejando la alta dependencia del país de los mercados internacionales de energía. De hecho, más del 80 % de los hidrocarburos importados por la República Dominicana provienen de Estados Unidos, lo que evidencia una marcada vulnerabilidad externa en materia energética.

Esta dependencia tiene consecuencias macroeconómicas claras. Según estimaciones del Banco Central, cada aumento de un dólar en el precio del petróleo incrementa la factura petrolera nacional en aproximadamente 63 millones de dólares, lo que presiona las cuentas fiscales y el tipo de cambio. A su vez, estos choques externos tienden a trasladarse a la inflación: en episodios anteriores, como en 2022, el alza del petróleo contribuyó a que la inflación interanual alcanzara niveles de hasta 7.83 %, superando el rango meta oficial.

En este contexto, resulta estratégico que el país impulse el fortalecimiento de su producción nacional, particularmente en los sectores agrícola y agropecuario con potencial exportador. Esta política permitiría no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también reducir la demanda de divisas, aliviando la presión sobre el dólar.

 Cabe destacar que la factura petrolera del país ha representado históricamente entre un 3 % y un 4 % del PIB, lo que demuestra su peso estructural en la economía nacional.

Si bien existen señales de posibles negociaciones internacionales para reducir las tensiones geopolíticas ( para terminar la guerra), la experiencia demuestra que los mercados energéticos no se estabilizan de manera inmediata. La eventual reapertura plena del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— podría tomar tiempo, manteniendo la incertidumbre en los precios y en los costos del transporte y la logística global.

Ante este panorama, el gobierno dominicano debe diseñar un plan integral de gestión de crisis con horizonte de mediano y largo plazo. Este plan debe contemplar medidas temporales de estabilización de precios, acompañadas de una política de racionalización del gasto público. En este sentido, resulta pertinente revisar partidas como la publicidad gubernamental, los subsidios a grandes empresas y los gastos en actividades no esenciales.

No obstante, cualquier estrategia de ajuste debe ser socialmente responsable. Es imprescindible preservar los programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables, especialmente aquellos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para evitar un deterioro en su calidad de vida en un contexto inflacionario.

De manera complementaria, el fortalecimiento del sector agropecuario debe constituirse en un eje central de la política económica. Esto implica facilitar el acceso a financiamiento a tasas preferenciales, subsidiar insumos estratégicos como fertilizantes —cuyo costo también se ve afectado por el precio del petróleo— y establecer incentivos fiscales para la importación de maquinaria y tecnología agrícola. Estas medidas permitirían aumentar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y contribuir al control de la inflación.

En conclusión, la volatilidad de los precios del petróleo no debe ser abordada únicamente como un fenómeno coyuntural, sino como una oportunidad para redefinir la estrategia productiva nacional. Fortalecer la producción interna permitirá garantizar la seguridad alimentaria, estabilizar los precios y proteger el poder adquisitivo de la población.

 De no adoptarse medidas firmes y oportunas, los efectos inflacionarios podrían impactar de manera significativa a las grandes mayorías nacionales, profundizando las desigualdades existentes.

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