NUEVA YORK.- Reconocido como uno de los mejores restaurantes de Nueva York y con una cocina de gran influencia asiática, el Chef’s Table de César Ramírez fue denunciado por varios antiguos empleados por su trato racista a la clientela, informó el periódico New York Post.

Con un menú cerrado de 15 platos por 255 dólares, al que hay que sumar 50 en propina, Chef’s Table at Broolyn Fare es el único restaurante de Brooklyn que tiene tres estrellas Michelín.

Sin embargo, según asegura en una demanda un antiguo camarero, Emi Howard, Ramírez prohibía expresamente a su equipo sentar a los clientes asiáticos cerca de su cocina (que se encuentra rodeada por una barra para hacer la experiencia más íntima con el cliente) y reservaba para ellos los cortes de menos calidad de carne.

Según Howard, que ha interpuesto la denuncia junto con otros cuatro exempleados, también los clientes provenientes del barrio Upper West Side de Manhattan (considerado el de los nuevos ricos de la ciudad frente a la solera y el abolengo del Upper East Side) recibían un trato similar.

Además, estos antiguos miembros del equipo del restaurante acusan al chef de no pagar las horas extras realizadas (que extendían la jornada laboral a hasta 70 horas semanales) y de cargar automáticamente un 20 % de propina al comensal sin que ese dinero llegara a los camareros.

El dueño del restaurante, Moe Issa, emitió hoy un comunicado en el que aseguró que el restaurante «está muy orgulloso de la diversidad de su equipo» y dijo que «cualquiera que atraviese la puerta» del mismo «es bienvenido».

NUEVA YORK.- Las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama para rebajar la tensión racial que vive Estados Unidos tendrán una prueba de fuego en los próximos días en Nueva York.

Las autoridades de la ciudad y los grupos de derechos civiles aguardan con gran preocupación la decisión de un gran jurado sobre otro caso de violencia policial que provocó manifestaciones el pasado verano: la muerte asfixiado a manos de varios agentes y en plena calle del afroamericano Eric Garner, de 43 años, un padre de seis hijos que se ganaba la vida vendiendo cigarrillos por las aceras de Staten Island.

El reverendo Al Sharpton, líder de la National Action Network, la principal organización de derechos civiles de la comunidad negra de Nueva York, ha iniciado ya lo que denomina «cuenta atrás» de una decisión que, según teme la policía, amenaza con desatar escenas de violencia como las vividas en Ferguson (Misuri) después de que un gran jurado decidiera no actuar contra Darren Wilson, el policía que mató a tiros al adolescente negro Michael Brown.

«Quiero que la gente sepa que esto no es un asunto solo de Ferguson. También lo tenemos aquí y vamos a estar muy pendientes de lo que decida este gran jurado», proclamó Sharpton este fin de semana en un acto con la madre y la esposa de Garner.

El caso de Nueva York, al contrario del de Ferguson, no ofrece dudas sobre lo sucedido, ya que todo quedó grabado en vídeo con sobrecogedora claridad.

Un grupo de policías, en aplicación de la política contra el pequeño delito seguida durante años por los alcaldes conservadores Rudolph Giuliani y Michael Bloomberg, intentó detener el pasado 17 de julio a Garner por venta ilegal de cigarrillo sueltos. El hombre, de más de 100 kilos de peso, se resistió.

Varios policías le redujeron en el suelo, pero uno de ellos le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida por las ordenanzas del cuerpo. Garner, que padecía asma, entre otras dolencias, gritó hasta en once ocasiones «no puedo respirar» antes de morir, tal y como muestra la grabación,

Daniel Pantaleo, el agente que utilizó la llave prohibida, declaró la semana pasada ante el gran jurado encargado del caso. Fue el último testigo desde que en septiembre comenzaron las citaciones.

La decisión es inminente, según fuentes judiciales de Staten Island. El ambiente no es el más propicio. Nueva York es la ciudad en la que más gente se manifestó por la decisión judicial de Ferguson.

El pasado lunes, decenas de personas volvieron a hacerlo con una sentada pacífica en Times Square al grito de «¡manos arriba, no dispares!». Durante las celebraciones de Acción de Gracias y el viernes de rebajas también hubo protestas.

Sharpton, pese a todo, pidió calma si el gran jurado decide no actuar contra el agente Pantaleo. «¿Podemos demostrar que Nueva York es diferente? No vamos a tener violencia, pero queremos justicia», dijo.

El alcalde, Bill de Blasio, ha repetido una y otra vez que las autoridades deben afrontar lo que subyace en los casos de Eric Garner y Michael Brown. Sobre la posibilidad de un brote violento, se limitó a comentar que «cada sitio es diferente, cada situación es distinta». La madre de Garner abogó por una decisión «justa».

«Estoy segura de que el gran jurado hará lo que debe. No es posible que decida no actuar contra el agente que mató a mi hijo», recalcó.

Pedro Noguera, profesor de la Universidad de Nueva York (NYU) experto en discriminación racial, considera posible un aumento de la tensión en función de la decisión del gran jurado: «No creo que veamos edificios quemados como en Ferguson, pero sí habrá protestas, porque la gente tiene muy claro lo que pasó.

Todo el mundo ha visto el vídeo. Sería muy sorprendente que el gran jurado decidiera no acusar en este caso».

El ambiente se ha enrarecido en las últimas semanas con otro grave incidente.

El pasado 21 de noviembre murió tiroteado por un policía novato un joven afroamericano, Akai Gurley, de 28 años, en un edificio de viviendas protegidas de Brooklyn.

El agente, Peter Liang, y un compañero estaban realizando una inspección rutinaria. Al toparse con Gurley y su novia en una escalera poco iluminada, el policía, que llevaba su arma en la mano, disparó. La víctima iba desarmada.

