No lo van a hacer, sugerí lo mismo en el 2017 y fueron palabras al viento. No obstante, lo reitero ahora que el presidente Luis Abinader ha propuesto fusionar algunos ministerios y eliminar algunas instituciones públicas.

No lo harán porque aparecerán mil voces que justifiquen las instituciones y los empleos (lo segundo, sobre todo), y, porque en el período de gobierno 2020-2024, en vez de achicar el Estado clientelar, el PRM lo amplió. Por ejemplo, aumentaron la empleomanía pública en unos 100 mil puestos de trabajo.

Muchos defienden el Senado (institución inútil en este país), elogian la descentralización municipal como una gran conquista democrática (es más clientelismo), y justifican todos los ministerios y direcciones centralizadas y descentralizadas.

En este pequeño país del Caribe hay demasiados aspirantes a vivir del Estado, y, por más que empleen personal, no pueden siquiera organizar el tránsito, recoger bien la basura, u ofrecer adecuadamente algún servicio público.

Es un país con túneles y elevados, Metro y helipuertos, torres iluminadas, y también con mucho pobres con ingresos de miseria que se roban la luz y el agua (cuando llega), acuden a hospitales desabastecidos y a escuelas de escasa docencia.

El Senado

El Senado es una inutilidad que cuesta. ¿Sus funciones? Las que inventaron en la Constitución.

En todos los países de Centroamérica hay una sola cámara legislativa (de diputados). La razón: no son repúblicas federales, tampoco lo es este país.

La mitad de las 31 provincias no producen mucho, ni tienen mucha población. Viven sumidas en la pobreza.

Aumentar el número de provincias ha tenido un solo objetivo: más cargos públicos para los dirigentes y activistas políticos. Unas 14 provincias y el Distrito Nacional serían suficientes para un país de 48 mil kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes.

Hay 158 municipios (ya aprobaron otro), la mayoría innecesarios y deficientes. Hay ciudades en el mundo con una población cercana al total de este país con un solo alcalde. Y no satisfechos con tantos municipios, han creado 235 distritos municipales que no tienen capacidad económica ni de gestión. Pueden eliminarlos todos. No lo harán porque hay más de 700 funcionarios electos en esos distritos municipales.

En el Gobierno central hay 23 ministerios. Varios de ellos agotan gran parte de su presupuesto en pago de nómina, O sea, no queda mucho dinero para impulsar programas a favor del pueblo. Los ministerios (y otras instituciones públicas) están llenos de dirigentes, activistas y militantes de los partidos políticos en el poder, y hasta de la oposición, porque el reparto es amplio.

Ojo: el Estado es el principal proveedor de empleos de clase media en una economía de bajos salarios como la dominicana. Por eso es muy difícil achicarlo.

Sin duda, un país pequeño puede administrarse con menos personal y menos recursos. No fusionando instituciones y manteniendo los mismos empleados como ha propuesto el Gobierno.

El desafío es elevar la calidad de la gestión pública y racionalizar el gasto porque ni la clase media ni los pobres pueden pagar más impuestos, y los grandes empresarios siempre aseguran subsidios.

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Por CESAR PEREZ

Cuando se planteó, discutió y acordó la renuncia del reelecto alcalde del municipio La Vega para ocupar un ministerio, parece que ninguno de los participantes en ese acuerdo tenía plena conciencia del calado del riesgo político e institucional que asumían.

Consumado el hecho, ha salido a flote la fragilidad de la alianza que formaba la dupla alcalde/vicealcaldesa y, más que eso, se evidencian aspectos inaceptables de la debilidad de la institucionalidad que en términos legales adolece el municipalismo dominicano: la no claridad constitucional que norme una eventual ausencia de las máximas autoridades.

Sorprende la cantidad de propuestas de solución al tema que algunos se hacen; descartables por simple sentido común.

La súbita renuncia de la vicealcaldesa, una vez hecha efectiva la del alcalde, no fue casual, las razones aducidas por ella y el colectivo político al cual pertenece es que, si bien su sucesión era legal, carecía de músculo para enfrentar las fuerzas locales del partido del alcalde decididas a, de hecho, ser ellas las que llenarían todo el poder dejado por el alcalde. Ella era vicealcaldesa nominal, sustentada en una carrera municipal sin cola alguna que le pisen, pero sin fuerza política en qué sostenerse ante la avidez de sectores del partido mayoritario. Se impuso la cultura política del despojo, del no respeto a los pactos, ni mucho menos a la institucionalidad de parte sus supuestos “aliados”.

La Constitución

Como se lee en el Art. 64 (Ley 176-07), ante la ausencia de esas dos autoridades, el concejo de regidores recurre al presidente de la República para que proceda a su designación conforme a un procedimiento constitucional. Dos cosas: 1° la Ley estaba en la anterior Constitución, no está derogada pero está en la vigente; 2° el Art. 128 dice la forma en que el Presidente designa “los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado”.

Pero el mandato de una autoridad local procede del voto popular, de ahí su subsidiaridad o independencia del poder central, como se desprende del artículo 209 de la Constitución. Esta no establece ningún procedimiento que haga posible que el Presidente nombre a alguien en un puesto de elección popular, lo cual hace constitucionalmente inviable la intención del artículo 64 de la Ley del Régimen Municipal.

Ante esa circunstancia, algunos plantean la celebración de nuevas elecciones, pero legalmente eso es inviable. Las elecciones para elegir las autoridades no fueron ni ilegales ni suspendidas. Sólo si tuviesen esas condiciones justificaría hacer otras, no existe fundamento jurídico alguno para sustentarlas, tampoco soporte legal para hacer unas elecciones sólo para cubrir las referidas vacantes.

Si se hicieren para elegir a todas las autoridades se estaría negando el ejercicio de un mandato a los regidores legítimamente investidos a tal propósito. Todos esos regidores deben agotar el periodo para el cual fueron electos. Es el respeto al principio del derecho adquirido

Por consiguiente, la única instancia posible donde se pueda cubrir las ausencias de las dos máximas autoridades es su Concejo. Sólo de ahí puede salir una autoridad municipal.

Es justo reconocer el estado de situación del Régimen Municipal dominicano y la complejidad del caso, pero es el Consejo la única instancia para para encontrar una salida con un mínimo de apego al principio de subsidiariedad del municipio.

Estamos ante la inexistencia de un marco competencial del Régimen Municipal, y la existencia de una cultura política que permite la transgresión y la imposibilidad de que sea la Ley y no las apetencias personales de algunos lo que prime en situaciones como esta. También la incapacidad de las direcciones partidarias para imponer reglas ante un impase así, pone de manifiesto hacia dónde pueden conducir ciertos acuerdos electorales. Debe legislarse para impedir ese engaño al elector.

El daño está hecho, paliarlo en el marco del Concejo de Regidores es lo más que puede hacerse. La Vega no se merece esa incertidumbre que actualmente la acogota.

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