El fiscal encargado del caso, Ken Thompson, está investigando lo sucedido, pero advirtió que no se pronunciará sobre el caso hasta que un gran jurado decida sobre Liang.

Las leyes del Estado de Nueva York establecen que todos los delitos graves deben ser presentados ante un gran jurado, compuesto por 23 ciudadanos. Este órgano puede revisar las pruebas del caso, oír a los testigos e incluso realizar sus propias indagaciones antes de presentar una acusación formal o desestimar el asunto.

La tensión por las muertes de Garner y Gurley se superpone en Nueva York a un debate político muy encendido.

El nuevo alcalde demócrata prometió acabar con el stop and frisk (detener y registrar), que permite a la policía actuar en la calle contra cualquier persona que le parezca sospechosa.

La medida forma parte del cuerpo doctrinal de la teoría de las ventanas rotas (si el cristal de una ventana de un edificio se rompe y no se arregla de inmediato, en breve estarán rotas todas las ventanas), que alentó la lucha contra el pequeño delito durante años.

De Blasio denunció estas prácticas por considerar que castigan a las minorías latina y afroamericana, víctimas del 90% de las detenciones por delitos de menor importancia.

Los antecedentes policiales suponen un lastre para muchas personas a la hora de encontrar trabajo, obtener un crédito o alquilar una casa, lo que les empuja a la marginalidad.

En este contexto cabe entender la decisión del alcalde de poner fin a los arrestos por posesión de marihuana para consumo propio, que acarreaba la toma de huellas digitales, fotos y ficha policial. Según datos hechos públicos ayer por el Ayuntamiento, los arrestos «innecesarios» de gente en posesión de cannabis para su consumo han descendido un 61,2% desde que hace menos de un mes entró en vigor la nueva ordenanza.

De Blasio considera que la policía dedica muchos esfuerzos y recursos a delitos menores, como detener a vendedores de cigarrillos, en lugar de centrarse en la gran delincuencia. Sin embargo, el cuerpo ve con desconfianza sus decisiones, sobre todo tras dos décadas de alcaldes conservadores que habían exhibido como un éxito la reducción de la delincuencia en Nueva York.

«Las últimas muertes han creado tensión, y puede parecer que la situación es peor que antes, pero creo que las políticas de De Blasio deben ser probadas», añade el profesor Noguera.

De momento, los datos acompañan al alcalde, que ayer publicó las estadísticas de los últimos meses.

A finales de noviembre, la tasa de criminalidad general había descendido un 4,4% en Nueva York; los homicidios, un 6,8%; los robos, un14,4%, y las violaciones un 2,9%. El periodo entre Agosto y Noviembre ha sido el más seguro desde que en 1993 se implantaron los modelos estadísticos actuales.

Fuente: EL PAIS

jt/am

 

 

NUEVA YORK.- El periodo de supervisión activa terminó para 114 trabajadores sanitarios de Nueva York que atendieron al paciente neoyorquino que se contagió de ébola.

El doctor Craig Spencer fue dado de alta del hospital Bellevue el 11 de noviembre al declararse que estaba libre de ébola. El gobierno de la ciudad supervisó por precaución la salud de los trabajadores de emergencias médicas y de laboratorios que intervinieron en su tratamiento. El médico ingresó al hospital el 23 de octubre.

Autoridades de la ciudad también señalaron la noche del martes que el Departamento de Salud supervisaba a otras 221 personas «por abundancia de precaución». Esas personas llegaron a Nueva York en los 21 días previos provenientes de cuatro países afectados por el ébola.

La ciudad informó que ninguno de ellos ha mostrado síntomas de la enfermedad.

jt/am

CIUDAD DEL VATICANO.- El exnuncio en República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski, acusado de pederastia y en arresto domiciliario en Ciudad del Vaticano desde septiembre, está en libertad pero con la obligación de no salir de este Estado.

El portavoz de la oficina de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, explicó hoy en una nota que al prelado se le ha concedido una “cierta libertad de movimiento al agotarse el tiempo de la prisión preventiva y considerando su estado de salud”.

Sin embargo, tiene “la obligación de permanencia en la Ciudad del Vaticano y limitaciones en las comunicaciones con el exterior”.

Lombardi agregó que en este tiempo continúan las investigaciones y se le ha sometido a un primer interrogatorio al que seguirán otros.

Wesolowski, nuncio en República Dominicana entre enero de 2008 y agosto de 2013 y que fue expulsado del sacerdocio tras un proceso canónico, se encontraba en arresto domiciliario desde el 23 de septiembre por voluntad del papa Francisco, quien pidió que este caso “tan grave y delicado” fuera abordado sin demora.

Lombardi comunicó además que hoy se produjo un encuentro entre el promotor de Justicia del Tribunal del Estado de Ciudad del Vaticano, Gian Piero Milano, y el procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito.

El encuentro sucedió “en el marco de la cooperación internacional de los órganos de investigación sobre el procedimiento contra Wesolowski”.

El encuentro “ha sido útil para ambas partes dada la complejidad de la investigación y ante la eventualidad de una carta rogatoria por parte vaticana para adquirir más información”. Wesolowski, de 66 años, está acusado de abusar de menores de edad durante su estancia en el país caribeño.

El escándalo fue descubierto por un reportaje del programa de investigación de la periodista Nuria Piera, transmitido por los canales de televisión 9 y 37 de la República Dominicana, en el que se aseguraba que Wesolowski supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores en el país.

Al ser diplomático de la Santa Sede, Wesolowski tendría en el caso de que así se considere que afrontar un juicio en un Tribunal del Estado vaticano. Recientemente el portavoz vaticano había revelado que el posible juicio se celebraría a finales de este año o comienzos del próximo, una vez que concluya la fase instructora.

jt/am